Auto 2015-00085 de junio 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 81001-23-33-000-2015-00085-01(AP)A

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Edwin Alexander Velásquez Soloza y otros

Demandado: Municipio de Tame Arauca y otros

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

De lo descrito en precedencia, corresponde a la Sala determinar si la ubicación escogida por la administración municipal para la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de almacenamiento de gas comprimido representa un peligro inminente para la comunidad y el medio ambiente del sector, que amerite la adopción de medidas cautelares para prevenir la posible afectación de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Las medidas cautelares al interior de la acción popular se encuentran reguladas por el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, el cual le otorga la facultad al juez constitucional para que, de oficio o a petición de parte, adopte las “medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado”. Asimismo, enlistó de manera enunciativa las medidas cautelares que se podrán decretar, a saber:

“a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando:

b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;

c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas;

d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo” (resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 26 ibídem, prevé los casos en que se debe fundamentar la oposición a las medidas previas decretadas por el juez de conocimiento, que son los siguientes:

a) Evitar mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger;

b) Evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público;

c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente imposible cumplir un eventual fallo desfavorable.

d) Corresponde a quien alegue estas causales demostrarlas” (resaltado fuera del texto).

Observa la Sala de los argumentos esbozados tanto por el municipio de Tame como por la empresa KEOPS SAS ESP, que el fundamento de sus cuestionamientos frente a la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo de Arauca, consiste en que de suspender la construcción de la planta de almacenamiento de gas comprimido en el lugar destinado por el municipio afectaría gravemente el desarrollo del proyecto “Gasificación masiva en el municipio de Tame en el departamento de Arauca”, con el cual se pretende beneficiar a cerca de 8.000 familias de los estratos 1, 2 y 3(1).

Lo anterior, por cuanto sin dicha planta no se podría prestar el servicio de gas a la comunidad, lo que sin lugar a dudas se enmarca dentro del caso previsto en el literal b) del artículo citado en precedencia, pues, a juicio de los impugnantes, con la medida cautelar decretada se sacrifica el interés de toda la población del ente territorial.

En relación con el riesgo encontrado por el tribunal de primer grado para decretar la medida cautelar, los apelantes manifestaron que la misma CORPORINOQUÍA mediante auto 700.57.15-0785 de 2 de diciembre de 2015, dejó sin efecto la medida preventiva adoptada por esa entidad con anterioridad, por encontrar que para la construcción de la planta solamente se requería la licencia de construcción y no la implementación de un plan de contingencia, por cuanto aquélla no representa ningún peligro para la comunidad aledaña.

Asimismo, pusieron de presente que las Normas Técnicas Colombianas que regulan la materia objeto de estudio, permiten la ubicación de estaciones de almacenamiento y descompresión de gas en parques, zonas verdes públicas, plazoletas, etc.(2); y no deben estar a menos de 15 metros de distancia de la vivienda y la vía más cercana(3).

Indicaron que por lo anterior, el uso del suelo del lugar escogido para la edificación de la planta no tiene mayor relevancia, pues ésta no presenta ningún peligro para la zona aledaña. De igual forma, sostuvieron que al momento de elaborar el PBOT se deben tener en cuenta las normas referidas, cuya omisión tampoco genera una prohibición que les fuese imputable.

Finalmente, argumentaron que cuentan con un plan de contingencia y de preparación y respuesta ante emergencias, el cual se encuentra a la espera de su aprobación por parte de la autoridad ambiental.

Para dilucidar el asunto en cuestión, se advierte que en relación con el riesgo que entraña la conducción de fluidos, tales como el gas natural y la valoración de la responsabilidad de quienes, con esta actividad, amenazan o vulneran derechos colectivos, a la luz de la Ley 472 de 1998, esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de 9 de junio de 2011(4), en la que consideró que la conducción de gas natural es una actividad peligrosa, habida cuenta de que trae consigo diversos riesgos a la vida e integridad de los seres humanos y al medio ambiente ocasionados por fugas o explosiones producidas con o sin la intervención humana, o porque pueden ser objeto de atentados terroristas, entre otros factores de riesgo, los cuales deben ser debidamente demostrados por el actor. Para el efecto, esta Sala precisó lo siguiente:

“Dentro de los juicios de responsabilidad objetiva conocidos por la Sección Tercera de esta corporación, se ha precisado en forma reiterativa que la conducción de energía eléctrica es una actividad peligrosa, razón por la cual, el título de imputación de responsabilidad patrimonial es objetivo. Ha dicho la Sección Tercera:

“En la actualidad, cuando se discute la responsabilidad del Estado por daños causados con elementos o actividades peligrosas —uso de armas de fuego de dotación oficial, uso de vehículos automotores oficiales, conducción de energía eléctrica— ha entendido la Sala que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo excepcional. En efecto, la administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es el uso de vehículos automotores, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales elementos peligrosos. El mencionado título de imputación puede ser empleado tanto en favor de terceros, como para los conductores de tales vehículos y para los servidores públicos que los acompañan para el cumplimiento de funciones propias del servicio. En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de probar la existencia del daño antijurídico y el nexo causal entre éste y la acción u omisión de la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta del agente, la cual resulta irrelevante”(5) (resaltado y subrayas no son del texto original).

Para la Sala, la calificación de la conducción de energía eléctrica como actividad peligrosa puede extenderse a la conducción de gas natural, comoquiera que entraña diversos riesgos para la vida e integridad de los seres humanos y el medio ambiente, con ocasión de fugas o explosiones, entre otros accidentes, que pueden producirse con o sin la intervención del hombre o, porque las instalaciones de dicho fluido pueden ser objeto de atentados terroristas, según las condiciones políticas y de orden público de un país.

Ahora bien, cabe resaltar que la acción popular no es de naturaleza resarcitoria, habida cuenta de que pese a que con la misma se busca hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible, según voces del artículo 2º de la Ley 472, lo cierto es que se trata de una acción fundamentalmente preventiva, de tal suerte que el juicio que se hace a los demandados (autoridades públicas o particulares, según el caso) no es de imputación de responsabilidad patrimonial, pues, se repite, no es una acción indemnizatoria. Al respecto, esta Sala precisó que:

“Las acciones populares aunque se encaminen a la protección y amparo judicial de los intereses y derechos colectivos, no pueden ejercerse como ya se indicó, con el objeto de perseguir la reparación subjetiva o plural de los eventuales daños que pueda causar la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular sobre ellos, toda vez que para estos últimos fines, el constituyente de 1991 creó las acciones de grupo, a la vez que conservó las acciones ordinarias”(6) (resaltado y subrayas no son del texto original).

El carácter preventivo de la acción popular permite comprender que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos. Tal es el sentido del artículo 9º de la Ley 472 de 1998 al prever que “Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos” y así lo ha preciado la Sección Tercera de esta corporación al señalar que “la protección de derechos e intereses colectivos requiere de que concurrentemente se demuestren dos situaciones: la conducta de acción o de omisión, y además la amenaza o vulneración de derechos o intereses colectivos”(7) (resaltado y subrayas no son del texto original).

Dicho en otras palabras, la ley exige a las autoridades públicas y a los particulares el cumplimiento de sus obligaciones frente a los posibles daños que causen o los peligros que generen con su actuar a los derechos colectivos.

Por lo anterior, tanto las autoridades públicas como los particulares que desarrollan una actividad peligrosa, como lo es en este caso la empresa Gas Natural S.A. ESP, están obligadas a mitigar dichos riesgos conforme a sus deberes legales, las primeras en cuanto les corresponde garantizar la vida, honra y bienes de sus habitantes y los segundos, porque deben sujetar su actividad a las precisas condiciones y restricciones legales.

(…).

Como se dijo al estudiar el primer problema jurídico del caso presente, para otorgar protección a un derecho colectivo, es necesario demostrar la conducta (activa u omisiva) de la autoridad pública o el particular que da lugar a la amenaza o vulneración alegada, así como la real ocurrencia o inminencia del peligro o violación.

Dicha carga probatoria corresponde al actor popular, como así lo ha sostenido esta Sección en diversas oportunidades, precisando “que en materia de acciones populares en principio la carga de la prueba le corresponde al demandante, salvo que por razones de orden económico o técnico no la pueda cumplir, caso en el cual le corresponderá al juez impartir las órdenes necesarias para suplir esa deficiencia y obtener los medios probatorios (L. 472/98, art. 30)”(8) (resaltado y subrayas no son del texto original)” (resaltados y cursivas fuera le texto).

De lo reseñado en precedencia, al ser la conducción de gas catalogada como una actividad peligrosa, corresponde a la Sala evaluar los factores de riesgo alegados por los actores, con el fin de determinar si resulta procedente confirmar la medida cautelar ordenada por el juez de primer grado o, en su defecto, revocarla.

Al revisar el expediente, advierte la Sala que los actores pusieron en evidencia, entre otros, dos factores de riesgo, como lo son la cercanía del Batallón Rafael Navas Pardo y del Aeropuerto Gabriel Vargas Santos.

En relación con el batallón general Rafael Navas Pardo, a folios 497 y 498 del cuaderno 3 de la medida cautelar, obra una respuesta a una petición presentada por el señor José Luis Rueda y otros el 16 de octubre de 2015, en la que el comandante de dicha Guarnición Militar, Teniente Coronel Néstor Raúl Vargas Sanguino(9), informa lo siguiente:

“Por otro lado, es deber de este comando poner en su conocimiento que las guarniciones militares han sido declaradas objetivo militares por parte de los grupos armados al margen de la ley, lo que conlleva a estar sujetos a constantes ataques de éstos; que generan indudablemente daños colaterales en lo que pueden verse involucrados la población civil del sector y sus bienes”.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo expresado por el tribunal de primer grado, la Sala considera que es un hecho notorio(10) la situación actual en materia de ataques por parte de grupos armados al margen de la ley a las instalaciones militares en el departamento de Arauca(11).

Por las consideraciones expuestas, encuentra la Sala que el hecho de ubicar una planta de almacenamiento de gas comprimido en frente del Batallón General Rafael Navas Pardo potencializa el riesgo para la población aledaña a la misma, pues dichas instalaciones pueden ser empleadas para atentar contra la infraestructura militar y, en consecuencia, generar daños colaterales a la población civil y a sus bienes.

Por su parte, el director aeronáutico de la regional Norte de Santander, en respuesta a la petición de 19 de noviembre de 2015 presentada por los representantes, habitantes, residentes y propietarios de los barrios Los Caracaros y Villa Caro del municipio de Tame, manifestó lo que a continuación se cita:

“En atención a la solicitud del derecho de petición, nos permitimos informar que a la fecha la UAE Aeronáutica Civil no ha expedido concepto técnico para la instalación y construcción por parte de la Administración Municipal de Tame en cabeza de su señor alcalde municipal y la empresa KEOPS y asociados SAS ESP, de una planta de almacenamiento de gas comprimido, en inmediaciones del aeropuerto Gabriel Vargas Santos, en el municipio de Tame Arauca, por lo tanto deben solicitar el concepto correspondiente a la Dirección de Desarrollo Aeroportuario de la UAE Aeronáutica Civil en Bogotá, previa presentación de los requisitos que nos permitimos anexar.

(…).

Por favor como veeduría ciudadana, exigir a la Alcaldía Municipal de Tame y a la empresa KEOPS y asociados SAS ESP el cumplimiento de este trámite, quienes hasta ahora no han hecho ningún requerimiento.

En igual sentido, el administrador del Aeropuerto Gabriel Vargas Santos, en oficio de 24 de noviembre de 2015 dirigido al Alcalde del municipio de Tame, expresó lo siguiente:

“…Teniendo en cuenta que la obra en mención está dentro de la zona de influencia de este aeropuerto y se debe dar estricto cumplimiento al manual de uso del suelo, solicito que la administración municipal se abstenga de autorizar construcción alguna en estos predios hasta tanto no se realice el trámite de estudio ante la autoridad aeronáutica”.

Al revisar los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia —RAC—, en la Sección RAC 14 “Aeródromos, aeropuertos y helipuertos”, la Sala encuentra que en el apartado 14.3.4.2.7 se establece que toda construcción o instalación ubicada en las inmediaciones de los aeropuertos, dentro de un radio de 13 Km a la redonda, constituye un obstáculo o impedimento para la aviación, de tal manera que, de conformidad con el numeral 14.3.4.2.7.6 ibídem, la Autoridad Aeronáutica podrá solicitar a las autoridades en materia urbanística, sanitaria y/o ambiental, la suspensión de las obras, demolición, imposición de medidas ambientales o cancelación de cualquier actividad, por cuanto ello genera un riesgo inminente de obstáculo a la navegación aérea. Para el efecto, las disposiciones en comento prevén lo siguiente:

“14.3.4.2.7. Otros obstáculos o impedimentos a la aviación.

14.3.4.2.7.1. Además de los obstáculos descritos anteriormente, constituye obstáculo o impedimento para la aviación, toda construcción, plantación, instalación o actividad, ubicada en las inmediaciones de los aeropuertos, dentro de un radio de 13 km a la redonda, contados a partir del punto de referencia de aeródromo - ARP que aún sin constituir un obstáculo físico permanente, impidan el vuelo seguro de las aeronaves en inmediaciones de los aeropuertos y durante su aproximación y salida de los mismos y particularmente, cuando dichas instalaciones o actividades, puedan ocasionar la presencia de aves en las áreas descritas (peligro aviario) con el consecuente riesgo de colisión contra las aeronaves, poniendo en peligro la seguridad del vuelo y la vida y bienes de personas a bordo o en la superficie.

(…) 14.3.4.2.7.6. Solicitud de suspensión de obras o actividades. La autoridad aeronáutica solicitará a las autoridades en materia urbanística, sanitaria y/o ambiental disponer conforme a lo de su competencia, la suspensión de las obras, la demolición de las mismas, la imposición de medidas ambientales, o la cancelación de cualquier actividad de las enunciadas precedentemente, cuando estas se inicien o desarrollen dentro de un área de 13 Km a la redonda contados desde el punto de referencia de aeródromo (ARP) generando riesgo inminente de obstáculo a la navegación aérea por peligro aviario y más particularmente, cuando encontrándose dentro de las superficies de despeje o de aproximación de un aeródromo, no hayan contado previamente con la autorización correspondiente” (resaltado fuera del texto).

Por su parte, la normativa en comento también prevé que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil deberá emitir conceptos sobre las alturas de las construcciones en las áreas de influencia de los aeródromos o helipuertos, que por su actividad puedan llegar a constituir un obstáculo y por ende un peligro para la actividad aérea.

14.3.4. Restricción y eliminación de obstáculos.

La UAEAC emitirá un concepto sobre las alturas de las construcciones en las áreas de influencia de los aeródromos o helipuertos, incluyendo los edificios, bodegas, hangares sencillos, línea de hangares, líneas de alta tensión, terminales de carga, fábricas, bodegas, silos y construcciones en áreas de servidumbre aeroportuaria y aeronáutica y las que por su actividad puedan llegar a constituirse en un obstáculo, o generar la presencia de aves. Así mismo, para el caso de mástiles de antenas, emisoras, líneas de alta tensión o estructuras que se desarrollen en el territorio nacional y que puedan constituir peligro para las operaciones aéreas y sean superiores a 15 metros sobre el nivel del terreno. Este concepto no constituye un permiso de construcción, el cual debe ser emitido por las autoridades correspondientes.

La UAEAC, se reserva el derecho de modificarlo total o parcialmente o suprimir el concepto si:

a. En caso de interferencia o inconvenientes para los servicios de radiocomunicaciones o radionavegación aeronáutica.

b. Si a su juicio presenta obstáculo para la navegación aérea, debido a ampliaciones y reformas de aeródromos cercanos.

c. Si las líneas de transmisión eléctrica interfieren o causa problemas a las operaciones aéreas y comunicaciones aeronáuticas.

d. Si las torres o instalaciones tienen una altura superior a la estipulada por la Aeronáutica Civil.

14.3.4.1. Superficies limitadoras de obstáculos.

El Proyectista, diseñador o explotador de un aeropuerto destinado a la operación pública, se asegurará de establecer y mantener libres de toda perturbación las superficies limitadoras de obstáculos”.

De conformidad con lo expuesto, comoquiera que la planta de almacenamiento de gas objeto de la presente acción, según los informes citados anteriormente, se encuentra en las inmediaciones del aeropuerto Gabriel Vargas Santos, se hace necesario que la Autoridad Aeronáutica emita el correspondiente concepto técnico acerca de si dicha instalación constituye un obstáculo y por ende un peligro para la actividad aérea, con el cual, no contó la contratista KEOPS para la construcción de la edificación cuestionada.

Siendo ello así, pese a la ausencia del concepto técnico en mención, ello no es óbice para que la Sala dé aplicación al principio de precaución, habida cuenta de que si bien no se tiene certeza de si la planta de gas constituye un obstáculo para las operaciones del aeropuerto y la seguridad de sus usuarios, lo cierto es que al encontrarse ubicada en las inmediaciones del aeropuerto del municipio de Tame, es necesario adoptar medidas urgentes para prevenir la posible afectación a los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente.

De todo lo anterior, resulta claro para la Sala que los dos factores de riesgo analizados en precedencia, resultan suficientes para considerar que en el asunto sub examine se deben adoptar las medidas pertinentes y urgentes para prevenir la vulneración no solo de derechos colectivos, como la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, sino también, derechos fundamentales como la vida y la integridad personal de la población aledaña a la planta de almacenamiento de gas comprimido objeto de la presente acción.

Aunado a lo anterior, la Sala precisa que en el caso sub examine se presenta una colisión de derechos de la misma jerarquía, como lo es el de la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de la población aledaña a la planta de almacenamiento de gas comprimido y de los usuarios del aeropuerto Gabriel Vargas Santos, y el de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente de la comunidad de los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Tame, en tanto que, al garantizarse uno u otro derecho se sacrifica el pleno ejercicio del contrapuesto.

En aras de resolver tal colisión, en primer lugar encuentra la Sala que, en relación con el grado de afectación del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, debe advertirse que si se permite el funcionamiento de la planta de almacenamiento de gas se garantizaría que la comunidad de los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Tame tengan un acceso efectivo al servicio público de gas natural, pues aquélla es indispensable para el cumplimiento de dicho fin; no obstante, su no instalación implicaría un grado de afectación leve, toda vez que no se está privando de dicho servicio a la población de manera definitiva, pues lo que se está cuestionando es el lugar escogido para la ubicación de la planta de almacenamiento de gas y no el desarrollo del proyecto como tal.

Por el contrario, en relación con el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de la población aledaña a la planta de almacenamiento de gas natural y de los usuarios del aeropuerto del municipio de Tame, encuentra la Sala que su afectación es intensa, toda vez que de permitirse las operaciones inmediatas de dicha planta en la ubicación designada por el ente territorial, se pondría en peligro evidente la seguridad de las personas destinatarias de tal derecho, pues una vez inicie operaciones las instalaciones cuestionadas se activa un riesgo potencial de que la citada población pueda ver afectada su vida e integridad personal.

En segundo lugar, considera la Sala que pese a que el derecho al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, como el de la seguridad y previsión de desastres previsibles técnicamente revisten igual importancia por ser derechos de la misma jerarquía y naturaleza, esto es, colectivos, susceptibles de amparo por vía de acción popular, lo cierto es que, en el presente caso, el derecho a la seguridad está revestido de un peso abstracto superior por cuanto su no satisfacción podría devenir en la pérdida de vidas humanas o la afectación de la integridad física de los destinatarios, lo que social y jurídicamente resulta más importante que la prestación del servicio público de gas en condiciones de eficiencia.

En tercer lugar, al revisar la certeza o seguridad del grado de afectación de los derechos en contraposición, la Sala observa que para el derecho de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna es leve, pues, pese que al suspender el funcionamiento de la planta de almacenamiento de gas comprimido la comunidad del municipio de Tame no contará temporalmente con el suministro de gas natural, ello no indica que no puedan tener acceso a otras fuentes de suministro de gas como lo han venido adquiriendo.

Por su parte, la certeza o seguridad del grado de afectación del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, es intenso, pues el permitir el funcionamiento inmediato de la planta de almacenamiento de gas, pondría en peligro inminente a la población aledaña y a los usuarios del aeropuerto, toda vez que dicha construcción está expuesta al ataque de grupos armados al margen de la ley por encontrarse en frente del batallón general Rafael Navas Pardo y, además, se encuentra en las inmediaciones del aeropuerto Gabriel Vargas Santos.

En consecuencia, comoquiera que el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente tiene un mayor grado de afectación, resulta viable adoptar las medidas cautelares en aras de su protección preventiva, más aún si se tiene en cuenta que en este caso, el derecho a la seguridad está íntimamente ligado con el derecho a la vida e integridad personal de la población aledaña a la planta de almacenamiento de gas natural y de los usuarios del aeropuerto del municipio de Tame, lo que le otorga un grado superior de importancia frente al derecho de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y, a su vez, justifica la no satisfacción de este último.

Ahora bien, advierte la Sala que la medida implementada por el tribunal de primer grado consistía en la suspensión de la construcción de la planta de almacenamiento de gas comprimido; no obstante, comoquiera que según información del municipio de Tame y la contratista KEOPS, ésta ya se construyó, la medida decretada resulta inocua, razón por la que la Sala la modificará en el sentido de ordenar a la empresa KEOPS SAS ESP la suspensión de cualquier actividad tendiente al funcionamiento de la planta de almacenamiento de gas comprimido objeto de la presente acción, hasta tanto no se profiera fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE:

MODIFÍCASE el auto recurrido en el siguiente sentido:

ORDÉNASE a la empresa KEOPS SAS ESP la suspensión de cualquier actividad tendiente al funcionamiento de la planta de almacenamiento de gas comprimido objeto de la presente acción, hasta tanto no se profiera fallo de primera instancia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

1 La información del proyecto de gasificación masiva se encuentra en el convenio de Asociación 036 de 2015 visible a folios 84 a 97, cuaderno 2 de medidas cautelares del expediente de la referencia.

2 Literal k) del artículo 4º de la NTC 3949.

3 Artículo 4.1.3 de la NTC 5897.

4 Expediente 2005-00654, C.P. María Elizabeth García González.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, proferida en el expediente 1999-00631-01 del 3 de mayo de 2007, M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de octubre de 2006, proferida en el expediente AP-2003- 02001-01, M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de septiembre de 2004, proferida en el expediente 2002-2693-01, M.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2005, proferida en el expediente AP-2003-00782-01, M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

9 Comoquiera que el informe no se encontraba dentro de los cuadernos de la medida cautelar pero sí se hallaba relacionado en el escrito de demanda y en el proveído apelado, el despacho sustanciador solicitó telefónicamente al Tribunal Administrativo de Arauca para que éste allegara el oficio vía electrónica.

10 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso, el hecho notorio no requiere prueba.

11 En las siguientes páginas web, se encuentran noticias de prensa que dan cuenta de que el ELN ha anunciado en reiteradas ocasiones su intención de atacar a las Fuerzas Militares, cuyos comunicados fueron emitidos con ocasión de la responsabilización por dicho grupo guerrillero por los ataques perpetrados contra unidades militares en el departamento de Arauca y en especial en el municipio de Tame. Las páginas web son:

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/eln-asumioresponsabilidad-por-cuatro-ataques-armados-en-los-ultimos-dias-MM2385961 y http://www.eltiempo.com/politica/justicia/eln-habia-advertido-sobre-ataques-alas-fuerzas-militares/16504124.