Auto 2015-00107 de mayo 19 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente (E):

Martha Teresa Briceño De Valencia

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 25000233700020150010701

Actor: Mónica Jiménez Granados

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Nº interno: 21748

Auto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia del 12 de febrero de 2015, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por caducidad.

ANTECEDENTES

El 14 de enero de 2014, la contribuyente Mónica Jiménez Granados, mediante apoderado judicial interpuso demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones:

Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 900.177 del 29 de mayo de 2014, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de la cual se confirma la liquidación oficial de revisión Nº 322412013000273 del 9 de mayo de 2013, practicada por la división de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá que modificó la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, correspondiente al año 2009 presentada en debida forma por mi representada. 

Segunda: Que se declare la nulidad de la liquidación oficial de revisión Nº 322412013000273 del 9 de mayo del 2013, mediante la cual se modificó arbitrariamente la declaración de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2009, en forma litográfica con el Nº 51958050167950. 

Tercera: Declarar como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho que doña Mónica Jiménez Granados en su condición de contribuyente no adeuda ninguna suma de dinero a la DIAN por concepto de impuestos ni sanciones correspondientes al año gravable del 2009. 

[...]”. 

Las anteriores pretensiones tienen fundamento, principalmente, en los siguientes hechos:

La demandante presentó la declaración del impuesto a la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2009. Para liquidar este impuesto se acogió al beneficio de auditoría.

El 10 de octubre de 2011 la división de gestión de fiscalización de la DIAN profirió el auto de apertura Nº 322392011003700 con el que se dio inicio a la investigación a la contribuyente Mónica Jiménez Granados.

El 15 de agosto de 2012 la DIAN profirió requerimiento especial Nº 32239201200257 en el que propuso modificar la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2009.

El 9 de mayo de 2013 la DIAN profirió la liquidación oficial de revisión Nº 322412013000273 por medio de la cual modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2009 y determinó un saldo a pagar de $ 167.950.000.

El 29 de mayo de 2014, la DIAN profirió la Resolución Nº 900.177 mediante la que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la decisión anterior y, la confirmó en su totalidad. Este acto administrativo fue notificado por medio de edicto fijado entre el 13 y el 27 de junio de 2014.

La demandante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de enero de 2015 y, aclaró que había enviado el mismo escrito el 30 de octubre de 2014 vía correo electrónico a las direcciones: scs04tadmincdm@hotificacionesrj.gov.co; scs04tadmincdm@hotificacionesrj.gov.co;

alebar2607@yahoo.es; info@cendoj.ramajudicial.gov.co

EL AUTO APELADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda, pues consideró que en este caso había operado la caducidad del medio de control.

El Tribunal señaló que la Resolución Nº 900.177 del 29 de mayo de 2014 por medio de la que se resolvió el recurso de reconsideración y, se agotó la vía gubernativa fue notificada por edicto fijado el 13 de junio de 2014 y desfijado el 27 de junio siguiente. Así, los cuatro meses con los que contaba la demandante para interponer la demanda vencieron el 28 de octubre de 2014.

Sin embargo, aclaró que, dado el cese de actividades acaecido en la Rama Judicial, el tribunal estuvo cerrado durante los días 9 de octubre a 19 de diciembre de 2014, tal como quedó certificado en la constancia secretarial suscrita por el Secretario de la Sección Cuarta del mismo tribunal.

Afirmó que la vacancia judicial transcurrió entre el 20 y el 31 de diciembre de 2014 y, el 1º y el 12 de enero de 2015.

En atención a lo anterior y aplicando lo establecido en el artículo 62 del Régimen Político y Municipal, señaló que la demandante tuvo oportunidad de presentar la demanda hasta el 13 de enero de 2015, no obstante, la radicó un día después, esto es el 14 de enero de ese año, fecha para la cual el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ya había caducado.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante fundamentó su inconformidad con el auto objeto del recurso de apelación en los argumentos que se resumen a continuación:

El apoderado de la demandante señaló que, el jueves 30 de octubre de 2014, envió el escrito de demanda desde su correo electrónico (franciscojarango@gmail.com) a las direcciones de correo electrónico del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (scs04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y, scs03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co).

Adujo que ese escrito presentado por medio electrónico tenía la constancia de haber sido presentado personalmente ante el Notario 32 del Círculo de Bogotá el 30 de octubre a las 3:16 p.m.

Afirmó que durante los veinte días previos al envío de la demanda por correo electrónico se acercó a las instalaciones de la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero, le fue imposible acceder a estas pues estaban cerradas.

Indicó que una vez que estuvieron abiertos los despachos judiciales, ya en el mes de enero, radicó, en papel, la demanda que había radicado de manera electrónica.

Resaltó que si se desconoce la radicación que hizo de la demanda de manera electrónica el 30 de octubre, se estaría vulnerando entre otras normas el artículo 228 de la Constitución Política, el 11 del Código General del Proceso, el 95 de la Ley 270 de 1996, los artículos 6º, 10 y 11 de la Ley 527 de 2009, el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 y varias sentencias del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A partir de lo anterior solicitó que “[...] se reconozca que la demanda realmente se presentó mediante el mensaje de datos el 30 de octubre de 2014 y no el 14 de enero de 2015, fecha en la cual el escrito entregado tan solo sería como soporte en papel para la formación física en papel del expediente 25000233700020150010700”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer: i) si el envío de la demanda por correo electrónico tiene los mismos efectos jurídicos que la presentación de la demanda en un despacho judicial de manera física y, ii) si, en este caso, la demanda fue presentada en tiempo.

i) Efectos jurídicos del envío de la demanda al correo electrónico de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El análisis de la primera cuestión se circunscribe en el tema de la denominada “justicia digital” que se presenta como una nueva fase de desarrollo en el funcionamiento de la justicia marcada por el uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC.

En Colombia, se ha venido avanzando en el diseño institucional y normativo necesario para implementar la “justicia digital”, así, varias de las reformas al Código de Procedimiento Civil, CPC, introdujeron la posibilidad de grabar las audiencias e incluso prohibieron la transcripción las mismas con el fin de lograr la plena observancia del principio de oralidad (art. 432 del CPC y 25 de la L. 1395/2010).

Del mismo modo el artículo 103 Código General del Proceso, CGP establece que “En todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura [...]”.

De otra parte, el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, estableció que el Consejo Superior de la Judicatura debía “propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información”.

La jurisdicción contencioso administrativa no ha sido ajena a estos avances, por el contrario, en la Ley 1437 de 2011 se incluyeron, por ejemplo, las reglas relativas a las actuaciones a través de medios electrónicos. Así, el artículo 186 establece:

“Actuaciones a través de medios electrónicos. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio. Parágrafo. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para que en un plazo no mayor de cinco (5) años, contados a partir de la vigencia del presente Código, sea implementado con todas las condiciones técnicas necesarias el expediente judicial electrónico, que consistirá en un conjunto de documentos electrónicos correspondientes a las actuaciones judiciales que puedan adelantarse en forma escrita dentro de un proceso”. (Se resalta). 

Pues bien, a partir de este somero recuento normativo, resulta clara la intención del legislador de profundizar en el uso de las TIC en los distintos procesos y en el funcionamiento de la administración de justicia, en general, con el fin de garantizar los principios de celeridad y economía procesal, entre otros.

En este caso, el apoderado de la demandante, hizo uso del correo electrónico para enviar su demanda al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y surtir el trámite de presentación de la demanda que no pudo realizar de manera presencial, pues en ese momento la Rama Judicial presentaba una situación anormal que generó la interrupción del servicio al público.

Finalmente, como ya se dijo, la Ley 1437 previó la posibilidad de realizar a través de medios electrónicos todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita, tal como el caso que ocupa la atención de la Sala, de tal forma que el envío de la demanda por correo electrónico debe tenerse como una presentación válida de la demanda y, tomando ese hecho en consideración se debe estudiar la admisión de la misma, como en efecto pasa a analizarse.

ii) Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el caso concreto.

Antes de abordar este segundo punto de análisis, esto es, el de la caducidad del medio de control, es del caso precisar que los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) consagran los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.

Las pretensiones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho tienen por finalidad restablecer el orden jurídico que ha sido quebrantado por la administración al expedir actos administrativos que infringen normas de carácter superior.

La pretensión de nulidad se dirige contra actos administrativos generales y busca restaurar el ordenamiento jurídico, en tanto que, la de nulidad y restablecimiento del derecho tiene además de esa finalidad la de restablecer un derecho subjetivo que resultó afectado por los actos de la administración.

Ahora bien, conforme con el literal d) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la posibilidad de interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro meses, contados a partir del día siguiente de la notificación, comunicación o ejecución del acto.

La caducidad es un límite que se impone al ejercicio de los medios de control contencioso administrativos con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica con respecto a los actos proferidos por la administración. Ocurre como consecuencia de la inactividad del administrado, quien deja transcurrir el tiempo fijado por la ley sin ejercer el respectivo medio de control.

Además, la caducidad es uno de los requisitos de la demanda cuya verificación se hace por el juez al momento de admitir la demanda, según lo establecen los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con respecto al conteo del término de caducidad, esta corporación se pronunció en auto del 28 de octubre de 2010, con ponencia del magistrado, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, dentro del expediente radicado bajo el número 2009-00078, así: “En tal orden, cuando se trate de contabilizar el término a partir del cual ocurre el fenómeno de la caducidad de la mentada acción, debe seguirse la regla del cómputo de meses, es decir, que en ella no se excluyen los días de interrupción de vacancia judicial o los que por cualquier otra causa el despacho se encuentre cerrado, por ejemplo la suspensión del servicio de administración de justicia, a menos que el término se venza en uno de ellos, caso en el cual el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente”.(1)

Consecuente con lo anterior, ni el cese de actividades ni la vacancia judicial, interrumpen el término de caducidad para ejercer el medio de control, diferente es que el plazo expire cuando el Despacho se encuentre cerrado, caso en el cual el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente.

Pues bien, en este caso está probados los siguientes hechos:

1. Que el acto administrativo que resolvió el recurso de reconsideración fue notificado el 27 de junio de 2014 y, por tanto el término de caducidad vencía el 28 de octubre del mismo año.

2. Que la demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de octubre de 2014, por medio de correo electrónico.

3. Que los términos judiciales no corrieron durante los días 9 de octubre a 19 de diciembre de 2014 por el cese de actividades de la Rama Judicial y, entre el 20 y 31 de diciembre del mismo año y, 1º a 12 de enero de 2015, por motivo de la vacancia judicial.

Así, dado que el término de caducidad venció el 28 de octubre de 2014, fecha para la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encontraba en cese de actividades, el plazo para presentar la demanda se extendió hasta el 13 de enero del 2015, día hábil siguiente a la terminación de la vacancia judicial, fecha para la cual la demandante ya había presentado la demanda de forma electrónica.

Vale la pena aclarar que, en este caso, no puede considerarse como extemporánea la presentación de la demanda realizada el 30 de octubre en razón a que el término de caducidad vencía el 28 del mismo mes pues, fue precisamente ante la imposibilidad de ingresas a las instalaciones del Tribunal para radicar la demanda en tiempo que el apoderado de la demandante optó por hacerlo por vía electrónica, lo que demuestra la intención de presentarla oportunamente. En consecuencia, no puede afirmarse que al momento de radicar la demanda en forma física, esto es el 14 de enero de 2015, ya había caducado el medio de control pues, esa interpretación desconoce la fecha en la que efectivamente se presentó la demanda y, la situación de anormalidad generada por el cese de actividades ya descrito.

En conclusión, los argumentos formulados en el recurso de apelación por la parte demandante en este proceso, están llamados a prosperar, razón por la que se revocará la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE

REVÓCASE la providencia apelada, en su lugar, ordénase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, previo el estudio de los demás requisitos legales, provea sobre la admisión de la demanda.

En firme esta providencia, regrese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Martha Teresa Briceño de Valencia, Presidenta—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Sobre este tema y en el mismo sentido también se pueden consultar las providencias proferidas por distintas secciones del Consejo de Estado en los expedientes distinguidos con los siguientes números de radicación: 27001-23-31-000-2009-00093-01; 68001-23-31-000-2006-02351-01; 11001-23-25-000-2010-00160-00; 68001-23-33-000-2013-00341-01; 25000-23-36-000-2013-00525-01.