Auto 2015-00194 de agosto 27 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2015-00194-00.

Medio de Control de Nulidad

Actor: Marco Fidel Ramírez Antonio

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Bogotá D.C., veintisiete de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala unitaria

Para establecer si el acto acusado resulta violatorio de las normas de orden superior que señala como quebrantadas el actor, es menester consultar también el contenido y alcance de la Sentencia T-970 de 2014, que dio lugar a la expedición del mismo.

La Sala novena de revisión de la Corte Constitucional, en virtud de una acción de tutela promovida por la señora Julia(34) contra Coomeva EPS, entidad de salud que le negó la posibilidad de practicarle la eutanasia, sostuvo que la garantía y efectividad de los derechos no dependía exclusivamente de la voluntad del legislador, pues la Constitución constituía norma de normas, lo que significaba que podía incidir directamente en la vida jurídica de los habitantes y ayudar a solucionar casos concretos, como el que se presentaba para su estudio, a pesar de que no existiese una ley que regulara dicho procedimiento.

Recordó que en la Sentencia C-239 de 1997, la Corte Constitucional ya había reconocido que la muerte digna constituía un derecho fundamental de los Colombianos, el cual podía ser garantizado en virtud de los preceptos de la Carta Política, en particular, el respeto a la dignidad humana y al principio de autodeterminación, por ende era procedente el estudio de la petición realizada por la actora, independientemente de que no existiera legislación alguna que reglamentara el procedimiento para ello.

En ese caso, sostuvo que a pesar de que existía carencia actual de objeto, debido al fallecimiento de la solicitante, era necesario hacer un pronunciamiento de fondo sobre el asunto puesto a su consideración, pues debían “fijarse algunas reglas relativas al procedimiento de eutanasia como forma de garantizar el derecho a morir dignamente y evitar que ante la ausencia de legislación aplicable, se diluyan las garantías fundamentales de las personas que deciden tomar esta decisión”(35).

Así las cosas, la Corte Constitucional estimó que la EPS y los médicos tratantes vulneraron los derechos fundamentales de la señora Julia, quien padecía de una enfermedad terminal que le causaba intensos dolores y sufrimiento y a pesar de su solicitud reiterada de practicarle la eutanasia, éstos se negaron sin una justificación constitucionalmente válida.

En efecto, el fallo constitucional señaló que la ausencia de legislación no constituía una razón suficiente para denegar el derecho a morir dignamente, pues la Sentencia C-239 de 1997, si bien había reconocido la competencia del legislador en el tema en cuestión, estableció unos criterios que garantizaran la protección al referido derecho fundamental, tales como: a) que la persona solicitante padeciera de una enfermedad terminal; b) que se manifestare su voluntad para que se le provocara la muerte y c) que un profesional de la salud le practicara un procedimiento médico que le garantizare morir dignamente, por lo tanto el precedente jurisprudencial contenía el material argumentativo suficiente para acceder a la solicitud de la eutanasia.

Además de resolver el asunto particular de la actora, la Sentencia T-970 de 2014, precisó aún más lo estudiado en la providencia hito C239 de 1997, y estableció “pautas normativas” que, a su juicio, eran necesarias para facilitar el ejercicio del derecho a una muerte digna.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional reguló provisionalmente el derecho a morir dignamente, estableciendo los siguientes lineamientos: a) que la enfermedad terminal debía ser calificada por un experto; b) dicha enfermedad debía producir un intenso dolor y sufrimiento; c) la voluntad del paciente es la que determina lo indigno del padecimiento, aunado a los exámenes médicos que se le realicen, situación que hace que los médicos no puedan oponerse a la misma; d) debe mediar el consentimiento libre, informado e inequívoco del enfermo.

La Sentencia T-970 de 2014, también consideró necesaria la creación de un comité científico interdisciplinario para acompañar al paciente y a la familia, durante el proceso objeto de regulación, e incluso, estableció alguna de sus funciones principales y le ordenó al Ministerio de Salud expedir una directriz en la que se dispusiera todo lo necesario para cumplir dicho cometido.

Igualmente, le ordenó la creación de un protocolo médico para que se le sugiriera a los expertos de las distintas disciplinas y sirviera de referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente.

El pronunciamiento de la Corte también establece situaciones muy particulares respecto del procedimiento a seguir, como el plazo con que cuenta el médico para preguntarle al paciente si se reafirma o no en su intensión de terminar con su vida o el plazo máximo que se tiene para aplicar el procedimiento luego de que el paciente reiteró su decisión.

Así mismo, se regula todo lo concerniente al consentimiento previo, posterior, formal o informal y expresamente permite el consentimiento sustituto, en el cual la familia tiene la posibilidad de tomar la decisión de la muerte en caso de que el paciente terminal esté imposibilitado físicamente para hacerlo.

Finalmente, el tribunal de cierre en materia constitucional, establece, taxativamente, unos criterios que debían ser tenidos en cuenta para la práctica de los procedimientos que tengan como propósito garantizar una muerte digna, tales como: 1) la prevalencia de la autonomía del paciente; 2) la celeridad; 3) la oportunidad y 4) la imparcialidad.

Por otra parte, es pertinente destacar que luego de proferida la Sentencia T-970 de 2014, la Corte Constitucional, en virtud de una solicitud elevada por el Ministerio de Salud y Protección Social a fin de ampliar el término para cumplir lo ordenado en la referida decisión, le recordó que ello no era necesario(36), teniendo en cuenta que la regulación provisional tendiente a garantizar el derecho a una muerte digna por ausencia de la norma estatutaria correspondiente, la había establecido la propia corporación en el fallo de tutela, por lo que la administración no debía fijar ningún procedimiento relacionado con dicho derecho fundamental.

Conforme quedó visto en el resumen que antecede, el actor solicita como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en virtud de lo consagrado en el numeral 3 del artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Las disposiciones que se invocan como violadas son los artículos 11, 18, 121, 150, numeral 10, 152, 189, numeral 11, de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011.

Los artículos 11 y 18 de la Carta Política, establecen la inviolabilidad de la vida y de la libertad de conciencia, respectivamente; el artículo 121 consagra la limitación de las autoridades del Estado para ejercer funciones distintas a las atribuidas constitucional y legalmente; el numeral 10 del artículo 150 se refiere a las facultades extraordinarias con las que el Congreso de la República puede revestir al Presidente; el artículo 152 establece el objeto de regulación de las leyes Estatutarias y el numeral 11 del artículo 189 consagra como función del Presidente la de ejercer la referida potestad reglamentaria.

A su vez, el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, regula lo concerniente a las causales de nulidad de los actos administrativos, entre las cuales se pueden resaltar la falta de competencia, la falsa motivación o la infracción de las normas en que debían fundarse.

Básicamente el actor adujo que el Ministerio de Salud y Protección Social no tenía competencia para regular temas relativos a la objeción de conciencia ni al derecho a morir dignamente, el cual se deriva de un derecho fundamental, como lo es la vida, por lo que su regulación se debía dar a través de una ley Estatutaria, conforme lo ordena el artículo 121 de la Carta Política, lo cual es del resorte exclusivo del legislador.

Igualmente, el solicitante advierte que el fundamento normativo de la resolución demandada fue falso, ya que no existía una ley estatutaria sobre el tema de la eutanasia y el derecho a morir dignamente objeto de la regulación pretendida, situación que demuestra que el acto administrativo sólo se basó en una jurisprudencia.

Finalmente, sostuvo que, si bien, la Corte Constitucional le había ordenado al Ministerio de Salud y Protección Social emitir unas directrices y sugerir algunos temas para la conformación del comité interdisciplinario que acompañaría al paciente y a su familia, durante el proceso para conseguir una muerte digna, en ningún momento lo facultó para regular y reglamentar un derecho fundamental.

Por su parte, la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, en su encabezamiento reconoce que el origen o sustento para su expedición, fue la Sentencia de la Corte Constitucional T-970 de 2014, al señalar expresamente: “Por medio de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de la Sentencia T-970 de 2014 de la honorable Corte Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad”.

Dicha sentencia, conforme se estableció previamente, le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social expedir una directriz para que dentro del sistema de salud se conformara un comité interdisciplinario que acompañara a los pacientes y a sus familias, que optaran por una muerte digna y sugiriera un protocolo que sirviera de referente para practicar el procedimiento que fuera pertinente a fin de garantizar ese derecho.

En cumplimiento de la orden dada por la Corte Constitucional, la entidad accionada expidió el acto administrativo enjuiciado, en el que establece la organización, conformación y funciones de los comités interdisciplinarios, las funciones que deben cumplir las IPS y EPS en relación con dicho procedimiento, con los pacientes y con los referidos comités y reprodujo el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir dignamente contenido en la Sentencia T-970 de 2014.

De la lectura del articulado del acto administrativo acusado y del contenido de la Sentencia T-970 de 2014, advierte la Sala unitaria que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, no estableció los procedimientos para garantizar la efectividad del derecho fundamental a una muerte digna, puesto que tales procedimientos están señalados expresamente en la referida sentencia.

En efecto, se reitera, claramente en el texto de dicha sentencia la Corte Constitucional decidió establecer una regulación temporal que le permitiese a las personas acceder al goce de un derecho fundamental reconocido hace más de 17 años, pero que en la práctica no había podido tener eficacia debido a la omisión del Congreso de la República en el cumplimiento de la exhortación hecha en la Sentencia C-239 de 1997.

Fue la Sentencia C-239 de 1997, la que reconoció y estructuró los elementos esenciales del derecho fundamental a una muerte digna, dada su relación inescindible con el principio constitucional de la dignidad humana y, posteriormente, fue la Sentencia T-970 de 2014, la que estableció un procedimiento para garantizar su protección.

Son varias las citas jurisprudenciales que se observan en la Sentencia T-970 de 2014, en las que la Corte Constitucional abiertamente manifiesta que entrará a regular temporalmente el derecho fundamental a una muerte digna, debido a la ausencia de normas al respecto.

Es así como en el numeral 7.1.4 de la parte considerativa de la referida sentencia, la Corte Constitucional expresó: “La constatación de la vulneración del derecho impone a la Sala el deber de pronunciarse de fondo y fijar unas reglas mínimas para garantizar el derecho a morir dignamente. Si bien existen vacíos normativos, es evidente que se desconoció la decisión tomada por la accionante de poner fin a su vida, lo que en últimas significó imponerle la obligación de vivir en condiciones que ella consideró indignas”.

En el título del numeral 7.2 de la parte considerativa del mismo fallo, el reconocimiento de la regulación es aún más expreso, cuando manifiesta: “Presupuestos para hacer efectivo el derecho a morir dignamente, mientras el Congreso regula la materia”.

Finalmente, en el Auto A-098 de 27 de marzo de 2015, por medio del cual se resuelve una solicitud elevada por el Ministerio de Salud y Protección Social para ampliar el plazo de cumplimiento de la Sentencia T-970 de 2014, la Corte Constitucional fue totalmente enfática y advirtió:

“En la Sentencia T-970 de 2014 se emitieron dos órdenes al Ministerio: (i) crear una directriz para que los comités interdisciplinarios operen en todas las instituciones prestadoras del servicio de salud y, (ii) elaborar de un protocolo médico de carácter netamente científico que sirva como guía para los médicos. Como se puede apreciar, el papel del Ministerio es típicamente de Gobierno pues no es de su competencia definir los aspectos subjetivos de un derecho fundamental. Por el contrario, la Sentencia en cuestión ya definió cuál es el procedimiento que los médicos deben cumplir para garantizar la plena vigencia del derecho a la muerte digna.

En efecto, en esa decisión la Corte encontró que a pesar de existir una sentencia en la que se despenaliza la eutanasia, la ausencia de regulación está impidiendo que esa garantía constitucional se vea realmente materializada. De igual forma, no se sabe cómo obtener el consentimiento, ni cuándo es inequívoco, etc. A partir de ahí, la Corte consideró que debía, tal y como lo ha hecho con el derecho al habeas data, derechos étnicos, derechos de las víctimas, entrar a regular el derecho a la muerte digna. Como se puede notar, la orden que se le dio al Ministerio en nada tiene que ver con fijar ni sujetos activos, pasivos, contenido de las obligaciones, forma de garantizar el derecho, etc. Esa reglamentación ya fue realizada por esta corporación en aras de garantizar la primacía de la Constitución ante la ausencia de legislación” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

En este estado del proceso y en el escenario de estudio de la solicitud de la medida cautelar solicitada por la parte actora, se puede observar que la Corte Constitucional fue enfática al señalar que el derecho fundamental a la muerte digna había sido regulado y reglamentado en su propia Jurisprudencia y las órdenes impartidas al Ministerio de Salud y Protección Social, se limitaban a desarrollar aspectos relacionados con las funciones propias de la administración, las cuales no tenían ninguna incidencia en los elementos esenciales del precepto constitucional objeto de estudio.

La Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, se limitó a dar cumplimiento a las órdenes impartidas en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia T-970 de 2014, que estableció lo siguiente:

“CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Salud que en el término de 30 días, contados a partir de la comunicación de esta providencia, emita una directriz y disponga todo lo necesario para que los hospitales, clínicas, IPS, EPS y, en general, prestadores del servicio de salud, conformen el comité interdisciplinario del que trata esta sentencia y cumplan con las obligaciones emitidas en esta decisión. De igual manera, el Ministerio deberá sugerir a los médicos un protocolo médico que será discutido por expertos de distintas disciplinas y que servirá como referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente”.

En cumplimiento de la orden transcrita, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el acto administrativo demandado, el cual consta de una introducción considerativa y de cuatro capítulos resolutivos, en los cuales no se encuentra el desbordamiento de las funciones propias de dicha entidad, tal y como se entrará a revisar con detenimiento a continuación.

La parte introductoria explica que la Resolución se fundamenta en el cumplimiento de la Sentencia T-970 de 2014 y que lo allí desarrollado obedece únicamente a las órdenes perentorias que dicho pronunciamiento consagró.

El capítulo I, denominado “Disposiciones generales”, por su parte, contiene un total de cuatro artículos. El artículo 1º, trata sobre el objeto de la resolución, el cual no es otro que la expedición de unas directrices para la conformación y funcionamiento de los comités científico-interdisciplinarios y expresamente advierte que los mismos “actuaran en los casos y en las condiciones definidas en las sentencias C-239 de 1997 y T-970 de 2014”

Los artículos 2º y 4º no hacen cosa distinta que reproducir el concepto de enfermo terminal que establece el artículo 2º de la Ley 1733 de 2014, el cual también es referido en el numeral 3.2.10 de la parte considerativa de la Sentencia T-970 de 2014 y advierten que la persona que padece esa condición tiene el derecho a acceder, en cualquier momento, a los cuidados paliativos reglamentados por dicha norma.

Por su parte, el artículo 3º, titulado: “Criterios de la garantía del derecho fundamental a morir con dignidad”, es un resumen literal del numeral 7.2.12 de la parte considerativa de la Sentencia T-970 de 2014, en el cual ni se agregan ni se suprimen los criterios desarrollados por la propia Corte Constitucional.

El capítulo II de la resolución en comento, es la columna vertebral de la disposición objeto de estudio, ya que contiene la estructuración técnica de los comités científico-interdisciplinarios, ordenados en la Sentencia T-970 de 2014.

Este capítulo que va del artículo 5º al 14, se fundamenta en los numerales 7.2.5 a 7.2.10 de la parte considerativa de la providencia en comento y establece los parámetros técnicos que permiten el normal funcionamiento de cualquier entidad de la administración, es decir, la organización, conformación, instalación y funciones de los comités, así como la forma como debe sesionar, el quorum, etc.

A su vez, el capítulo III de la Resolución 1216 de 2015, que va de los artículos 15 a 18, denominado “Procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad”, también constituye un mero resumen del trámite y requisitos establecidos por la Corte Constitucional para garantizar el goce de este derecho fundamental.

Es así como los temas inherentes a las características y requisitos que deben contener las solicitudes para acceder a una muerte digna, que encontramos plasmados en el artículo 15 de la resolución demandada, se basan enteramente en los lineamientos ya trazados en los numerales 7.2.3 y 7.2.4 de la parte considerativa de la Sentencia T-970 de 2014.

Por otro lado, el artículo 16 del acto administrativo cuestionado, en el cual se consagra el trámite que se le debe dar a la mencionada solicitud, es una reproducción del numeral 7.2.7 de la parte considerativa de dicha providencia, en el cual la Corte Constitucional reguló hasta los términos dentro de los cuales se debía realizar el procedimiento que ayudaría a la consecución de una muerte digna y estableció la posibilidad de su desistimiento en cualquier momento. Esto último fue igualmente consagrado en el artículo 17 de la resolución estudiada.

Cabe resaltar que uno de los argumentos para sustentar la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, es el concerniente a la presunta regulación del derecho fundamental a la objeción de conciencia hecha en su artículo 18; sin embargo, la Sala unitaria considera que fue el numeral 7.2.11 de la parte considerativa de la Sentencia T-970 de 2014, el que estructuró la regulación invocada y el acto administrativo simplemente reprodujo los argumentos allí expuestos.

Para evidenciar lo anterior, basta traer a colación los textos señalados, así:

El artículo 18 de la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, establece:

“ART. 18.—De la eventual presentación de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia solo es predicable de los médicos encargados de intervenir en el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. En el evento que el médico que va a practicar el procedimiento formule tal objeción, por escrito y debidamente motivada, el comité ordenará a la IPS para que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a que se presente la objeción, reasigne a otro médico que lo realice”.

Por su parte, la Corte Constitucional en la parte considerativa de la Sentencia T-970 de 2014, sostuvo:

“7.2.11. Conforme a lo establecido en esta providencia, los médicos y los prestadores de salud en general, son los principales obligados respecto de la aplicación de los procedimientos orientados a hacer efectiva la voluntad del paciente de ejercer su derecho a morir dignamente. No obstante, en el caso de los profesionales de la salud encargados de intervenir en el procedimiento, las convicciones personales que eventualmente puedan oponer al cumplimiento de este deber, no pueden constituirse en un obstáculo para la plena vigencia de los derechos fundamentales del paciente. Si se presenta esta eventualidad, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento en que el médico, por escrito, argumente sus razones por las cuales realizar el procedimiento va en contravía de sus convicciones personales, deberá reasignarse otro profesional de la salud para que realice el procedimiento. En todo caso, si se presentan dificultades fácticas que impidan que el paciente pueda cumplir con su voluntad, la acción de tutela siempre será el mecanismo adecuado para superar las barreras que se puedan generar”.

Por último, es importante resaltar que el Ministerio de Salud y Protección Social en ningún momento oculta o niega que la motivación del acto administrativo demandado sea algo distinto a una sentencia judicial. Todo lo contrario, desde el encabezado de la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, hasta el propio desarrollo dispositivo visto en su contenido, reconoce que el fundamento principal de dicha decisión administrativa es el cumplimiento de la Sentencia T-970 de 2014, expedida por la Corte Constitucional. En ese entendido, no puede hablarse de que la Resolución acusada incurrió en una falsa motivación.

Entonces, resulta claro que el acto acusado no reguló o reglamentó directamente el derecho fundamental a morir dignamente, sólo se limitó a cumplir una providencia judicial en la cual la Corte Constitucional abiertamente reconoce que, debido a la ausencia de normas infra-constitucionales que hicieran efectivo el referido derecho, era necesario contemplar un procedimiento temporal que garantizara su protección.

Lo anterior podría generar el siguiente interrogante jurídico: ¿es posible que la Corte Constitucional regule temporalmente un derecho fundamental a través de un fallo de tutela, en virtud de la ausencia normativa infra-constitucional por incumplimiento u omisión del legislador?

La respuesta la dan los antecedentes que han quedado consignados a lo largo de esta providencia, de los cuales se puede colegir que la Corte ponderó el eventual desconocimiento del principio de legalidad al entrar a regular temporalmente un tema que no era de su competencia, frente a una obligación de garantizar la prevalencia de la Constitución que ordena la protección de la dignidad humana, íntimamente ligada con el derecho a morir dignamente, que estaba siendo obstruido por la inactividad del legislador.

Ahora, no le corresponde a esta Sala unitaria entrar a cuestionar las decisiones de la Corte Constitucional, así constituyan el fundamento del acto administrativo acusado, frente al cual se tiene toda la competencia de juzgamiento, pues es también deber del juzgador, en asuntos como el que es objeto de estudio en esta oportunidad, ir más allá de la mirada simplemente formal a fin de escudriñar si existe una interpretación que garantice en mayor medida la efectividad de un derecho fundamental, que es lo que en últimas debe protegerse.

Finalmente, cabe señalar que como el actor trajo a colación el criterio adoptado por la sección primera del Consejo de Estado, contenido en la Sentencia de 23 de mayo de 2013, proferida dentro del expediente 11001-03-24-000-2012-00017-00, resulta necesario precisar que lo analizado en dicha sentencia y lo plasmado en esta providencia, ofrece las siguientes diferencias de características fácticas, jurídicas y hermenéuticas, que justifican la decisión que aquí se adopta.

En la mencionada sentencia se resolvió anular la Circular Externa 03 de 27 de septiembre de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud y parcialmente la Circular Externa 0058 de 27 de noviembre de 2.009, de la misma entidad, relacionadas con el acceso a los servicios de salud para la interrupción del embarazo.

Específicamente en el asunto concreto que se estudia en esta oportunidad, no se está adoptando la definición final del proceso a través de una sentencia, sino la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto acusado, esto es, la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual se niega.

En el primer caso las normas que se invocaron como violadas fueron los artículos 6º, 48, 121, 152, 189-22, y 344 de la Constitución; las leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007; y el Decreto 1010 de 2007. Si bien el segundo caso coincide con el primero en cuanto a la invocación del artículo 121, este proceso difiere con aquél en las restantes normas aducidas como violadas, pues en el asunto sub lite son los artículos 11, 18, 150-10 y 189-11, de la Constitución.

La demanda de simple nulidad radicada bajo el número 11001-0324-000-2012-00017-00, se resolvió de fondo por Sentencia de 23 de mayo de 2013, decretándose la nulidad de las citadas circulares de la Superintendencia de Salud sobre reglamentación de acceso a la salud para las tres excepciones de interrupción del embarazo (aborto), en tanto la sección primera consideró que para expedir esas reglamentaciones debió anteceder la ley correspondiente.

En esta providencia no se está adoptando decisión de fondo, pues lo que se resuelve es la solicitud de suspensión provisional, la cual se niega mediante auto interlocutorio, entre otras razones, porque no se configuran los requisitos que la jurisprudencia y la doctrina denominan fumus bonis iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (necesidad de urgencia de la medida cautelar).

Así, pues, en los aspectos fácticos y jurídicos se trata de situaciones diferentes, entre otras, respecto de los actos acusados, las autoridades que los expidieron, los fundamentos en que se apoyaron, las normas y cargos que se invocaron por los demandantes y las materias que reglamentaron y/o señalaron los mecanismos de implementación.

Adicional a lo anteriormente anotado, también existen diferencias hermenéuticas que justifican la distinción de una y otra situación.

En efecto, dadas las características fácticas y jurídicas de lo debatido en el proceso de nulidad radicado bajo el número 1100103-24-000-2012-00017-00 en Sentencia de 23 de mayo de 2013 la sección primera del Consejo de Estado asumió, desde de la perspectiva hermenéutica, una posición positivista formal, la cual se caracteriza, entre otros aspectos, por circunscribirse a lo gramatical, lógico y legalista formal.

En el auto que nos ocupa (competencia de la suscrita consejera ponente), a través del cual se resuelve la solicitud de suspensión provisional del acto acusado, de modo que no se decide de fondo y de manera definitiva, lo cual corresponde a la sentencia, la que se proferirá cuando se agoten las etapas procesales correspondientes, competencia que es de la sección primera, pero que dada la importancia jurídica y/o trascendencia social del asunto podría asumirla la Sala plena de lo contencioso administrativo, igual se decide bajo la concepción hermenéutica positivista, sólo que desde un enfoque constitucional y material, y no meramente legal-formal, dado, en síntesis, que los procedimientos a que se refiere la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, “Por medio de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de la Sentencia T-970 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad”, expedida por el Ministro de Salud y Protección Social, son la reproducción de lo ordenado directamente a éste por la Corte Constitucional en la Sentencia de tutela T-970 de 2014 y el Auto A-098 de 2015, providencias que a su vez se fundamentan en la Sentencia C-239 de 1997 de esa misma corporación judicial, así como en la omisión del Congreso de la República, por más de 17 años, en reglamentar mediante ley lo dispuesto en esta última.

Consecuente con lo anterior, habrá de denegarse la medida cautelar solicitada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección primera, en Sala unitaria,

RESUELVE:

DENIÉGASE la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, “Por medio de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de la Sentencia T-970 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad”, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Notifíquese y cúmplase».

(34) Seudónimo utilizado por la Corte Constitucional para proteger el derecho fundamental a la intimidad de la ciudadana que promovió la acción de tutela.

(35) Sentencia T-970 de 2014, p. 40.

(36) Corte Constitucional. Auto 098 de 27 de marzo de 2015.