Auto 2015-00194 de octubre 13 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2015-00194-00.

Magistrada Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Marco Fidel Ramírez.

Solicitud de aclaración auto.

Bogotá D.C., trece de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

De la aclaración de autos.

Como quedó visto, el actor solicita que se aclare si una sentencia de tutela puede dar lugar al ejercicio de la potestad reglamentaria cuando hay omisión legislativa absoluta y pide que se amplíe la explicación del incumplimiento de los requisitos fumus bonis iuris y periculum in mora en el caso estudiado.

Para resolver, se observa que la aclaración de providencias judiciales está contenida en el artículo 285 del Código General del Proceso, de la siguiente manera:

“ART. 285.—Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración”.

De la norma transcrita se colige que la aclaración de una providencia está supeditada a que existan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, que estén o influyan en la parte resolutiva de la providencia.

Conforme a lo anterior, no hay lugar a aclarar el auto de 27 de agosto de 2015, si se tiene en cuenta que no contiene concepto alguno que genere razonablemente un motivo de duda que influya en la decisión de denegar la medida cautelar solicitada, la cual, a juicio de esta Sala Unitaria, simplemente no cumplió los requisitos para su procedencia, como detallada y extensamente se explicó en el mencionado proveído.

En efecto, la primera inquietud con la cual se pretende justificar la solicitud de aclaración, no se origina en la argumentación jurídica dada en el auto de 27 de agosto de 2015, como lo infiere el actor, pues en esta decisión no se entra a determinar el alcance de los efectos del fallo de tutela que dan lugar a la Resolución demandada y mucho menos se habla del ejercicio de la potestad reglamentaria al momento de expedir la misma.

En el proveído en cuestión, esta Sala Unitaria fue muy clara en señalar que no le correspondía entrar a cuestionar las decisiones que la Corte Constitucional(1) profiriere, incluyendo, naturalmente, los efectos que dicha Corporación le pretende dar a las mismas.

La duda que aqueja al actor no tiene incidencia alguna en el caso de marras, ya que en el auto objeto de la solicitud de aclaración, jamás se afirma, sostiene o infiere que la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, se expidió en virtud de una potestad reglamentaria derivada de un fallo de tutela. Todo lo contrario, en dicha providencia, reiteradamente, se explicó que fue la propia Corte Constitucional, la que entró a regular y reglamentar temporalmente el tema objeto de debate y simplemente le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, expedir unas directrices que ayudaran a la conformación de unos comités que la misma providencia creó, lo cual es una función típica de la Administración que no envuelve potestad reglamentaria alguna.

Es claro que esta Corporación, en sentencias de 13 de marzo y 23 de mayo de 2013, proferidas dentro de los expedientes Nº 2008-00256 y 2012-00017, sostuvo que no era posible entrar a reglamentar un tema sin que hubiese una ley previa que lo regulara y que necesitara ser debidamente desarrollada; sin embargo, como claramente se dijo en el auto objeto del presente pronunciamiento, dichos casos ofrecían diferencias fácticas, jurídicas y hermenéuticas respecto del asunto ahora estudiado, las cuales justificaban con suficiencia la decisión que en este se adoptó.

Precisamente, una de las tantas diferencias existentes es que los actos administrativos allí demandados fueron expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, lo cual no ocurrió en el sub examine, pues se reitera, la Corte Constitucional fue la que directamente reguló y reglamentó el tema de la eutanasia, tal y como expresamente lo reconoció en las sentencias T-970 de 2014 y en el Auto A-098 de 2015. Es pertinente destacar que en este último pronunciamiento, dicha Corporación reiteró que las órdenes dadas al Ministerio de Salud y Protección Social, eran eminentemente administrativas y no tenían relación alguna con la definición de aspectos subjetivos del derecho fundamental en cuestión, como fijar sujetos activos o pasivos, contenido de las obligaciones, forma de garantizar su efectividad y aplicación, etc.

En efecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-970 de 2014, directamente estableció un procedimiento temporal que garantizara el ejercicio efectivo de dicho derecho, es decir, ejerció un poder de reglamentación.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala Unitaria no advierte que de la argumentación jurídica dada en la providencia de 27 de agosto de 2015, se desprenda duda alguna respecto de si una sentencia de tutela puede originar el ejercicio de la potestad reglamentaria, pues, como ya se explicó, ni la resolución demandada fue expedida en virtud de dicha potestad, ni el fallo de la Corte Constitucional dio lugar a su ejercicio.

Ahora bien, en relación con la petición concerniente a “explicar con mayor amplitud por qué razones la medida cautelar solicitada no reúne los requisitos doctrinales denominados fumus bonis iuris y periculum in mora”, es pertinente señalar que la solicitud de aclaración únicamente es procedente cuando la providencia “contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda”(2), por lo tanto no es entendible que se pretenda hacer uso de esta herramienta jurídica sin entrar a justificar, en qué consiste la confusión que necesita ser depurada.

En efecto, el actor se limitó a solicitar una explicación ampliada de un tema debidamente referido en la providencia de 27 de agosto de 2015, lo cual no encuadra dentro del objeto de la aclaración solicitada.

No obstante lo anterior, en relación con los principios de fumus bonis iuris y periculum in mora, esta Sala Unitaria hará una breve exposición sobre los mismos.

El principio fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho, es aquel que le permite al Juez, apreciar la probabilidad razonable de que prospere la causa objeto del litigio, es decir, que exista una sensata posibilidad de que la sentencia que defina el proceso avale los argumentos de nulidad dados en la solicitud de la medida cautelar, conforme a las apreciaciones preliminares que en derecho haga el Juzgador.

Por otra parte, el principio periculum in mora o perjuicio de la mora, constituye el peligro de la ocurrencia de un daño, lesión o perjuicio al no decretar la medida cautelar solicitada y esperar una sentencia que pueda ser ineficaz frente a esos daños ya producidos.

En el auto objeto de la solicitud de suspensión provisional, se hizo una extensa argumentación del porqué esta Sala Unitaria considera que, en esta instancia procesal y de acuerdo con los fundamentos de derecho esgrimidos por las partes, no se advierte que la Resolución 1216 de 20 de abril de 2015, sea violatoria de las disposiciones legales y constitucionales invocadas en la demanda, lo cual, por sí solo, justifica la afirmación de que la solicitud estudiada no cumple con los requisitos de fumus bonis iuris y periculum in mora, máxime si se tiene en cuenta que dicha conclusión debe ser entendida dentro del contexto global de la fundamentación jurídica del auto en cuestión.

En atención a lo precedente, esta Sala Unitaria denegará la solicitud de aclaración del auto de 27 de agosto de 2015, presentada por el actor, con fundamento en la parte motiva de la presente providencia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el auto de 27 de agosto de 2015, no se reconoció como coadyuvante al señor Javier Armando Suárez Pascagaza, representante legal de la Fundación Marido y Mujer, a pesar de que había presentado la solicitud el día 7 de julio de 2015(3), se ordenará su reconocimiento en el presente proveído y se le dará el trámite correspondiente al recurso(4) por él interpuesto contra la decisión de denegar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 1216 de 20 abril de 2015.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

1. DENIÉGASE la solicitud de aclaración del auto de 27 de agosto de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

2. TÉNGASE como coadyuvante de la parte actora al señor Javier Armando Suarez Pascagaza, representante legal de la Fundación Marido y Mujer, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Una vez quede en firme la presente providencia, por Secretaría, remítase el expediente al Magistrado que siga en turno, a efectos de que resuelva la procedencia del recurso de súplica interpuesto por el coadyuvante contra el auto de 27 de agosto de 2015.

Notifíquese y cúmplase».

1 Auto de 27 de agosto de 2015. Página 82. Tercer párrafo: “Ahora, no le corresponde a esta Sala Unitaria entrar a cuestionar las decisiones de la Corte Constitucional, así constituyan el fundamento del acto administrativo acusado, frente al cual se tiene toda la competencia de juzgamiento, pues es también deber del juzgador, en asuntos como el que es objeto de estudio en esta oportunidad, ir más allá de la mirada simplemente formal a fin de escudriñar si existe una interpretación que garantice en mayor medida la efectividad de un derecho fundamental, que es lo que en últimas debe protegerse” (negrillas fuera del texto original).

2 Artículo 285 del Código General del Proceso.

3 Folios 48 a 56 del Cuaderno Principal.

4 Folios 161 a 168 del Cuaderno de la solicitud de medida cautelar.