Auto 2015-00205/3209-2015 de diciembre 10 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp. 730012333000 2015-00205 01 (3209 – 2015)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Demandante: José del Cristo Moreno Vargas

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

Trámite: Proceso ejecutivo Decreto 1 de 1984

Asunto: Revoca el auto que rechazo la demanda ejecutiva por caducidad

Bogotá D.C., diez de diciembre de dos mil quince.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección Segunda de la Corporación de 26 de agosto 2015 (fl. 120), para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la decisión del primera instancia que rechazó la demanda ejecutiva por caducidad. Al respecto:

Antecedentes

El señor José del Cristo Moreno Vargas a través de apoderado y en ejercicio del proceso ejecutivo presenta demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP con la finalidad de que se libre mandamiento ejecutivo de pago por la suma de treinta y seis millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos con cuarenta y nueve centavos ($ 36.449.192.49), por concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que cobró ejecutoria el 4 de noviembre de 2008, los cuales se causaron durante el período comprendido entre el 5 de noviembre de 2008 y el 25 de octubre de 2011 (fl. 5).

La decisión apelada

El Tribunal Administrativo del Tolima mediante la providencia de 12 de junio de 2015 resolvió declarar la caducidad de la acción ejecutiva y para el efecto determinó lo siguiente: Que la obligación contenida en la sentencia se debió ejecutar antes del 5 de noviembre de 2013 y que como quiera que solo hasta el 6 de abril de 2015 se presentó la demanda para esta fecha ya se encontraba caducada la acción ejecutiva.

El término lo contabilizó señalando que desde el día siguiente a la ejecutoria, esto es 5 de noviembre de 2008 corren 18 meses según el artículo 177 del Decreto 1 de 1984 para que la entidad realice el pago término que transcurre hasta el 5 de mayo de 2010, por tanto, en sentir del a quo, la presentación de la demanda debió ocurrir antes del 5 de noviembre de 2013 (fl. 92 a 95).

El recurso de apelación

La parte ejecutante oportunamente presenta el recurso de apelación contra la decisión de Tribunal Administrativo del Tolima y manifiesta que la providencia recurrida desconoce los términos señalados en la ley para interponer la acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas en vigencia del Decreto 1 de 1984, de conformidad con el artículo 177.

Señaló que se debe tener en cuenta que la sentencia objeto de la demanda se profirió en vigencia del Decreto 1 de 1984, quedó ejecutoriada el 4 de noviembre de 2008 y que se hace exigible 18 meses después de quedar en firme. Por tanto, los 5 años se cuenta en este caso desde el 5 de mayo de 2010.

Concluyó que la acción se podía presentar hasta el 5 de mayo de 2015 y como quiera que se radicó el 6 de abril del mismo año, se encuentra interpuesta oportunamente (fl. 96).

Consideraciones

Competencia

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988, artículo 2º, y por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el Consejo de Estado en segunda instancia, es competente para conocer el recurso de apelación, así:

“ART. 129.—El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto de que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión” (se resaltó).

De acuerdo con la norma transcrita, en este caso, el Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación que se presentó contra la providencia que rechazó la demanda ejecutiva, pues, en segunda instancia, conoce de las apelaciones contra los autos susceptibles de ser apelados como es el caso del auto mencionado.

Procedencia

En relación con la procedencia del recurso de apelación para el caso de la referencia, es del caso consultar el artículo 181 del Decreto 1 de 1984 vigente para la época de los hechos. Dice la norma:

“ART. 181.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales, de los Jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus Secciones o Subsecciones, según el caso; o por los Jueces Administrativos.

1. El que rechace la demanda (...)” (Se subrayó).

Se trata en este caso del recurso de apelación que la parte ejecutante presentó contra el auto de 12 de junio de 2015 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima por medio del cual se rechazó la demanda ejecutiva por caducidad, por tanto, está comprendido dentro del numeral 1º del artículo 181 del Decreto 1 de 1984, es decir, la decisión de a quo tiene recurso de apelación.

Entonces, siendo competente la Corporación y proceder el recurso de apelación que se interpuso en este asunto contra el auto que rechazó la demanda, se procede a su estudio y decisión.

El problema jurídico

En este caso se trata de establecer si hay lugar o no a revocar el auto de 12 de junio 2015 del Tribunal Administrativo del Tolima, por medio del cual se rechazó la demanda ejecutiva presentada por el señor José del Cristo Moreno Vargas al considerar que se encuentra caducada.

Planteado el problema jurídico y antes de proceder a su resolución, se considera necesario realizar algunas precisiones respecto del título ejecutivo, así:

Del título ejecutivo

El Código General del Proceso al referirse al título ejecutivo, en el artículo 422, señala:

“ART. 422.—Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (se resaltó).

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”.

Y el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, señala los actos que constituyen título ejecutivo, así:

“ART. 297.—Título ejecutivo. Para efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

“1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias (...)”.

Conforme a las normas anteriores, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

2. Que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

3. Que constituyan plena prueba contra él.

Luego, la definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros “que se trate de documentos que (...) tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este”(1) y los segundos, “que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”(2).

Ahora, en relación con los requisitos de fondo del título ejecutivo, la doctrina(3) ha señalado que son: 1) Que la obligación sea expresa, 2) Que sea clara y, 3) Que sea exigible.

“(...) La obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del contenido del título, sea que consista esta en un solo documento o en varios que se complementen formando una unidad jurídica. Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógicos jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta.

Pero existen ciertas consecuencias del incumplimiento de la obligación expresa, que por consagrarlas la ley no hace falta que aparezcan en el título, como la de pagar intereses durante la mora al mismo que la misma ley consagra y la de indemnizar los perjuicios que por ese incumplimiento sufra la otra parte; esas consecuencias se deben considerar como parte de la obligación consignada en el título, aun cuando este no las mencione.

La obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título en cuanto a su naturaleza y sus elementos (objeto, termino o condición y si fuere el caso su valor líquido o liquidable por simple operación aritmética), en tal forma que de su lectura no quede duda seria respecto de su existencia y sus características.

Obligación exigible es la que debía cumplirse dentro de un término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya acaecida, o para la cual no se señaló termino y cuyo cumplimiento solo podía hacerse dentro de cierto tiempo, que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición (Código civil, artículos 1680 y 1536 a 1542). Por eso, cuando se trate de obligación condicional, debe acompañarse la plena prueba del cumplimiento de la condición.

Cuando la obligación no debía cumplirse necesariamente dentro de cierto tiempo, ni se estipulo plazo o condición, será exigible ejecutivamente en cualquier tiempo, a menos que la ley exija para el caso concreto la mora del deudor, pues entonces será indispensable requerirlo previamente, como dispone el ordinal 3º del artículo 1608 del código civil; es decir, salvo el caso de excepción mencionada (que la ley la exija) no se requiere la mora para que la obligación sea exigible y pueda cobrarse ejecutivamente, si el otro título reúne los otros requisitos”(4).

Así, pues, quien pretenda que se libre mandamiento de pago, debe aportar el correspondiente título ejecutivo, el cual debe ser suficiente para acreditar los requisitos de forma y de fondo referidos en precedencia.

En el presente caso, la parte apelante solicita que se revoque la providencia del Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual se rechazó la demanda ejecutiva porque en sentir del A quo operó el fenómeno de la caducidad, es decir, no se acudió oportunamente dentro del plazo señalado en la ley para hacer efectivo el derecho declarado en la sentencia que así lo reconoció.

Efectuadas las precisiones anteriores respecto del título ejecutivo, se procede a continuación al estudio y análisis de la situación fáctica y jurídica que presenta el asunto, así:

Del caso en concreto

El señor José del Cristo Moreno Vargas inició demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP con la finalidad de cobrar los intereses moratorios causados de conformidad con el artículo 177 del Decreto 1 de 1984 y teniendo en cuenta lo ordenado por la Sentencia de 21 de octubre de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual se anuló la Resolución 15728 de 29 de mayo de 2008 por la cual se ordenó reliquidar la pensión de jubilación del demandante (fl. 92).

Oportunidad para Presentar la Demanda Ejecutiva

En vigencia del Decreto 1 de 1984, el plazo para instaurar la acción ejecutiva estaba previsto en el artículo 136, numeral 11, y decía:

“11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial”.

La Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, reguló la oportunidad que tiene el ciudadano para acudir ante la Jurisdicción a impugnar las decisiones de la administración; y en lo que tiene que ver con la presentación de la demanda ejecutiva, el artículo 164, numeral 2º, literal k), dice:

“ART. 164.—Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (...).

k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida (...)” (se resaltó).

Las normas mencionadas señalan un término de cinco años para la ejecución de los títulos ejecutivos que se deriven, entre otros, de las decisiones judiciales, y también indica la oportunidad a partir de la cual se debe contar el término, es decir, desde que la obligación contenida en la sentencia, se haga exigible.

Pues bien, en el sub lite, se debe tener en cuenta que el título que se ejecuta es el contenido en la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Tolima el 21 de octubre de 2008 por medio de la cual se accedió a la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación del actor, la cual se profirió en vigencia del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984), cuyo artículo 177 consagraba la oportunidad para exigir el cumplimiento de la sentencia, así:

“ART. 177.—Efectividad de condenas contras entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial, o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien se competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada.

El agente del Ministerio Público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuesto básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor General de la República, los contralores departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la jurisdicción ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria (...)” (se resaltó).

Vista la regulación legal relacionada con la oportunidad para presentar la demanda ejecutiva, se considera del caso citar decisiones del Consejo de Estado referidas al punto de la caducidad que se estudia en el presente caso.

La Jurisprudencia

El Consejo de Estado(5), Sección Tercera, sobre la caducidad de la acción ejecutiva contractual, dijo:

“(...) Teniendo en cuenta que, antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998 no existía una disposición legal en materia de caducidad de los procesos ejecutivos contractuales, el Consejo de Estado aplicaba lo dispuesto en el artículo 2.536 del Código Civil, esto es, el término de prescripción de 10 años para dicha acción. Luego a partir del 8 de julio de 1998, la Sala (auto del 12 de noviembre de 1998, exp. 15.299) interpretó el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del CCA, y previó el término de caducidad de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales. Así, con fundamento en la figura de la analogía consagrada en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, esta Corporación aplicó que a pesar de que la Ley 446 de 1998 no señaló el término de caducidad respecto de los procesos ejecutivos contractuales, lo cierto es que como el artículo 44 ibídem previó el término de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales, dicha disposición resulta aplicable a los títulos ejecutivos contractuales. Cabe precisar que, en los casos en los cuales el título ejecutivo hubiere nacido a la vida jurídica antes del 8 de julio de 1999, resultará aplicable el término de prescripción de 10 años previsto en el artículo 2.536 del C.C., sin reforma; y aquellos que se originaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, tendrán un término de caducidad de 5 años. En cualquier caso, el término se cuenta a partir del momento en el cual la obligación sea exigible (...)”.

En pronunciamiento posterior de la Sección Segunda de la misma Corporación(6), en lo relacionado con la caducidad que se estudia, señaló:

“(...) Los términos para interponer la acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales se encuentra claramente establecida por 177 del CCA, señala que “Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria de su ejecutoria”. Por su parte, el numeral 11 del artículo 136 ibídem, establece que: “11. La acción ejecutiva derivada de esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad prevista por la respectiva decisión judicial”. De la normatividad señalada, se concluye que en caso bajo examen ha tenido acción, si se tiene en cuenta que la sentencia de 10 de abril de 1996 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, cuaderno 1 del expediente, quedó ejecutoriada el 22 de abril de 1996, es decir, que al tenor del artículo 177 del C.C. después de su ejecutoria, el 22 de octubre de 1997, fecha a partir de la cual la accionante contaba con un lapso de 5 años (artículo 136 ibídem), esto es, hasta el 22 de octubre de 2002, cosa que no sucedió, pues la demanda solo vino a interponerse cuando habían transcurrido más de cuatro (4) años después de vencido el término establecido para instaurar la acción ejecutiva, de la relación fáctica del expediente, tal como pasa a ilustrarse (...)”(Se resaltó).

Las dos providencias citadas son unánimes en señalar que el término para presentar la demanda ejecutiva caduca al vencimiento de los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible, y que no existe otra oportunidad legal que permita presentarse por fuera de ese término.

Ahora, en lo que tiene que ver con exigibilidad del título ejecutivo, esta Corporación(7) también ha dicho lo siguiente:

“(...) De conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, para que una obligación pueda demandarse ejecutivamente requiere las siguientes características: -Que la obligación sea expresa: Quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. — Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). — Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta. — Que la obligación provenga del deudor o de su causante: El título ejecutivo exige que el demandado sea el suscriptor del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario del deudor con consentimiento del acreedor. — Que el documento constituya plena prueba contra el deudor: La plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, o en otras palabras, la que demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo con ese hecho. Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter de título ejecutivo, deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que haya duda de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo con otro elemento de convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso (...)” (se resaltó).

Pues bien, analizada la normatividad y la jurisprudencia referida al punto relacionado con la exigibilidad de la obligación contenida en la sentencia que accedió a las pretensiones del ejecutante, se observa lo siguiente:

La sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Tolima el 21 de octubre de 2008 (fl. 12), quedó ejecutoriada el 4 de noviembre del mismo año, de acuerdo con la constancia que el Secretario de esa Corporación consignó en el folio 30 vuelto del expediente.

Conforme a la fecha de ejecutoria de la sentencia, se debe esperar que transcurra el término de 18 meses previsto en el artículo 177 del Decreto 1 de 1984 para la exigibilidad de las sentencias proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El plazo señalado corre desde el 5 de noviembre de 2008 hasta el 5 de mayo de 2010. Entonces, el término de 5 años para presentar la demanda ejecutiva se cuenta desde la última fecha señalada y hasta el 5 de mayo de 2015.

De acuerdo con las constancias procesales se observa que la demanda se presentó ante el Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia el día 25 de marzo de 2015, de acuerdo con el sello que se puede consultar al folio 10. Igualmente, la demanda se repartió el 9 de abril del mismo año (fl. 87).

Conforme a lo anterior no cabe duda acerca de que la demanda fue presentada dentro del plazo legal señalado por el artículo 136, numeral 11, del Decreto 1 de 1984, en concordancia con el literal k), numeral 2º, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, no le asiste razón al Tribunal Administrativo del Tolima para rechazarla aduciendo caducidad del proceso ejecutivo.

Visto lo anterior, la Sala precisa que la exigibilidad del título ejecutivo o de la obligación contenida en él, es aquella característica que permite hacerla efectiva sin que para el efecto sea necesario el cumplimiento de condición o plazo alguno. Es decir, solo se pueden ejecutar las obligaciones puras y simples, esto es, aquellas que no están sujetas a ningún plazo o condición, o aquellas que al estar sometidas a plazos, estos se han vencido o cuando la condición se ha cumplido. Sin embargo, aquellas obligaciones que están sujetas al complimiento de algún plazo o condición solo se pueden ejecutar cuando tales circunstancias, es decir, el plazo o la condición se han cumplido. En otras palabras, la obligación se convierte en exigible cuando se ha vencido el término concedido al deudor para cubrir o pagar la deuda y no lo ha hecho dentro del término concedido para el efecto.

Pues bien, en el caso de las condenas impuestas a las entidades públicas a través de las sentencias proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 1 de 1984 señaló un plazo para la efectividad de las mismas y es el previsto en el artículo 177, en donde se dispone que “Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria (...)”. Lo anterior significa que solo hasta el vencimiento de este plazo, la condena impuesta a una entidad de derecho público se hace exigible y por ende ejecutable.

Lo expuesto permite concluir que la demanda ejecutiva del señor José del Cristo Moreno Vargas, se presentó oportunamente. En consecuencia, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima que la rechazó por caducidad de la acción ejecutiva.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección B,

RESUELVE

1. REVOCAR el auto de doce (12) de junio de dos mil quince (2015) proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el proceso ejecutivo adelantado por el señor José del Cristo Moreno Vargas que declaró la caducidad de la acción ejecutiva, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por la Secretaría de la Subsección Segunda de la Corporación devuélvase el proceso al Tribunal Administrativo del Tolima para que provea sobre el mandamiento de pago. Déjense las constancias de rigor.

Aprobado en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—Gerardo Arenas Monsalve—Carmelo Perdomo Cueter.

1 El Proceso Civil, parte especial, 7ª edición 1991, Págs. 822 a 824

2 ib.

3 Davis Echandía.

4 ib.

5 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Consejero Ponente (e): Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia de 26 de mayo de 2010, Actor: Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial - Codeter. Demandado: Departamento de Cundinamarca. Expediente Nº 25000-23-26-000-1998-02996-01 (25803).

6 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente Nº 25000232500020070052801 192607. Auto. 27 de mayo de 2010. Actor: Olga Molina de Paz. Demandado: Departamento de Cundinamarca. Acción Ejecutiva Rechazo.

7 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. Expediente Nº 44001-23-31-000-1996-0686-01 (13435). Actor: Eduardo Uribe Duarte. Demandado: Departamento de La Guajira. 22 de junio de 2001.