Auto 2015-00336 de julio 28 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 63001-23-33-000-2015-00336-01

Consejero Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Mario Fernando González Ibagón

Demandado: Paola Marcela Castellanos Acevedo – Diputada del Quindío

Auto que declara nulidad – declara nulidad de lo actuado y ordena devolver el expediente al despacho de la magistrada ponente

Bogotá, D.C., veintiocho de julio de dos mil dieciséis.

La Sala resuelve la solicitud de nulidad interpuesta por el actor en el proceso mediante el cual se solicitó la nulidad del acto que declaró la elección de la señora Paola Marcela Castellanos Acevedo como diputada del Departamento del Quindío para el período 2016-2019.

I. Antecedentes

1.1. Pretensiones.

El señor Mario Fernando González Ibagón, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción electoral, presentó demanda en la que solicitó la nulidad del acto que declaró la elección de la señora Paola Marcela Castellanos Acevedo como diputada del Departamento del Quindío para el período 2016-2019, contenida en el Acta de Escrutinio General E-26, en los siguientes términos:

“1. Que se declare la nulidad del Acta de Declaratoria de Elección – Formulario E-26 de (sic) Asamblea Departamental del Quindío, del treinta y uno (31) de octubre de 2015 proferida por la Comisión Escrutadora Departamental del Quindío, que declaró a Paola Marcela Castellanos Acevedo (…) como diputada del departamento del Quindío, para el período 2016-2019.

2. Que se declaré la nulidad del Acta General de Escrutinio de treinta y uno (31) de octubre de 2015, proferida por la Comisión Escrutadora General del Departamento del Quindío.

3. Que se cancele la credencial entregada a Paola Marcela Castellanos Acevedo (…) que la designa como Diputada de la Asamblea Departamental del Quindío”.

1.2. Fallo de primera instancia.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío mediante sentencia de 1º de abril de 2016, decidió negar las pretensiones de la demanda, dado que consideró que no hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo de elección de Paola Marcela Castellanos Acevedo como diputada para el período 2016-2019, por cuanto la edad de 25 años no es una calidad exigida para ser elegida, mientras que si lo es, tener la condición de ciudadana en ejercicio.

1.3. Recurso de apelación.

El actor impugnó dentro del término legal la providencia de primera instancia.

1.4. Fallo de segunda instancia.

El 8 de junio de 2016, la Sala profirió sentencia, mediante la cual confirmó el Fallo del a quo.

1.5. Solicitud de nulidad.

Mediante escrito de 16 de junio de 2016, el actor interpuso solicitud de nulidad, argumentando que en el presente proceso se omitió la admisión de la demanda del recurso de apelación, el traslado para alegar a las partes y el término para el Ministerio Público presente su concepto, de conformidad con los artículos 293 y 294 del CPACA.

1.6. Traslado solicitud de nulidad.

Por medio del auto de 21 de junio de 2016, el Despacho de la Magistrada Ponente corrió traslado por un término de tres (3) días del escrito de 16 de junio de 2016, mediante el cual el actor interpuso solicitud de nulidad.

El traslado se realizó entre los días 23 a 27 de junio de 2016, sin que algunas de las partes hayan presentado manifestación al respecto.

II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Como regla general, el CPACA, en su artículo 125 determina los asuntos que corresponde resolver al ponente, y aquellos que son de conocimiento de la Sala a la que pertenecen, cuando se trate órganos colegiados. Expresamente, dispone:

“ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica” (negrillas propias).

En similar sentido, el artículo 243, indica:

ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia porlosjuecesadministrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.

6. El que decreta las nulidades procesales.

7. El que niega la intervención de terceros.

8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

Losautosaqueserefierenlosnumerales1º,2º,3º y4º relacionadosanteriormente,seránapelablescuandoseanproferidosporlostribunalesadministrativosenprimerainstancia.

El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2º, 6º, 7º y 9º de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

PAR.—La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil” (negrillas propias).

Es claro que las nulidades procesales, por no hacer parte de ese catálogo de causales que el legislador determinó que fueran tramitadas por las Salas —numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 del CPACA—, deben ser resueltas, en principio, por el magistrado ponente, cuando se trate de cuerpos colegiados.

Y en ese orden de cosas, cabría pensar que la nulidad que en esta oportunidad convoca el interés de la Sala debe ser decidida por el magistrado ponente.

No obstante, ello constituye un razonamiento a priori, pues no puede dejarse de lado que el presente asunto se rige por las normas especiales que gobiernan el proceso de nulidad electoral.

En tal sentido, deviene oportuna la remisión al artículo 294 de la preceptiva ejusdem, que enseña:

ART. 294.—Nulidades originadas en la sentencia. Lanulidadprocesaloriginadaenlasentenciaúnicamenteprocederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, poromisióndelaetapadealegacionesy cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley.

Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas”.

Como se observa, el artículo 294 del CPACA contiene unas indicaciones muy precisas en relación con el medio de control de nulidad electoral, pues regula aspectos detallados sobre las nulidades procesales originadas en la sentencia.

De la lectura de la norma en cita se desprende que cuando se presenta una solicitud de nulidad procesal con fundamento en el artículo 294 del CPACA, esta debe ser resuelta en todos los casos por la Sala y no únicamente por el Magistrado Ponente.

El primero y más elemental de los razonamientos que soportan esa tesis proviene, por un lado, del precitado artículo 125, que fija la competencia de la Sala para dictar la sentencia; y por el otro, de la máxima general que enseña que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Así, por el hecho de que la decisión que busca destrabar la litis propuesta con la demanda de nulidad electoral deba ser proferida por el cuerpo colegiado designado para ello —en el caso el respectivo Tribunal Administrativo o el Consejo de Estado— en sala plural, con más veras la providencia que, a su vez, pretende infirmar esta última.

Dicho de otro modo, no es coherente con los fines de la norma competencial enunciada, que la potestad para afectar un fallo que contiene una decisión tomada por un cuerpo colegiado, pueda estar radicada, exclusivamente, en uno de los varios magistrados que lo integran.

Sumado a lo anterior, la competencia de la Sala se sustenta en el propio artículo 249 del CPACA, que establece que el juez o Magistrado Ponente, de plano, rechazará “por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas”, esto es, distintas a: (i) incompetencia funcional, (ii) indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, (iii) omisión de la etapa de alegaciones y (iv) cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley.

Esta indicación expresa sobre quién estaría autorizado para emitir el auto que rechaza de plano, permite inferir que, en los casos en que la nulidad propuesta se encuadre en cualquiera los supuestos taxativos del artículo 294 del CPACA, deberá ser resuelta por la Sala.

Ello se explica en que este tipo de formulaciones normativas deben partir de la existencia de una cláusula general de competencia, destinada a precaver vacíos jurídicos que operen en desmedro de los principios que gobiernan la función judicial, y en especial del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que tienen los usuarios del aparato jurisdiccional.

Es importante hacer hincapié en que el artículo 294 del CPACA, establece que las nulidades procesales originadas en la sentencia únicamente procederán por:

(i) incompetencia funcional,

(ii) indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante,

(iii) por omisión de la etapa de alegaciones y

(iv) cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de los Magistrados previstos por la ley.

En ese orden de ideas, cuando se alega la nulidad originada en la sentencia por (iii) omisión de la etapa de alegaciones, la competencia para conocer de la solicitud, independientemente de su vocación de prosperidad, es la Sala, integrada con todos sus miembros.

2.2. Nulidades procesales en vía contenciosa.

Se ha dicho hasta la saciedad que el artículo 294 del CPACA consagra las causales por las cuales es dable a los sujetos procesales solicitar la nulidad de la sentencia en los procesos electorales. Estas son: (i) la incompetencia funcional; (ii) la indebida notificación del auto admisorio al demandado o a su representante; (iii) la omisión de la etapa de alegaciones; y (iv) que la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de magistrados al previsto por la ley.

A pesar de la claridad de la disposición en comento, esta Sala de Decisión considera que la nulidad procesal, como institución jurídica, amerita una cierta aproximación conceptual, que clarifique el alcance y contexto de la que se invoca en el sub examine.

Lo anterior se justifica en que su implementación (nulidad) en el referido texto normativo, responde a (i) una doble diferenciación asignada por el propio legislador. Así mismo, en el hecho de que (ii) sus características se encuentran, de algún modo, “moldeadas” por una tensión entre principios, que imponen su carácter taxativo. Y finalmente, en que, a pesar del formalismo que la rodea, en la actualidad, so pretexto de materializar el mandato contenido en el artículo 228 Constitucional, (iii) la jurisprudencia ha tendido a relativizar su alcance innovando teorías.

A propósito de la lógica de diferenciación que orientó el establecimiento legislativo de causales de invalidez de la sentencia, en el contexto del proceso de nulidad electoral, hay que decir que esta es constatable a partir del carácter especial que tiene el juicio electoral en comparación con otro tipo de procesos contenciosos —como el de simple nulidad—, que se evidencia en el menor número de nulidades procesales que admite, pues es claro que las del artículo 294 del CPACA son más limitadas que las del 208 de la norma ibídem.

A modo de paréntesis, es menester precisar, por evidente que parezca, que no se deben confundir (i) las nulidades de tipo sustancial —dirigidas a controvertir un acto administrativo, sometiendo en este sentido “las situaciones anteriores o concomitantes a su expedición”, a un juicio de legalidad, sustentado en artículos como el 137 y 275 del CPACA— con (ii) las de nulidad procesal —tendientes a derruir determinadas actuaciones que se presentan en el trámite de una causa judicial, v. gr., las estipuladas en el artículo 294 del CPACA—. Ello, por cuanto es a estas, a las que se contrae el estudio que realiza la Sala en el presente proveído.

Dicho esto, es del caso expresar que aunque es comúnmente aceptado que tales causales de invalidez procesal buscan proteger y garantizar el principio de legalidad del proceso, en la jurisprudencia y la doctrina colombiana esto se presenta como un leitmotiv, es decir, como un motivo central recurrente, que es necesario relativizar, para evitar que a partir de él se produzcan excesos en la actividad judicial.

En efecto, si bien la existencia de las causales de nulidad en el ordenamiento jurídico se explica —en gran parte— en la protección al debido proceso —y sus componentes, entre ellos la legalidad—, no es esto lo único que las justifica.

Como precedentemente lo sostuvo esta Sala Electoral, los rasgos particulares de esta institución se encuentran “moldeados” por una tensión entre principios cuya tensión obliga a que sean taxativas.

Tal conflicto puede resumirse en la siguiente afirmación de Guasp: “muchas veces chocaría contra la buena economía procesal el que un acto por cualquier infracción legal que en su realización se descubriera, hubiera de considerarse como carente de eficacia, en absoluto”(1).

De lo dicho se desprende que aunque las nulidades busquen custodiar garantías propias del debido proceso, esta misión debe armonizarse con los principios de la economía procesal y de seguridad jurídica. Resulta importante asegurar derechos como el de defensa dentro de las actuaciones procesales, pero también es importante aplicar de forma racional las formas judiciales, impidiendo que cualquier irregularidad pueda ser considerada como causal de nulidad procesal.

En ese orden, no todas las deficiencias que del trámite de un proceso contencioso son nulidades procesales. De allí que el legislador les haya concedido el carácter de taxativas.

Al respecto, esta Sala de Decisión ha sostenido que “… es bien sabido que las nulidades procesales son taxativas, es decir, que no existe vicio capaz de generar una nulidad sí la ley no lo ha establecido previamente”(2).

Esto significa que su existencia está condicionada a que se encuentren consagradas en la ley, y esto a su vez a que el legislador las determine con base en la importancia del derecho que potencialmente puede conculcar la irregularidad procesal. Así, la fijación y el alcance interpretativo de las nulidades no se dejan a la liberalidad del intérprete, pues la determinación de sus contornos es de origen legal; y su declaración, en cada caso concreto, corresponde a la respectiva autoridad judicial pues como lo manifestó la Sala, otorgar la definición de las nulidades a las partes dentro del proceso sería ajeno a su esencia.

Lo dicho, claro está, de acuerdo con un ejercicio de interpretación restrictiva, “… no siendo admisible (…) interpretaciones extensivas o analógicas…”(3)—, por redundar en excepciones al principio general de la validez y regularidad de los actos y las actuaciones judiciales. De allí que las nulidades no sean figuras polisémicas, que admitan una pluralidad de interpretaciones.

Finalmente, advierte la Sala que la declaración de nulidad procesal por parte del operador jurídico, conlleva que la actuación judicial viciada sea tenida como inexistente. En otros términos, sus efectos son “desde siempre” o “ex-tunc”. Así lo ha manifestado la Corporación:

“Ahora bien, la ley ha reservado la configuración de las nulidades a eventos expresamente señalados en la norma, las cuales, por constituir una grave afectación al debido proceso, son sancionadas con la invalidación de lo actuado durante la vigencia de la causal(4) (Subrayado fuera de texto).

No obstante, el formalismo que distingue esta institución procesal, ha sido, en cierta forma, atemperado por el mandato previsto en el artículo 228 superior, que enseña que “[l]a Administración de Justicia es función pública. (…) Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”.

A partir de esa máxima, en los últimos años han emergido diferentes teorías que pretenden cristalizar lo preceptuado en el texto constitucional, dentro de las cuales se encuentra la denominada “Teoría de la trascendencia de las nulidades”, definida recientemente por la Sala, así:

“La Sala destaca que en la sentencia cuestionada se aplicó el principio de trascendencia de las nulidades, en virtud del cual no todas las irregularidades en que se incurra en el procedimiento generan la nulidad de lo actuado (…) en consideración a que el criterio de las nulidades procesales debe ser restrictivo toda vez que la declaración de nulidad es un remedio excepcional de última ratio(5) (Subrayado fuera de texto).

Efectuada la aproximación dogmática al instituto de las nulidades procesales, pasa la Sala a referirse a los límites que, para efectos del sub examine, impone el recurso extraordinario de revisión.

2.3. Procedencia del recurso extraordinario de revisión.

En la medida en que se alega la existencia de una nulidad originada de la sentencia y, por ser esta circunstancia una de las causales de interposición del recurso extraordinario de revisión de las que trata el artículo 250 del CPACA, para la Sala resulta necesario aclarar por qué en este caso el incidentante precisa de ese mecanismo extraordinario de defensa judicial.

De conformidad con el artículo 248 del C.P.A.C.A., el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos.

De la lectura del anterior precepto se advierte que el primer requisito para la interposición del mentado recurso extraordinario es que se trate de sentencia ejecutoriada.

Así las cosas, la Sala destaca que para que una sentencia quede ejecutoriada, en atención del artículo 302 del C. G del P., se requiere que: i) luego de notificada la decisión no sea recurrida, ii) que contra la misma no procede recurso; iii) que el recurso presentado sea resuelto o; iv) finalmente que en aquellos casos en los que se solicitó aclaración o complementación del fallo ya hayan sido resueltos.

En este orden de ideas, resulta evidente que en este caso estaría dada la condición exigida por el artículo 248 del CPACA, está dada, pues contra la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala no procede recurso alguno; además, las partes no solicitaron aclaración o complementación y, por tanto, la conclusión lógica sería que el fallo estaría debidamente ejecutoriado.

No obstante, conviene destacar que la interposición del incidente objeto de estudio, si bien no tiene la entidad de interrumpir el término de ejecutoria de la sentencia(6), es lo cierto que logró prevenir a la Sala de la existencia de la irregularidad aducida antes de que se produjera la firmeza de la decisión, por lo que bien puede la Sala atender dicha solicitud.

Bajo esa misma línea, es necesario poner de manifiesto que la irregularidad que vicia el trámite del presente medio de control de nulidad electoral, es de conocimiento de las partes pues el demandante solicitó declarar la nulidad por la misma circunstancia, y de dicha solicitud se corrió traslado a las demás partes entre el 23 y el 27 de junio de 2016, sin que se pronunciaran al respecto. Y así mismo, que en aplicación de los artículos 179, 180 y 207 del CPACA, al juez le corresponde realizar el control de legalidad para “sanear” vicios que devengan en nulidades.

A lo anterior se suma el rol que le asiste al operador judicial de cara al paradigma introducido con la Carta Política de 1991, que enmarca sus actuaciones dentro de parámetros de justicia real, que deben consultar inquebrantables principios, como el de la garantía de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la primacía de lo sustancial sobre lo formal, por mencionar solo algunos.

Dichos referentes normativos imponen al juzgador, en su condición de director del proceso y de garante de la Constitución y la ley —en sentido material— el deber de encauzar el trámite judicial, de tal manera que se asegure la posibilidad de intervención efectiva de las partes.

Esto, en procura de lograr la resolución definitiva de la discusión que inspira el mecanismo accionado —en este caso la demanda de nulidad electoral—, con un pronunciamiento respetuoso de los derechos de defensa y contradicción de todos los sujetos procesales que, por haber sido trastocados, corresponde a la Sala restablecer, por medio del ejercicio de los poderes que, en esta oportunidad, por las particularísimas circunstancias del caso se emplearán.

Bajo ese panorama, una vez revisado el trámite del presente proceso, es claro que, antes de acaecer la ejecutoria, se hizo evidente, por el incidentante, que, en efecto, se pretermitió a las partes y al Agente del Ministerio Público su oportunidad para intervenir en los términos de los numerales 1º y 2º del artículo 293 del CPACA, lo que resulta suficiente para declarar la respectiva nulidad procesal, según se explicará en los sucesivos epígrafes del presente proveído.

2.4. Existencia de la causal de nulidad.

Como se mencionó anteriormente, el artículo 294 del CPACA y aplicable en el caso concreto, establece que la nulidad en la sentencia procederá “… por omisión de la etapa de alegaciones…”.

En el presente caso, el actor alega esta específica causal nulidad, es decir, que se halla enmarcada en una de las causales establecidas por el mencionado artículo.

Cabe resaltar que la omisión en la etapa de alegaciones es una nulidad generada en la sentencia, no solo porque el artículo 294 del CPACA lo dispone expresamente, sino además, porque este error en el procedimiento no podría alegarse previo a la expedición de la sentencia o como una excepción previa(7).

Ahora bien, respecto del trámite que se debe dar a la apelación en segunda instancia, el actor hizo referencia al artículo 293 del CPACA, el cual establece:

ART. 293.—Trámite de la segunda instancia. El trámite de la segunda instancia se surtirá de conformidad con las siguientes reglas:

1. El reparto del negocio se hará a más tardar dentro del segundo día a su llegada al tribunal o al Consejo de Estado. Elmismodía,oalsiguiente,elponentedispondráenunsoloautosobrelaadmisióndelrecursoyqueelexpedientepermanezcaenSecretaríaportres(3)díasparaquelaspartespresentensusalegatosporescrito.

2. Vencido el término de alegatos previa entrega del expediente, el agente del Ministerio Público deberá presentar su concepto, dentro de los cinco (5) días siguientes.

3. Los términos para fallar se reducirán a la mitad de los señalados para la primera instancia.

4. La apelación contra los autos se decidirá de plano (…)”.

Asimismo, la Sala tiene en cuenta lo indicado en el artículo 292 del CPACA, a saber:

“ART. 292.—Apelación de la sentencia. El recurso se interpondrá y sustentará ante él a quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia.

Sustentadoelrecurso,seenviaráalsuperioramástardaraldíasiguienteparaquedecidasobresuadmisión.Sireúnelosrequisitoslegales,seráadmitidomedianteautoenelqueordenaráalaSecretaríaponerelmemorialquelofundamenteadisposicióndelapartecontraria,portres(3)días. Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes.

Contra el auto que concede y el qué admite la apelación no procede recurso”.

Revisadas las actuaciones surtidas, en el presente proceso electoral, se advierte que, en efecto, se omitió decidir sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera instancia, ponerlo a disposición de la parte contraria, como lo dispone el artículo 292(8) del C.P.A.C.A., como también correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que remitiera su concepto, como lo prevé el artículo 293(9) de la misma codificación.

En consecuencia resulta palmaria la incursión en el referido yerro, por lo que la Sala declarará la nulidad de lo actuado desde la sentencia de 8 de junio de 2016 inclusive; y ordenará que, una vez notificada la presente decisión, se remita el expediente al Despacho de la Magistrada Ponente para que se pronuncie sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto por el demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sala

RESUELVE:

1. DECLARAR LA NULIDAD de lo todo actuado en el presente proceso a partir de la sentencia de 8 de junio de 2016, inclusive.

2. Notificada la presente decisión, REMITIR el expediente al Despacho de la Magistrada Ponente para que se pronuncie sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto por el demandante.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Presidenta—Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro.

1 Guasp Jaime. Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil. T. 1, 2ª ed., Madrid, Edic. Aguilar, 1943, pág. 671. Citado por López Hernán. Procedimiento Civil. General. T. 1, 9ª ed., Bogotá, Edic. Dupré, 2009, pág. 894.

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Exp. 1993-1007. 2 de julio de 1993. C.P: Miguel Viana Patiño.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 29 de julio de 2015. C.P: Olga Mélida Valle de la Hoz.

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Exp. 2012-000389, 10 de mayo de 2016. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

5 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Exp. 2016-00063. 7 de abril de 2016. C.P: Rocío Araujo Oñate.

6 Porque, como ya se dijo, esto solo se logra a través del recurso que resulte procedente y de la solicitud de aclaración o complementación del fallo, esto sin dejar considerar que el trámite incidental —que se le debe dar a la presente solicitud de nulidad procesal—, no suspende el curso del proceso, tal y como lo prevé el numeral 3º del artículo 210 del CPACA.

7 Al respecto, el artículo 100 del Código General del Proceso, norma que de conformidad con con el artículo 306 del CPACA es aplicable cuando se trate de aspectos que no se encuentren regulados en dicho Código, establece que:
“ART. 100.—Excepciones previas.
Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:
1. Falta de jurisdicción o de competencia.
2. Compromiso o cláusula compromisoria.
3. Inexistencia del demandante o del demandado.
4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.
6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.
7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.
8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.
10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.
11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.

8 ART. 292.—Apelación de la sentencia. El recurso se interpondrá y sustentará ante el a quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia.
Sustentado el recurso, se enviará al superior a más tardar al día siguiente para que decida sobre su admisión. Si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto en el que ordenará a la Secretaría poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, por tres (3) días. Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes.
Contra el auto que concede y el qué admite la apelación no procede recurso.

9 “ART. 293.—Trámite de la segunda instancia. El trámite de la segunda instancia se surtirá de conformidad con las siguientes reglas:
(…)
2. Vencido el término de alegatos previa entrega del expediente, el agente del Ministerio Público deberá presentar su concepto, dentro de los cinco (5) días siguientes.