Auto 2015-000345 de marzo 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dr. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., siete de marzo de dos mil dieciséis.

Rad.: 110010325000201500345 00

Nº interno: 0693-2015

Actora: María Hilda Muñoz Mora Demandados

Bogotá, D.C., – Secretaría Distrital de Integración Social

Asunto: Los jueces administrativos son competentes para conocer en primera instancia de los procesos de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden municipal o distrital.

El despacho conoce del proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección Segunda de 2 de noviembre de 2015(1), en el que se indica que la litis se encuentra pendiente de proveer sobre la fijación de la fecha para celebrarse la audiencia inicial.

Previo a la realización de dicho trámite, procede el Despacho a efectuar de oficio el “control de legalidad” sobre el proceso, en observancia del artículo 207 de la Ley 1437 de 2011(2), que señala:

“ART. 207.—Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes”.

Esta norma consagra de manera expresa la figura del saneamiento procesal, la cual está contenida también en la Ley 1564 de 2012(3), cuyo artículo 42, numeral 5º, precisa que se trata de un deber del juez, en los siguientes términos:

“ART. 42.—Deberes del juez. Son deberes del juez: (…) 5. Adoptar las medidas autorizadas en este Código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia.

(…)”.

El saneamiento procesal, llamado también como principio de expurgación(4), es a su vez una materialización de los principios de eficiencia, efectiva tutela judicial, congruencia y economía procesal, y podría definirse como el acto jurídico procesal propio del juez, en el que se verifica que todos los elementos jurídicos de la litis estén presentes, reexaminándose la relación jurídico procesal, para comprobar entre otras cosas, que los presupuestos procesales estén presentes. En ese orden, el principio del saneamiento procesal tiene como propósito, que en el transcurso del sumario, los aspectos formales o procesales como por ejemplo una indebida escogencia del mecanismo judicial, la falta de competencia y de jurisdicción del operador judicial, no retrasen ni impidan la decisión sobre el fondo, es decir, se busca librar la causa de errores, defectos, omisiones, vicios, nulidades por efectos formales, o resoluciones judiciales mal dictadas o notificaciones mal diligenciadas, etc.

La demanda y su trámite

El presente caso se trata de la demanda interpuesta(5) por la señora María Hilda Muños Mora(6), con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución 642 de 28 de mayo de 2010, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social, mediante la cual se establecen horarios y turnos de trabajo de los servidores públicos de esa dependencia(7).

1. En principio, el conocimiento del asunto le fue asignado al Juzgado 3º Administrativo de Bogotá, perteneciente a la Sección Primera, el cual, a través de auto de 8 de julio de 2014(8), declaró que carecía de competencia por razón de la materia laboral del asunto, conforme al reparto por especialidades que dispuso la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA06-3345 de 13 de marzo de 2006; en consecuencia, remitió el expediente para su reparto a los juzgados administrativos de Bogotá de la Sección Segunda.

2. Una vez se asignó por reparto la presente causa al Juzgado 2º Administrativo de Descongestión de Bogotá, que hace parte Sección Segunda, el despacho judicial emitió proveído de 29 de agosto de 2014(9) con el que declaró la falta de competencia por el factor funcional, con sustento en que la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA-1410156 de 30 de mayo de 2014, le asignó a dicho juzgado competencia únicamente para conocer de procesos relacionados con educación, salud o protección social. Por tal razón, dispuso su remisión a la oficina de reparto.

3. Luego conoció del proceso el Juzgado 5º Administrativo de Descongestión de Bogotá, hoy Juzgado 49 Administrativo, igualmente perteneciente a la Sección Segunda, el cual, mediante auto de 28 de noviembre de 2014, también se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó su remisión a la Sección Segunda de esta Corporación Judicial(10). Lo anterior, con fundamento en los siguientes argumentos:

i. Que el artículo 197 de la Ley 270 de 1996(11) excluye de la competencia de los jueces administrativos los medios de control de nulidad contra actos administrativos de carácter general; por lo que, en aplicación del numeral 14 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011(12) que establece la cláusula general de competencia residual en cabeza del Consejo de Estado, el conocimiento de los medios de control de nulidad que se promuevan contra actos de carácter general del orden municipal o distrital le corresponde a esta Corporación en única instancia.

ii. Que aun cuando el numeral 1º del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011(13) le atribuye la competencia a los jueces administrativos para conocer de las demandas de nulidad contra actos administrativos proferidos por entidades del orden municipal y distrital, esta disposición no resulta aplicable, porque la Ley 270 de 1996(14), al ser de naturaleza estatutaria, es de superior jerarquía.

Consideraciones

Pese a que a través de auto de 23 de abril de 2015(15) el Despacho admitió la demanda de la referencia, en virtud de la potestad de saneamiento consagrada en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011(16) a que se hizo mención, es necesario revisar la competencia del Consejo de Estado para conocer del presente asunto, para lo cual se seguirá el siguiente esquema expositivo:

i) Competencia de los jueces administrativos según el artículo 197 de la Ley 270 de 1996(17);

ii) Competencia de los jueces administrativos para tramitar en primera instancia demandas de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden municipal y distrital, según la Ley 1437 de 2011(18);

iii) Planteamiento del problema jurídico;

iv) Antecedentes jurisprudenciales sobre la materia; y

v) Análisis del caso concreto.

I. Competencia de los jueces administrativos según el artículo 197 de la Ley 270 de 1996(19) 

El artículo 197 de la Ley 270 de 1996(20) dispone lo siguiente sobre las competencias de los jueces administrativos:

“ART. 197.3—Competencia de los jueces administrativos. Las competencias de los jueces administrativos estarán previstas en el Código Contencioso Administrativo, las cuales no incluirán las de tramitar y decidir acciones de nulidad contra actos administrativos de carácter general. Mientras se establezcan sus competencias, los jueces administrativos podrán conocer de las acciones de tutela, de las acciones de cumplimiento según las competencias que determina la ley y podrán ser comisionados por el Consejo de Estado o por los tribunales administrativos para la práctica de pruebas” (subraya el despacho).

De conformidad con el artículo 197 de la Ley 270 de 1996(21), los jueces administrativos están excluidos de competencia para conocer de los asuntos de nulidad simple que se promuevan contra actos administrativos de carácter general.

II. Competencia de los jueces administrativos para conocer en primera instancia demandas de nulidad simple de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden municipal y distrital, según la Ley 1437 de 2011(22). 

Según lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011(23), los jueces administrativos tienen competencia para conocer y decidir los siguientes asuntos:

“ART. 155.—Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas privadas sujetas a este régimen del mismo orden cuando cumplan funciones administrativas.

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

7. De los procesos ejecutivos, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

8. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia.

9. De la nulidad de los actos de elección, distintos de los de voto popular, que no tengan asignada otra competencia y de actos de nombramiento efectuados por autoridades del orden municipal, en municipios con menos de setenta mil (70.000) habitantes que no sean capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.

11. La de nulidad del acto de calificación y clasificación de los proponentes, expedida por las cámaras de comercio de conformidad con el inciso 3º, del artículo 6.3 de la Ley 1150 de 2007.

12. De la nulidad de los actos de elección de los jueces de paz.

13. De los demás asuntos que les asignen leyes especiales”.

De acuerdo a lo dispuesto por la norma en cita, los jueces administrativos tienen competencia, entre otros, para conocer asuntos de nulidad simple de actos administrativos proferidos por entidades del orden municipal y distrital.

III. Planteamiento del problema jurídico

El recuento normativo expuesto evidencia, que mientras el artículo 197 de la Ley 270 de 1996(24) dispone que las competencias de los jueces administrativos no incluyen las de tramitar y decidir acciones de nulidad contra actos administrativos de carácter general”, el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011(25), establece que a ellos corresponde en primera instancia, conocer de los procesos en que se pretenda la nulidad simple de los actos administrativos proferidos por autoridades del orden distrital o municipal.

En tal virtud, es deber del despacho determinar si efectivamente el asunto de la referencia, en el que se demanda en nulidad simple un acto administrativo proferido por una autoridad distrital, no es de competencia de los juzgados administrativos en atención a lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley 270 de 1996(26), como se asegura por el Juzgado 5º Administrativo de Descongestión de Bogotá, hoy Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, por disposición del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015(27), del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

IV. Antecedente jurisprudencial

Sobre la materia de discusión, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció en auto de 9 de diciembre de 2014(28), con ocasión del trámite de varios recursos de súplica interpuestos contra la providencia de 27 de marzo de 2014, por la cual el despacho de la Consejera María Elizabeth García González, decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital 364 de 26 de agosto de 2013, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., con el propósito de modificar el plan de ordenamiento territorial, POT.

En esa oportunidad, la corporación estudió a profundidad el asunto relativo a la competencia de los jueces administrativos para conocer de los procesos de nulidad respecto de actos administrativos expedidos por autoridades municipales y distritales. Conviene recordar in extenso los razonamientos expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en tanto, además de constituir la posición unificada de esta Corporación(29), resultan aplicables en su integridad al sub judice:

“En el presente caso la Consejera (…) María Elizabeth García González, mediante auto de 27 de marzo de 2014, decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital 364 de 2013 (…), expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., por cuanto consideró que violó lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 810 de 2013 y 8 del Decreto Reglamentario 2004 de 2003, al arrogarse el Alcalde la facultad excepcional para adoptar y modificar el POT. (…).

Los recurrentes solicitan revocar la medida de suspensión provisional del acto acusado por dos razones: i) porque la competencia para conocer del asunto radica en los jueces administrativos y, ii) porque el Presidente del Concejo de Bogotá usurpó de manera “caprichosa” la voluntad de la plenaria al decidir unilateralmente la reconsideración del proyecto de Acuerdo 118 de 2013, circunstancia por la cual la competencia para adoptar el POT se trasladó del concejo al alcalde.

Los recurrentes manifiestan que el trámite adelantado en Sala Unitaria por la Consejera María Elizabeth García González de la Sección Primera del Consejo de Estado está viciado de nulidad porque la competencia para conocer el asunto recae en los jueces administrativos, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 155 del CPACA. (…). La Consejera Sustanciadora asumió el conocimiento del asunto luego de precisar que, de conformidad con el artículo 197 de la Ley 270 de 1996, los jueces administrativos están excluidos de competencia para conocer de las acciones de nulidad que se promuevan contra actos administrativos de carácter general, en este caso del orden Distrital, competencia que tampoco le fue asignada a los Tribunales Administrativos. (…). A su juicio, bien puede afirmarse que los actos de carácter general de los citados Distritos se equiparan a los de igual categoría del orden nacional, cuyo juzgamiento corresponde a esta Corporación en única instancia, según lo dispuesto en el artículo 149, numeral 1º, del CPACA (…).

La providencia suplicada consideró que si bien el artículo 155, numeral 1º, del CPACA estableció que corresponde a los jueces administrativos conocer en primera instancia de los procesos en que se pretenda la nulidad de los actos administrativos proferidos por autoridades del orden distrital o municipal, no lo es menos que la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo 197, dispuso que las competencias de los jueces administrativos no incluirían las de “tramitar y decidir acciones de nulidad contra actos administrativos de carácter general”. (…).

Vistos los argumentos en que se sustentan los recursos de súplica interpuestos, debe la Sala, en primer lugar, decidir la controversia suscitada en torno a si el Consejo de Estado tiene o no competencia para conocer en única instancia de la presente acción de nulidad, por dirigirse contra un acto administrativo de carácter general, expedido por el Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá. De la conclusión a que se arribe dependerá el curso de la acción a seguirse en los procesos acumulados de la referencia.

Para esclarecer el interrogante planteado es preciso determinar si el artículo 197 LEAJ es una norma de carácter estatutario u ordinario.

Ello, por cuanto suele suceder que en una Ley Estatutaria concurran preceptos de carácter estatutario y normas ordinarias, de donde debe concluirse que no todo contenido normativo consignado en una Ley Estatutaria tiene ese carácter. Por tanto, es absolutamente indispensable, establecer cuál es su naturaleza jurídica, a partir de un examen de su contenido, pues es este el elemento determinante de su categorización, bien como norma estatutaria, ora como norma ordinaria.

A ese fin la Sala seguirá el siguiente esquema expositivo: en primer lugar hará unas breves consideraciones en torno a (i) La tipología de las leyes que expide el Congreso de la República en ejercicio de su función legislativa; (ii) Las leyes estatutarias, sus características y las reglas normativas que les son aplicables; (iii) la concurrencia en una Ley Estatutaria, de temas sujetos a reserva especial junto con otros propios de la legislación ordinaria que guardan conexidad temática razonable y sus implicaciones; (iv) el carácter restrictivo de la reserva de ley estatutaria en materia de administración de justicia. A la luz de esas premisas, examinará (v) la creación de los juzgados administrativos en el proyecto de LEAJ, (vi) el carácter de norma ordinaria y transitoria que tiene el artículo 197 LEAJ, atendido su contenido normativo; y (vii) la extinción de sus efectos jurídicos, como consecuencia de la regulación que de las competencias de los jueces administrativos hizo el artículo 155 del C.P.A.C.A. A ello, seguidamente se procederá.

La tipología de las leyes que expide el Congreso de la República en ejercicio de su función legislativa.

En ejercicio de la función legislativa, el Congreso expide, interpreta, reforma o deroga la leyes, que según su contenido pueden ser: (i) Códigos o conjuntos sistemáticos de normas que regulan totalmente una materia en los diversos ramos de la legislación —art. 150, núm. 2º—; (ii) Leyes Marco, que son aquellas por medio de las cuales se dictan unas normas generales y se señalan los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno en las materias taxativamente enunciadas en el art. 150, núm. 19; (iii) Leyes de facultades extraordinarias o habilitantes, las cuales tienen por finalidad revestir hasta por seis (6) meses al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para la expedición de normas con fuerza de ley —art. 150, núm. 10—; (iv) Leyes estatutarias, mediante las cuales el Congreso de la República regula las materias establecidas en el artículo 152 de la Constitución Política; (v) Leyes Orgánicas, que son las leyes a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa en las materias indicadas en el artículo 151 ídem; y (vi) Leyes ordinarias o de contenido ordinario, no incluido dentro de la materia de las demás leyes especiales, las cuales son dictadas siguiendo los trámites generales previstos en la Carta Política en sus artículos 154 a 170, las cuales constituyen la regla general.

Las leyes estatutarias: sus características y las reglas normativas que les son aplicables

En punto a la jerarquía normativa, y en cuanto concierne a las características de las leyes estatutarias —que es la cuestión relevante para absolver el interrogante planteado por el problema jurídico a resolverse en el caso sub-examine—, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las estatutarias “constituyen un tipo de leyes de especial jerarquía, que tienen como fin esencial salvaguardar la entidad de las materias que regula, que según la enunciación contenida en el artículo 152 de la Constitución Política son las siguientes: (a) los derechos y deberes fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su protección; (b) la administración de justicia; (c) la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y las funciones electorales; (d) las instituciones y mecanismos de participación ciudadana; (e) los estados de excepción, y (f) la igualdad electoral entre candidatos a la Presidencia de la República. Se ha considerado que estas materias “comportan una importancia cardinal para el desarrollo de los artículos 1º y 2º de la Carta, pues su regulación especial garantiza la vigencia de principios básicos constitucionales y propende por la consecución de los fines esenciales del Estado”(30) (…).

La posibilidad de concurrencia, en una Ley Estatutaria, de temas sujetos a reserva especial junto con otros propios de la legislación ordinaria que guardan conexidad temática razonable.

La Corte Constitucional ha puesto de presente que una misma ley, tramitada por la vía propia de las leyes estatutarias, puede contener disposiciones que estén sometidas a reserva de ley estatutaria y materias propias de la legislación ordinaria. (…).

A este respecto, ha precisado que es perfectamente factible que cuando el legislador pretenda establecer una regulación integral, estructural y completa de una determinada materia sometida a reserva de ley estatutaria confluyan temas sujetos a reserva especial junto con otros propios de la legislación ordinaria y que, por ello, en un mismo proyecto de Ley Estatutaria concurran regulaciones ordinarias que guardan entre sí una conexidad material razonable. (…). Ese tribunal ha explicado que esta concurrencia, en un mismo proyecto de ley, de temas sujetos a reserva especial junto con otros propios de la legislación ordinaria puede atribuirse a la necesidad de expedir una regulación integral sobre determinadas materias, que en general están sujetas a la reserva especial, y que en tal caso, no resulta razonable que el legislador debiese acudir al trámite de dos leyes distintas, una ordinaria y otra estatutaria. (…).

La Corte Constitucional ha precisado que, desde la perspectiva formal, las normas relativas a tales materias no pueden tenerse como contrarias a la Constitución, pues se tramitaron según un procedimiento que resulta más exigente que el previsto para la legislación ordinaria. Pero, por otra parte, la decisión del legislador de incluirlas dentro del proyecto de Ley Estatutaria no puede cambiar su régimen constitucional. Esto es, tal decisión legislativa no implica incluir en el ámbito de la reserva de Ley Estatutaria a esas materias que son propias de la ley ordinaria, ni significa que, hacia el futuro, tales materias sólo puedan ser modificadas mediante leyes estatutarias. (…).

Por otro lado, de manera general, la Corte ha precisado que en la medida en que no corresponde a la Ley Estatutaria, en cada caso, hacer la regulación exhaustiva de las materias sometidas a la reserva especial, los temas regulados en una Ley Estatutaria no por ello quedan automáticamente excluidos del ámbito normativo propio de la ley ordinaria(31). (…).

Y más específicamente, ha señalado la Corte, a partir del anterior criterio, que cuando el legislador estatutario se ocupa de materias que están dentro de la órbita del legislador ordinario, la norma correspondiente no se transforma en materia exclusiva de Ley Estatutaria y, por lo tanto, no se sustrae del ámbito de competencia del legislador ordinario. (…).

En consecuencia, las disposiciones relativas a las competencias en el conocimiento de determinados asuntos por parte de las autoridades judiciales de la jurisdicción contenciosa, no tienen, ratione materia, el carácter de normas estatutarias.

En efecto, reiterada jurisprudencia ha admitido que en dicha materia existe un amplio margen de configuración en cabeza del legislador ordinario, quien de manera razonable y proporcionada, tiene la libertad de distribuir las competencias judiciales. En este sentido, ha dicho la Corporación que en razón de la cláusula general a que se refieren los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución, al legislador ordinario le corresponde regular los procedimientos judiciales y administrativos, especialmente todo lo relacionado con la competencia de los funcionarios, los recursos, los términos, el régimen probatorio, cuantías, entre otros. (…).

Ha señalado que en virtud de su potestad legislativa en materia de procedimientos, el legislador puede “(…) regular y definir entre los múltiples aspectos de su resorte legislativo, algunos de los siguientes elementos procesales: (i) el establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades, —esto es, los recursos de reposición, apelación, u otros—, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los mismos. (ii) Las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben cumplir en cada uno de los procesos.

(iii) La radicación de competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta. (iv) Los medios de prueba[104] y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite, o para proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir daños o perjuicios en unos u otros procesos(32)” En virtud de su carácter restrictivo, la reserva de Ley Estatutaria no opera respecto de todos los aspectos relacionados con la administración de justicia.

Debido a la amplitud de asuntos que eventualmente podrían quedar comprendidos dentro de las materias a que se refiere el artículo 152 de la Constitución Política, y el consecuente riesgo de despojar al Congreso de la cláusula general de competencia que le es inherente en su condición de legislador ordinario (art. 150-1 CP), en su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha señalado de manera insistente que la cláusula de reserva de Ley Estatutaria debe interpretarse de manera restrictiva.

Refiriéndose específicamente a las normas que de alguna manera se relacionan con la administración de justicia, la Corte ha explicado que “no todo aspecto que de una forma u otra se relacione con la administración de justicia debe necesariamente hacer parte de una ley estatutaria”, sino que ésta ha de ocuparse “esencialmente sobre la estructura general de la administración de justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se sometan a su conocimiento”. En efecto, de asumirse una posición contraria se llegaría al “absurdo de someter cualquier modificación o reforma de códigos o leyes ordinarias referentes a la administración de justicia al rigor del trámite propio de las leyes estatutarias, con lo cual se vaciaría de contenido la facultad propia del legislador de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones (CP art. 150-2), afectando gravemente la función legislativa y, en consecuencia la eficacia y eficiencia de la administración de justicia”. (…).

La regulación normativa de las competencias de las autoridades judiciales es materia propia de la Ley ordinaria Según quedó expuesto, no todas las materias sobre la administración de justicia están sujetas, desde el punto de vista material, a la reserva de la LEAJ. Por lo tanto, el legislador ordinario tiene plena competencia para regular los temas no sujetos a reserva. (…).

Ello se explica por cuanto el artículo 152 Superior debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 150 numerales 1º y 2º ídem pues, de lo contrario, se llegaría al absurdo de que todo Código de Procedimiento exigiría de trámite estatutario, por contener normas que regulan el funcionamiento de la justicia y se vaciaría de contenido la competencia conferida al legislador ordinario en el ya citado artículo 150 C.P., al señalar que corresponde al Congreso, por medio de leyes ordinarias, "expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones"(33). Síguese de lo expuesto que la circunstancia de que la Ley 270 de 1996 sea una Ley Estatutaria que tiene una jerarquía superior frente a una ley ordinaria como es la Ley 1437 de 2011, en modo alguno riñe con la competencia del Legislador para regular mediante leyes ordinarias los aspectos propios de los códigos de procedimiento, conforme a lo preceptuado en el antecitado artículo 150, numeral 2º de la Constitución Política. (…).

Justamente, la Corte Constitucional en (…) sentencia C-037/06, en que según quedó expuesto, examinó la constitucionalidad del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia, dejó claramente definido que los aspectos procesales relativos al funcionamiento de los juzgados administrativos, serían definidos en una ley ordinaria. El texto de la sentencia de la Corte respecto del artículo 197 de la Ley Estatutaria es el siguiente: “Este precepto se ajusta a los postulados contenidos en la Carta Política, pues tal como se explicó en los artículos 11 y 42 del presente proyecto de Ley Estatutaria, al legislador le compete la creación y la fijación del régimen de los distintos despachos judiciales, entre los que se encuentran los juzgados administrativos. En iguales términos y teniendo presente lo señalado en esta providencia, los aspectos procesales relativos al funcionamiento de ese tipo de juzgados deben ser definidos en una ley ordinaria expedida bajo los lineamientos del artículo 150-2 de la Carta Política. Así, pues, excede los límites de la atribución contenida en el numeral 3º del artículo 257 superior y, por lo mismo, se torna inconstitucional el conferir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, como lo hace la norma bajo examen, la reglamentación de los aspectos procesales relacionados con la delegación en la práctica de pruebas por parte del Consejo de Estado o de los tribunales administrativos. Para ello, se reitera, deberán atenderse las normas procesales de carácter general establecidas en los códigos de procedimiento, tanto el contencioso administrativo como el de procedimiento civil.

Así, pues, la norma se declarará exequible, salvo la expresión “La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los aspectos procesales de ésta última atribución”, que, por vulnerar los artículos 150-2, 152 y 158 de la Constitución, deberá declararse inexequible”.

Se reitera que la regulación de las competencias de las autoridades judiciales es materia propia de la ley ordinaria, pues el Congreso la desarrolla mediante la expedición de Códigos en todos los ramos de la legislación, que es lo acorde con su naturaleza dinámica, la cual requiere de flexibilidad para ajustarla a las cambiantes necesidades y exigencias que el acontecer nacional plantea y a los requerimientos necesarios para que la administración de justicia sea recta, expedita, eficaz y oportuna.

La creación de los juzgados administrativos en el artículo 68 del proyecto de Ley Estatutaria 58/94 Senado-264/95 Cámara, que culminó con la expedición de la LEAJ Ahora bien, en punto al esclarecimiento de la cuestión controvertida, asimismo, resultan de crucial importancia las siguientes precisiones: La creación de los Juzgados Administrativos es originaria del proyecto de ley de Ley Estatutaria de Administración Judicial (en adelante LEAJ) 58/94 Senado - 264/95 Cámara, de iniciativa gubernamental, presentado ante la Comisión 1ª del Senado por el entonces Ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez. En la Exposición de Motivos se precisó: “El proyecto de ley Estatutaria de Administración de Justicia que hoy se presenta a consideración del Congreso de la República, reviste una importancia de primerísimo orden en el proceso de consolidación del nuevo orden institucional que emana de la concepción del Estado social de derecho definido en la Carta Constitucional de 1991.

En efecto, en primer lugar se trata del instrumento que por excelencia está llamado a resolver todos aquellos conflictos de competencia que se han presentado entre los distintos órganos que conforman el poder judicial; conflictos que por lo demás, encuentran explicación en el proceso de transición constitucional, que es siempre crítico en cualquier régimen, máxime cuando, como es nuestro caso, la estructura judicial del Estado se dispone en forma compleja y comporta la coexistencia de multiplicidad de órganos de la misma jerarquía y sin una clara delimitación de competencias, atribuciones y funciones.” Los Juzgados Administrativos se previeron en el artículo 68 del Título Segundo “De las Corporaciones y Despachos Judiciales” en el Capítulo III “De los órganos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, así: “2. DE LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Artículo 68. RÉGIMEN. Existirán los Juzgados Administrativos que de acuerdo a las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Política, con sujeción a los Planes de Desarrollo, a la ley de apropiaciones y a la presente ley”.

Este artículo resultó ser, luego, el artículo 42 del mismo proyecto y de la LEAJ, que es del siguiente tenor: “Artículo 42. Régimen. Los Juzgados administrativos que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la sala administrativa del consejo superior de la judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción contencioso administrativa. Sus características, denominación y número serán establecidos por esa misma corporación, de conformidad con lo establecido en la presente ley”.

Se advierte cómo, en esta disposición, se indicó clara y expresamente que las competencias de los Juzgados Administrativos serían las previstas en la ley procesal, de carácter ordinario. (…).

En consonancia con lo anterior, en el capítulo III sobre “Disposiciones transitorias” se previó el artículo 186 que defirió la regulación de sus competencias al Código Contencioso Administrativo, y, en el entretanto les asignó algunas de manera transitoria. Su tenor literal es el siguiente: “Capítulo III Disposiciones transitorias” Artículo 186. Competencia de los jueces administrativos. Las competencias de los Jueces Administrativos estarán previstas en el Código Contencioso Administrativo. Mientras ellas se establecen los jueces administrativos podrán conocer de las acciones de tutela, de las acciones de cumplimiento según las competencias que determine la ley y podrán ser comisionados por el Consejo de Estado o por los tribunales administrativos para la práctica de pruebas.

En la exposición de motivos, se consignaron las siguientes precisiones acerca de la creación de los juzgados administrativos: “6. Jueces administrativos.

Con el fin de agilizar el trámite de las distintas acciones de control judicial de la actividad administrativa y de esa manera, también, descongestionar la jurisdicción contencioso administrativa, se prevé que ésta se amplíe con una nueva categoría de jueces, los Jueces Administrativos, cuyas competencias se definirán en el Código Contencioso Administrativo. Mientras dichas normas se expiden en la reforma que sobre el particular se adopte en dicho código, el proyecto contempla que, a partir de la vigencia de la ley estatutaria, los jueces administrativos quedarían habilitados para actuar como comisionados para la práctica, pruebas en los términos que definan en cada caso el Consejo de Estado, o los tribunales administrativos, lo mismo que para conocer de las acciones de tutela y de cumplimiento, en éste último caso, con sujeción a las normas que reglamenten este mecanismo previsto en el artículo 87 de la Constitución Política.

Se trata, pues, de varios mecanismos, judiciales y extrajudiciales, orientados a garantizar la solución efectiva y pacífica de los conflictos a todos los sectores sociales, sin discriminación alguna; instrumentos que al mismo tiempo han de contribuir a la eficiencia de la justicia tradicional, por la vía de la descongestión.” Por lo demás, se hizo la salvedad de que si bien “… la propuesta incluye una reglamentación detallada, pero indispensable en cuanto a las funciones de las distintas Corporaciones judiciales; se excluyó sí lo relacionado con los demás tribunales y demás despachos judiciales, por considerarse materia de ley especial”. (Gaceta Nº 135, del 31 de agosto de 1994, p. 14).

El artículo 186 del proyecto gubernamental, devino en el artículo 197 LEAJ y fue aprobado a lo largo de los debates constitucionales con el carácter de disposición transitoria, conforme consta en los antecedentes legislativos del proyecto de Ley Estatutaria de Administración de Justicia 58/94 Senado-264/95 Cámara.

Por lo demás, consta en la Gaceta 216 del 25 de noviembre de 1994 en la que se publicó la Ponencia para Primer Debate en Senado al proyecto de Ley 58/94 que la Comisión de Ponentes propuso modificaciones al texto del artículo 186 del proyecto del Gobierno y que con las adiciones introducidas al proyecto este pasó a ser el artículo 198, del siguiente texto: “CAPÍTULO III Disposiciones transitorias” ARTÍCULO 198. Competencias de los jueces administrativos. Las competencias de los Jueces Administrativos estarán previstas en el Código Contencioso Administrativo. Mientras ellas se establecen, los Jueces Administrativos podrán conocer de las acciones de tutela, de las acciones de cumplimiento según las competencias que determine la ley y podrán ser comisionados por el Consejo de Estado o por los tribunales administrativos para la práctica de pruebas. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los aspectos procesales de esta última atribución”.

En la Sesión Plenaria del Senado de la República celebrada el 15 de junio de 1995, el Senador Héctor Eli Rojas Jiménez, en su condición de Ponente solicitó a la Plenaria la aprobación del texto presentado, advirtiendo que las competencias de los jueces administrativos, en un futuro, serían definidas atendiendo las necesidades del servicio. En efecto, precisó lo siguiente:

“La presidencia abre la discusión del artículo 195, y concede el uso de la palabra al honorable Senador Héctor Eli Rojas Jiménez.

Palabras del honorable Senador Héctor Eli Rojas Jiménez:

Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Héctor Eli Rojas Jiménez:

… Competencias de los juzgados administrativos, hemos hechos unos ajustes, estos jueces van a tener que en un futuro esperar a ver cuáles son sus competencias, le pediremos con todo respeto que lo aprueben como lo presentamos los ponentes que está bien ajustado”.

El texto del artículo 197 de la Ley 270, con la salvedad referida a la competencia de los jueces administrativos, conforme a la cual estas “….no incluirán las de tramitar y decidir acciones de nulidad contra actos administrativos de carácter general” figura en el texto definitivo aprobado en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes el 20 de junio de 1995, publicado en la Gaceta 178 del viernes 23 de junio de 1995 “que incorpora las modificaciones introducidas en Cámara y Senado con base en las recomendaciones de las Comisiones de Conciliación de ambas Corporaciones según el texto aprobado en la misma fecha”. Su tenor literal es el siguiente:

“CAPÍTULO III

Disposiciones transitorias

ART. 200.—Competencias de los jueces administrativos: Las competencias de los Jueces Administrativos estarán previstas en el Código Contencioso Administrativo, las cuales no incluirán las de tramitar y decidir acciones de nulidad contra los actos administrativos de carácter general. Mientras se establezcan sus competencias, los jueces administrativos podrán conocer de las acciones de tutela, de las acciones de cumplimiento según las competencias que determine la ley y podrán ser comisionados por el Consejo de Estado o por los Tribunales Administrativos para la práctica de pruebas. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los aspectos procesales de esta última atribución.” Dado su carácter transitorio, los efectos jurídicos del artículo 197 LEAJ se extinguieron con la expedición de la Ley 1437 de 2011, cuyo artículo 155 reguló las competencias de los jueces administrativos.

La Corte Constitucional(34) considera que una norma legal transitoria es aquella expedida para un fin específico y concreto o por un período de tiempo determinado. Usualmente tiene como objetivo evitar que durante el tránsito de una normatividad constitucional o legal a otra se presenten vacíos, inseguridad jurídica o traumatismos respecto del asunto nuevamente regulado. (…).

Teniendo en cuenta el carácter temporal de la respectiva norma, sus efectos en principio, están llamados a extinguirse una vez el cometido propuesto por el constituyente o el legislador haya sido alcanzado.

El carácter transitorio de la disposición significa que opera en un cierto contexto y por un cierto tiempo. Una disposición transitoria no puede devenir en permanente, como efecto de su interpretación, pues ello evidenciaría que el criterio interpretativo seguido está errado. (…).

Tratándose de una disposición transitoria, fuerza es concluir que la salvedad que en el artículo 197 LEAJ se previó respecto de las competencias de los Jueces Administrativos, se visualizó como una medida temporal, destinada a regir durante el periodo inicial de puesta en marcha de los juzgados administrativos y mientras se expedía el nuevo Código de Procedimiento Administrativo que debía ocuparse de regular en forma sistemática el tema de la distribución de competencias entre las autoridades que integran la jurisdicción contencioso administrativa, sobre todo para acompasarlas a las exigencias y mandatos de la Constitución de 1991 y, además, para dar un adecuado tratamiento a la congestión judicial. No de otra manera se explica que se hubiese incorporado en el capítulo sobre “Disposiciones transitorias”.

Se insiste en que, según quedó examinado en acápite precedente, los antecedentes de la LEAJ dan cuenta que en las discusiones del Proyecto 58/94 Senado - 264/95 Cámara, que culminó con la expedición de la Ley 270 de 1996, se tuvo en mente que una ley ordinaria regularía la competencia de los jueces administrativos, como efectivamente lo hizo la Ley 1437 de 2011.

Desde esta perspectiva, el recto entendimiento del artículo 197 LEAJ, norma transitoria cuya vigencia terminó con la expedición de la Ley 1437 de 2011, es que mientras tales juzgados entraran en funcionamiento y se consolidaran operativamente, como medida de transición, se dispuso que no conocerían de las acciones de nulidad contra los actos administrativos de carácter general.

De lo expuesto, se concluye: De conformidad con las reglas de competencia previstas en el numeral 1º del artículo 155, del CPACA, la competencia para conocer la demanda de nulidad presentada contra el Decreto 364 de 2013, por ser un acto proveniente de una autoridad distrital, corresponde a los jueces administrativos. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 numeral 1ª del CPACA, al Consejo de Estado corresponde la competencia para conocer de los actos proferidos por las autoridades del orden nacional”.

En armonía con el razonamiento contenido en el auto de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 9 de diciembre de 2014 antes trascrito, criterio que se sigue en esta oportunidad, queda claro que de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011(35), los jueces administrativos son competentes para conocer, entre otros asuntos, de los procesos de nulidad simple de actos administrativos proferidos por autoridades municipales y distritales.

V. Del caso concreto

En el sub examine se demanda la nulidad de la Resolución 642 de 28 de mayo de 2010, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá D.C., por medio de la cual se establecen horarios y turnos de trabajo de los servidores públicos de dicha dependencia.

Es del caso precisar, que la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá fue creada por los artículos 86(36), 87(37), 88(38) y 89(39) del acuerdo

Distrital 257 de 2006(40), como un organismo del sector central del Distrito Capital de Bogotá con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.

Entonces, teniendo en cuenta la naturaleza distrital del organismo que expidió el acto administrativo demandado, es claro que el asunto de la referencia es de la órbita de los jueces administrativos de Bogotá y no del Consejo de Estado, pues, de acuerdo con el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011(41), a ellos compete conocer de los asuntos de nulidad simple de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, como lo es la Resolución 642 de 28 de mayo de 2010.

Por lo tanto, en la parte resolutiva de este proveído se declarará la falta de competencia de esta corporación para seguir conociendo el asunto de la referencia y se ordenará su remisión al Juzgado 5º Administrativo de Descongestión de Bogotá, hoy Juzgado 49 Administrativo de Bogotá(42), para que continúe su trámite.

Así mismo, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 16 y 138 de la Ley 1564 de 2012(43), según los cuales se prevé que lo actuado conservará su validez, tal y como se lee en su tenor literal:

ART. 16.—Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.

La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente.

(...).

ART. 138.—Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.

La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.

El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse”.

De acuerdo con las normas trascritas, lo actuado ante el Consejo de Estado conservará su validez. Asimismo, se ordenará que por la Secretaría de la corporación, de inmediato se envíe el expediente de la referencia al Juzgado 5º Administrativo de Descongestión de Bogotá, hoy Juzgado 49 Administrativo de Bogotá(44), para que continúe con su trámite.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Declarar la falta de competencia de esta corporación para conocer la demanda de Nulidad Simple presentada por la señora María Hilda Muños Mora, contra la Resolución 642 de 28 de mayo de 2010, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá D.C., por medio de la cual se establecen horarios y turnos de trabajo de los servidores públicos de dicha dependencia; conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Lo actuado ante el Consejo de Estado conservará su validez, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 138 de la Ley 1564 de 2012.

3. Por Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación, remítase de manera inmediata el expediente de la referencia al Juzgado 49 Administrativo de Bogotá(45), para que continúe su trámite.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejera: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

(1) Folio 104 del cuaderno principal del expediente.

(2) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(3) Código General del Proceso.

(4) Al respecto puede consultarse al tratadista Alexander Rioja Bermúdez en su obra “CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL”, Editorial Rodhas, 2006. Lima, Perú. Dice el autor, citando el artículo ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, publicado por el profesor de la Universidad de Munich, Wilgelm Kish, en 1940 en Madrid, en la Revista de Derecho Privado: “El saneamiento tiene por finalidad obligar al juez a ‘purgar’ el proceso de obstáculos procedimentales, constituye un mecanismo concentrado, posibilitando de esta manera, que el objeto del proceso pueda ingresar a la etapa probatoria y posteriormente a la decisoria, encontrándose así la causa purificada y excluida de cualquier irregularidad, lo cual fácilmente podrá ser realizado mediante un auto sin necesidad de convocar a audiencia alguna.”. La cita fue extraída de la siguiente dirección web: “http://blog.pucp.edu.pe/item/75159/el-saneamiento-procesal-necesaria-eliminacion-de-la-audiencia”.

(5) En ejercicio del medio de control de Nulidad Simple contemplado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

7(6) Quien actúa en nombre propio.

(7) La demanda obra a folios 7 a 15 del cuaderno principal del expediente.

(8) Folios 19 a 22 del cuaderno principal del expediente.

(9) Folios 26 y 27 del cuaderno principal del expediente.

(10) Folios 30 a 35 del cuaderno principal del expediente.

(11) Estatutaria de la administración de justicia.

(12) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(13) Ib.

(14) Estatutaria de la Administración de Justicia.

(15) Folios 40 a 42 del cuaderno principal del expediente.

(16) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(17) Estatutaria de la administración de justicia.

(18) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(19) Estatutaria de la administración de justicia.

(15) Folios 40 a 42 del cuaderno principal del expediente.

(16) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(17) Estatutaria de la Administración de Justicia.

(18) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(19) Estatutaria de la administración de justicia.

(20) Ib.

(21) Ib.

(22) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(23) Ib.

(24) Estatutaria de la administración de justicia.

(25) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(26) Estatutaria de la administración de justicia.

(27) Por el cual se crean con carácter permanente, trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional.

(28) Emitido en el exp. 11001032400020130062400, con ponencia de la Consejera María Claudia Rojas Lasso.

(29) En la citada providencia se explicó al respecto que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, numeral 5º, de la Ley 270 de 1996, el 14 de octubre de 2014, se solicitó a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de la controversia suscitada en torno a la competencia de la Corporación para conocer en única instancia de la acción de nulidad interpuesta en contra del Decreto Distrital 364 de 2013. La Sección Primera consideró necesario que la Sala Plena unifique la jurisprudencia sobre la cuestión sub-iudice, teniendo en cuenta que sus miembros tienen criterios discordantes y en atención a la trascendencia social de la decisión, dada su incidencia directa en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital de Bogotá. La anterior petición, fue resuelta por la Sala Plena del Consejo de Estado en sesión de la misma fecha, en el sentido de asumir el conocimiento del asunto, dada su importancia jurídica y trascendencia social”.

(30) Sentencia C-748/11 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(31) Sentencia C-114 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.

(32) Sentencia C-818 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 33 Sentencia C-055 de 1995, M.P Alejandro Martínez Caballero.

(33) Sentencia C-055 de 1995, M.P Alejandro Martínez Caballero.

(34) Sentencia C-109/06. M.P. Humberto Sierra Porto. Referencia: expediente D-5858. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9 (parcial) de la Ley 909 de septiembre 23 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. Demandante: Javier Tovar Chauta.

(35) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(36) Artículo 86. Misión del Sector Integración Social. El Sector Integración Social tiene la misión de liderar y formular, en la perspectiva del reconocimiento y la garantía de los derechos, las políticas sociales del Distrito Capital para la integración social de las personas, las familias y las comunidades, con especial atención para aquellas que estén en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, ejecutar las acciones que permitan la promoción, prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado.

(37) Artículo 87. Transformación del Departamento Administrativo de Bienestar Social en la Secretaría Distrital de Integración Social. Transfórmase el Departamento Administrativo de Bienestar Social, el cual en adelante se denominará Secretaría Distrital de Integración Social.

(38) Artículo 88. Conformación del Sector Integración Social. El Sector Integración Social está conformado por la Secretaría Distrital de Integración Social, cabeza de Sector, y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud, Idipron; que le está adscrito.

(39) Artículo 89. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Integración Social. La Secretaría Distrital de Integración Social es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.

(40) Expedido por el Concejo Distrital de Bogotá D.C., “por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

(41) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(42) Por disposición del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 201542, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

(43) Código General del Proceso.

(44) Por disposición del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 201544, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

(45) Por disposición del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 201545, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, el Juzgado 5º Administrativo de Descongestión de Bogotá, pasó a ser el Juzgado 49 Administrativo Permanente de Bogotá.