Auto 2015-00377 de noviembre 30 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2015-00377-00

Magistrada Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Medio de control: nulidad

Actor: Tomás Javier Oñate Acosta

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil quince.

Procede el despacho a resolver la solicitud de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones 108 de 18 de junio de 2015, por medio de la cual se decide una solicitud de revocatoria directa y 339 de 19 de septiembre de 2012, “Por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo, se designan delegados del Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones”, expedidas por el Presidente de la República.

I. Antecedentes

La demanda

El ciudadano Tomás Javier Oñate Acosta, actuando en nombre propio, presentó demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de las resoluciones 108 de 18 de junio de 2015, por medio de la cual se decide una solicitud de revocatoria directa, y 339 de 19 de septiembre de 2012, “Por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo, se designan delegados del Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones”, expedidas por el Presidente de la República.

II. La solicitud de suspensión provisional

El actor solicita la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, por falsa motivación, cargo que sustenta transcribiendo en el escrito de la solicitud de la medida cautelar noticias publicadas, al parecer, en medios de comunicación escritos y radiales, que informan sobre actos violentos cometidos por los grupos armados fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC, y ejército de liberación nacional, ELN.

Con fundamento en ello, aduce que los actos mediante los cuales el Presidente de la República autoriza la instalación y desarrollo de la mesa de diálogo con la guerrilla de las FARC en La Habana, deben ser suspendidos en sus efectos debido a que:

“La consecuencia jurídica de los actos administrativos demandados demuestran con las noticias publicadas que los efectos jurídicos vulneran lo dispuesto en la norma constitucional referida, toda vez que otorgan presunción de legalidad a un acto que no ha sido declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tiene sus efectos en vigor (sic) pero los mismos actos administrativos afectan de manera integral los postulados de los derechos fundamentales a la vida de todos los residentes en Colombia, porque generan amenaza a los residentes en Colombia, ya el contenido del acto administrativo es contrario a lo que se viene generando tangiblemente en dicho proceso de supuesto diálogo de paz que muestra más bien un acuerdo o diálogo para permitir atentar contra los residentes en cada rincón de Colombia, civiles, militares y policías, contrario (sic) a lo cual fue creado el nacimiento a la vida jurídica de dicha resolución”.

III. Traslado de la solicitud de medida cautelar

El apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República adujo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos solo prospera por violación de las disposiciones legales invocadas, lo que no se presenta en el caso sub lite, debido a que el actor centra su solicitud en una serie de versiones propias de registros periodísticos que dan cuenta de graves actos de violencia, que en modo alguno se traducen en la transgresión de la Constitución o la ley por parte del Gobierno Nacional, al momento de ordenar la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo con un grupo guerrillero.

Sostiene que se evidencia la falta de técnica jurídica en la proposición del concepto de violación como respaldo de la medida cautelar, toda vez que se invocan hechos ocurridos con posterioridad a la firma de la Resolución 339 de 2012 acusada, como sustento de una presunta falsa motivación.

Agrega que la Resolución 339 de 2012 fue expedida con fundamento en las facultades conferidas por la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, sin que se vislumbre transgresión del ordenamiento jurídico.

IV. Consideraciones del despacho:

Los actos sobre los cuales recae la solicitud de la medida cautelar son del siguiente tenor:

Resolución 339 de 19 de septiembre de 2012

“Por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo, se designan delegados del Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones”,

El Presidente de la República,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999,782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, y

CONSIDERANDO:

(...).

RESUELVE:

ART. 1º—Autorizar la instalación de una mesa de diálogo entre los representantes autorizados por el Gobierno Nacional con miembros representantes de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC, en la ciudad de Oslo (Noruega) de conformidad con lo previsto en el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

ART. 2º—Autorizar el desarrollo de una mesa de diálogo en la que se conversará sobre los puntos consignados en la agenda del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre los delegados designados por el Gobierno Nacional con miembros representantes de las FARC en la República de Cuba.

ART. 3º—Designar como representantes autorizados del Gobierno Nacional, con carácter de plenipotenciarios, a: Sergio Jaramillo Caro, en su calidad de Alto Comisionado para la Paz, y a los ciudadanos Frank Joseph Pearl González, Jorge Enrique Mora Rangel, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Luis Carlos Villegas Echeverri y Humberto de la Calle Lombana, este último como jefe de la delegación del Gobierno Nacional.

PAR.—Para efectos de conservar una dinámica negociadora flexible e integral por parte del Gobierno Nacional, se designarán seis (6) representantes plenipotenciarios, tal como se determina en este artículo, pero en la mesa de diálogo solo podrán estar presentes cinco (5), de conformidad con las rigurosas disposiciones del acuerdo general y según las previsiones discrecionales del jefe de la delegación del Gobierno Nacional.

ART. 4º—Designar como negociadores alternos a los ciudadanos Jaime Avendaño Lamo, Alejandro Eder Garcés, Lucía Jaramillo Ayerbe y Elena Ambrosi Turbay para participar en discusiones necesarias para el desarrollo de la mesa de diálogo, con miembros representantes de las FARC-EP.

ART. 5º—Designar como miembros del equipo de apoyo a los ciudadanos Gerson Iván Arias Ortiz y Juanita Goebertus Estrada.

ART. 6º—El Alto Comisionado para la Paz, en coordinación con el jefe de la delegación, autorizará a los demás ciudadanos que conformarán el equipo de apoyo técnico de la mesa de diálogo y el equipo de negociadores alternos, según se requieran.

ART. 7º—Comunicar a las autoridades competentes el contenido de la presente resolución.

ART. 8º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición”.

Y la Resolución 108 de 18 de junio de 2015, decidió la solicitud de revocatoria directa presentada por el actor contra la Resolución 339 de 19 de septiembre de 2012, en el sentido de no revocarla.

Para resolver, se tiene que a voces del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, “cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”. Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado(1). Dice así el citado artículo:

“ART. 231.—Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios” (negrillas fuera del texto).

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Ahora bien, en el caso bajo examen observa el despacho que no se dan los presupuestos para acceder a la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, habida consideración de que no se cumple con el segundo requisito anteriormente mencionado, esto es, que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas.

Lo anterior, por cuanto el actor, al argumentar el cargo de violación que denomina falsa motivación, se limita a transcribir apartes de noticias sobre actos violentos cometidos por los grupos armados fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC, y ejército de liberación nacional, ELN.

Adicionalmente, en el texto de la demanda, si bien cita algunos preceptos constitucionales, lo hace con elucubraciones subjetivas acerca de la inconveniencia de adelantar un proceso de paz sin participación de todos los grupos al margen de la ley que actúan en el conflicto armado colombiano y en contravía del bienestar común que debe defender el Estado, pues hasta la fecha no han cesado los ataques a la población civil y a la fuerza pública por parte de los grupos guerrilleros.

Ello, sin duda, impide a la Sala Unitaria comparar el contenido de los actos acusados con las normas superiores invocadas como violadas, con el fin de derivar la supuesta violación que sustenta el decreto de la medida cautelar, por lo que se impone denegarla y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

1. DENIÉGASE la medida cautelar solicitada por el demandante.

2. Tiénese al doctor Andrés Tapias Torres como apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con el poder y demás documentos visibles a folios 23 a 27 del cuaderno de la medida cautelar.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrada: María Elizabeth García González.

1 Esto significa que la suspensión provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio.