Auto 2015-00453 de julio 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2015-00453-00

Medio de control: nulidad.

Actor: Luis Oscar Rodríguez Ortiz

Bogotá, D. C., veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

El despacho procede a resolver la solicitud de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 0002504 de 25 de agosto de 2014, “Por la cual se clasifica al organismo de tránsito Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá - Cundinamarca”, expedida por el Ministerio de Transporte.

I. Antecedentes

El ciudadano Luis Oscar Rodríguez Ortiz en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, presentó demanda ante esta corporación, con el fin de que se declarara la nulidad, previa suspensión provisional, de los efectos de la Resolución 0002504 de 25 de agosto de 2014, mediante la cual el Ministerio de Transporte, en adelante el ministerio, clasificó a la Secretaría de Transporte y Movilidad del municipio de Zipaquirá, en adelante el municipio, como organismo de tránsito categoría A.

II. Solicitud de suspensión provisional

El actor solicita la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, por violación de la Resolución 03846 de 11 de agosto de 1993, “Por la cual se fijan pautas para la creación, funcionamiento, y reglamentación de los organismos de tránsito y transporte y se derogan las resoluciones 02444 de 28 de diciembre de 1989 y 04867 de 17 de noviembre de 1992”, expedida por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito(1).

Sostiene que, de conformidad con la citada resolución, previamente a la creación del organismo de tránsito, el municipio interesado debe, entre otros requisitos, “solicitar asesoría técnica al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito a efectos de establecer la estructura orgánica y funciones que debe cumplir” (art. 1º), requisito que el municipio pretendió satisfacer con un acto que data del año 2002 y que perdió su fuerza ejecutoria.

Explica que, se originó la violación debido a que el demandado interpretó erradamente que al exigirse una asesoría para establecer la estructura orgánica y funciones del organismo de tránsito, esta se cumplía con la sola presentación de un documento antiguo, sin eficacia jurídica y sin tener en cuenta que la razón de ser de la disposición infringida es acordar entre el ministerio y el respectivo municipio las pautas de creación del organismo de tránsito que deben implementarse en un corto plazo.

Arguye que, de la comparación del Acta 1-2002 allegada por el municipio y del Decreto 105 de 23 de noviembre de 2012 “Por el cual se establecen normas sobre la organización y funcionamiento de la administración pública municipal de Zipaquirá y se dictan otras disposiciones”, que dispuso la creación de la Secretaria de Transporte y Movilidad del municipio, se evidencia que no coinciden por haber sido expedidos ambos actos “bajo circunstancias administrativas, censales y de políticas de gobierno diferentes”.

III. Traslado de la solicitud de medida cautelar

El Ministerio de Transporte (fl. 10) solicita que se deniegue la solicitud de medida cautelar por carecer de fundamento legal y probatorio.

Arguye que, no es cierto que no se haya verificado el requisito previsto en el literal a) del artículo 1º de la Resolución 03846 de 1993, por cuanto a la solicitud de clasificación de la Secretaría de Transporte del municipio, el alcalde aportó el Acta 1-2002 en la que consta que el día 21 de marzo de 2002 se reunieron funcionarios de la alcaldía, agentes de tránsito, el inspector de policía y funcionarios de la Secretaría de Tránsito del departamento de Cundinamarca y del Ministerio de Transporte, con el fin de prestar la asesoría técnica solicitada como requisito para el trámite de clasificación.

Resalta que, la asesoría estaba orientada básicamente a establecer la estructura orgánica y funciones que deben cumplir los organismos de tránsito, así como informar la normativa que regula su funcionamiento, el régimen sancionatorio y la sistematización requerida, de tal suerte que el requisito establecido en la resolución invocada como vulnerada no puede tenerse por no presentado, por haberse elaborado en el año 2002.

Asegura que, por el hecho de que el Acta 1-2002 se haya suscrito en el año 2002 no hace que el documento pierda su fuerza ejecutoria, bajo el entendido de que no existe disposición alguna que establezca su vigencia.

Agrega que, no se desvirtúa la presunción de legalidad de la resolución acusada, porque el acta que se exige como requisito se haya elaborado en un determinado año, ya que su vigencia no se encuentra condicionada por el tiempo, de manera que al cumplirse con los requisitos de ley, es posible concluir que la clasificación del organismo de tránsito estuvo ajustada a derecho y no desconoció la disposición invocada como transgredida.

IV. Consideraciones del despacho

Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso(2).

El capítulo XI del título V de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 (CPACA) presenta el régimen cautelar del procedimiento contencioso administrativo como un instrumento concreto de la garantía efectiva y material de acceso a la administración de justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia.(3)

De acuerdo con la norma, las medidas cautelares se clasifican en preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; anticipativas, de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.(4)

En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de la medida, merece destacarse que este cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción del artículo 229, el cual permite decretar todas aquellas “que considere necesarias […]”. No obstante, a voces del citado artículo, su decisión estará sujeta a lo “regulado” en dicho estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente debe el demandante presentar “documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla” (Resaltado fuera del texto).

Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente 2014-03799, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

“[…] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho. […]”(5) (Negrillas fuera del texto).

También la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Expediente 2015-00022, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo:

“[…] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad(6). (Negrillas no son del texto).

Así pues, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, deberá verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y, (iii) la ponderación de intereses.

La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA(7) se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida. Su finalidad, pues, es la de “evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”.(8)

Merece resaltarse, en relación con el anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 2 de enero de 1984), que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se supeditaba a la manifiesta infracción de la norma invocada, indicándose que en acciones distintas a la objetiva de legalidad se requería demostrar, aunque fuera sumariamente, el perjuicio con la ejecución del acto.

Por ello, la innovación más relevante de la Ley 1437 consiste en referirse expresamente a la confrontación de legalidad que debe efectuar el juez de la medida; es decir, ese análisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas(9).

Acerca de la manera en la que el juez aborda este análisis inicial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente 2014-03799, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

“Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final”. (Resaltado fuera del texto).

Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevención efectuada por el legislador al advertir que la decisión sobre la medida cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala, se trata de “mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto”(10).

Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto acusado

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, “cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”. Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”. (Negrillas fuera del texto).

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

El caso concreto

A través del acto acusado, el Subdirector de Tránsito (E) del Ministerio de Transporte resolvió clasificar a la Secretaría de Transporte y Movilidad del Municipio, como Organismo de Tránsito categoría A.

A juicio del actor la resolución censurada desconoció el literal a) del artículo 1º de la Resolución 3846 de 1993, cuyo tenor dispone:

“[…] Artículo primero. Previa a la creación del Organismo de Tránsito y Transporte, los municipios interesados deberán cumplir el siguiente procedimiento:

a. Solicitar asesoría técnica al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito a efectos de establecer la estructura orgánica y funciones que debe cumplir. […]”.

Para fundamentar el cargo, asegura que el acto acusado invocó el cumplimiento del requisito establecido en la citada resolución refiriéndose al Acta 1-2002, la cual perdió su vigencia por haberse elaborado diez (10) años antes de presentarse la solicitud de clasificación ante el Ministerio de Transporte.

Corresponde a la Sala Unitaria examinar los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 0002504 de 2014, mediante la cual el ministerio clasificó a la Secretaría de Transporte y Movilidad del Municipio, como Organismo de Tránsito categoría A.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 16, numeral 3º, del Decreto 087 de 17 de enero de 2011(11), corresponde a la Subdirección de Tránsito de Ministerio del Transporte expedir los actos administrativos pertinentes para la clasificación y reclasificación de los organismos de tránsito.

Los requisitos para la creación, funcionamiento y reglamentación de los organismos de tránsito se encuentran previstos en la Resolución 03846 de 1993(12), la cual distingue entre requerimientos previos y posteriores a la creación del organismo. Frente a los primeros, la resolución en comento señala:

“ARTICULO PRIMERO. Previa a la creación del organismo de tránsito y transporte, los municipios interesados deberán cumplir el siguiente procedimiento:

a. Solicitar asesoría técnica al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito a efectos de establecer la estructura orgánica y funciones que debe cumplir. 

b. Elaborar un estudio de factibilidad que como mínimo debe contener:

— Área de influencia del municipio, teniendo en cuenta la existencia de otros organismos de tránsito en la región.

— Flujo vehicular.

— Parque automotor.

— Presupuesto de funcionamiento que incluya los posibles ingresos generados.

— Estructura administrativa y operativa.

— Análisis del servicio público de transporte, urbano, suburbano periférico y veredal.

— Evaluación de los requerimientos en sistematización.

— Plan vial del municipio”. (Resaltado fuera del texto original).

En el caso sub examine, se observa que para la clasificación de la Secretaría de Transporte y Movilidad del municipio, el ministerio verificó los requisitos previstos en la Resolución 03846 de 1993, según se pudo constatar en la parte motiva del acto acusado y en sus antecedentes administrativos(13), para lo cual estimó que el Acta 01 de 21 de marzo de 2002 suscrita por funcionarios de la Alcaldía, agentes de tránsito, el inspector de policía y funcionarios de la Secretaría de Tránsito del departamento de Cundinamarca y del Ministerio de Transporte, cumplía con las exigencias de la citada resolución.

Del análisis de la resolución acusada, su confrontación con la disposición que se estima infringida y el estudio de las pruebas allegadas al expediente, la Sala Unitaria advierte que no surge la violación del ordenamiento jurídico, que imponga la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado.

En efecto, en el análisis inicial de legalidad que se sigue en la solicitud de medidas cautelares, no emerge para el despacho que la fecha en la que se elaboró el acta de asesoría técnica del ministerio impida tener como satisfecho el requisito previsto en el literal a) del artículo 1º de la Resolución 3846 de 1993, para derivar su violación, como lo alega el demandante.

En otra palabras, el hecho de que el acta que contiene la asesoría técnica que se exige para la clasificación de los organismos de tránsito tenga una fecha que en criterio del actor resulte antigua, desactualizada o no vigente, no significa que se transgreda la Resolución 3846 de 1993, dado que lo que ella prescribe es que tal asesoría ocurra antes de la creación del organismo de tránsito, sin establecer una fecha exacta o un plazo específico para ello.

En este orden de ideas, al no reunirse los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA, se denegará la medida cautelar solicitada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

1. DENIÉGASE la medida cautelar solicitada por el demandante.

2. Tiénese al doctor Héctor Liborio Vásquez Ramírez como apoderado del Ministerio de Transporte, de conformidad con el poder y demás documentos visibles a folio 25 y siguientes del cuaderno de la medida cautelar.

Notifíquese y cúmplase.

Consejera: María Elizabeth García González.

1 Entidad suprimida por el Decreto 2171 de 30 de diciembre de 1992 “Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”. El decreto dispuso que las funciones las asumiría la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor del Ministerio de Transporte.

2 Ver ampliación de esta definición en la Sentencia C-379 de 2004, de la Corte Constitucional.

3 Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar providencia de 13 de mayo de 2015 (Expediente 2015-00022, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa), en la que se aseveró: “… se busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la jurisdicción, a tal punto que para el momento de obtener una decisión favorable se torne en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido, pues al decir de Chiovenda ‘la necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón no debe convertirse en daño para quien tiene la razón”.

4 Artículo 230 del CPACA.

5 Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente 2014-03799, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

6 Sobre la aplicación de la proporcionalidad, la misma providencia indicó: “(…) Se ha sostenido en anteriores ocasiones:
(…)
Allí donde el juez administrativo no esté gobernado por reglas, lo más posible es que la actuación se soporte en principios o mandatos de optimización, luego la proporcionalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de conflictos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderación no representan ni la limitación, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentación como sustento de toda decisión judicial. Cabe, entonces, examinar cómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderación, como expresión más depurada del principio de proporcionalidad’.
En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la adopción de una medida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, el juez debe tener en cuenta valoraciones de orden fáctico referidas a una estimación de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administración pública (necesidad) y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jurídico de ponderación, en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los principios contrapuestos … El propio artículo 231 del CPACA da lugar a estar consideración imperativa en el numeral 4º, literales a) y b), cuando prescribe como exigencia: ‘Que, adicionalmente, se cumpla con una de las siguientes condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.

7 El artículo 230 del CPACA señala que el juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1º); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2º); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3º); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4º); impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5º). Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la ley (parágrafo).

8 Providencia citada ut supra, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

9 Vale la pena ahondar en el tema de la transición del régimen de las medidas cautelares que tuvo lugar con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asunto explicado en la providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente 2014-03799), en la cual se puntualizó: “Ahora bien, centrando el estudio en la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, es notorio para la Sala que la nueva disposición, sin desconocer los rasgos característicos del acto administrativo, amplió, en pro de una tutela judicial efectiva, el ámbito de competencia que tiene el juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar; y ese cambio, que se refleja en el tenor literal de la norma, consulta la intención del legislador y el entendimiento de la medida cautelar en el marco constitucional. Una interpretación del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo teniendo en cuenta solamente la variación literal del enunciado normativo, pudo haber generado en los inicios de su aplicación la idea de que la existencia de una manifiesta infracción, a la que hacía referencia el artículo 152 del anterior código, fue reemplazada por el surgimiento en el análisis judicial de una oposición entre el acto y las normas superiores, sin que ello comportara una diferencia material en el contenido normativo de ambas disposiciones. Sin embargo, estudiados los antecedentes de la disposición debe arribarse a una conclusión diferente, dado que, se insiste, la medida cautelar en el nuevo escenario judicial de esta jurisdicción obedece y reclama la tutela judicial efectiva.” (Resaltado es del texto).

10 Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente 2013 00503. C. P. Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del CPACA expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ [ ]. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.
La jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa [ ]. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia”. (Negrillas fuera del texto).

11 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias”.

12 “Por la cual se fijan pautas para la creación, funcionamiento, y reglamentación de los organismos de tránsito y transporte y se derogan las resoluciones 02444 de 28 de diciembre de 1989 y 04867 de 17 de noviembre de 1992”, expedida por la directora liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

13 Anexo 1.