Auto 2015-00652/57606 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 730012333005201500652 01 (57606)

Actor: A. N. R. y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros

Ref.: Reparación directa - Ley 1437 de 2011

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

1. Régimen aplicable.

Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación la demanda, —29 de octubre de 2015—, las cuales, por tratarse de un proceso promovido con posterioridad al 2 de julio de 2012, corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(10), así como a las disposiciones del Código General del Proceso(11), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

Sin embargo, en lo que concierne a la caducidad, debe tenerse en cuenta que los términos que hubieren empezado a correr en vigencia de una ley anterior continuarán corriendo de conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887(12) que dispone:

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Así las cosas, es claro que en los eventos en los que el término de caducidad de la pretensión de reparación directa hubiera empezado a correr con anterioridad al 2 de julio de 2012, se, deben aplicar las reglas dispuestas en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo —Decreto 01 de 1984—, según el cual, el plazo para demandar es de 2 años, contados a partir del día siguiente “[al] acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación […].

2. Competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corporación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 150(13) de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conoce, en segunda instancia, entre otros asuntos, de los recursos de apelación interpuestos contra los autos susceptibles de este medio de impugnación.

2.1. Procedencia de la apelación y competencia del despacho.

Ahora, el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece las providencias susceptibles del recurso de apelación proferidas, en primera instancia, por los tribunales administrativos, a saber: (i) las sentencias y (ii) las decisiones que: a) rechacen la demanda; b) decreten medidas cautelares; c) pongan fin al proceso y d) aprueben conciliaciones.

No obstante, como lo entendió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de ésta Corporación(14) y la Corte Constitucional(15), la referida enunciación no es taxativa, porque existen disposiciones de la Ley 1437 de 2011 que establecen otros eventos en los que procede el recurso de apelación, como el numeral 6º del artículo 180(16), que se refiere a las providencias que deciden sobre excepciones en la audiencia inicial y, el artículo 226(17), en cuanto al auto que niega la intervención de terceros.

En el sub lite, en la audiencia del 5 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo del Tolima decidió sobre la excepción de caducidad, en el sentido de declararla probada, determinación en contra de la cual la parte actora interpuso recurso de apelación.

Así las cosas, el recurso interpuesto en el sub lite resulta procedente, de conformidad con lo señalado en el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

Ahora, corresponde a la magistrada ponente pronunciarse en el sub lite, habida cuenta de que si bien la decisión apelada —mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad respecto de la pretensión referida a la muerte del señor S. H. R.— será confirmada, ello no implica la terminación definitiva del proceso(18), toda vez que, tal y como se expondrá más adelante, la litis continuará su curso con la pretensión dirigida a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados como consecuencia del desplazamiento forzado de los hoy demandantes.

3. Oportunidad y sustentación de la apelación.

El artículo 244(19) de la Ley 1437 de 2011 consagró, entre otras, las reglas que regulan el trámite de los recursos de apelación presentados en contra de los autos proferidos en audiencia, en virtud de las cuales deben interponerse y sustentarse de manera oral en el curso de la misma.

Descendiendo al caso concreto, al revisar el registro de audio y video de la audiencia adelantada el 5 de julio de 2016, se advierte que el recurso de apelación de la parte actora se propuso tan pronto como el Tribunal Administrativo del Tolima notificó la decisión por medio de la cual declaró probada la excepción de caducidad, lo cual da cuenta de la oportunidad.

Además, la parte actora explicó las razones por las cuales disentía de la decisión adoptada por el a quo, de ahí que se encuentre acreditado el presupuesto de sustentación.

Así las cosas, al resultar procedentes, haber sido sustentado y presentado en oportunidad, el Despacho resolverá sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la audiencia inicial adelantada el 5 de julio de 2016.

4. Alcance de la apelación.

Las facultades del Superior para resolver las apelaciones de los autos y sentencias pasibles de tal recurso se rige por el principio de congruencia, en virtud del cual el recurso se debe decidir a partir de los argumentos de inconformidad propuestos por el impugnante, pues, so pena de desconocer los principios de imparcialidad y contradicción, el juez no puede suplantar su voluntad, salvo que se trate de circunstancias sin las cuales no sea posible decidir o de las susceptibles de ser declaradas de oficio, por ser consustanciales a la labor de defensa del ordenamiento jurídico y siempre que no desmejoren la situación del apelante.

Ahora bien, de conformidad con los hechos y las pretensiones de la demanda, se advierte que la misma contiene dos hechos generadores de daño o causas petendi. En efecto, la presente demanda se promovió tanto por la muerte de S. H. R. como por el desplazamiento forzado que produjo ese hecho.

No obstante lo anterior, el Tribunal Administrativo a quo declaró probada la excepción de caducidad —únicamente— respecto de las pretensiones relacionadas con la muerte del señor S. H. R., sin hacer alusión alguna a lo relacionado con el segundo hecho dañoso, a saber, el desplazamiento forzado de los hoy demandantes.

Pese a lo anterior, el recurso de apelación de los hoy demandantes advirtió el ejercicio oportuno del derecho de acción respecto de cada uno de los hechos dañosos enunciados y, específicamente, en relación con el desplazamiento forzado indicó las razones por las cuales no había operado la caducidad. Así pues, el juez ad quem analizará también —y de manera oficiosa— si la presente demanda se instauró dentro del término dispuesto en la ley en materia de desplazamiento forzado.

5. La caducidad de la pretensión impetrada.

Con base en los anteriores fundamentos normativos y jurisprudenciales se procede a analizar la caducidad de la pretensión en el presente caso, de conformidad con las pruebas relacionadas con el hecho dañoso que alegan los demandantes, no con el ánimo de hacer un estudio de la responsabilidad endilgada, lo cual no corresponde a esta instancia ni a esta etapa procesal, sino con el fin de verificar los hechos y así establecer si la presente demanda de reparación directa se presentó o no oportunamente.

Como quedó expuesto en el acápite de antecedentes, los demandantes pretenden que se declare patrimonialmente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por los perjuicios causados con motivo de la muerte de S. H. R.; adicionalmente, manifestaron que “después de los acontecimientos mencionados y debido al estado de peligro en el que se encontraba A. N. R. y sus otros hijos, tuvieron que abandonar su domicilio y negocio en el municipio de xxx - Tolima por amenazas contra ella y su familia”; para ello allegaron los siguientes elementos probatorios:

5.1. De las pruebas allegadas con la demanda.

De conformidad con el material probatorio obrante en el proceso, la Sala tiene establecido lo siguiente:

— El señor S. H. R. falleció el 9 de noviembre de 1996 en el municipio de xxx - Tolima, de conformidad con su registro civil de defunción(20).

— Mediante decisión proferida el 30 de noviembre de 1999, la Unidad Seccional de Fiscalías Delegadas ante el Juez Único Penal del Circuito Judicial de Chaparral suspendió la investigación preliminar adelantada por el homicidio de S. H. R. y dispuso su archivo provisional, dado que “a pesar del esfuerzo investigativo cumplido, no se ha podido reunir prueba alguna para sindicar a persona cierta y determinada, ni para inhibirse esta delegada de abrir investigación penal por lo sucedido”(21).

— El 30 de junio de 2005, el personero municipal de xxx - Tolima emitió un certificado que da cuenta de lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores)(22):

“Que según protocolo de necropsia, acta de levamiento de cadáver y registro civil de defunción allegado a este despacho, el joven S. H. R. nacido el 9 de octubre de 1977, falleció el nueve (9) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (…).

“Según información de la comunidad, como consecuencia del hecho se, desplazaron su señora madre A. N. R. (…) y sus hermanos D. M. H. R., J. H. R., A. R. y A. F. S. R.”.

— Mediante Oficio 1817 calendado el 13 de septiembre de 2011, la Fiscalía Veintitrés Delegada de la Unidad Nacional de Justicia y Paz señaló que “a la fecha ningún postulado ex integrante del B. C. C. de las FARC, con injerencia en la zona del departamento de Tolima, a cargo de la Fiscalía 23 Delegada, ha enunciado, referido o confesado hecho alguno constitutivo de la conducta delictiva antes mencionada, ni tampoco ha narrado, o se tiene información, que haya delinquido en la zona ni para la época antes indicadas”(23).

— Mediante oficio del 13 de mayo de 2014, se indicó que A. N. R. se encuentra incluida, junto con su grupo familiar —D. M. H., J. H., A. R. y A. F. S.—, en el Registro Único de Víctimas —RUV— desde el 21 de septiembre de 2010(24).

5.2. Análisis del despacho.

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de, accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(25), la demanda de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

La ley consagra entonces un término de dos años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

De igual forma, cabe resaltar que, como lo que se persigue con la demanda de reparación directa es obtener la indemnización de un daño producido por la administración, resulta razonable que el inicio del cómputo de la caducidad deba empezar desde el momento en el cual la víctima tuviere conocimiento de la participación efectiva del Estado en la producción de ese daño, pues solo a partir de ese momento la víctima está facultada y/o legitimada para adelantar la correspondiente acción de reparación directa.

Es oportuno precisar que la imprescriptibilidad de la acción procesal relacionada con conductas generadoras de graves violaciones de derechos humanos se ha aplicado principalmente en materia penal para juzgar la responsabilidad del agente que cometió la conducta generadora del daño, la cual es distinta al juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por acción u omisión.

En efecto, se trata de dos procesos judiciales independientes y autónomos, cuya naturaleza, fundamentos y parámetros de juzgamiento son distintos, de tal forma que un juicio de la responsabilidad penal individual de quien es acusado de haber cometido un delito de lesa humanidad no impide que pueda adelantarse una demanda en contra del Estado, con el fin de que se determine si este incurrió en responsabilidad patrimonial(26).

Para estos efectos, se debe vincular a la acción penal al agente estatal presuntamente involucrado en la comisión del delito investigado, pues la imprescriptibilidad de un crimen de guerra o de lesa humanidad hace que la responsabilidad penal —interna e internacional— pueda ser investigada en cualquier tiempo, bien sea por la Fiscalía General de la Nación o por la Corte Penal Internacional(27).

De otra parte, resulta necesario precisar la diferencia existente entre la “imprescriptibilidad de la acción penal y la pretensión de reparación directa, habida cuenta de que las partes, el objeto y la causa en los procesos penales difieren de los procesos contencioso administrativos en los que se pretende una reparación del daño. Sobre el particular, esta Sección del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

“(i) a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la [pretensión] de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular(28).

Cabe señalar que el razonamiento según el cual la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y de caducidad de la reparación directa son dos fenómenos jurídicos distintos, ya ha sido aplicado por esta Subsección en un caso similar en el que también se alegaba la configuración de un delito de lesa humanidad y, como consecuencia, la inexistencia de caducidad. En este asunto se analizó por separado la caducidad frente al desplazamiento forzado y el atentado contra la vida de una persona y sobre este último hecho la caducidad se computó desde su ocurrencia. Veamos:

“Así las cosas, comoquiera que la pretensión de la parte actora está dirigida a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados como consecuencia del atentado contra su vida ocurrido el 28 de agosto de 2002, y por el desplazamiento forzado que produjo ese hecho, la Sala analizará, por separado la caducidad frente a cada uno de tales hechos dañosos.

“En primer lugar, respecto de la tentativa de homicidio, advierte la Sala que el inicio del cómputo de la caducidad debe empezar desde el día siguiente a la ocurrencia de ese hecho, es decir, desde el 29 de agosto de 2002, comoquiera que en este caso el actor conoció la existencia del referido daño desde el mismo día de su ocurrencia.

“Ahora, si bien dentro del proceso penal se declaró la responsabilidad del señor J. J. R. S. mediante sentencia proferida el 23 de agosto de 2010, lo cierto es que dicha circunstancia en nada afecta el cómputo del inicio de la caducidad, dado que mediante esa sentencia no se determinó la injerencia —por acción u omisión— de algún miembro del Estado que eventualmente comprometa su responsabilidad patrimonial, razón por la cual no resulta aplicable la excepción a la regla de los dos años referida en el punto 2.2.3 de esta sentencia.

“Así, pues, mal haría en sostenerse que por el hecho de que se hubiere proferido una sentencia penal en contra de un particular, se hubiese ampliado el término de caducidad, puesto que —reitera la Sala—, dicho término de caducidad no puede estar sujeto a aspectos subjetivos de las partes, ni tampoco puede permanecer indefinido en el tiempo, sino que el mismo obedece a aspectos determinados previamente en el ordenamiento jurídico(29).

“De igual forma, frente al desplazamiento forzado, debe decirse que mediante resolución del 15 de diciembre de 2008, el programa para víctimas y testigos, entre otras medidas, dispuso la reubicación definitiva del ahora demandante y de su familia a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, se tiene que recibió una indemnización administrativa por tales daños, razón por la cual, entiende la Sala que dicha situación de desplazamiento forzado culminó para esa fecha, toda vez que, según el artículo 18 de la Ley 387 de 1997(30), ‘la condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento’.

“Así las cosas, por haberse interpuesto la demanda el 30 de junio de 2011, la conclusión no puede ser otra sino que se demandó cuando el término de caducidad ya había fenecido, pues ya habían transcurrido los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, sin que resulte del caso dar aplicación a ninguna de las excepciones consagradas en el ordenamiento jurídico para modificar el cómputo del inicio del término de la caducidad”(31).

Ahora bien, de conformidad con los anteriores fundamentos normativos y jurisprudenciales, se procede a analizar la caducidad en el presente asunto.

5.2.1. Caducidad en relación con la muerte del señor S. H. R.

El Tribunal Administrativo del Tolima declaró la caducidad de la pretensión de reparación directa, por considerar que la muerte del señor H. R. no constituía un delito de lesa humanidad y, como consecuencia, el derecho de acción se ejerció por fuera del término de dos años establecidos en la ley.

Por su parte, los recurrentes consideraron que la muerte del señor H. R., ‘por ser un homicidio por un grupo al margen de la ley en toma guerrillera al municipio de xxx - Tolima”, debía catalogarse como un delito de lesa humanidad, luego, no le resultaba aplicable la norma general de caducidad y, por el contrario, por tratarse de esta clase de delito, la acción era imprescriptible.

En primer lugar, respecto del homicidio del menor S. H. R., advierte el Despacho que el inicio del cómputo de la caducidad debe empezar desde el día siguiente a la ocurrencia de ese hecho, es decir, desde el 10 de noviembre de 1996, toda vez que, según lo consignado en la demanda, los actores conocieron la existencia del referido daño desde el mismo día de su ocurrencia(32).

Así las cosas, por haberse interpuesto la demanda el 29 de octubre de 2015(33), la conclusión no puede ser otra sino que se demandó cuando el término de caducidad ya había fenecido, pues ya habían transcurrido los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, sin que resulte del caso dar aplicación a ninguna de las excepciones consagradas en el ordenamiento jurídico para modificar el cómputo del inicio del término de la caducidad(34), pues las demandas de reparación directa interpuestas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sí son susceptibles del fenómeno de la caducidad, aun en los casos relacionados con delitos de lesa humanidad.

Ahora bien, el Despacho considera, en todo caso, que la prueba allegada a este proceso relacionada con la muerte del señor S. H. resulta insuficiente para calificar este asunto como un delito de lesa humanidad, en tanto no da cuenta de que se trató de un ataque generalizado o sistemático ejecutado en contra la población civil. Así las cosas, se concluye que:

i) De conformidad con la decisión proferida el 30 de noviembre de 1999 por la Unidad Seccional de Fiscalías Delegadas ante el Juez Único Penal del Circuito Judicial de Chaparral, la investigación preliminar adelantada por el homicidio de S. H. R. fue archivada, dada que la ausencia total de pruebas conducentes a acreditar que dicho acto fue causado por algún grupo al margen de la ley o por miembros de la Fuerza Pública(35).

ii) En virtud de la información suministrada por la Fiscalía Veintitrés Delegada de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, la muerte del señor H. R. no fue enunciada ni confesada por ninguna estructura al margen de la ley(36).

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la providencia apelada, en cuanto declaró probada la excepción de caducidad respecto de la muerte de S. H. R.

5.2.2. Caducidad en relación con el desplazamiento de los hoy demandantes.

Para efectos de decidir el presente asunto, debe tomarse en consideración que, según la jurisprudencia de esta Sección, en los eventos en los que el daño cuya reparación se pretende sea producto del desplazamiento forzado, el tiempo para intentar la acción inicia su conteo así:

“(…) Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, ‘el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien de aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no ocurra su origen’(37).

“(…) Cuando se demanda la reparación directa de un daño continuado en el tiempo, como sería la hipótesis del desplazamiento forzado, el tiempo para intentar la acción, solo inicia su conteo a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo(38) (se destaca).

En las condiciones analizadas, lo que resulta determinante para contabilizar el término para acudir ante esta Jurisdicción, a través de la reparación directa, es la cesación del desplazamiento o, en su defecto, la fecha de ejecutoria de la condena penal dictada en contra de los responsables.

Pues bien, se reitera que esta Corporación ha sostenido(39) que el desplazamiento forzado constituye un daño continuado, en virtud del cual el término de caducidad de la demanda de reparación se cuenta a partir de la condena de sus responsables o desde el momento en el que este cesa, es decir, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno o el restablecimiento al lugar de origen, independientemente de que los afectados procedan o no de conformidad.

Se advierte que la única prueba obrante en el expediente relacionada con el referido desplazamiento forzado es la certificación expedida por el personero municipal de xxx, por medio de la cual expresó que “según información de la comunidad, como consecuencia del hecho [muerte del S. H. R.] se desplazaron su señora madre A. N. R. (…) y sus hermanos D. M. H. R., J. H. R., A. R. y A. F. S. R.”, elemento probatorio que no da cuenta del momento en que cesó la conducta.

Así pues, no se aportó ninguna prueba referida a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del desplazamiento de los demandantes por amenazas de grupos al margen de la ley, en concreto, del momento de la cesación de tal situación.

Tampoco es posible contar el término de caducidad a partir de la fecha de ejecutoria de la condena penal dictada en contra de los responsables, puesto que, tal y como se expuso en precedencia, la investigación preliminar adelantada por los hechos en mención fue archivada ante la ausencia total de pruebas conducentes a acreditar que dicho acto fue causado por algún grupo al margen de la ley o por miembros de la Fuerza Pública.

De igual forma, el Despacho precisa que la inclusión en el Registro Único de Víctimas, acaecida el 21 de septiembre de 2010, no constituye un punto de partida para contar la caducidad, porque la prueba documental no da cuenta de la cesación del desplazamiento, ni de la condena de sus autores, sino del agotamiento de una actuación cuya finalidad es el acceso a los programas dispuestos por las autoridades administrativas respecto de las víctimas de desplazamiento forzado(40), tal como lo ha expresado la Corte Constitucional:

“(…) La inscripción en el Registro Único de Población Desplazada —RUPD—, que la actual Ley 1448 de 2011 prevé sea el soporte para el ‘Registro Único de Víctimas’ —RUV—, de conformidad con el artículo 154 de esa normativa, es un requisito meramente declarativo y no constitutivo de la condición de víctima, en donde, a través de un trámite de carácter administrativo, se declara la condición de desplazado, a efectos de que las víctimas de este delito puedan acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección de derechos, con carácter específico, prevalente y diferencial, para dicha población (…)”(41).

En este orden de ideas, la situación descrita impide determinar con claridad si se configuró la caducidad respecto de la pretensión de desplazamiento forzado de los hoy demandantes, puesto que ni de la demanda ni de los documentos aportados como prueba es posible verificar la configuración de los supuestos enunciados —cesación de la conducta o ejecutoria de la sentencia penal—. Así las cosas, es menester el recaudo de la totalidad de las pruebas del proceso.

En línea con lo anterior, el Despacho revocará la decisión apelada, dado que, ante la duda, y para garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, se tramitará la demanda para que este aspecto se analice al momento de proferirse sentencia, con fundamento en las pruebas que obren y se recauden en el proceso. Como consecuencia de lo anterior, se enviará el proceso al Tribunal de origen para que le dé el trámite que corresponda.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto apelado, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 5 de julio de 2016, en cuanto declaró la caducidad dé la pretensión relacionada con la muerte del señor S. H. R.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen y ORDÉNESE SEGUIR EL PROCESO en relación con la pretensión de desplazamiento forzado de los demandantes A. N. R., D. M. H., J. H., A. R. y A. F. S.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(10) En virtud de lo dispuesto en su artículo 308, que prevé:
“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
“Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a [su] vigencia (…).

(11) Conviene aclarar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, rad. 49299, M.P. Enrique Gil Botero, unificó su jurisprudencia, en relación con la vigencia de la Ley 1564 de 2012, contentiva del Código General del Proceso, para los asuntos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y para la jurisdicción arbitral.
La Sala Plena, en virtud del principio del efecto útil de las normas, indicó que el Código General del Proceso entró a regir a partir del 1º de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”.
Lo anterior, ante la evidencia de que en esta jurisdicción, desde la expedición de la Ley 1437 de 2011, se implementó un sistema principalmente oral, razón por la cual, dada la existencia de las condiciones físicas y logísticas requeridas para ello, resultaría carente de fundamento la inaplicación del Código General del Proceso.

(12) Para el presente asunto no se tendrán en cuenta las modificaciones dispuestas por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, pues estas entraron a regir con posterioridad a la época de los hechos.

(13) “ART. 150.—El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”.

(14) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 25 de junio de 2014, rad. 49299, M.P. Enrique Gil Botero.

(15) Corte Constitucional, Sentencia C-329 de 27 de mayo de 2015, exp. D-10483, M.P. Mauricio González Cuervo.

(16) “ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
“(…).
“El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.
“(…).
“El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso”.

(17) “ART. 226.—Impugnación de las decisiones sobre intervención de terceros. El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo y el que la niega en el suspensivo. El auto que la resuelva en única instancia será susceptible del recurso de súplica o del de reposición, según el juez sea individual o colegiado, y en los mismos efectos previstos para la apelación”.

(18) En relación con el argumento expuesto, esta Corporación sostuvo lo siguiente:
“En este punto, conviene destacar que, independientemente de la decisión que se adopte respecto de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, la misma no tiene la virtualidad de dar por terminado todo el proceso, (…), de tal manera que, en todo caso, el asunto está llamado a continuar, al margen de que se confirme o se revoque la decisión aquí apelada”. +Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 24 de abril de 2017, exp. 56.902.

(19) “ART. 244.—Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente en el transcurso de la misma. De inmediato el juez dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales con el fin de que se pronuncien y a continuación procederá a resolver si lo concede o lo niega, de todo lo cual quedará constancia en el acta (…)”.

(20) Folio 24, cdno. ppal.

(21) Folios 67 a 71, cdno. ppal.

(22) Folio 83, cdno. ppal.

(23) Folio 75, cdno. ppal.

(24) Folio 31, cdno. ppal.

(25) En lo que concierne a la caducidad, debe tenerse en cuenta que, en virtud del contenido del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los términos que hubieren empezado a correr en vigencia de una ley continuarán corriendo de conformidad con ella:
“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
De este modo, en relación, con el término para demandar, corresponde aplicar la norma vigente al momento en que empezó a correr, es decir, la contenida en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, según el cual “la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos”.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección, sentencia del 17 de septiembre de 2013, exp. 45092, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(27) La Comisión de Derechos Humanos en su 61 sesión de Naciones Unidas de 8 de febrero de 2005 aprobó los principios generales para combatir la impunidad (Principio I). Entre ellos destaca el derecho inalienable a la verdad, en los casos de crímenes como los que aquí se investigan (Principio II); el derecho de la víctima a saber (Principio IV), como un derecho imprescriptible a conocer las circunstancias en las que se produjeron la violencia, la muerte o las desapariciones; el derecho a la justicia (Principio XIX) y en particular la justicia penal; el derecho a la jurisdicción universal (Principio XXI); a la imprescriptibilidad, cuando se refiera a crímenes que según el derecho internacional son imprescriptibles (Principio XXIII); el derecho a la restricción y otros medios relacionados con la amnistía (Principio XXIV).

(28) Ver sentencia de 23 de agosto de 2010, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, exp. 18480 y sentencia de 13 de agosto de 2008, exp. 16.533, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(29) En el mismo sentido consultar también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2012, exp. 20.847 y autos proferidos los días 21 de octubre de 2009, exp. 37.165 y el 6 de agosto de 2009, exp. 36.952, ambos con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez.

(30) Original de la cita: “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de marzo de 2017, exp. 44.812, M.P. Hernán Andrade Rincón y auto proferido el 12 de diciembre de 2014, exp. 50.187, M.P. Danilo Rojas Betancourth. En ese mismo sentido consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de marzo de 2013, exp. 22.491, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(32) En los hechos de la demanda, obrante a folio 3 del cuaderno de primera instancia, se narró lo siguiente (se transcribe literal, incluidos posibles errores): “A. N. R., madre del occiso, fue notificada de este hecho lamentable por uno de los amigos de su hijo quien después de ocurrida tal barbarie, se dirigió rápidamente a la casa de S. H. R. para contarle a ella que su hijo había sido asesinado atrozmente con sevicia frente a algunos habitantes del pueblo (…)”.

(33) Folio 1, cdno. ppal.

(34) En el mismo sentido, consultar también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de marzo de 2017, exp. 44.812, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(35) Folios 67 a 71, cdno. ppal.

(36) Folio 75, cdno. ppal.

(37) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de 2001, rad. 13.772, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de julio de 2011, rad. 41.037, M.P. Enrique Gil Botero.

(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 22 de noviembre de 2012, rad. 40.177, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(40) Sobre este punto, la Corte Constitucional ha precisado: “(…) El Registro Único de Población Desplazada —RUPD—, hoy Registro Único de Víctimas (RUV), es una herramienta técnica con la cual se reconoce que el primer derecho que tiene la población en situación de desplazamiento es precisamente que su condición sea reconocida. No obstante lo anterior, el Registro Único de Víctimas cumple un sinnúmero de funciones encaminadas a garantizar en forma efectiva los derechos de la población aludida y por esta vía hacer frente a la situación de emergencia en la que se encuentran a causa de la violencia. A través de él, se pretende entre otras cosas, hacer operativa su atención por medio de (i) la identificación de las personas a quienes va dirigida la ayuda; (ii) la actualización de la información de la población atendida y, (iii) el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas que buscan proteger sus derechos. Además, por su conducto (i) se materializan las entregas de ayudas de carácter humanitario; (ii) el acceso a planes de estabilización socio económica y programas de retorno, reasentamiento o reubicación y, (iii) en términos generales el acceso a la oferta estatal y los beneficios contemplados en la ley”. Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-556 del 27 de agosto de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

(41) Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-006 del 13 de enero de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.