Auto 2015-00722/4517-2016 de noviembre 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Exp.: 17-001-23-33-000-2015-00722-01

Número interno: 4517-2016

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP—

Demandado: Mira Hilda Gómez Pardo

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá D.C., dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete

Ley 1437 de 2011

Auto Interlocutorio O-326-2017

I. Asunto

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandada, contra el auto proferido el 25 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Caldas que decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de las resoluciones 26261 de 6 de junio de 2007 y 1122 de 24 de enero de 2008, expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP), por las cuales se reliquidó la pensión de jubilación de la señora Mira Hilda Gómez Pardo.

II. Antecedentes

Pretensiones de la demanda.

Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

i) Resolución 26261 de 6 de junio de 2007, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP), por la cual, en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 27 de marzo de 2006 por el juzgado séptimo penal del circuito de Manizales, reliquidó la pensión de vejez de la señora Mira Hilda Gómez Pardo con la inclusión del 100% de lo devengado como bonificación por servicios prestados.

ii) Resolución 1122 de 24 de enero de 2008, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP), por la cual, modificó la Resolución 26261 de 6 de junio de 2007 y reliquidó la pensión de jubilación de la señora Mira Hilda Gómez Pardo sobre el 81% sobre el salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios.

Como consecuencia de la anterior declaratoria y a título de derecho, solicitó ordenar a la parte demandada devolver todos y cada uno de los dineros recibidos por concepto de dichos reconocimientos.

Solicitud de la medida cautelar.

La demandante para sustentar la medida cautelar, señaló que para la liquidación de la pensión de jubilación de los empleados de la rama judicial, debe tenerse en cuenta solamente una doceava parte de la bonificación por servicios prestados en el último año de servicios. En ese sentido, indicó que el monto de la bonificación por servicios en el 100% incluido en la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandada, no se ajusta a los parámetros señalados en la ley ni en la jurisprudencia.

Finalmente, arguyó que al reconocer el ingreso base de liquidación con el 81% sobre el salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, recoge prebendas contenidas en el régimen general para hacerlas efectivas en el régimen especial de la rama judicial que contempla un IBL del 75%, con lo cual, se vulnera el principio de inescindibilidad de la ley.

Pronunciamiento del demandado respecto de la solicitud de la medida cautelar(1). 

La parte demandada señaló que no es procedente la declaratoria de la suspensión provisional solicitada toda vez que los actos administrativos que ordenaron la reliquidación de la pensión de jubilación son producto del cumplimiento de una orden judicial proferida en sede constitucional que se encuentra en firme y hace tránsito a cosa juzgada constitucional, sin que sea procedente reabrir el mismo debate.

Señaló que la pensión de jubilación de la señora Mira Hilda Gómez Pardo debía liquidarse sobre el 81% del salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, toda vez que: i) el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 determina que el porcentaje de liquidación pensional se incrementará en la medida en que se demuestren más semanas cotizadas en relación con las mínimas exigidas para acceder al derecho hasta llegar al 85% y ii) el Decreto 1835 de 1994 prevé que las personas que se desempeñen como jueces penales tienen derecho a que la pensión se incremente en un 6%, toda vez que se trata del ejercicio de una actividad de alto riesgo.

Finalmente, indicó que la vulneración de las normas invocadas por la entidad demandada no se aprecia de forma directa, por tanto, se debe realizar un análisis interpretativo y probatorio propio de la sentencia y no de una etapa preliminar.

III. Providencia apelada(2) 

El a quo decretó la suspensión provisional de los efectos de los actos demandados, con base en los siguientes argumentos.

Consideró que la bonificación por servicios prestados como base de liquidación para el reconocimiento de la pensión de jubilación, se calcula en mesadas, por tal razón no puede ser del 100% del valor percibido, sino por la doceava parte. Por tanto, señaló que el acto que reliquidó la pensión de jubilación de la señora Mira Hilda Gómez Pardo en cuanto al reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, es contrario a la Constitución y a la ley.

Finalmente, indicó que el Decreto 546 de 1971 “régimen especial de la rama judicial” determina que la pensión de jubilación debe calcularse sobre un 75% de la asignación más elevada que hubiese devengado en el último año de servicio y en esa medida al reliquidarse la pensión de jubilación de la demandada con el equivalente al 81% de la asignación más elevada con base en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, se vulnera el principio de inescindibilidad de la ley.

Por tanto, señaló a la UGPP que la demandada debe gozar de la pensión de jubilación y que la suspensión provisional solo recae sobre los efectos económicos de haber tenido en cuenta en el IBL, el 100% de la bonificación por servicios prestados, es decir, se debe incluir además de los otros conceptos reconocidos, una doceava parte de la bonificación por servicios prestados y un ingreso base de liquidación sobre el 75% de la asignación más elevada que hubiese devengado en el último año de servicio.

IV. Recurso de apelación(3) 

La parte demandada solicitó revocar la medida cautelar. Para el efecto, reiteró los argumentos señalados en el escrito de contestación de la medida cautelar, en especial, que la sentencia de tutela por medio de la cual se realizó la reliquidación de la pensión de jubilación hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y por tanto es inmutable e intangible.

Indicó que la medida cautelar es improcedente, toda vez que la UGPP omitió entregar los elementos mínimos para el análisis, confrontación y estudio de la medida cautelar y que se limitó a indicar que el acto demandado vulneró las leyes superiores, sin precisarlas.

V. Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(4), en concordancia con el artículo 236 ib., el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

La subsección advierte que si bien los artículos 229(5) y 230(6) del CPACA, radicaron la competencia para decretar o negar las medidas cautelares en cabeza del juez o magistrado ponente, el artículo 236 ib. señala lo siguiente:

“[…] El auto que decrete una medida cautelar será susceptible del recurso de apelación o del de súplica. Los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en un término máximo de 20 días […]”.

De lo anterior se colige que: i) las decisiones sobre las medidas cautelares en primera instancia deben ser proferidas por el juez o magistrado ponente; ii) el recurso de apelación o de súplica, según el caso, del auto que decrete una medida cautelar debe ser decidido por la Sala, según el artículo 125 del CPACA y el ordinal 2.º del artículo 243 ib.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico a resolver en esta instancia, se resume en las siguientes preguntas:

1. ¿Es procedente el estudio de legalidad y por lo tanto de la solicitud de suspensión provisional de los efectos de las resoluciones 26261 de 6 de junio de 2007 y 1122 de 24 de enero de 2008, toda vez que fueron expedidas en cumplimiento de una sentencia proferida dentro de una acción de tutela y por tanto son inmutables?

En caso de respuesta negativa a la anterior pregunta, se deberá determinar lo siguiente

2. ¿Es procedente decretar la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones 26261 de 6 de junio de 2007 y 1122 de 24 de enero de 2008, por las cuales se reliquidó la pensión de jubilación de la demandada con la inclusión del 100% de lo devengado como bonificación por servicios y con un ingreso base de liquidación del 81% del salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, respectivamente?

2.1. Primer problema jurídico.

¿Es procedente el estudio de legalidad y por lo tanto de la solicitud de suspensión provisional de los efectos de las resoluciones 26261 de 6 de junio de 2007 y 1122 de 24 de enero de 2008, toda vez que fueron expedidas en cumplimiento de una sentencia proferida dentro de una acción de tutela y por tanto son inmutables?

Al respecto la subsección sostendrá la tesis positiva, con base en los siguientes argumentos.

2.1.1. De la cosa juzgada constitucional.

Respecto a la cosa juzgada constitucional en materia de acciones de tutela, la Corte Constitucional concluyó(7)que esta opera cuando el asunto: i) es decidido por la Corte Constitucionaly ii) cuando termina el proceso de selección para revisión y precluye el lapso señalado para insistir en la selección de un proceso, lo que implica, excluir la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela y evitar una prolongación indefinida del conflicto y la protección de los derechos fundamentales que fue objeto de estudio.

Con base en lo anterior, en el presente caso se observa que los actos administrativos demandados se expidieron en cumplimiento al fallo de tutela proferido el 27 de marzo de 2006 por el juzgado séptimo penal del circuito de Manizales, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y al mínimo vital y seguridad social y ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la hoy demandada, con la inclusión del 100% de lo devengado como bonificación por servicios y sobre el 81% sobre el salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios.

Por tanto, como lo ha señalado esta corporación(8), toda vez que la acción constitucional está dirigida a proteger derechos fundamentales y como quiera que los actos administrativos demandados no han sido objeto de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se configura la cosa juzgada, en tanto, que no se presenta la identidad de objeto.

Ello, toda vez que en los términos planteados en el recurso de apelación, la cosa juzgada constitucional operó frente al estudio de los derechos fundamentales que resultaron amparados por la acción constitucional y no frente a la legalidad de las resoluciones demandadas.

En conclusión: Es procedente el estudio de legalidad y por tanto de la solicitud suspensión provisional de los actos demandados, toda vez que no hay identidad de objeto entre la acción de tutela a través de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandada y el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ello, debido a que a través de la acción de tutela que dio origen a las resoluciones demandadas, se estudió la vulneración de los derechos fundamentales del demandado y, en el sub lite el objeto es estudiar la legalidad del actos administrativos a través de los cuales se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Mira Hilda Gómez Pardo, con la inclusión del 100% de lo devengado como bonificación por servicios y sobre el 81% sobre el salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio.

2.2. Segundo problema jurídico.

¿Es procedente decretar la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones 26261 de 6 de junio de 2007 y 1122 de 24 de enero de 2008, por las cuales se reliquidó la pensión de jubilación de la demandada con la inclusión del 100% de lo devengado como bonificación por servicios y con un ingreso base de liquidación del 81% del salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, respectivamente?

Al respecto la Sala sostendrá la tesis positiva, con base en los siguientes argumentos.

2.2.1. De la suspensión provisional de actos administrativos.

El artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respecto del decreto de medidas cautelares indica que en los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción contencioso administrativa, será posible decretar las medidas cautelares que se estimen necesarias para proteger y garantizar, de forma provisional el objeto del proceso y para que los efectos de la sentencia no se hagan nugatorios.

Así mismo, el artículo 230 ib. señala que las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso, por lo que consagró un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales está la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos.

Por su parte, el artículo 231 del CPACA señala los parámetros para el decreto de las medidas cautelares tratándose de la suspensión provisional de un acto administrativo, así:

“[…] ART. 231.—Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos […]”.

En consecuencia, al hacer una interpretación sistemática de las normas antes mencionadas se colige que la suspensión provisional es una medida procesal sujeta a unas determinadas condiciones y requisitos como la violación de textos superiores, como regla general.

Esta corporación en varias oportunidades ha señalado que la Ley 1437 de 2011 introdujo una reforma sustancial al regular la institución de la suspensión provisional y precisó que en vigencia del Código Contencioso Administrativo esta medida cautelar solo procedía cuando fuera evidente una “manifiesta infracción” de normas superiores por parte de la disposición demandada, mientras que bajo el actual CPACA la exigencia de verificar la existencia de una infracción a las normas, como requisito de la suspensión provisional, al no ser calificada por el legislador como tal, no requiere ser manifiesta, esto es, evidente, ostensible o notoria a simple vista(9).

En ese orden es claro que tratándose de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo y si en la demanda se pretende únicamente la nulidad de los actos, la Ley 1437 de 2011 exige:

1. Acreditar la violación de normas superiores, cuando surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas en la demanda o por la de aquellas que se invoquen en el escrito que se presente separado de ella o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

2. Si además pretende el restablecimiento del derecho, deberá probarse la existencia de los perjuicios causados con la decisión.

3. Así mismo esta corporación ha señalado(10) que el CPACA “amplió el campo de análisis que debe adelantar el juez competente y el estudio de los argumentos y fundamentos que se deriven de la aplicación normativa o cargos formulados contra el acto administrativo demandado que podrán servir de apoyo a la decisión de suspensión provisional, dando efectivamente prelación al fondo sobre la forma o sobre aspectos eminentemente subjetivos”, lo cual, implica el estudio de la vulneración respectos de las normas superiores invocadas junto la interpretación y aplicación desarrollada jurisprudencialmente en sentencias proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción.

4. En algunos casos, aunque sólo se solicite la medida cautelar negativa, el juez podrá recurrir a los argumentos que sustentan las medidas cautelares positivas, si con ello quiere dar mayor solidez a su decisión de acceder a la cautela pedida, sin que ello fuere un requisito indispensable. En tal circunstancia, podrá apoyarse, además del análisis normativo y/o fáctico, en las razones de apariencia de buen derecho, daño derivado de la mora procesal y la ponderación de intereses.

2.2.2. Bonificación por servicios prestados.

El Decreto Ley 1042 de 1978 por medio del cual se fijó el régimen salarial de los empleados del orden nacional (ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales) creó la bonificación por servicios en los siguientes términos:

“ART. 45.—A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1º de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se entenderá que hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa.

“ART. 46.—De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1º de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos ($ 100.750).

Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres (3) factores de salario señalados en el inciso anterior.

Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio(11) […]”.

Por su parte, el Decreto 247 de 1997, creó la bonificación por servicios para los funcionarios y empleados de la rama judicial en los siguientes términos:

“ART. 1º—Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la rama judicial (tribunales, juzgados, fiscalía general de la nación, direcciones ejecutivas de la administración judicial, consejos seccionales de la judicatura y empleados de las altas corporaciones) y la justicia penal militar, en los mismos términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-Ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997.

La bonificación por servicios prestados constituirá factor salarial para efectos de determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones. […]”

Así mismo, respecto a la bonificación por servicios prestados para los funcionarios de la rama judicial, esta corporación ha señalado(12):

i) La bonificación por servicios prestados constituye factor salarial para efectos pensionales;

ii) Se causa cada vez que el servidor cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial;

iii) El régimen especial permite la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año, pero ello no quiere decir que sea por el valor total porque el monto de la pensión se calcula en mesadas;

iv) Una vez se determinan los factores salariales devengados en el último año se calcula el valor mensual de cada uno (doceavas), para así determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

2.2.3. Del ingreso base de liquidación para el reconocimiento de la pensión de jubilación en el “Decreto 546 de 1971” régimen especial de la rama judicial.

El artículo 6º del Decreto 546 de 1971 señala:

[…] Los funcionarlos y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años A edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto (16 de junio de 1971), de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la rama jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas […].

De lo anterior se colige que:

i) La pensión de jubilación dentro del régimen especial de la rama judicial será equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado el pensionado en el último año de servicios.

ii) Esta corporación en reiterada jurisprudencia(13) ha señalado que no es posible aplicar las normas que consagran el régimen general de pensiones a los regímenes especiales, toda vez que, quien resulta beneficiario de un régimen especial de transición deberá aplicarse de manera íntegra y no parcialmente con partes de uno y otro ordenamiento, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley.

iii) Respecto de la pretensión de incluir en la liquidación de la pensión de jubilación los 6 puntos adicionales determinados en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994, las citadas providencias, señalaron que este decreto fue expedido en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, para actividades consideradas de alto riesgo, que sólo ampara a quienes no se encuentren en régimen especial de transición, como lo es el Decreto 546 de 1971.

2.2.4. Caso concreto.

En el presente asunto, se encuentra probado lo siguiente:

A folios 110 a 114, obra la Resolución 26261 de 6 de junio de 2007, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP), por la cual, se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Mira Hilda Gómez Pardo en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el juzgado séptimo penal del circuito de Manizales el 27 de marzo de 2006, en los siguientes términos:

“[…] Que en cumplimiento a un fallo proferido por el juzgado séptimo penal del circuito de Manizales y de conformidad con el Decreto 546 de 1971 artículo 6º, aplicando el 75% sobre el salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, e incluyendo el 100% de la bonificación por servicios, se determina la cuantía de la pensión, así: […]”

Así mismo, mediante Resolución 01122 de 24 de enero de 2008 (fls. 117 a 120), se modificó la Resolución 26261 de 6 de junio de 2007, con base en los artículos 34 y 140 de la Ley 100 de 1993 y se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Mira Hilda Gómez Pardo con un ingreso base de liquidación del 81% del salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios.

Finalmente, a folios 23 a 25, obran las certificaciones expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP— y por el FOPEP, respectivamente, donde se especifica que a la demandada se le ha cancelado de más por dichos conceptos la suma de $ 176.315.458 desde el año 2012 hasta la presentación de la demanda.

De las pruebas aportadas se colige

• El decreto de la medida cautelar se realizó conforme a derecho pues de la relación de las normas violadas plasmadas en el escrito de la solicitud de la medida cautelar, contrastada con el contenido de los actos administrativos demandados, la ley, la jurisprudencia vigente de esta corporación y la exposición efectuada en las consideraciones del presente auto, resulta ostensible que la reliquidación de la pensión de jubilación va en contra del ordenamiento jurídico.

En efecto, en primer lugar no está en discusión que el régimen especial que ampara a la señora Mira Hilda Gómez Pardo es el consagrado en el Decreto 546 de 1971. Ahora, conforme a lo señalado en acápites anteriores, la bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe ser en una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido por ese concepto, en consideración a que su pago se realiza de manera anual y la mesada pensional se calcula con la proporción mensual de todos los factores salariales devengados en el último año, conforme lo señala el artículo 12 del Decreto 717 de 1978.

De igual manera, no es procedente aplicar los artículos 34 y 140 de la Ley 100 de 1993 para reliquidar la pensión de jubilación, ello, por cuanto la aplicación de normas generales para tratar asuntos que resultan desfavorables dentro de los regímenes especiales, conlleva a la creación de regímenes prestacionales no previstos por el legislador y la vulneración del principio de inescindibilidad de la norma.

• Finalmente, en consideración a que con la expedición de los actos administrativos demandados se adjudicó un derecho económico de carácter pensional que genera una afectación significativa al patrimonio público, y por haberse encontrado contrariedad entre lo ordenado por las resoluciones demandadas y lo preceptuado en las normas superiores y legales que se invocan como vulneradas, se confirmará la decisión que decretó la suspensión provisional de los efectos de los actos demandados.

Lo anterior, por reunir los requisitos señalados en el artículo 231 del CPACA.

Decisión en segunda instancia.

En las anteriores condiciones se confirmará la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia de 25 de agosto de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que decretó la medida cautelar de suspensión provisional de las resoluciones 26261 de 6 de junio de 2007 y 1122 de 24 de enero de 2008, expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP), por las cuales se reliquidó la pensión de jubilación de la señora Mira Hilda Gómez Pardo.

2. REALIZAR las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia y devolver el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

Consejeros: William Hernández Gómez—Rafael Francisco Suárez Vargas—Gabriel Valbuena Hernández. 

1 Folios 16 a 33.

2 Folios 34 a 43.

3 Folios 190 a 192.

4 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

5 El referido artículo señala: En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso a petición de parte debidamente sustentada podrá el juez o magistrado ponente, decretar en providencia motivada las medidas cautelares que considere necesarias (…).

6 El referido artículo señala: Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el juez o magistrado ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas (…).

7 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-208 de quince (15) de abril de dos mil trece (2013), M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Referencia: expediente T-3725102, acción de tutela interpuesta por la representante legal de la Caja Nacional de Previsión Social —EICE— Cajanal en liquidación contra el juzgado séptimo penal del circuito de Manizales.

8 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” providencia de 13 de junio de 2017, C.P. William Hernández Gómez, número interno 4706-2014; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, fecha del 25 de octubre de 2011, C.P. Gustavo Gómez Aranguren, Rad. 11001-03-15-000-2011-01385-00(AC).

9 Al respecto se pueden consultar los autos de 28 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-27-000-2014-0003-00(20731) M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694A) auto de 30 de abril de 2014, M.P. Carlos Alberto Zambrano, de 24 de enero de 2014, Exp. 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694) M.P. Mauricio Fajardo, entre otros.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 17 de marzo de 2015, C.P. Hernán Andrade, número interno 51754.

11 Modificado por el Decreto 10 de 1989 en el sentido de suprimir el último inciso para desarrollarlo en un artículo denominado “Del cómputo del tiempo para la bonificación por servicios prestados”.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 6 de febrero de 2008, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 0640-2008; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 27 de febrero de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E), número interno 1896-2013.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 19 de julio de 2007, Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez, número interno 3598-2005, ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” sentencia de 17 de febrero de 2015, C.P. Gustavo Gómez Aranfuren, número interno 2572-2013.