Auto 2015-00762/60035 de noviembre 20 de 2017

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00762-03 (60035)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Instituto de Desarrollo Urbano, IDU

Demandado: Transmilenio del Sur SAS y Pontificia Universidad Javeriana

Medio de control: Controversias contractuales

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil diecisiete.

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la Pontificia Universidad Javeriana y Transmilenio del Sur SAS contra lo determinado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en el marco de la continuación de la audiencia inicial del 12 de septiembre de 2017 en la que se resolvió declarar legitimada en la causa por pasiva a la Pontificia Universidad Javeriana.

Antecedentes

1. En demanda del 16 de marzo de 2015(1), el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, por intermedio de apoderado en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, solicitó que se declarara la nulidad de la cláusula 37 del contrato de concesión 242 de 2003, y que, como consecuencia de lo anterior se dejara sin efectos el convenio de composición suscrito por la Pontificia Universidad Javeriana el 17 de marzo de 2014, exonerándolo de pagar a favor del demandado la suma de $ 35.299.208.336,69 pesos.

2. La demanda interpuesta por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, tiene como fundamento el contrato de concesión 242, celebrado entre la parte actora, como contratante y la sociedad de Transmilenio del Sur S.A., como contratista, el 19 de diciembre de 2003, el cual tuvo un plazo inicial de 78 meses, prorrogado en 7 meses para un total de 85 meses contados a partir del acta de inicio ocurrida el 14 de febrero de 2004. Dentro de las cláusulas pactadas por las partes, se encuentra la cláusula 37 que establece como mecanismo de solución de conflictos la figura de la amigable composición, la cual podía ser solicitada por las partes en caso de seguir alguna controversia contractual.

3. Una vez terminado el plazo convenido por las partes, la sociedad de Transmilenio del Sur S.A. dentro del acta de liquidación, efectuó cuatro (4) salvedades a la liquidación bilateral con el fin de dejar constancia que la firma de esta, se suscribía sin que implicara la renuncia a las reclamaciones realizadas por el concesionario; aspectos referidos a la reclamación sobre valoraciones económicas.

4. La sociedad Transmilenio del Sur S.A., recurrió a la figura de la amigable composición acordada por las partes dentro del contrato en la cláusula 37, seleccionando a la Pontificia Universidad Javeriana como amigable componedor.

5. El 17 de marzo de 2014, el amigable componedor dirimió la controversia a favor del contratista, reconociéndole la suma de $ 35.299.208.336, por concepto de sobrecostos de mayor permanencia en obra durante la ejecución del contrato de concesión 242 de 2003 para la construcción de la troncal Transmilenio NQS sector Sur.

6. Mediante escrito adjunto a la demanda(2), la entidad actora solicita se decrete medida cautelar dentro del proceso, consistente en suspender la cláusula contractual 37 del contrato 242 del 2003 celebrado entre las partes.

7. En auto del 27 de abril de 2015(3) el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, decretó la medida cautelar solicitada.

8. Mediante auto del 1º de junio de 2015(4), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda que, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales instauró el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en contra del a sociedad Transmilenio del Sur S.A. y la Pontificia Universidad Javeriana.

9. El 10 de julio de 2015(5), el apoderado de la parte judicial de la sociedad Transmilenio del Sur S.A. interpuso recurso de apelación contra el auto que decretó la suspensión provisional de la cláusula 37 del contrato de concesión 242 de 2003.

10. Mediante auto del 28 de noviembre de 2016(6), este despacho procede a revocar el auto apelado y en su lugar niega la solicitud presentada por la parte actora.

11. El 14 de enero de 2016(7), se celebró audiencia inicial dentro de la cual se resolvieron las excepciones previas de falta de jurisdicción y caducidad del medio de control alegado por la Pontificia Universidad Javeriana y la sociedad Transmilenio del Sur S.A. El tribunal de instancia declaró procedente la excepción previa de caducidad del medio de control de controversias contractuales que pretendía la nulidad del contrato de concesión 242 de 2003 y no procedente la caducidad del convenio suscrito por la Pontificia Universidad Javeriana en ejercicio de la figura de la amigable composición.

12. El apoderado de la parte actora, interpuso recurso de apelación contra la decisión que declaró la caducidad de la acción de nulidad de la cláusula 37 de dicho contrato y, a su vez, el apoderado de la Pontificia Universidad Javeriana interpuso recurso de apelación contra la decisión que declaró la improcedencia de la excepción que alegaba la caducidad de la decisión del amigable componedor. Recurso concedido dentro de dicha audiencia inicial en el efecto suspensivo.

13. En auto de 28 de noviembre de 2016(8), este despacho procedió a confirmar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B del 14 de enero de 2016.

14. El 12 de septiembre de 2017(9), se celebró audiencia inicial dentro de la cual se resolvió la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Pontificia Universidad Javeriana. Considerándose por el a quo, que la excepción interpuesta no está llamada a prosperar, toda vez que la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con personería jurídica para comparecer al presente proceso, y al haberse formulado una serie de imputaciones de responsabilidad en su contra, la participación efectiva en la producción del daño alegado, tan solo dilucidará en la sentencia.

15. En contra de la anterior decisión, el apoderado de la Pontificia Universidad Javeriana interpuso recurso de apelación(10) por considerar que en la demanda no se puede establecer cuál es el contrato del cual se pretende la nulidad, al no hacerse referencia al contrato que surge entre la Pontificia Universidad Javeriana y el IDU, a dicho recurso se adhirió el demandado Transmilenio del Sur SAS.

16. Con fundamento, en lo anterior el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B concedió el recurso propuesto por la parte demandada en efecto suspensivo ante esta corporación.

Consideraciones

1. Normativa vigente.

Sea lo primero precisar que la normativa procedimental que rige el trámite y decisión del presente asunto es la dispuesta en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA - Ley 1437 de 2011, comoquiera que el escrito de demanda fue radicado el 16 de marzo de 2015(11) y, de acuerdo al artículo 308 del CPACA “El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. // Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia (...)”.

2. Trámite de la apelación de autos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sobre este punto debe señalarse que la Ley 1437 de 2011 concibió un trámite más expedito en materia de apelación de autos, pues, siguiendo las reglas dispuestas en el artículo 244 i) la oportunidad para interponerse el recurso de apelación difiere según si se trata de una decisión pronunciada en audiencia, caso en el cual deberá formularse la impugnación “en el transcurso de la misma”, dado que el auto se entiende notificado por estrados; o si se trata de una decisión dictada fuera de audiencia, caso en el cual se notificará por estado y el recurso deberá interponer y sustentarse en los tres (3) días siguientes a la notificación; ii) el ejercicio del derecho de contradicción, se surte, tratándose de autos proferidos en audiencia, inmediatamente se formula el recurso, de manera que el juez “dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales con el fin de que se pronuncien”, mientras que en relación a las decisiones escriturales la contradicción se surte por traslados de tres (3) días “sin necesidad de auto que así lo ordene”. Por último, en lo que se refiere a iii) la decisión del a quo sobre la concesión del recurso, es claro que en el trámite por audiencias el juez, inmediatamente, se pronunciará sobre la concesión del recurso, caso contrario cuando se trata de una decisión adoptada fuera de audiencia.

Ahora, en lo que tiene que ver con el trámite en segunda instancia de la apelación de autos, la norma no estableció tratamiento diferenciado entre la impugnación de aquellos autos que se profieren en el curso de una audiencia y los que no, limitándose a señalar que “3. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano”, de lo cual se deriva que el código suprimió el trámite previo de la admisión del recurso, confiando que la verificación de los aspectos procesales pertinentes (v. gr. verificar si la decisión es pasible del recurso o existe una falta de competencia funcional) para la procedencia de la apelación se salvaguardaban con la concesión por parte del a quo.

Aun así, advierte el despacho que esto no implica que el superior funcional no tenga competencia para revisar estos aspectos procesales, de manera que si se llega a configurar un evento de estos, que en últimas impiden resolver el recurso de apelación formulado, deberá ponerlo de presente mediante auto que determine la inadmisión de la impugnación formulada por una de las partes, tal como lo deja ver, como mayor claridad la afortunada redacción del artículo 326 del Código General del Proceso, en donde se indica que “Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisible [el recurso], así lo decidirá en auto; en caso contrario resolverá de plano y por escrito el recurso”. En el presente caso correspondería al despacho decidir acerca del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada Pontificia Universidad Javeriana en audiencia celebrada el 16 de marzo de 2015 contra decisión proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la legitimación en la causa por pasiva de la dicha universidad.

A efectos de cumplir con tal cometido, se precisa que el problema jurídico se centra en determinar si las excepción propuesta por los demandados denegadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, prosperan o no en segunda instancia. Razón por la que este despacho se pronunciara sobre i) las generalidades de las excepciones, ii) la legitimación en la causa y iii) el caso concreto.

3. Excepciones.

Las excepciones es la manera como se puede oponer la parte pasiva dentro del proceso, frente a las pretensiones de la parte activa, las cuales debe dirimir el juez de conocimiento, la normativa las ha distinguido en dos clases: i) las previas las cuales se encuentran consagradas en el artículo 100 del Código General del Proceso con las cuales lo que se pretende es el saneamiento del proceso, por causa de vicios o defectos en el mismo, y su finalidad es mejorarlo o terminarlo, cuando lo primero no sea posible, y ii) las de mérito o de fondo deben ser resultas en la sentencia como lo establece en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 que deben ser estudiadas y resueltas en la sentencia pues con ellas lo que se busca es controvertir las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, en el caso bajo estudio es importante señalar que al juez de instancia en la audiencia inicial debe resolver las excepciones previas las cuales son utilizadas como componente de defensa de la parte demandada, estas se encargan de atacar las pretensiones de la demanda, y para el caso en cuestión el numeral 6º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica que estas se resolverán en audiencia:

“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas (...).

6. Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y la de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva”.

Por lo expuesto la actuación del juez de instancia está ajustada a derecho, y al ad quem corresponde resolver el recurso radicado por las partes.

4. La legitimación en la causa.

Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sección aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(12).

Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable para las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(13).

La legitimación se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(14). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,

“[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA, art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado —modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

Lalegitimaciónmaterialenlacausaactivaypasiva,esunacondiciónanteriorynecesaria,entreotras,paradictarsentenciademéritofavorable,aldemandanteoaldemandado” (negrillas en el texto original, subrayas fuera de él)(15).

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, porque resultaron perjudicadas o porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(16).

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(17). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:

“La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:

— A, administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si

— A demanda a C, solo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, solo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y solo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda”(18).

En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de

“... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(19) (...)”(20).

5. El caso concreto.

El presente caso llegó a esta instancia a través del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Pontificia Universidad Javeriana y la adhesión del apoderado de Transmilenio del Sur SAS en contra de la decisión proferida en audiencia inicial del 12 de septiembre de 2017, por la Subsección B, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se declaró legitimada en la causa por pasiva a la Pontificia Universidad Javeriana.

Para resolver el recurso propuesto por las demandadas es pertinente relacionar las pretensiones y los elementos de prueba que se encuentran en la demanda:

El demandante invocó como pretensiones principales que se declare la nulidad absoluta de la cláusula 37 del contrato de concesión 242 de 2003, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y Transmilenio del Sur SAS, por violación del inciso primero del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y que como consecuencia de esto, se deje sin efectos el convenio de composición suscrito por la Pontificia Universidad Javeriana el 17 de marzo de 2014 y, por lo tanto, se exonere al IDU y a Transmilenio de pagar la suma de $ 35.299.336.69. Allegándose con el cuerpo de la demanda copia del contrato de concesión 242 de 2003 y del convenio de composición.

De acuerdo con lo anterior, encuentra el despacho que en el presente caso, de la lectura íntegra de la demanda interpuesta, con relación a la legitimación en la causa por pasiva de la Pontificia Universidad Javeriana, declarada por el a quo, se debe confirmar dicha decisión de primera instancia toda vez que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, dirigió la demanda contra la Pontificia Universidad Javeriana y Transmilenio del Sur SAS, y en la misma se solicitó declarar la nulidad de la cláusula 37 del contrato de concesión 242 de 2003 y dejar sin efectos el convenio de composición suscrito por la Pontificia Universidad Javeriana, por lo que se reitera que sí está configurada la legitimación de hecho por pasiva de la demandada, y que de desvirtuarse la misma a lo largo del proceso en el curso de la primera instancia, se decidirá ya en el fondo del asunto aquella cuestión debatida por los recurrentes.

Se recuerda al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que por economía y celeridad procesal se debe decidir por completo las excepciones previas, toda vez que el presente expediente ha subido por tercera vez a esta corporación.

Por todo esto se confirmará la decisión del a quo, pues se encuentra probado que sí existe legitimación en la causa de hecho por pasiva de la Pontificia Universidad Javeriana.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión del 12 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que declaró la legitimación en la causa por pasiva de la Pontificia Universidad Javeriana, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) Folios 26 a 60, cdno. 2.

(2) Folios 1 a 32, cdno. 3.

(3) Folio 70, cdno. 2.

(4) Folios 116 a 118, cdno. 2.

(5) Folios 126 a 132, cdno. 2.

(6) Folios 126 a 134, cdno. 2.

(7) Folios 270 a 275, cdno. 1.

(8) Folios 281 a 290, cdno. 1.

(9) Folio 330, cdno. ppal.

(10) Folios 330 a 333, cdno. ppal.

(11) Folios 26 a 60, cdno. 2.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Expediente 13356.

(13) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación: 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Radicación: 110010326000199713503 00.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

(16) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10171.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, Expediente 13764.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 16837.