Auto 2015-00792/3749-2016 de septiembre 18 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 680012333000201500792 01

Número interno: 3749 - 2016

Demandante: Carlos Arturo Rojas.

Demandado: Unidades Tecnológicas de Santander.

Asunto: Decide apelación auto que negó solicitud de coadyuvancia - proceso de simple nulidad.

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Apelación de auto interlocutorio

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la secretaría de la sección segunda del 31 de agosto del 2016(1), para resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Pedro Pablo López Rueda contra el auto proferido el 22 de junio del 2016, por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó como coadyuvante de la parte demandante al señor Pedro Pablo López Rueda.

I. Antecedentes

1.1. Pretensiones(2). 

El señor Carlos Arturo Rojas, en ejercicio del medio de control de simple nulidad, presentó demanda encaminada a obtener la nulidad parcial de los siguientes acuerdos:

i) 01-023 del 12 de agosto de 1986, artículo 211, proferido por las Unidades Tecnológicas de Santander, en adelante UTS, que expidió el reglamento de su personal administrativo.

ii) 01-039 del 12 de diciembre de 1994, artículos 2º y 3º, a través del cual las UTS incrementaron, a partir del 1º de diciembre de 1994, la asignación básica mensual para su personal administrativo y docente.

iii) 01-023 del 24 de junio del 2002, artículo 1º, por medio del cual el Consejo Directo de las UTS adoptaron la prima de vacaciones para sus empleados públicos docentes.

iv) 01-034 del 26 de noviembre del 2004, artículos 1º y 2º, por el cual las UTS adoptaron una prima de antigüedad.

1.2 Hechos(3). 

Para una mejor comprensión del asunto, el despacho se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos planteados por la parte demandante:

Señaló, que a través del Acuerdo 01-023 del 12 de agosto de 1986, en su artículo 211, el Consejo Directivo de las UTS dispuso para sus empleados el pago de una de prima de servicios equivalente a un salario mensual.

Indicó, que mediante el Acuerdo 01-039 del 12 de diciembre de 1994, en sus artículos 2º y 3º, el Consejo Superior de las UTS estableció una fórmula para determinar la remuneración de los docentes, personal administrativo y trabajadores oficiales adscritos a la institución.

Sostuvo, que por el Acuerdo 01-023 del 24 de junio del 2002, en su artículo 1º, las UTS adoptaron la prima vacacional o de vacaciones, asignándole como valor el 100% de la remuneración que devengada el empleado.

Finalmente, indicó que a través del Acuerdo 01-034 del 26 de noviembre del 2004, en sus artículos 1º y 2º, expedido por el Consejo Directivo de las UTS, se creó la prima de antigüedad y se estableció su monto.

1.3. El auto objeto de apelación(4). 

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante el auto proferido el 22 de junio del 2016, negó como coadyuvante de la parte demandante al señor Pedro Pablo López Rueda, manifestando que la petición no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley 1437 del 2011, debido a que estaba encaminada a incorporar nuevos actos administrativos por medio de los cuales el Consejo Superior de las UTS creó salarios y/o prestaciones a favor de sus empleados, lo cual no se ajusta a la finalidad de la figura, que es apoyar la pretensión inicialmente propuesta por el actor, y no formular nuevas.

1.4. El recurso de apelación(5). 

El señor Pedro Pablo López Rueda, interpuso recurso de apelación contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 22 de junio del 2016, que le negó su intervención en el presente asunto como coadyuvante de la parte demandante, manifestando que las UTS, a través del Consejo Superior y/o Consejo Directivo, no tienen facultades para implementar el régimen salarial de sus empleados docentes, administrativos y trabajadores oficiales adscritos a la institución, según la Constitución Política y la Ley 30 de 1992.

II. Consideraciones

Conforme a los artículos 125 y 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el despacho es competente para decidir de plano el recurso de apelación interpuesto por el señor Pedro Pablo López Rueda contra la providencia que le negó la intervención en el presente asunto como coadyuvante de la parte demandante, al encontrarse previsto en el numeral 7º del artículo 243 ibídem, y haberse interpuesto y sustentado dentro de la oportunidad prevista por el numeral 2º del artículo 244 ejusdem.

En este estado, el despacho advierte que ha observado que quien apela no formula un cargo concreto contra la providencia del 22 de junio del 2016, que le negó su intervención el caso sub examine como coadyuvante de la parte actora, pues simplemente se limita a señalar nuevamente los argumentos que expone en su escrito de solicitud, pero nada dice respecto de las razones del Tribunal Administrativo de Santander para negarle su vinculación en la calidad mencionada.

Por tanto, al no existir un cargo concreto contra la providencia, el despacho la revisará para confrontar el escrito con la norma y de ahí establecer la procedencia de la figura, correspondiéndole precisar, en los términos del artículo 223 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si el auto apelado, que negó como coadyuvante de la parte demandante al señor Pedro Pablo López Rueda, se encuentra ajustada a derecho.

La intervención de terceros en los procesos de simple nulidad se rige conforme lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

“ART. 223.—Coadyuvancia en los procesos de simple nulidad. En los procesos que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado.

El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta.

Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda, cualquier persona podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que la anulación se extienda a otras disposiciones del mismo acto, caso en el cual se surtirán los mismos traslados ordenados para la reforma de la demanda principal”.

Conforme a lo anterior, en los procesos en donde se ventilen pretensiones de simple nulidad, el coadyuvante no necesita acreditar un interés específico que lo legitime para intervenir en el proceso bien sea para insistir en la nulidad del acto o para defender su legalidad, es decir, hay legitimación extendida para que cualquier sujeto intervenga en el proceso en procura de que se decrete la nulidad o que dicha pretensión sea denegada y no se invalide el acto acusado.

Así como cualquier persona puede formular la pretensión de simple nulidad, igualmente puede intervenir en el proceso como coadyuvante por pasiva o por activa, pues en estos procesos no se discuten intereses particulares, sino que se busca defender la integridad el ordenamiento jurídico que se ha visto afectado con la expedición de un acto administrativo afectado de nulidad, por lo cual la legitimación en la causa, tanto del demandante como la del coadyuvante, se hace extensiva a cualquier persona.

Sumado a lo dicho, se establece que dicha intervención tiene un límite temporal, ya que no podrá permitirse una vez se cumpla la audiencia inicial, porque en ella se fija el litigio. Así mismo, se reitera que el interviniente puede formular nuevos cargos o solicitar que la anulación se extienda a otras disposiciones del mismo acto, antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda.

En este orden de ideas, si bien alguna persona pretende actuar como coadyuvante, por considerar que tiene interés directo en la decisión que se profiera, podrá solicitar ser vinculado en tal calidad dentro del proceso, pero con los límites señalados en la norma, es decir, siempre que su intervención no se oponga al planteamiento de la parte que ayuda, ni incorpore pretensiones nuevas respecto de las inicialmente incoadas.

Visto lo anterior, el despacho procede a analizar el contexto de la solicitud presentado por el señor Pedro Pablo López Rueda como coadyuvante de la parte demandante, para así establecer si se ajusta a los presupuestos establecidos en la norma para su procedencia.

Del análisis de la solicitud de coadyuvancia elevada por el señor López Rueda el 19 de diciembre del 2015(6), el despacho observa que este se encuentra legitimado para intervenir en el proceso, pues en las demandas de simple nulidad puede participar cualquier persona como coadyuante pasivo o activo y no se necesita acreditar un interés específico.

En cuanto a la oportunidad establecida por la norma para intervenir en este tipo de procesos, se establece que la misma se presentó dentro del término estipulado, por cuanto fue presentada con posterioridad a la admisión de la demanda y antes de la finalización de la audiencia inicial, cumpliéndose con dicho requisito.

Por otra parte, el despacho observa que con la solicitud no se están formulando nuevos cargos contra los acuerdos de cuya nulidad se solicita(7), pues quien solicita su intervención en el proceso como coadyuvante de la parte demandante, simplemente se limitó a solicitar la nulidad de nuevos actos administrativos(8), siendo que la norma establece que se podrá solicitar la anulación cuando se extienda a otras disposiciones del mismo acto, por lo que se concluye que no se cumple con este requisito.

En este contexto, es preciso indicar que la coadyuvancia hace parte de las tercerías permitidas en los procesos ordinarios, en donde una persona encontrándose habilitada para ello, intenta apoyar, ayudar o reforzar la intención que determinada parte exterioriza dentro del juicio, pudiendo desarrollar los actos procesales inherentes de ésta, siempre que estén en sintonía y no incorporen pretensiones nuevas.

Ha de ser así, pues la coadyuvancia no versa sobre la apertura de un proceso nuevo, que incorpore nuevas pretensiones, pues más bien se trata de permitir la solidaridad de personas que reúnen intereses comunes respecto de una causa procesal, para que dentro de un mismo proceso pueda el juez decidir sobre el particular.

En tales condiciones, se confirmará el auto proferido el 22 de junio del 2016, por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó la solicitud de vinculación del señor Pedro Pablo López Rueda como coadyuvante de la parte demandante dentro del proceso de la referencia.

Finalmente, por cumplir los requisitos exigidos por el artículo 76 del CGP, se aceptará la renuncia de poder presentada por la apoderada de la UTS, visible a folio 540 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto proferido el 22 de junio del 2016, por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó como coadyuvante de la parte demandante al señor Pedro Pablo López Rueda dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

2. ACEPTAR la renuncia de poder presentada por la abogada Ana María Chogó Torrado, identificada con la cédula de ciudadanía 1.091.667.525 expedida en Ocaña - Norte de Santander y tarjeta profesional 259.451 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), de conformidad con el memorial allegado.

3. Por la secretaría de la sección segunda devuélvase al proceso al Tribunal Administrativo de Santander, y déjense las constancias de rigor.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Consejera: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 

1 Folio 538.

2 Folios 1 - 2.

3 Folios 3 - 4.

4 Folios 63 - 65.

5 Folios 529 - 533.

6 Folios 204 - 216.

7 Acuerdos 01-039 del 12 de diciembre de 1994, 01-023 del 24 de junio del 2002, 01-034 del 26 de noviembre del 2004 y 01-023 del 12 de agosto de 1986, proferidos por el Consejo Superior de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fls. 1 - 3).

8 Acuerdos 01-012 del 5 de agosto de 1987, 01-001 del 2 de febrero de 1996, 01-003 del 2 de febrero de 1996, 01-003 del 9 de febrero de 1998, 01-001 del 23 de marzo de 1999, 01-001 del 26 de enero del 2000, 01-042 del 13 de diciembre del 2000, 01-024 del 15 de noviembre del 2001, 01-016 del 18 de abril del 2002, 01-002 del 30 de enero del 2003, 01-014 del 11 de marzo del 2004, 01-021 del 26 de mayo del 2006, 01-036 del 26 de noviembre del 2004, 01-037 del 26 de noviembre del 2004, 01-038 del 26 de noviembre del 2004, 01-039 del 26 de noviembre del 2004, 01-007 del 10 de mayo del 2005, 01-010 del 10 de mayo del 2005, 01-003del 18 de abril del 2006, 01-002 del 19 de enero del 2007, 01-002 del 29 de enero del 2008, 01-009 del 29 de abril 2008, 01-038 del 10 de diciembre del 2008, 01-041 del 10 diciembre del 2008, 01-042 del 29 de diciembre del 2008, 01-002 del 26 de enero del 2009, 01-003 del 5 de febrero del 2010, 01-001 del 14 de febrero del 2011, 01-002 del 23 de enero del 2012, 01-001 del 31 de enero del 2013, 01-041 del 11 de abril del 2014, y 01-003 del 6 de marzo del 2015, preferidos por el Consejo Directivo de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fls. 204 - 206).