Auto 2015-00891/3342-2015 de junio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá D.C., trece de junio de dos mil diecisiete.

Rad. 110010325000201500891 00 (3342-2015)

Actor: Nancy Mercedes Rodríguez de Corredor.

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Solicitud de extensión de jurisprudencia — Ley 1437 de 2011

Auto interlocutorio O-77-2017

Procede el despacho a resolver sobre la solicitud de extensión de jurisprudencia formulada por la señora Nancy Mercedes Rodríguez de Corredor.

Antecedentes

La señora Nancy Mercedes Rodríguez de Corredor, el 4 de mayo de 2015 interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución GNR4563 del 9 de enero de 2015 proferida por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por medio de la cual se reconoció a su favor pensión de vejez. En aquel escrito solicitó tener en cuenta los criterios adoptados en la Sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009) con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila.

Posteriormente, el 19 de agosto de 2015, radicó solicitud de extensión de jurisprudencia ante esta corporación por estimar que los supuestos facticos y jurídicos, contenidos en la referida providencia, se ajustan a su situación particular.

Consideraciones

El mecanismo de extensión de jurisprudencia, está regulado en los artículos 102(1) y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El primero de ellos, dispone que el interesado deberá presentar petición ante la entidad competente para reconocer el derecho, en la que indique, de forma razonada, que se encuentra en la misma situación fáctica y jurídica que presentaba la persona a la cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada, así:

“ART. 102.—Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:

1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.

2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.

3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.

[…]

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este código. [...]” (se destaca).

Por su parte, el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:

“ART. 269.—Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompañará la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente. [...]” (se destaca).

De las normas transcritas, se infiere que para acudir ante el Consejo de Estado, en busca de extender los efectos de una sentencia de unificación, deben cumplirse los siguientes requisitos:

1. De forma previa elevar solicitud ante la autoridad pública correspondiente con ese propósito, para que esta se pronuncie, de manera expresa, o tácita por vencimiento del término.

2. No estar vencido el término de caducidad con que contaba para presentar la acción contenciosa a que hubiere lugar.

3. Presentar escrito razonado ante el Consejo de Estado, en el que precise que su situación de hecho y de derecho es la misma en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.

4. Allegar las pruebas que tenga en su poder, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.

5. Anexar copia o hacer referencia de la sentencia de unificación(2) de la cual pretende se extiendan sus efectos.

6. Presentar solicitud ante el Consejo de Estado, dentro de los 30 días contados a partir del día siguiente a que fue denegada la extensión o a que hubiera guardado silencio la administración.

Ahora bien, esta corporación(3) ha señalado que en los casos en que sea posible verificar desde el principio el cumplimiento o no de los requisitos formales de la solicitud, en virtud de los principios de eficacia, economía procesal (artículo 3º ordinales 11 y 12 del CPACA) y en aras de garantizar el correcto funcionamiento de la administración de justicia, no será necesario efectuar un pronunciamiento de fondo en los términos del artículo 269 del CPACA sino que por el contrario, se rechazará por improcedente.

En el presente asunto, la señora Nancy Mercedes Rodríguez de Corredor, el 04 de mayo de 2015, interpuso ante la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (fls. 2-6), recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución GNR4563 del 9 de enero de 2015 como quiera que no fueron incluidos todos los factores salariales en la pensión reconocida mediante ésta.

Posteriormente, el 19 de agosto de 2015, radicó solicitud de extensión de jurisprudencia ante esta corporación (fls. 34 a 36), con el fin de que fueran extendidos los efectos de la Sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).

Al respecto, el despacho advierte que en el caso sub examine no se cumple con el primero de los requisitos previstos en el artículo 102 del CPACA, esto es, elevar solicitud previa ante la autoridad administrativa en la cual se solicite se extiendan los efectos de una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, con la que, se considera existe identidad fáctica y jurídica, para que la administración se pronuncie de forma expresa o tácita por vencimiento del término.

Lo anterior, como quiera que, si bien, no se desconoce que a folios 2 a 6 obra escrito de fecha 04 de mayo de 2015 radicado ante la entidad, lo cierto es que con este se discutió, en uso de los recursos legales en contra de los actos administrativos, la decisión adoptada por la administración en la Resolución GNR4563 del 2015; mas no se solicitó extensión de los efectos de la sentencia ya referida, en los términos descritos en los artículos citados, sino que se pretendió expresamente la reliquidación de la pensión, con observancia de los criterios jurisprudenciales sentados por el Consejo de Estado.

De manera que, el acto administrativo que se profiera o el silencio que se configure en virtud de dicha petición, será susceptible de los recursos propios de la vía gubernativa y de los medios de control contemplados en el Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Finalmente, se insiste en que la solicitud de extensión de jurisprudencia es un mecanismo de carácter especial dirigido a evitar la congestión de los despachos judiciales, debido a que le permite a la administración previa solicitud del interesado, dar la misma solución a casos idénticos fáctica y jurídicamente, en los que exista una sentencia de unificación proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La diferencia entre las dos figuras se resume a continuación:

 Extensión de la jurisprudenciaReclamación administrativa
RequisitosSe debe invocar una sentencia de unificación y se debe realizar una justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se hallaba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.
Así mismo, debe aportar las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad.
No es necesario invocar sentencia de unificación, sino exponer los argumentos de hecho y derecho por los cuales considera que le asiste el derecho que reclama.
Puede solicitar el decreto de pruebas.
Término para resolverLa administración cuenta con 30 días para resolver la solicitud de extensión trascurridos los cuales, podrá acudir dentro de los 30 días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 del CPACA.La administración cuenta con 15 días para resolver la solicitud so pena de que por el transcurso del tiempo sin respuesta se configure el acto ficto por silencio administrativo negativo el cual puede ser demandado en cualquier tiempo.
Concepto previo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del EstadoLas entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Es obligatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 614 del CGP.No se requiere.
Término para la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del EstadoEn el término de diez (10) días, la agencia informará a la entidad respectiva, su intención de rendir concepto. La emisión del concepto por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un término máximo de veinte (20) días.No aplica.
CaducidadSuspende el término para la presentación de la demanda.
El término se reanuda al vencimiento del plazo de treinta días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en los términos señalados en el artículo 269 del CPACA.
No suspende término.
RecursosNo proceden recursos contra los actos que reconocen o niegan el derecho. Tampoco respecto de los actos fictos.Proceden recursos dentro del procedimiento administrativo en los términos establecidos en el CPACA.

Por lo expuesto, es claro que la petición presentada no cumple con los requisitos necesarios para acudir ante esta corporación mediante el mecanismo de solicitud de extensión de jurisprudencia y en consecuencia, se

RESUELVE:

1. Rechazar la solicitud de extensión de jurisprudencia presentada la señora Nancy Mercedes Rodríguez de Corredor ante el Consejo de Estado, conforme lo expuesto en esta providencia.

En consecuencia, se ordena devolver los anexos sin necesidad de desglose.

2. Se reconoce personería al doctor Luis Ernesto Cortes Moreno identificado con C.C. 19.418.140 de Bogotá y T.P. 65.440 del C.S. de la J., como apoderado de la señora Nancy Mercedes Rodríguez de Corredor, en los términos y para los efectos del poder conferido, el cual obra en el folio 1 del expediente.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: William Hernéndez Gómez.

(1) Modificado por el artículo 614 del Código General del Proceso.

(2) De acuerdo con los artículos 102 y 270 del CPACA la sentencia deberá cumplir los siguientes requisitos: i) haber sido pronunciada por el Consejo de Estado; ii) ser de unificación jurisprudencial y iii) que en ella se haya reconocido un derecho.

(3) Auto del 29 de abril de 2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. 11001-03-24-000-2012-00368-00A, actor: Enrique Castillo Muñoz, demandado: Contraloría General de la Republica.