AUTO 2015-00900/2844-2015 DE FEBRERO 18 DE 2016

 

Auto 2015-00900/2844-2015 de febrero 18 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 25000234200020150090001 (2844-2015)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Medio de control: Proceso Ejecutivo

Demandante: Cristóbal Obando Baena

Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Trámite: Ley 1437 de 2011

Asunto: Caducidad en procesos de ejecución en donde el título ejecutivo es una sentencia proferida por esta jurisdicción.

Decisión: Confirma auto que rechaza demanda por haberse configurado el presupuesto procesal de caducidad.

Bogotá D.C., febrero dieciocho de dos mil dieciséis.

Apelación de auto.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección Segunda, para resolver acerca de la apelación interpuesta por la parte demandante contra el auto de fecha 13 de marzo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C mediante el cual, rechazó la demanda por haberse configurado el presupuesto procesal de caducidad.

I. Antecedentes

El señor Cristóbal Obando Baena, presentó demanda ejecutiva y solicitó se librara mandamiento de pago por la suma de trescientos sesenta y siete millones cuatro mil doscientos treinta y dos pesos ($ 367.004.232) en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó el reconocimiento de la prima de actualización de conformidad con los decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, a partir del 1º de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 1995.

Así mismo, deprecó se ordene a la entidad ejecutada pagar los reajustes anuales de ley a partir del año 1996, liquidados con la base prestacional que resulte de aplicar hasta el 31 de diciembre de 1995 la prima de actualización prevista en los decretos antes referidos.

II. El auto objeto de la apelación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección C mediante auto de fecha 13 de marzo de 2015, rechazó la demanda por caducidad de la acción, señalando para ello los siguientes argumentos:

El demandante solicitó se librara mandamiento de pago para que se dé pleno cumplimiento a la sentencia de fecha 18 de mayo de 2001, que ordenó reconocer y pagar la prima de actualización al actor.

Que al examinar la constancia secretarial, se observó que la providencia que se invoca como título ejecutivo cobró ejecutoria en fecha 5 de junio de 2001. En ese sentido y dado que la aludida sentencia se profirió en fecha 18 de mayo de 2001, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 177 del Decreto 1º de 1984, es decir, que cuando se condene a la Nación u otra entidad territorial o descentralizada al pago de una cantidad liquida de dinero, tal condena sería exigible dieciocho (18) meses después de su ejecutoria, por lo que, en el presente asunto, el término de caducidad empezó a contar a partir del vencimiento de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Entonces, si la sentencia que se invoca como título ejecutivo cobró ejecutoria el 05 de junio de 2001, es claro que los dieciocho (18) meses se cumplieron el 05 de diciembre de 2002, fecha a partir de la cual, era exigible su cumplimiento por vía de ejecución.

Vista así las cosas, en el presente asunto operó la caducidad, toda vez que, los 5 años de que trata el literal k) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, contados a partir de la exigibilidad de la obligación contenida en la sentencia de fecha 18 de mayo de 2001, se cumplieron el 5 de diciembre de 2007, mientras que la demanda ejecutiva se presentó el 31 de marzo de 2014, es decir, 6 años, 3 meses y 20 días después del vencimiento del término que la ley otorga para solicitar la ejecución pretendida.

III. El recurso de apelación

La parte ejecutante cuestiona el rechazo de la demanda proferida por el a quo, señalando que, el presente asunto es un proceso ejecutivo especial, por que consta de dos títulos ejecutivos como son la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la resolución emanada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en donde supuestamente da cumplimiento a lo ordenado en la prenotada providencia.

Así mismo, arguyó que al no cumplir la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares la sentencia en el sentido de no reajustar la asignación de retiro, se está frente a la no aplicación de prescripción y caducidad de la acción, como quiera que el actor puede solicitar en cualquier momento.

III. (sic) Consideraciones

Sea lo primero advertir la procedencia de la alzada interpuesta, ya que se trata de una de las providencias enlistadas en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, formulada dentro de la oportunidad prevista por el numeral 2º del artículo 244 ibídem, con la debida sustentación; además, es la Sala competente para decidir de plano el recurso, en acatamiento a lo previsto por el artículo 125 ejúsdem.

i. Del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si frente a la ejecución de una sentencia proferida por esta jurisdicción en la que se ordenó el reconocimiento y pago de la prima de actualización, resulta exigible el presupuesto procesal de caducidad o si por el contrario, debe darse aplicación al literal c) del numeral 1º del referido artículo, en el sentido que dicho medio de control estaría exento de caducidad por implicar el reconocimiento de la prima de actualización un reajuste en la asignación de retiro del ejecutante, lo que involucra la exigibilidad de una prestación periódica.

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará en primer lugar el estudio de la caducidad frente a demandas en las que se controvierta actos que reconozcan o nieguen prestaciones periódicas. En segundo orden, se examinará la caducidad en procesos de ejecución en el que el titulo ejecutivo es una sentencia proferida por esta jurisdicción. Y por último, se desatará el caso en concreto.

De la no exigibilidad del presupuesto procesal de caducidad frente a demandas que controviertan actos que reconocen o niegan parcial o totalmente prestaciones periódicas.

El régimen procesal consagrado en la Ley 1437 de 2011, introdujo en su texto la exoneración o no exigibilidad del presupuesto procesal de caducidad frente a demandas en la que se controviertan actos administrativos que reconozcan total o parcialmente prestaciones periódicas.

Es así como el literal c) del numeral 1º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció que la demanda deberá ser presentada en cualquier tiempo cuando:

“c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”; (negrillas fuera de texto).

Obsérvese que la norma es clara e inequívoca en indicar que se podrá presentar en cualquier tiempo la demanda pero cuando la misma se dirija contra actos que reconozcan prestaciones periódicas. En tal sentido, la doctrina ha expresado que: “El acto administrativo es toda manifestación de voluntad de quién está habilitado para ejercer la función administrativa, con el fin de producir efectos en derecho. Y deberá agregarse que la expedición de estos actos estará regulada por las normas de derecho público y en consecuencia, están sometidos al control de legalidad, por la jurisdicción contencioso administrativa”(1).

En consonancia con lo anterior, lo pretendido por el legislador es excluir de la caducidad a las demandas en las que se controviertan actos administrativos que hayan reconocido o negado una prestación periódica, por lo que, no puede considerarse que tal beneficio cobije a los procesos de ejecución en los que el titulo ejecutivo sea una sentencia proferida por esta jurisdicción aún en tratándose de reconocimientos de prestaciones periódicas.

De la caducidad en procesos de ejecución en el que el titulo ejecutivo es una sentencia proferida por esta jurisdicción.

El legislador para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley o, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional.

Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones.

En ese orden, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, consagra la oportunidad para presentar la demanda. De manera específica, el literal k) del numeral 2º del artículo precitado señala lo siguiente:

“(…) k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida”.

Tan vertical mandato del legislador sobre el término perentorio para la formulación de las acciones ejecutivas derivadas de fallos condenatorios proferidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentra su razón de ser en la necesidad de brindar seguridad jurídica a las decisiones de la administración de justicia, en aras de evitar la posibilidad de ser demandadas a perpetuidad por cualquier persona que considere asistirle el derecho por subjetivas consideraciones.

Del caso en concreto.

La parte ejecutante alegó que al no cumplir la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de no reajustar la asignación de retiro del actor, se está frente a la no aplicación de la caducidad de la acción, como quiera que su exigibilidad o ejecución puede solicitarla en cualquier tiempo.

Al respecto, debe señalar la Sala que de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, podrá demandarse en cualquier tiempo los actos administrativos que reconozcan o nieguen prestaciones periódicas, de tal suerte que, el aludido presupuesto procesal no se exigirá en los casos en que se cuestione la legalidad de dichos actos administrativos.

En el caso bajo estudio, el actor comparece ante esta jurisdicción con un título ejecutivo a fin de que se libre mandamiento de pago por la suma de trescientos sesenta y siete millones cuatro mil doscientos treinta y dos pesos ($ 367.004.232) en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó el reconocimiento de la prima de actualización de conformidad con los decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995 a partir del 1º de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 1995.

De acuerdo a lo anterior, es claro que el titulo ejecutivo del cual el demandante pretende exigir su cumplimiento deriva de una providencia judicial emanada de esta jurisdicción y no una obligación contenida en un acto administrativo, de tal suerte que, no resultaría aplicable el beneficio procesal contemplado en el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Además, se debe tener en cuenta que la citada Ley 1437 de 2011, consagró determinados medios de control para cuestionar o controvertir la legalidad de las decisiones de la administración, dentro de los cuales, precisamente no se encuentra el proceso ejecutivo, como quiera que el objeto de este tipo de proceso —de ejecución— es el cumplimiento de las obligaciones en los casos en que pese a la certeza y exigibilidad de las mismas el obligado no se allana a cumplirlas.

Una vez la voluntad de la parte obligada o la sentencia ha dado certeza al derecho del demandante, o cuando la fase declarativa no es necesaria por existir un documento que contenga obligaciones claras, expresas y exigibles, debe acudirse a la etapa ejecutiva para obtener la satisfacción coercitiva de la obligación insatisfecha.

De conformidad con lo expuesto en precedencia, se tiene que al tratarse el presente asunto de la ejecución de una obligación contenida en una providencia judicial emitida por esta jurisdicción, se torna aplicable la exigencia procesal consagrada en el literal k) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Quedando claro lo anterior, procede la Sala a verificar si en efecto, la parte ejecutante compareció ante esta jurisdicción dentro del término de caducidad que establece la norma precitada para los procesos ejecutivos.

La sentencia cuya ejecución se pretende fue proferida por la Sección Segunda – Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 18 de mayo de 2001(2), providencia que cobró ejecutoria el 5 de junio de la misma anualidad(3).

Como quiera que la sentencia fue proferida el 18 de mayo de 2001, se debe tener en cuenta los dieciocho (18) meses a que alude el inciso 4º del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, por lo que el término de caducidad se empieza a contar a partir del vencimiento de los aludidos dieciocho (18) meses, el cual feneció el 5 de diciembre de 2002, lo que significa que a partir de esta última fecha comenzó a correr el término de caducidad de la acción ejecutiva.

En ese orden, se observa que la demanda ejecutiva fue presentada en fecha 31 de marzo de 2014, tal como se constata con el recibido que obra a folio 54 del expediente.

Así las cosas, desde el momento en que comenzó a correr el término de caducidad de la acción ejecutiva (5 de junio de 2002) hasta la fecha de presentación de la demanda (31 de marzo de 2014) transcurrió once (11) años, ocho (8) meses y veintiséis (26) días, por lo que puede afirmarse que la demanda se presentó vencido los cinco (5) años previstos en la norma procesal, valga decir, cuando la demanda ejecutiva se encontraba caducada.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto de fecha 13 de marzo de 2015, a través del cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, rechazó la demanda por haber operado el presupuesto procesal de caducidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su resorte legal y déjense las constancias de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra VélezGerardo Arenas Monsalve Carmelo Perdomo Cuéter.

1 Derecho Procesal Administrativo. Mariela Vega de Herrera. Leyer, 2010.1 ed, p.33.

2 Folios 5 al 23 del expediente

3 De acuerdo a la constancia visible a folio 23.