Auto 2015-01481 de octubre 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref: Exp.: 25000-23-41-000-2015-01481-01

Recurso de apelación contra el Auto de 26 de agosto de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actora: Ecopetrol S.A.

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil diecisiete

Tesis: Revoca auto apelado. Exigir que los actos administrativos sean aportados únicamente en original o copias auténticas, constituye un exceso ritual manifiesto.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado del actor contra el proveído de 26 de agosto de 2015, por medio del cual la Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó la demanda instaurada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

I. Antecedentes.

La Sociedad Ecopetrol S.A., a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1), instauró demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 567 de 9 de junio de 2014, 733 de 30 de octubre de 2014 y el Oficio 131201244-0329 de 3 de marzo de 2015 proferido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales(2).

A título de restablecimiento del derecho pretende que se le modifique su situación de sujeto sancionado a no sancionado y que de esa forma se le exonere del pago de la sanción cambiaria impuesta en los actos administrativos demandados, así mismo, que le reintegren las sumas de dinero que haya cancelado al momento de la conciliación o el eventual fallo y se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada, de igual manera, manifestó que producto de la sanción impuesta se derivan perjuicios materiales y morales y solicitó se condene a la Nación - DIAN a pagar la cantidad que corresponda incluyendo los intereses de las sumas a las que se le condene por concepto de daño emergente. A su vez, pidió que se condene en costas a la DIAN.

II. Fundamentos de la Providencia Apelada.

Mediante Auto de 26 de agosto de 2015, el a quo rechazó la demanda, con el argumento de que la actora no la corrigió en el término establecido en el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al no allegar original o copia auténtica de los actos administrativos demandados.

Indicó que, a través del Auto de 30 de julio de 2015, se le ordenó a la actora adecuar la demanda en atención a los requisitos consagrados en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 254 del Código de Procedimiento Civil y 613 del Código General del Proceso, para lo cual debía: 1) allegar original o copia auténtica de los actos administrativos acusados y 2) acreditar la entrega de la copia de la solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; sin embargo, luego de transcurrido el plazo de 10 días previsto en el artículo 170 ibídem, no se cumplió el primer requerimiento, razón por la cual se concluyó que era procedente el rechazo del medio de control incoado.

III. Fundamentos del Recurso.

El actor apeló la decisión de primera instancia, argumentando que al momento de subsanar la demanda le manifestó al a quo, bajo la gravedad del juramento, que las copias simples que allegaba al expediente eran las mismas que la entidad demandada directamente le había entregado durante el trámite de la imposición de una sanción cambiaria.

Agregó que, las versiones originales de los actos administrativos se encuentran en poder de la entidad accionada, por ello en la demanda se solicitó su exhibición.

Afirmó que, cumplió con lo establecido en el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 244, 245 y 246 del Código General del Proceso.

Recordó que la Jurisprudencia del Consejo de Estado ya ha aceptado abiertamente el valor probatorio de las copias simples, en aras de proteger y garantizar el derecho al debido proceso y a la primacía del derecho sustancial.

IV. Consideraciones de la Sala.

Para resolver lo planteado en el recurso de apelación, es necesario hacer un recuento sucinto del trámite dado al presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

—El día 5 de junio de 2015, la actora instauró ante la Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 567 de 9 de junio de 2014, 733 de 30 de octubre de 2014 y el Oficio 131201244- 0329 de 3 de marzo de 2015.

—Mediante Auto de 30 de julio de 2015(3), la Sección Primera Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, inadmitió la demanda y ordenó: 1) Allegar original o copia integral y auténtica de los actos administrativos demandados y 2) acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 613 del Código General del Proceso, en el sentido de entregar copia de la solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Estado.

—El día 5 de agosto de 2015, estando dentro del término concedido en el auto inadmisorio, la actora radicó un memorial(4) en el que manifestó que subsanó; allegó original de la solicitud de conciliación entregada en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, manifestó, bajo la gravedad del juramento, que las copias de los actos administrativos aportadas al proceso son las mismas que la entidad demandada le entregó al momento de su notificación. Igualmente, informó que los originales reposaban en la DIAN.

—A través de Auto de 26 de agosto de 2015(5), la Sección Primera subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó la demanda instaurada por la actora, por haberla subsanado parcialmente, ya que no aportó originales o copias auténticas de los actos administrativos demandados y sostuvo que no era posible tener por auténticos los documentos aportados con la demanda, en virtud de lo consagrado en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

—Mediante memorial de 4 de agosto de 2015, la actora apeló la decisión del a quo y argumentó que los documentos que aportó al proceso fueron aquellos directamente entregados por la entidad demandada al momento de la notificación de los actos administrativos acusados y que la posición jurisprudencial del Consejo de Estado avalaba el valor probatorio de las copias simples.

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que el auto que rechazó la demanda se fundamentó únicamente en la ausencia de los originales o las copias auténticas de los actos administrativos acusados.

Para la Sala, la tesis de inadmitir y posteriormente rechazar la demanda por aportar los actos administrativos acusados en copia simple y no auténtica u originales, se ha venido revaluando en la Corporación y particularmente en las nuevas codificaciones que regulan el Proceso Contencioso Administrativo.

En efecto, el artículo 215 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a pesar de haber sido parcialmente derogado por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso, ya daba luces sobre la firme intención del Legislador de otorgarle valor probatorio a las copias simples, pues establecía que “se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil”.

Igualmente, el Código General del Proceso, con el cual se derogó la norma anterior, en sus artículos 243 y ss., aceptó expresamente el valor probatorio de las copias simples, al indicar:

“(...) ART. 243.—Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.

Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública (...)”.

“(...) ART. 244.—Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.

Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones (...)”.

(...) ART. 245.—Aportación de documentos. Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia.

Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.

“ART. 246.—Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.

Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente (...)”.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sentencia de 9 de julio de 2013 (Exp. núm. 2011-00709-00 (PI), Actor: Jorge Enrique Ruíz Cifuentes, Consejero Ponente Doctor Guillermo Vargas Ayala), sostuvo que las copias tienen “la misma validez y eficacia de un documento original, siempre que se garantice su autenticidad e integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por leyes procesales”.

Así mismo, la Sala en la Sentencia de 29 de agosto de 2013, expediente núm. 2004-00263-01, Actora: Gaseosas Lux S.A.(6), precisó:

“(...) La Sala hace énfasis en cuanto a que rectifica la posición que ha venido adoptando en el sentido de restarle valor probatorio a las copias simples aportadas a un proceso, por cuanto es evidente que no existe razón válida que justifique dudar de su contenido si quien tuvo la oportunidad de controvertirlo o tacharlo de falso, no lo hizo. Igualmente, esta nueva postura acompasa con el derecho procesal moderno que, siguiendo el artículo 228 Constitucional, se caracteriza por imprimir prevalencia a lo sustancial frente a lo formal. Como ejemplo de ello están los artículos 215 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que según la Comisión Redactora constituye una innovación, en la medida en que la regla que había imperado en el régimen procesal anterior había sido la de que las copias para que tuvieran valor probatorio tenían que ser auténticas según los eventos de que trata el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en cambio de la redacción del Nuevo Código se extrae que la regla general es la de que las copias tienen el mismo valor del original, cuando no han sido tachadas de falsas; y el artículo 246 del Código General del Proceso(7), dispone que las copias “tendrán el mismo valor del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia (...)”.

En el caso objeto de estudio, la actora no solo aportó con la demanda las copias simples de los actos administrativos controvertidos, lo cual, como se desprende de la Jurisprudencia y de las normas resaltadas, era suficiente para proveer su admisión, sino que también manifestó, bajo la gravedad del juramento, que eran las mismas que la entidad accionada le había entregado al momento de notificarle los actos administrativos demandados, por lo que le solicitó al a quo tenerlas como auténticas o requerir su exhibición en el proceso.

Cabe resaltar que a través del Auto de 5 de junio de 2014, proferido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado bajo el núm. 2012-00415, esta Sala reiteró la posición jurisprudencial explicada en precedencia en cuanto al valor probatorio de los documentos aportados en copias simples.

Teniendo en cuenta lo precedente, la Sala considera que la presente demanda no debió ser rechazada y que la Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en un exceso ritual manifiesto al exigir que los actos administrativos fueran aportados únicamente en original o copias auténticas, lo cual vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia de la actora, razón por la cual se impone revocar el auto apelado y en su lugar, ordenar que provea sobre la admisión de la demanda, previo estudio de los requisitos que la ley exige para el efecto, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

REVÓCASE el proveído apelado, que rechazó la demanda y, en su lugar, se dispone: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, que provea sobre la admisión de la misma, previo estudio de los requisitos que la ley exige para el efecto, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 20 de octubre de 2017.

Consejeros: María Elizabeth García González—Oswaldo Giraldo López—Eduardo Cifuentes Muñoz, Conjuez.

1. En adelante CPACA

2. En adelante DIAN

3. Folio 140 del cuaderno principal.

4. Folio 144 a 146 del cuaderno principal.

5. Folios 148 a 150 del Cuaderno Principal.

6. M.P. María Elizabeth García González,

7. Entra en vigencia el 1º. de enero de 2014.