Auto 2015-01577 de octubre 27 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 7600123330002015-01577-02

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Geimi Beltrán Fernández

Demandado: Albeiro Echeverry Bustamante (concejal de Cali)

Nulidad electoral - Segunda instancia

Bogotá D.C., veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

Encontrándose el proceso para fallo, procede la Sala a dictar auto de mejor proveer, en atención a situaciones probatorias sobrevinientes que imponen a la Sección Quinta, en ejercicio del poder instructivo excepcional como operador jurídico ad quem, proceder de conformidad al artículo 213 inciso 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

I. Antecedentes

El expediente llega proveniente del Tribunal Administrativo del Valle para conocer de la apelación de la sentencia denegatoria de pretensiones contra la elección del Concejal del municipio de Cali Albeiro Echeverry Bustamante.

Ha de recordarse que la causa fáctica del proceso, como punto medular ha girado en torno a si el Concejal demandado estaba incurso en inhabilidad por parentesco en primer grado de consanguinidad con quien se dice fungió como Secretaria del gabinete departamental con ejercicio de autoridad, y desde los primeros estadios del proceso, se ha discutido y debatido por los sujetos procesales sobre un hecho que se advierte confuso como es la posesión de la pariente del Concejal demandado en la cartera departamental.

II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala Electoral es a la que quien le corresponde dictar el auto de mejor proveer, por cuanto el proceso se encuentra para fallo, habiendo surtido las etapas procesales previstas por la regulación contencioso administrativa y la disposición del artículo 213 en su segundo inciso, asigna al cuerpo colegiado la competencia para dictarlo, conforme se evidencia de las expresiones “la sala, sección o subsección antes de dictar sentencia, también podrá disponer que se practiquen las pruebas (…)”.

2. Las pruebas de oficio y el auto de mejor proveer.

El llamado “auto de mejor proveer” entendido como aquella decisión de pruebas pasible de ser proferida, previamente, a dictar sentencia, tiene finalidad estricta y focalizada al esclarecimiento de puntos oscuros o dudosos de la contienda. Hace parte del gran continente de las llamadas “pruebas de oficio” y ha mantenido en su esencia, la misma redacción que sobre el punto contenía el Código de lo Contencioso Administrativo, siendo mejorado y enriquecido en otros aspectos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como se evidencia del siguiente comparativo.

CPACACCA
ART. 213.—Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.




Además, oídas las alegaciones el juez o la sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.




En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete”.
ART. 169.—Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si estas no las solicitan, el Ponente solo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista.

Además, en la oportunidad procesal para decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso.

Como se observa, de la trascripción normativa, dentro de las pruebas de oficio, existen dos modalidades perfectamente definidas, a saber:

— La primera, las pruebas de oficio propiamente dichas, que se decretan durante las instancias con el propósito de toda contienda judicial y es esclarecer la verdad y cuya práctica, se indica, se hace en forma conjunta con las pedidas por las partes.

Esto último impone que se deban respetar las oportunidades de postulación probatoria que se prevén en el ordenamiento procesal para las partes como sujetos procesales y todos los presupuestos de las pruebas en primera y segunda instancia tal y como se encuentra previsto en el actual 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (antes 214 del Código de lo Contencioso Administrativo).

— La segunda modalidad, única y propia del llamado auto de mejor proveer, mediante la cual se resalta en grado sumo, el poder de instrucción del operador jurídico en su labor de administrar justicia, pero de manera excepcional, por cuanto conforme a la norma pretranscrita, implica que las etapas procesales probatorias para la postulación de las partes —que incluye a la facultad oficiosa propiamente dicha— ya han sido superadas y finiquitadas, toda vez que el proceso se encuentra entre las etapas de alegaciones de conclusión —que ya han sido escuchados o presentados— y la de antes de dictar sentencia.

Ha de recordarse que este auto está sometido al arbitrio del juez pues hace parte de su poder instructivo facultativo, en contraste con el impositivo que propende por el esclarecimiento de la verdad dentro de las instancias y bajo el iter de la facultad instructiva propiamente dicha —no en la excepcional que se analiza—. Por eso, ante hecho o supuesto fáctico no planteado, no probado o inexistente, lo procedente es negar las súplicas de la demanda, porque con el auto de mejor proveer no se puede pretender integrar o completar el acervo probatorio.

Ahora bien, desde el punto de vista sustancial, el propósito de esclarecimiento de la verdad que acompaña la motivación de las pruebas de oficio propiamente dichas, es diferente a la que se puede desplegar mediante el auto de mejor proveer, que únicamente propende a esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda.

Esa diferencia de propósito, que por regla general pasa desapercibida, tiene un efecto procesal determinante para fijar y tener claro el pequeño límite del poder instructivo del juez dentro de las dos modalidades de prueba de oficio, a fin de que el juez no termine completando o ampliando lo que las partes estaban obligadas a cumplir conforme a la carga probatoria que les correspondía.

Es cierto que el esclarecimiento de la verdad es lo que se busca en toda contienda judicial y hacia lo cual propende el juez de la causa, pero tal poder no puede quedar indefinido o diluido en el tiempo de todo el proceso, porque ello implicaría realmente revertir el orden procesal tan importante para materializar el debido proceso e incluso el derecho de defensa, es por ello que las oportunidades procesales, el principio de preclusión y temas como el saneamiento del proceso para el juez de los contencioso administrativo tan de reciente creación con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no pueden ser desconocidos, para no generar anarquía al interior del proceso que no se compadece con el Estado de derecho que también se imbuye en los aspectos procesales y en la garantía del debido proceso.

Por ello, es que la capacidad instructiva del juez, en la modalidad del auto de mejor proveer, se ve recortada bajo estrictos parámetros tanto de plazos procesales como de aspectos y presupuestos sustanciales, en atención a que las etapas regulares o normales del ejercicio de la postulación probatoria, en las que hay un pie de igualdad entre los protagonistas del proceso, han sido superadas y finiquitadas, pues el proceso se encuentra en su etapa final —alegaciones de conclusión o de fondo ya surtidas y la etapa para proferir el fallo—.

De tal suerte, que el operador jurídico para dictar auto de mejor proveer, no puede ni debe retrotraerse a su potestad instructiva propiamente dicha que ejerce durante las instancias y en forma paralela con la postulación de las partes, con el argumento de esclarecer la verdad, porque no le es permitido y se excedería en su labor, afectando el debido proceso y el derecho de defensa, dado que la facultad instructiva que debe ejercer con parámetros de excepcionalidad, en el auto de mejor proveer, pues con ella no está llamado a suplir la incuria del interesado en probar.

Además, el punto oscuro y difuso responde al concepto de vaguedad o imprecisión(1), lo que supone que el hecho o supuesto fáctico que se busca clarificar siempre ha estado en el proceso —no es el oculto ni el inexistente— sino el impreciso, por eso se requiere que emerja con nitidez en forma conexa a la contienda, mediante la opción del auto de mejor proveer.

Esas las razones por la cuales ni los sujetos procesales, pueden endilgar la incuria en el esclarecimiento de verdad, buscando profiera auto de mejor proveer, si no son las mismas partes o el interesado en probar los supuestos fácticos de los que pretende la consecuencia jurídica de la norma, quienes cumplen sus deberes dentro de la carga probatoria. Por eso yerran quienes critican al operador jurídico el no esclarecer la verdad mediante poder instructivo, cuando las etapas previstas por el legislador ya han sido cumplidas.

Esas diferencias de propósito de connotación profunda para el desenvolvimiento del proceso, han sido decantadas por años en la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo, con la pretensión de explicar por qué ese excepcional poder del “auto de mejor proveer” no es para completar ni mejorar lo que las partes procesales estaban llamadas a desarrollar. En efecto:

“El auto para mejor proveer tiene por objeto aclarar cuestiones que del conjunto del proceso aparezcan oscuras o dudosas, no la de suministrar a las partes la prueba de la causa petendi pretermitida por su conducta, pues en tal caso, el juez se tornaría en enmendador de los descuidos de las partes con detrimento del trato igual que merecen las demás”(2) (subrayas fuera de texto).

Lo anterior en cuanto a los pronunciamientos de antaño. Por su parte, la Sección Quinta, indicó haciendo referencia al Código de lo Contencioso Administrativo, que se reitera en el auto de mejor proveer no tuvo cambio sustancial en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

“Es claro que la facultad establecida por el inciso tercero del artículo 169 del Código de lo Contencioso Administrativo, respecto de los procesos que adelanta la Jurisdicción Contencioso Administrativa en general y por el inciso segundo del artículo 242 ibídem, en lo que atañe a los procesos de nulidad electoral en particular, para dictar autos que la doctrina califica como “de mejor proveer”, —estrictamente para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia—, tiene un carácter excepcional, por regla general, que se justifica por la necesidad de establecer la verdad real y de acceder a la justicia material en los procesos de que se trate, y no constituye en manera alguna una facultad discrecional del juez para crear oportunidades probatorias por fuera de las legalmente autorizadas, en desmedro de principios procesales tales como el de oportunidad en la práctica de las pruebas y la igualdad y equilibrio de las partes en el proceso, principios que deben ser garantizados precisamente por el juez”(3) (negrillas fuera de texto).

Aclarados los puntos generales y teóricos que permiten diferenciar y entender al “auto de mejor proveer” como facultad de instrucción excepcional frente al gran contenido de la prueba de oficio de espectro más amplio dentro del poder del operador jurídico, y que no es para completar, arreglar ni mejorar la postulación probatoria, se analizará lo sucedido en el caso que ocupa la atención de la Sala.

3. Caso concreto.

Para el caso sub judice, es evidente que el tema de la posesión en la cartera departamental del Valle del Cauca dentro de la nulidad electoral del concejal elegido, se ha presentado oscuro y difuso, si se sopesan las piezas documentales que reposan en el expediente, unas, que abogan porque no hubo posesión de la hija del concejal y, las otras, que afirman lo contrario. Es por ello, que la prueba referida a incorporarse al proceso mediante auto de mejor proveer, permite por los menos, a priori, dar nitidez a un hecho determinante que se advertía oscuro y difuso dentro de la litis, como es la posesión de Jessica Echeverry Rodríguez en el gabinete departamental.

No se trata entonces de introducir un elemento o supuesto fáctico nuevo desconocido por el demandado o por los demás sujetos procesales o que no estuviera debatido en esta controversia. De tal suerte que incorporado y corrido el traslado respectivo, conforme a la sana crítica, será valorado conforme al resto del acervo probatorio que ya se encuentra recaudado, pues el proceso ha superado la etapa de alegaciones y se encuentra para fallo.

3.1. La prueba a incorporar.

Huelga recordar que desde la demanda, la parte actora indicó que la posesión de la señora Jessica Echeverry Bustamante podía observarse en la página oficial de la Gobernación del Valle del Cauca, remitiéndose a la dirección electrónica http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30571, como puede leerse a folio 24, y su incorporación a la comunidad probatoria se dio mediante el decreto de pruebas que el tribunal a quo realizó en la audiencia inicial, como obra en folio 357 del expediente, en el que se ordenó tener como pruebas, los documentos acompañados con la demanda, entre ellos, se encuentra enlistada la dirección web mencionada y por ende los documentos allí publicados(4).

Para un mejor entendimiento de los sujetos procesales; la Sala informa que para acceder al documento representativo (video), se seguirán los siguientes pasos:

1. Acceder a la página oficial de la Gobernación del Valle http://www.valledelcauca.gov.co/

2. Una vez dentro de la página navegar hasta el menú de prensa y dar click en videos.

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3. Automáticamente será redirigido al canal oficial en Youtube de la Gobernación del Valle: https://www.youtube.com/user/VideosGobValle

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4. Diríjase al menú listas de reproducción: https://www.youtube.com/user/VideosGobValle/playlists

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5. Busque la Lista Informativos Bien Hecho – Mayo 2015, haga doble click: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvTg-OSFq0o5nuJsiqQoWbvss7FQgH7Ia

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6. Ahí encontrará el video: Informativo Bien Hecho – 23 de Mayo de 2015: https://www.youtube.com/watch?v=9kJRv9V_B8E&index=20&list=PLvTg-OSFq0o5nuJsiqQoWbvss7FQgH7Ia

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3.2. La prueba digital.

Ha de tenerse cuenta que el documento electrónico tiene la misma capacidad probatoria e importancia que cualquiera otro medio de prueba y, como tal, está sometido a los mismos presupuestos probatorios que se exigen para poder valorar la prueba documental, se hace referencia a aspectos como la autenticidad, que alude a la autoría de quien proviene y a la certeza de su contenido. Le es predicable, por ende, el calificativo de documento electrónico público o privado dependiendo de su origen, pues en efecto, “el documento electrónico, se aporta al proceso y tiene entidad propia. No es necesario apuntalarlo desde el principio con otra prueba, como la prueba pericial. Otra cosa es que se impugne y sea necesario averiguar si fue adulterado o no”(5). Así mismo, su decreto y práctica corren la misma dinámica de la incorporación probatoria de cualquier medio probatorio, solo que conforme a sus características propias de provenir o estar contenido en medio electrónico, digital o virtual.

De conformidad con la Ley 527 de 1999, los documentos digitales o traídos en medios electrónicos tienen toda la entidad para ser incorporados como pruebas dentro de los procesos, como lo reafirmó el legislador del 2011, al expedir los cuerpos de dos de las más grandes e importantes regulaciones procesales en el derecho Colombiano. En efecto, los artículos 55(6) y 216(7) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 243(8), 244(9) y 247(10) del CGP, dan cuenta de la inclusión de las novedades tecnológicas de cara a las piezas probatorias.

Aunque la legislación, en principio se advirtió incipiente, a partir de la Ley 527 de 1999, puede señalarse que aspectos intrínsecos de la prueba virtual o electrónica, fueron puestos en evidencia mediante la norma, tales como, la integridad, la completitud e inalterabilidad en su génesis o generación y en las circunstancias que le sean relevantes y propias, tal y como se advierte del artículo 9º, en aplicación armónica con el artículo 11, en cuanto a la autenticidad y confiabilidad. Esta última disposición, consagra: “Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente”. Finalmente, el presupuesto de conservación documental que da la seguridad a la prueba virtual o electrónica determinarán su valoración como tal.

Esa normativa ha sido enriquecida con leyes que focalizan aún más esta clase de prueba y su forma de custodia, consecución y valoración, como acontece con la Ley 1341 de 30 de julio de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, en la que se destaca y da preponderancia a la información tecnológica y a potencializar las conexiones virtuales como medios de información masiva que cuenten con la suficiente capacidad de llegar a todos con los parámetros de seguridad que contribuyan a la multiplicación informativa y la Ley 1712 de 2014 de 6 de marzo de 2014 (reglamentada por el Decreto 103 de 2015) “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, en la que el derecho al acceso a la información pública, bajo el principio de “máxima publicidad para titular universal” al consagrar: “Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley”.

Y cuyo ámbito de aplicación en calidad de sujetos obligados al suministro de la información y a permitir el acceso a la misma, recae entre otros sujetos, en toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital, conforme las voces del artículo 5º.

Además, dentro de los esquemas de promoción del acceso a la información pública que se positiviza como derecho, se consagra que cita “(…) toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática. El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos” (art. 4º).

Se derivan de ello principios que potencializan el acceso a la información en su ejercicio como derecho, tales como el de facilitación, en el que se impone a los sujetos obligados al suministro de la misma, dinamizar y actuar en forma eficiente, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo, aunado a otros, como el principio de calidad de la información, mediante el cual “toda información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad”.

Pero el legislador, focalizó aún más el derecho-deber en el acceso a la información, cuando en el artículo 7º, consagró que deberá estar a disposición del público la información, “(…) a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. Parágrafo. Se permite en todo caso la retransmisión de televisión por internet cuando el contenido sea información pública de entidades del Estado o noticias al respecto”.

Así las cosas, en boga y a buena hora, en respuesta a los avances tecnológicos, la realidad procesal y probatoria imponía la integración al proceso de las evidencias digitales, como acontece con la prueba que se ha incorporado y ordenado su práctica en este caso.

3.3. El traslado de la prueba que se incorpora mediante el auto de mejor proveer.

Siendo una prueba documental representantiva, conforme al artículo 29 de la Constitución Política, el derecho a controvertir las pruebas que se alleguen —sin discriminar si son de oficio o a petición de parte o si son incorporadas mediante auto de mejor proveer— deben ser objeto de traslado para que puedan ser controvertidas, razón por la cual incorporada se dispondrá correr traslado de la misma, para garantizar el derecho al debido proceso, a las partes y así se pronuncien única y exclusivamente sobre esta probanza, en tanto se recuerda el proceso está en la etapa de dictar sentencia.

Es claro que la potestad instructiva excepcional del auto de mejor proveer se complementa y armoniza, dentro de su alcance restringido tanto para el juez como para los sujetos procesales, con la garantía del debido proceso, pues es claro que el ejercicio del poder instructivo, propiamente dicho o excepcional, del juez debe ir a la par de la garantía del debido proceso.

Por todo lo anterior, la Sala mediante auto de mejor proveer, incorporará el documento contenido en medio magnético, cuya reproducción se obtenga al seguir el descrito en el tutorial para acceder mediante la página oficial de la Gobernación y que fue informado en el cuerpo de este auto.

Finalmente, para efectos de la práctica, aseguramiento y conservación de esta prueba, se dispondrá que en Secretaría de la Sección, la Consejera Ponente con el apoyo de un ingeniero de sistemas de la Corporación, en presencia de quienes acudan a la diligencia, realicé la grabación en un DVD o en USB que se incorpore al expediente.

En consecuencia, la Sección Quinta,

RESUELVE:

1. ORDENAR la práctica de la prueba referida en la parte motiva de esta providencia.

2. DISPONER que al día siguiente de la ejecutoria de este auto la Consejera Ponente en la Secretaría de la Sección(11) y con el apoyo de un ingeniero de sistemas de la Corporación grabe en DVD o en USB el documento que se señaló en el numeral anterior y lo incorpore al expediente.

3. Hecho lo anterior y sin necesidad de auto adicional, córrase traslado de documento digital a las partes por término de tres (3) días hábiles.

4. Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, presidenta—Rocío Araújo OñateCarlos Enrique Moreno RubioAlberto Yepes Barreiro.

1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Versión 23.

2 Sala Contenciosa Electoral, auto de 12 de mayo de 1987, radicación 9 y 14.

3 Sentencia del 14 de julio de 2005, exp. 70001-23-31-000-2003-02129-01(3707) M.P. doctor Reinaldo Chavarro Buriticá.

4 Prueba decretada en la oportunidad procesal correspondiente.

5 “El documento electrónico y su alcance probatorio”. Conferencia del dr. Jairo Parra Quijano. Universidad Externado de Colombia. Departamento de Informática Jurídica y Dirección de Posgrados. Facultad de derecho. I Convención Internacional de Derecho Informático, Documentación y Documento Electrónico. Octubre 18, 19 y 20 de 2006.

6 ART. 55.—Documento público en medio electrónico. Los documentos públicos autorizados o suscritos por medios electrónicos tienen la validez y fuerza probatoria que le confieren a los mismos las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
Las reproducciones efectuadas a partir de los respectivos archivos electrónicos se reputarán auténticas para todos los efectos legales.

7 ART. 216.—Utilización de medios electrónicos para efectos probatorios. Será admisible la utilización de medios electrónicos para efectos probatorios, de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulan la materia y en concordancia con las disposiciones de este Código y las del Código de Procedimiento Civil.

8 ART. 243.—Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

9 ART. 244.—Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.

10 ART. 247.—Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud.
La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos.

11 A las 8:30 a.m. (ocho y treinta de la mañana).