AUTO 2015-01870/3184-2015 DE NOVIEMBRE 16 DE 2017

 

Auto 2015-01870 de noviembre 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Expediente: 25000-23-42-000-2015-01870-01 (3184-2015)

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Demandante: María Mercedes Micaela Millán Salazar

Demandado: Unidad Administrativa Especial del Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Apelación auto

Bogotá, D.C., dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 8 de mayo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C, mediante el cual se abstuvo de librar el mandamiento de pago deprecado por la señora María Mercedes Micaela Millán Salazar.

1. Antecedentes.

1.1. Demanda (fls. 1-9).

1.1.1. Pretensiones.

La señora María Mercedes Micaela Millán Salazar, mediante apoderado, solicitó que se libre mandamiento de pago respecto del cumplimiento de las sentencias del 30 de septiembre de 2010 y 6 de octubre de 2011, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente, en lo atinente a que se paguen los intereses moratorios derivados de las mencionadas providencias desde el 11 de febrero de 2012 al 25 de noviembre de 2013.

1.1.2. Hechos.

1.1.2.1. Mediante la sentencia del 30 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE), a reliquidar la pensión de jubilación de la señora María Mercedes Micaela Millán Salazar, decisión que fue confirmada parcialmente y modificada por la sentencia del 6 de octubre de 2011, proferida por esta corporación, los cuales quedaron ejecutoriados el 12 de febrero de 2012.

1.1.2.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante las resoluciones RDP 013908 del 30 de octubre de 2012 y RDP 005419 del 7 de febrero de 2013, dio cumplimiento parcial a las providencias precitadas; actos administrativos que fueron modificados por medio de la Resolución RDP 045980 del 3 de octubre de 2013, que reliquidó la pensión de jubilación de la demandante conforme a los fallos mencionados.

1.1.2.3. El 25 de noviembre de 2013, la UGPP reportó al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - Consorcio Fopep, la novedad de inclusión en nómina de los valores reconocidos en la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante por concepto de pago de diferencia de mesadas atrasadas e indexación.

1.1.2.4. Dijo que dentro de los pagos realizados por el Consorcio Fopep no se incluyó lo correspondiente al pago de los intereses moratorios que fueron ordenados en las sentencias mencionadas en los numerales anteriores.

1.2. Auto apelado (fls. 106-103).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 8 de mayo de 2015, se abstuvo de librar el mandamiento ejecutivo deprecado por la señora María Mercedes Micaela Millán Salazar, en razón a que los intereses moratorios, que en esta oportunidad se reclaman, solo deben reconocerse siempre y cuando no se haya realizado la indexación de las sumas reconocidas por concepto de las mesadas atrasadas desde el 12 de febrero de 2004, hasta el momento del pago, puesto que esas dos figuras jurídicas son incompatibles porque provienen de la misma causa.

Igualmente indicó que en el presente asunto no se condenó al pago de intereses, empero, de haberlo hecho, no se acudió a la ejecución dentro del término de 6 meses de conformidad con el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.

1.3. Recurso de apelación (fls. 115-118).

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante indicó que los argumentos expuestos por el tribunal no son de recibo porque en este caso los intereses moratorios surgieron como consecuencia del retardo en el cumplimiento de una decisión judicial y que es evidente que la entidad tardó más de 21 meses en dar efectivo cumplimiento de los fallos que se pretenden ejecutar.

Dijo que no es cierto que el pago de la indexación excluya a los intereses moratorios, toda vez que la primera busca compensar la pérdida del poder adquisitivo de una condena afectada por el paso del tiempo y/o de fenómenos económicos como la inflación, mientras que los intereses moratorios, como ya se dijo, buscan resarcir un perjuicio, el cual puede tomarse como el lucro cesante o el daño emergente, que se produce como consecuencia de la negligencia para cumplir oportunamente una decisión judicial.

2. Consideraciones.

2.1. Problema jurídico.

Le corresponde a esta Sala determinar si la indexación efectuada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en el cumplimiento de las sentencias del 30 de septiembre de 2010 y 6 de octubre de 2011, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente, impide el pago de los intereses moratorios deprecados por la señora María Mercedes Micaela Millán Salazar.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial.

2.2.1. Sobre el proceso ejecutivo.

El proceso ejecutivo es un mecanismo judicial diseñado para hacer efectivo el pago de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título ejecutivo sin la necesidad de declarar la existencia del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. Esta clase de procedimiento está establecido en la sección segunda, título único del Código General del Proceso, así:

ART. 422.—Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]

Por su parte, el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispone que en materia contencioso-administrativa constituyen título ejecutivo los siguientes: i) las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. ii) Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible. iii) Los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones. iv) Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

2.2.2. Del cumplimiento de las sentencias con contenido económico.

En vista de que en el presente asunto la sentencia cuya ejecución se pretende fue proferida en vigencia del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84), se procederá a hacer un análisis de cómo debía darse cumplimiento de las decisiones judiciales con contenido económico.

La ejecución de las sentencias judiciales proferidas en vigencia del Código Contencioso Administrativo se encuentra regulada en los artículos 176, 177 y 178 de esta normatividad, los cuales disponen lo siguiente:

ART. 176.—Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.

ART. 177.—Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

[…].

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

[…].

Inciso. 6º Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide de una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

[…].

ART. 178.—La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor (resaltado no son del texto).

Conviene destacar que el primer momento de ejecución y cumplimiento de las sentencias judiciales le corresponde a las autoridades condenadas, pues estas tienen el deber de emitir la resolución correspondiente en la que se indique la forma en que se va a llevar a cabo el acatamiento de la decisión a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la providencia.

En el segundo momento, para que se proceda a la ejecución de la providencia, el deber recae en el favorecido de la condena impuesta, en razón a que este debe aportar ante la autoridad administrativa la primera copia de las sentencias que pretende hacer valer, con la salvedad de que si lo hace con posterioridad a los seis (6) meses siguientes desde la ejecutoria de la providencia, cesará la causación de los intereses de todo tipo, desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

En cuanto a la anterior afirmación, el inciso 6º del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fue declarado exequible mediante la Sentencia del C-428 de 2012, proferida por la Corte Constitucional, bajo el siguiente argumento:

Pues bien, una lectura cuidadosa de la regla materia del presente debate, interpretada en concordancia con el conjunto de previsiones normativas a las que se ha hecho referencia expresa en acápites anteriores, permite concluir que la razón de su incorporación en el texto normativo del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, no es otra que la de propender por la defensa del patrimonio público y por la garantía del interés general, en cuanto busca que los beneficiarios de condenas contra entidades estatales actúen de buena fe y con diligencia frente a la reclamación que deben presentarles, procurando con ello que los funcionarios llamados a cumplir los fallos adopten en forma pronta y oportuna las medidas que sean necesarias para su ejecución y cumplimiento, e impidiendo que la administración se vea abocada a reconocer y pagar una mayor cantidad de intereses moratorios; en este caso específico, derivados de la actitud negligente del acreedor.

Es decir, la aplicación del inciso 6º del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, se debe al criterio de salvaguardar el patrimonio de la Nación con el fin de evitar el pago de intereses moratorios desmesurados.

En tercer lugar, la pérdida del valor adquisitivo del dinero hace referencia a la disminución de la cantidad de bienes y servicios que una persona puede adquirir con una misma cantidad en un transcurso del tiempo determinado, la cual se debe en gran parte a la inflación de los precios de una economía; en tal sentido, el legislador también previó la mencionada situación y ordenó el ajuste de los valores en las liquidaciones de las condenas que se resuelven mediante las sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conocido con el método de la indexación.

Este mecanismo que busca el equilibrio y la actualización monetaria ha sido objeto de debates en cuanto a su aplicación y compatibilidad con la generación de los intereses moratorios por el retardo en el pago de las condenas judiciales. Al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación ha dicho lo siguiente:

En este punto, la corporación ha venido señalando que el ajuste de las sentencias condenatorias obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda, que en tratándose de servidores del Estado, disminuye en forma continua el poder adquisitivo de sus ingresos, por lo que la indexación es un acto de equidad, cuya aplicación se sustenta además en el artículo 230 de la Constitución Política, que dispone:

“ART. 230.—Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.

Es así que cuando se ordena el restablecimiento del derecho con la indexación, se busca que dicho restablecimiento “represente el valor real al momento de la condena que es el equivalente al perjuicio recibido”.

Se precisa además que la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación ha manifestado que “en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son incompatibles”, por lo tanto, si se ordena el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la indexación, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa.

En tal medida, cuando en la condena judicial de reintegro, se ordena la actualización de las sumas liquidadas a favor del accionante, desde la fecha en que se causaron a la fecha de su pago efectivo, no puede condenarse simultáneamente, a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, al pago de los intereses de mora previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, pues resultan incompatibles(1) (resaltado y cursivas del texto).

Posteriormente, esa misma Sala dijo lo siguiente respecto del momento en que se causan los intereses moratorios, veamos:

[…] las reglas para la efectividad de las sentencias condenatorias y las conciliaciones debidamente aprobadas por la jurisdicción contenciosa, bajo el anterior Código Contencioso Administrativo. Se resumen así:

[…].

ii) Las cantidades liquidas reconocidas en tales sentencia o en acuerdo conciliatorio devengarán intereses moratorios dependiendo del plazo con que cuente la entidad pública obligada para efectuar el pago: a) en cuanto a la sentencias los intereses moratorios se causan desde el momento de su ejecutoria, excepto que esta fije un plazo para su pago, caso en el cual dentro del mismo se cancelarán intereses comerciales; y b) en el evento de la conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término acordado y, una vez fenecido este, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora(2).

Por otro lado, la Corte Constitucional mediante la sentencia de constitucionalidad C-953 de 2003(3), declaró estarse a los resuelto en las sentencias C-188 de 1999 y C-428 de 2002 y se refirió al tema del pago de los intereses moratorios de la siguiente manera:

Sobre el punto, en algunos apartes de la Sentencia C-188 de 1999, sostuvo la Corte que el patrimonio de los particulares goza de una clara protección constitucional; razón por la cual, para efectos de los conflictos patrimoniales que se puedan suceder, el principio de igualdad y la equidad imponen que las dos partes reciban un mismo trato, de manera que si el Estado cobra a los particulares intereses bancarios y moratorios por el incumplimiento oportuno de sus obligaciones, también aquél debe asumir esas mismas cargas cuando no paga en tiempo. En este contexto, concluyó que cualquier interpretación en contrario genera una injustificada e inequitativa discriminación que favorece la ineficacia y falta de celeridad en la gestión pública, y además un enriquecimiento sin causa a favor del Estado y en perjuicio del particular, quien ve deteriorado el poder adquisitivo de su dinero (resaltado fuera de texto).

Por lo tanto, el reconocimiento y pago de la indexación del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (que busca el equilibrio en la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo por el paso del tiempo), y de los intereses moratorios (los cuales tiene como objeto resarcir los perjuicios ocasionados por el retardo en el pago de las obligaciones por parte del deudor), contemplados en el artículo 177 ídem, corresponde a un mandato de igualdad y de equidad, el cual será procedente, siempre y cuando no se ocasionen de manera simultánea y concomitante, es decir, la actualización monetaria o indexación en el pago de las sentencias procede desde el momento en que surge la obligación hasta el momento en que quede ejecutoriada la providencia y a partir de ahí, se generan los intereses moratorios hasta cuando se haga el pago efectivo de los dineros reconocidos.

2.3. Análisis de la Sala.

Descendiendo a la solución del caso concreto, se tienen como hechos relevantes los siguientes:

i) Mediante la sentencia del 30 de enero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se ordenó el reconocimiento y pago de la reliquidación de la mesada pensional de la señora María Mercedes Micaela Millán sobre el 75% del promedio mensual de los salarios devengados durante los últimos seis (6) meses de servicios prestados. Asimismo, ordenó el pago de las diferencias de las mesadas pensionales dejadas de percibir teniendo en cuenta la formula R = RH X (Índice final/Índice inicial), la cual se aplica para actualizar e indexar los valores reconocidos, así como, el cumplimiento de la providencia dentro de los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. Esta decisión fue confirmada a través de la sentencia del 6 de octubre de 2011, proferida por esta corporación(4) (fls. 11 al 68).

ii) La demandante, en memorial radicado ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), del 6 de junio de 2012, solicitó el cumplimiento de los fallos antedichos (fls. 69 al 71).

iii) Mediante la Resolución RDP 013908 del 30 de octubre de 2012, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), dio cumplimiento a las sentencias del 30 de enero de 2010 y 6 de octubre de 2011, de la siguiente manera (fls. 72 a 79):

ART. PRIMERO.—En cumplimiento al fallo proferido por CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN B el 6 de octubre de 2011, se reliquida la pensión de VEJEZ del (a) señor(a) MILLÁN SALAZAR MARÍA MERCEDES MICAELA, ya identificado (a), elevando la cuantía de la misma a la suma de $ 2.426.609 […] efectiva a partir del 3 de noviembre de 1995 de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento.

ART. SEGUNDO.—Previa liquidación delárea (sic), el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado (a) las diferencias que resultaren de aplicar el artículo anterior y la(s) resolución(es) 32342 del 7 de julio de 2006 teniendo especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa, con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley, con observancia del turno respectivo.

[…].

ART. SEXTO.—El área de nómina realizará las operaciones pertinentes, conforme se señala en el fallo y en el presente acto administrativo respecto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, precisando que éste (sic) pago estará a cargo de PROCESO LIQUIDATORIO DE CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN.

[…].

iv) Mediante la Resolución RDP 005419 del 7 de febrero de 2013, se modificó la fecha de efectividad de la pensión de la demandante a partir del 12 de febrero de 2004, y no desde el 3 de noviembre de 1995, como se indicó en la Resolución RDP 30 de octubre de 2012 (fls. 80 y 81).

v) El 25 de agosto de 2013, el Fondo de Pensiones Públicas - Consorcio Fopep, pagó a la demandante la suma de $ 40.899.769.45 por concepto de reliquidación pensional indexada, con el respectivo retroactivo, a partir del 12 de febrero de 2004, tal como se ordenó en los fallos traídos para su ejecución (fls. 82 al 85).

vi) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por medio de la Resolución RDP 045980 del 3 de octubre de 2013, modificó nuevamente la Resolución RDP 13908 del 30 de octubre de 2012, en el sentido de aumentar el valor de la mesada pensional de la demandante de la siguiente manera:

ART. PRIMERO.—MODIFICAR la Resolución RDP 013908 del 30 de octubre de 2012, en sus ARTÍCULOS PRIMERO Y TERCERO, los cuales quedarán así:

“ART. PRIMERO.—En cumplimiento al fallo proferido por CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN B el 6 de octubre de 2011, se reliquida la pensión de VEJEZ del (a) señor(a) MILLÁN SALAZAR MARÍA MERCEDES MICAELA, ya identificado (a), elevando la cuantía de la misma a la suma de $ 3.054.598 (TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.) […] efectiva a partir del 3 de noviembre de 1995 de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento”.

vii) Como consecuencia de la anterior modificación, el Fopep pagó en el mes de noviembre de 2013, la suma de $ 116.442,720.01, por concepto de reajuste y reliquidación indexada de la pensión de jubilación de la demandante (fls. 89 al 91).

Bajo este contexto, se advierte que mediante los actos administrativos precitados se dio cumplimiento parcial a los fallos del 30 de enero de 2010, emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y del 6 de octubre de 2011, proferido por esta corporación, pues a pesar de que en las liquidaciones que hizo la UGPP, visibles en los folios 82 al 84 y 89 al 90, en el reajuste de la mesadas pensionales se tuvo en cuenta la actualización monetaria dispuesta en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo desde el 12 de febrero de 2004 (fecha en la que la demandante adquirió el status pensional) hasta el 10 de febrero de 2012 (fecha de ejecutoria de la sentencia a ejecutar), más no incluyó el reconocimiento de los intereses moratorios que surgieron como consecuencia del retardo en el pago de los dineros reconocidos en las decisiones judiciales desde la fecha de ejecutoria hasta el momento en que se canceló la obligación.

Aunado a lo anterior, se reitera que el reconocimiento y pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo no son excluyentes con el pago de la indexación monetaria del artículo 178 ídem, siempre y cuando estos no sean simultáneos ni concomitantes, como se pasa a explicar: i) solo podrán pagarse intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho y condena al pago de sumas de dinero hasta la fecha en que se pague la obligación reconocida; y ii) el valor del cual se deben reconocer y pagar los intereses moratorios corresponde al capital neto sin indexación.

Así las cosas, el reconocimiento de los intereses moratorios se torna obligatorio en razón a que los ciudadanos no están obligados a soportar los perjuicios derivados del retardo en el pago de las obligaciones reconocidas en decisiones judiciales por parte de la administración, pues como lo ha indicado la jurisprudencia constitucional «el principio de igualdad y la equidad imponen que las dos partes reciban un mismo trato, de manera que si el Estado cobra a los particulares intereses bancarios y moratorios por el incumplimiento oportuno de sus obligaciones, también aquél debe asumir esas mismas cargas cuando no paga en tiempo»(5).

Por consiguiente, la Sala procederá a revocar el auto del 8 de mayo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar, se ordenará al tribunal que libre mandamiento de pago respecto de los intereses moratorios causados del capital neto (sin indexación), desde la ejecutoria de la providencia a ejecutar hasta la fecha de pago de la obligación.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

Revocar el auto de 8 de mayo de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C, mediante el cual se abstuvo de librar el mandamiento de pago solicitado por la señora María Mercedes Micaela Millán Salazar.

Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que libre mandamiento de pago en favor de la señora María Mercedes Micaela Millán Salazar, respecto de los intereses moratorios causados sobre el capital neto (sin indexación), reconocido en las sentencias del 30 de enero de 2010 y 6 de octubre de 2011, desde la ejecutoria de la providencia hasta la fecha de pago de la obligación.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández—Rafael Francisco Suárez Vargas.

1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), número de radicado: 11001-03-06-000-2012-00048-00(2106). Actor: Ministerio de Relaciones Exteriores Referencia: Criterios para cumplir las sentencias laborales dictadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que ordenan el reintegro y pago de emolumentos.

2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Álvaro Namén Vargas, radicación 11001-03-06-000-2013-00517-00. Referencia: Ley 1437 de 2011. Régimen de transición y vigencia - Pago de sentencias judiciales.

3 Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad con ponencia del Dr. Rodrigo Escobar Gil-e.

4 Esta decisión quedó ejecutoriada el 8 de febrero de 2012 (fl. 68 reverso).

5 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-953 de 2003.