Auto 2015-02006/59243 de junio 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 05001-23-33-000-2015-02006-01(59.243)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Blanca Inés Restrepo de Pino

Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Referencia: reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: Caducidad del medio de control de reparación directa ocupación permanente de bienes inmuebles / Régimen jurídico aplicable - Vigencia de la norma procesal.

Bogotá, D. C., veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la audiencia inicial celebrada el 5 de abril de 2017, a través del cual dio por terminado el proceso por encontrar probada la excepción de caducidad de la acción.

I. Antecedentes

1. La demanda.

Mediante escrito presentado el 25 de septiembre de 2015(1), la señora Blanca Inés Restrepo de Pino, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante EPM), con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios a ella causados, como consecuencia de una servidumbre de hecho impuesta con la instalación de unas torres de transmisión de energía eléctrica en un predio rural de su propiedad, ubicado en el municipio de San José de la Montaña (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):

“PRIMERA: Se declare que el día 27 de febrero de 2014 las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. NIT. 890904996 — 1 instalaron sobre el predio de propiedad de mi poderdante, siete (7) torres de transmisión en estructura de haches, y tres (3) postes, que cargan ocho (8) cables o líneas primarias número 4/0 ASCR, con circuitos dobles 13.2 KV para conducción eléctrica, sin acatar los lineamientos establecidos en la Ley 56 de 1981 y su decreto reglamentario 2580 de 1985, configurando la imposición de una servidumbre de hecho.

“SEGUNDA: Como corolario de lo anterior, se declare a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. NIT. 890904996 — 1, administrativamente responsable de los perjuicios materiales ocasionados a mi mandante conla servidumbre de hecho impuesta por la demandada con la instalación de siete (7) torres de transmisión en estructura de haches, tres (3) postes, que cargan ocho (8) cables o líneas primarias número 4/0 ASCR, con circuitos dobles 13.2 KV para conducción eléctrica, el día 27 de febrero de 2014, sobre el predio ubicado en el municipio de San José de la Montaña (Ant.) e identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nº 37 — 21049 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yarumal (Ant.), de propiedad de la demandante” (se destaca).

En ese sentido, solicitó que se condenara a EPM a pagar i) $400’000.000, por concepto de “servidumbre de área de ubicación de las torres y postes”, ii) $189.000.000, por concepto de “servidumbre aérea de cableado” y iii) $50’000.000, por concepto de “pérdida del pasto destinado a la alimentación de ganado, en cada punto de apoyo de las torres y los postes metálicos”.

Como fundamentos fácticos de la demanda, en síntesis, se narraron los siguientes:

En un predio de propiedad de la señora Blanca Inés Restrepo de Pino, EPM instaló el 27 de febrero de 2014 “siete (7) torres de trasmisión en estructura de haches y tres (3) postes, que cargan ocho (8) cables o líneas primarias número 4/0 ASCR, con circuitos dobles 13.2 KV para conducción eléctrica”, sin que previamente hubiese solicitado la imposición de una servidumbre mediante acto administrativo y sin que se cumplieran los requisitos legales previstos para tal fin, configurándose así una servidumbre de hecho.

El 30 de mayo de 2014, la señora Blanca Inés Restrepo de Pino solicitó a EPM la indemnización de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la instalación de las mencionadas torres de energía; petición que fue negada el 18 de junio de 2014. Posteriormente, la aquí demandante “interpuso el respectivo recurso para agotar vía gubernativa” y, en escrito del 3 de octubre de 2014, EPM reiteró la negativa de la indemnización de perjuicios.

2. Trámite procesal previo a la expedición del auto apelado.

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 19 de octubre de 2015(2), providencia que fue notificada en debida forma a la entidad demandada(3) y al Ministerio Público(4).

2.2. EPM contestó la demanda para oponerse a sus pretensiones(5). 

Propuso la excepción de caducidad. En síntesis señaló que, en los casos en los cuales se reclama la indemnización de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la ocupación permanente de bienes inmuebles, el término para ejercer el medio de control de reparación directa es de dos años, contados a partir de la fecha en que concluye la obra o desde el momento en que el actor conoce de dicha finalización.

Afirmó que la ocupación por la cual se acudió a la jurisdicción, consistente en la servidumbre de distribución de energía, se constituyó en 1984, mientras que en marzo de 2014 únicamente se realizaron labores de remodelación de la mencionada red de distribución de energía, utilizando la ruta preexistente.

En ese sentido, sostuvo que el término de caducidad empezó a correr desde que se culminaron las obras, esto es, desde 1984 y, por consiguiente, en el presente asunto operó el fenómeno de la caducidad, por cuanto la demanda se presentó el 25 de septiembre de 2015.

2.3. EPM llamó en garantía a la sociedad Royal & Sun Alliance Seguros S.A.

2.3.1. Mediante auto del 18 de agosto de 2016(6), el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió el llamamiento en garantía.

2.3.2. La sociedad llamada en garantía invocó la excepción de caducidad respecto del medio de control ejercido, bajo los mismos argumentos presentados por EPM(7).

3. El auto apelado.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en el marco de la audiencia inicial celebrada el 5 de abril de 2017, declaró probada la excepción de caducidad y, como consecuencia, dispuso la terminación del proceso.

Con fundamento en las pruebas allegadas por la partes, señaló que en 1984 inició la ocupación del predio de la demandante, con la instalación de un circuito eléctrico por parte de la Empresa Antioqueña de Energía (EADE), el cual fue “adjudicado” a EPM el 25 de junio de 2007, cuando la primera empresa fue liquidada. A su vez, expuso que las obras desarrolladas el 18 de marzo de 2014 consistieron en el cambio de algunos postes y apoyos sobre la ruta preexistente, sin que esta situación diera lugar a una nueva servidumbre.

En este orden de ideas, concluyó que en el caso sub examine el término de caducidad inicio su cómputo a partir del momento en que finalizó la obra que dio origen a la servidumbre de conducción de energía, esto es, a partir de 1984, y dado que la demanda se presentó el 25 de septiembre de 2015, operó la caducidad del medio de control de reparación directa(8).

4. El recurso de apelación.

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación(9). En resumen señaló que, si bien la servidumbre de conducción de energía eléctrica se constituyó en 1984, las obras desarrolladas por EPM durante el 2014 fueron las que ocasionaron los perjuicios objeto de la litis, dado que con la instalación de las nuevas estructuras se afectó el desarrollo de las labores de agricultura y ganadería adelantadas en el mencionado predio (se transcriben apartes de la audiencia de forma literal):

“... yo considero es que los perjuicios se estructuraron, el daño se estructuró, a partir de que cambiaron las torres e instalaron estas nuevas de estructura metálica, ahí es donde se configuró el daño, por eso pasaron 30 años y mi poderdante nunca demandó, es que realmente era una obra en beneficio de la comunidad y en eso estamos totalmente de acuerdo, eso fue en el año 1984, pasaron 30 años y estamos de acuerdo con eso; sin embargo, cuando llegó Empresas Públicas a modernizar esa servidumbre, ahí ocasionó un perjuicio y ahí afectó la propiedad privada”.

4.1. Del recurso de apelación interpuesto se corrió traslado a los demás sujetos procesales.

4.1.1. EPM solicitó que se confirmara la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a su vez, indicó que en el caso sub examine la infraestructura instalada consistió en líneas de distribución de energía inferior a 57,5 kilovatios, las cuales no requerían la constitución de una servidumbre, de conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas(10).

4.1.2. La sociedad llamada en garantía señaló que en el presente asunto operó la caducidad, dado que en el proceso se acreditó que se trataba de la misma servidumbre, por tanto, adujo que no estaban llamados a prosperar los argumentos expuestos por la parte actora en su apelación(11).

4.1.3. El Ministerio Público manifestó estar de acuerdo con la decisión proferida por el tribunal a quo(12).

4.2. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

II. Consideraciones

1. Procedencia del recurso de apelación y competencia del despacho.

De conformidad con el artículo 180.6 del CPACA, el recurso de apelación es procedente, porque a través de este se cuestiona la decisión que resolvió sobre la excepción de caducidad; asimismo, la impugnación se interpuso de manera oportuna y fue debidamente sustentada, en los términos del artículo 244 ejusdem.

A la Sala, en virtud de lo dispuesto en los artículos 125(13) y 150(14) del CPACA, le asiste competencia funcional para resolver dicha apelación, por tratarse de un auto dictado por un tribunal administrativo y, además, porque la decisión proferida en primera instancia será confirmada, como se explicará a continuación.

2. Caso concreto.

Tal y como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables para que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, término que en caso de vencerse conlleva como consecuencia la configuración del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y, por consiguiente, de obtener una sentencia de mérito.

Dicha figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto por las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001 y el Decreto 1069 de 2015, así como tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

En los casos de ocupación permanente o temporal de inmuebles por obras públicas, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación, en virtud del derecho al acceso a la Administración de Justicia –artículo 229 C.P.– y del principio pro accione, ha considerado que el conteo del término de caducidad inicia desde la fecha de finalización de la obra o trabajo público, o desde que el afectado tuvo conocimiento del daño, toda vez que es solo a partir de esa fecha que tendría un interés actual para acudir ante la jurisdicción(15).

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP, el conteo de los términos que hubieren empezado a correr en vigencia de una ley anterior debe realizarse según lo dispuesto en dicha norma. Así las cosas, pese a que la demanda se interpuso en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el cómputo de la caducidad debe hacerse de conformidad con lo previsto en el estatuto procesal vigente para la época de los hechos.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en 1984 la Empresa Antioqueña de Energía instaló una red eléctrica en el inmueble de la aquí demandante, de acuerdo con lo expuesto en el Oficio 2014060486, proferido por EPM (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):

“[la] infraestructura eléctrica fue instalada en el predio desde el año 1984, por la extinta Empresa Antioqueña de Energía - EADE, permaneciendo intacta hasta principios del año 2014, momento en el cual se requirió adelantar una serie de adecuaciones técnicas al circuito, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y de confiabilidad del sistema”(16).

Asimismo, según el concepto técnico elaborado por EPM, los trabajos de modernización realizados a la mencionada red eléctrica en el 2014 se efectuaron sobre la ruta preexistente (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):

“la propiedad ya tenía la afectación de una red de distribución de energía eléctrica bifásica, y las modificaciones efectuadas en el presente año, se realizaron aplicando todas las normas de seguridad establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETE, utilizando la ruta previamente existente de la red. La red se construyó sin afectar ninguna construcción o área de habitación, ni se removieron cultivos ni obstáculos y se respetaron los habitantes del predio, quienes firmaron una autorización sobre el particular”(17).

Lo anterior fue corroborado por la parte actora en la sustentación del recurso de apelación (se transcriben apartes de la audiencia de forma literal):

“... yo considero es que los perjuicios se estructuraron, el daño se estructuró, a partir de que cambiaron las torres e instalaron estas nuevas de estructura metálica, ahí es donde se configuró el daño, por eso pasaron 30 años y mi poderdante nunca demandó, es que realmente era una obra en beneficio de la comunidad y en eso estamos totalmente de acuerdo, eso fue en el año 1984, pasaron 30 años y estamos de acuerdo con eso; sin embargo, cuando llegó Empresas Públicas a modernizar esa servidumbre, ahí ocasionó un perjuicio y ahí afectó la propiedad privada”.

En efecto, la Sala advierte que sobre el inmueble de la señora Blanca Inés Restrepo de Pino se instaló una red de distribución de energía eléctrica desde 1984, lo cual configuró una servidumbre de facto, situación que no fue puesta de presente en la demanda, mientras que las obras efectuadas por EPM en 2014, por las cuales se pretende se declare que se constituyó una servidumbre, consistieron en la modernización de la mencionada red eléctrica, sin que se hubiese modificado la ruta preexistente.

En ese contexto, vale la pena resaltar que la demanda versa sobre los posibles perjuicios ocasionados como consecuencia de la imposición de una servidumbre de hecho con ocasión de la instalación de unas torres de conducción de energía eléctrica el 27 de febrero de 2014; sin embargo, como acaba de verse y de acuerdo con los elementos de prueba que obran en el proceso, así como lo expuesto por las partes, la referida servidumbre se constituyó en 1984, de ahí que el término de caducidad se contabilice a partir de dicho año, toda vez que, se reitera, las obras que dieron lugar a ello finalizaron en esa anualidad.

Al respecto, conviene precisar que si bien se tiene que las obras culminaron en 1984, no existe certeza sobre el día exacto en que ello ocurrió y en ese año tuvieron vigencia dos estatutos procesales diferentes, esto es, la Ley 167 de 1941 (norma vigente hasta el 29 de febrero de 1984) y el Decreto 01 de 1984 (codificación que empezó a regir el 1º de marzo 1984), no obstante lo anterior, ambas codificaciones preveían el término de 2 años para acudir a la jurisdicción(18).

De conformidad con todo lo anterior, estima la Sala que la decisión apelada debe confirmarse, toda vez que el daño alegado por la demandante y por el cual pretende obtener la indemnización de perjuicios es la imposición de hecho de una servidumbre de energía eléctrica que realizó EPM sobre su predio; no obstante lo anterior, si bien se afirmó que tal situación sucedió el 27 de febrero de 2014, lo cierto es que, de acuerdo con la información que obra en el proceso, la ocupación del inmueble ocurrió en 1984.

Así las cosas, dado que la demanda se presentó el 25 de septiembre 2015, esto es, más de 30 años después de que se instaló la red de distribución de energía eléctrica, se impone concluir que en el presente caso operó el fenómeno jurídico procesal de la caducidad.

Como consecuencia, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquía, en la audiencia inicial celebrada el 5 de abril de 2017, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Adriana Marín—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Folios 1 a 7 del cuaderno de primera instancia.

2 Folio 33 del cuaderno de primera instancia.

3 Folios 69 a 72 del cuaderno de primera instancia.

4 Folio 108 del cuaderno de primera instancia.

5 Folios 112 a 134 del cuaderno de primera instancia.

6 Folios 51 a 52 del cuaderno 2.

7 Folios 110 a 122 del cuaderno 2.

8 Registro de la audiencia inicial, desde el minuto 24:51 del Cd contenido en el folio 440 del cuaderno del Consejo de Estado.

9 Registro de la audiencia inicial, desde el minuto 37:47 del Cd contenido en el folio 440 del cuaderno del Consejo de Estado.

10 Registro de la audiencia inicial, desde el minuto 48:26 del Cd contenido en el folio 440 del cuaderno del Consejo de Estado.

11 Registro de la audiencia inicial, desde el minuto 51:37 del Cd contenido en el folio 440 del cuaderno del Consejo de Estado.

12 Registro de la audiencia inicial, desde el minuto 53:44 del Cd contenido en el folio 440 del cuaderno del Consejo de Estado.

13 “Artículo 125. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

14 “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencia dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio impugnación (…)”.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 19 de julio de 2007, Exp. 31.135, C. P. Enrique Gil Botero, reiterado por esta Subsección en auto del 22 de junio de 2017, Exp. 57.160, entre otras providencias.

16 Folios 150 a 151 del cuaderno de primera instancia.

17 De conformidad con lo expuesto en el Oficio 2014103740 proferido por EPM (fls. 167 a 168 del cuaderno de primera instancia).

18 El artículo 263 de la Ley 167 de 1941 estableció el término de caducidad así: “La demanda para que se pague la indemnización debida cuando, a causa de un trabajo público, se ocupa o daña una propiedad particular se dirigirá al tribunal correspondiente a más tardar dentro de los dos años de ocurrido el daño o verificada la ocupación” y, por su parte, el Decreto 01 de 1984 dispuso: “La [acción] de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.