Auto 2015-02151/58075 de octubre 24 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000-23-36-000-02151-01 (58075)

Demandado: Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores y otro

Referencia: Apelación Auto. Medio de control reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El despacho es competente para decidir el recurso interpuesto, por tratarse del auto de audiencia inicial que resuelve las excepciones previas, en los términos del artículo 180 numeral 6 del CPACA.

2. A efectos de cumplir con tal cometido, se precisa que el problema jurídico se centra en determinar si las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores que fueron declaradas como no probadas por el Tribunal de Cundinamarca - sección tercera - subsección “A”, se encuentran configuradas en el caso concreto.

3. Excepciones.

Las excepciones son la manera como se puede oponer la parte pasiva dentro del proceso, frente a las pretensiones de la parte activa, las cuales debe dirimir el juez de conocimiento. La normativa las ha distinguido en dos clases: i) las previas las cuales se encuentran consagradas en el artículo 100 del Código General del Proceso con las cuales lo que se pretende es el saneamiento del proceso, por causa de vicios o defectos en el mismo, y su finalidad es mejorarlo o terminarlo, cuando lo primero no sea posible, y ii) las de mérito o de fondo deben ser resueltas en la sentencia como lo establece en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 que deben ser estudiadas y resueltas en la sentencia pues con ellas lo que se busca es controvertir las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, en el caso bajo estudio es importante señalar que al juez de instancia en la audiencia inicial debe resolver las excepciones previas las cuales son utilizadas como componente de defensa de la parte demandada, éstas se encargan de acatar las pretensiones de la demanda, y para el caso en cuestión el numeral 6 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica que estas se resolverán en audiencia:

“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas (...)

6. Decisión de excepciones precias. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y la de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva”.

Por lo expuesto la actuación del juez de instancia está ajustada a derecho, y al ad quem corresponde resolver el recurso radicado por las partes.

4. La caducidad del medio de control contencioso administrativo

La caducidad del medio de control contencioso administrativo como instituto procesal obtiene soporte y fundamento en el artículo 228 de la Constitución Política. Dicho fundamento constitucional determina la aplicación de los términos procesales en el ordenamiento jurídico, buscando ante todo la protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social(6) (7).

Conforme a la estructuración conceptual de nuestra legislación, la figura de la caducidad de los medios de control es de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento, innegociable e irrenunciable en cuanto implica el reconocimiento normativo de un lapso habilitador para el ejercicio de ciertas acciones judiciales(8).

En esta perspectiva el legislador ha considerado que la no materialización del término límite establecido para la correspondiente caducidad constituye otro de los presupuestos para el debido ejercicio de las acciones contencioso administrativas que estuvieren condicionadas para estos efectos por el elemento temporal(9).

Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre en cuanto a los tiempos de las personas para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales(10). En este sentido, las consecuencias del acaecimiento de la condición temporal que es manifiesta en toda caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por la vía judicial los derechos que se consideran vulnerados por causa de la actividad de la administración pública(11).

De manera concreta, en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa dispone que el literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

De modo que, para que se declare al Estado responsable por un daño antijurídico imputable a la acción u omisión de sus agentes, el término de dos años para demandar inicia al día siguiente, contando a partir de la ocurrencia del daño o del momento en que el demandante tuvo conocimiento del mismo.

5. La legitimación en la causa

Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta sección aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la protección procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(12).

Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación de la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(13).

La legitimación se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(14). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la protección procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,

“[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA, art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal. La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado —modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado” (negrillas en el texto original, subrayas fuera de él)(15).

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado — legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la pretensión de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite de plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, porque resultaron perjudicadas o porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que, un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(16).

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda, o en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior u necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(17). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:

“La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:

— A, administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si

— A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente, quienes participaron realmente en la causa de que dio origen a la formulación de la demanda”(18).

En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida que se trata de

“... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(19). (...)(20)

6. El caso concreto.

El presente caso llegó a esta instancia a través del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores, contra el auto proferido en audiencia inicial del 27 de septiembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - sección tercera - subsección “A”, en el cuál se declaró como no probadas las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Relaciones de Exteriores.

El recurrente consideró que contrario a lo señalado por el a quo en el proveído cuestionado, el presente medio de control de reparación directa se encontraba caducado, por cuanto si bien se le reclamaba en la demanda la salida ilegal en relación a la expedición del pasaporte del señor William Nufer del 25 de marzo de 1968, ya habían transcurrido 46 años desde la presentación de la acción.

Aunado a ello, señaló que aunque el señor Nufer no lo había hecho a los dos años que establece la ley para el efecto, esto es el 26 de marzo de 1970, si lo pudo haber hecho una vez regresó al país, toda vez que el derecho de petición que se había radicado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores se hizo con posterioridad a su llegada. Por lo tanto, al momento de presentar la solicitud de conciliación extrajudicial (3 de junio de 2015) ya se encontraba caducada la acción.

Por otra parte, frente a la legitimación en la causa por pasiva manifestó que en los supuestos fácticos de la demanda nunca se había hecho una condena en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que los mismos iban encaminados a un tercero ajeno a la entidad, pues de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso en la contestación de la demanda el ministerio nunca tuvo una relación directa con los acontecimientos que acaecieron al señor Nufer,

Frente a la primera excepción relacionada con la caducidad del medio de control de reparación directa, advierte el despacho que las alegaciones expuestas por el apoderado de la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores no son de recibo, pues al igual lo manifestó el a quo, el término de caducidad se debe contar desde el 2 de julio de 2013, fecha en que tuvo conocimiento del daño. Ello en razón a que en dicho día el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante correo electrónico(21) remitió los documentos solicitados por el señor William Nufer en el derecho de petición del 14 de mayo de 2013(22), y fue desde ese momento en que se percató de las supuestas irregularidades presentadas en el trámite del pasaporte identificado con el Nº F 039662 del 25 de marzo de 1968(23), las cuales exponen en el libelo demandatorio.

De tal suerte, que de acuerdo a lo anterior el presente medio de control de reparación directa se presentó dentro del término de los dos años establecidos en el artículo 164 del CPACA, pues como lo advirtió el tribunal de primera instancia en el proveído impugnado el término de caducidad se debía contar desde el 3 de julio de 2013, el cual vencía el 3 de julio de 2015, sin embargo, como la parte actora solicitó conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación el día 3 de junio de 2015 y la certificación del agotamiento del requisito de procedibilidad se profirió el 6 de agosto de 2015(24), el término se había suspendido por 2 meses y 3 días. Por tal motivo, al presentarse la demanda el 11 de septiembre de 2015, el fenómeno de la caducidad no había operado, lo que conlleva a confirmar la decisión del a quo en tal sentido.

Ahora, respecto a la legitimación en la cuenta es importante señalar que la jurisprudencia constitucional se ha referido a ella, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(25), de esta manera cuando alguna de las partes carece de ella no podrá adoptarse una decisión a su favor. Frente a lo anterior es menester recordar lo que se ha dicho jurisprudencialmente al respecto:

“(...) La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas pues querrá decir que quien las adujo o a la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada (...)”(26).

En el caso concreto, se tiene que los demandantes solicitaron en el acápite de pretensiones de la demanda y la subsanación de la misma que se declarara a la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores administrativamente responsable por la acción y omisión en que incurrió al expedir de manera ilegal el pasaporte Nº F 039662 del 25 de marzo de 1968, a nombre del señor William Huertas Rodríguez hoy William Nufer, pues en su criterio existió una supuesta omisión en la verificación del permiso para salir del país.

De suerte, que contrario a lo expuesto por la parte recurrente, la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores está legitimada para actuar como parte demandada dentro del presente medio de control de reparación directa, pues de acuerdo con las pretensiones que se sustentan en la demanda y subsanación (folios 2 a 5 y 24 a 26 c. 1), se puede advertir que las mismas van dirigidas a la citada entidad, en procura de acreditar una indemnización por las supuestas omisiones en que incurrió el citado ministerio en el trámite de expedición del pasaporte Nº F 039662 del 25 de marzo de 1968, lo que da lugar a confirmar el auto cuestionado.

Por tal motivo, de acuerdo con los argumentos expuestos se confirmará en todas sus partes la decisión del a quo, de acuerdo a las consideraciones contenidas en esta providencia.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto de fecha de 27 de septiembre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - sección tercera - subsección “A” dentro de la audiencia inicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(6) Corte Constitucional, SC-165 de 1993. “Desde esta perspectiva, es claro que la justicia, entendida como la resultante de la efectiva y recta mediación y resolución con carácter definitivo de los conflictos surgidos en el transcurso del devenir social, se mide en términos del referente social y no de uno de sus miembros”.

(7) Corte Constitucional, SC-351 de 1994. “El derecho de acceso a la administración de justicia, sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin (sic), el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta”.

(8) Corte Constitucional. Sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. “La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público, lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.

(9) Corte Constitucional, SC-351 de 1994. “Para nadie es desconocido que la sociedad entera tiene interés que los procesos y controversias se cierren definitivamente, y que atendiendo este propósito, se adoptan instituciones y mecanismos que pongan término a la posibilidad de realizar intemporal o indefinidamente actuaciones ante la administración de justicia, para que las partes actuen (sic) dentro de ciertos plazos y condiciones, desde luego, con observancia plena de las garantías constitucionales que aseguren amplias y plenas oportunidades de defensa y de contradicción del derecho en litigio”.

(10) Corte Constitucional. Sentencia C-781 del 13 de octubre de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz: “De otro lado, resulta necesario dotar de firmeza a las determinaciones oficiales estableciendo un momento a partir del cual ya no es posible controvertir algunas actuaciones. De lo contrario, el sistema jurídico se vería avocado a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre e imprecisión que rodearían el quehacer estatal entorpecerían el desarrollo de las funciones públicas. Ha dicho la Corte: ‘La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusas algunas para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Ahora bien: los términos de caducidad no pueden interpretarse como una forma de negar el acceso a la justicia, precisamente porque la limitación de plazo para impugnar ciertos actos —y es algo en lo que se debe insistir— está sustentada en el principio de seguridad jurídica y crea una carga proporcionada en cabeza de los ciudadanos para que se interesen y participen prontamente en el control de actos que vulneran el ordenamiento jurídico. Ha añadido la Corte: “El derecho de acceso a la administración de justicia sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, éste pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin, el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta’”.

(11) Corte Constitucional. Sentencia C-115 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara: “La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (CCA, art. 136), de manera que al no promoverse la acción del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de la protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 13356.

(13) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de 15 de junio de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 10171. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del veintiocho (28) de abril del dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, rad. 66001-23-31-000-1996-03266-01 (14178).

(14) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007), ref. 13.503, rad. 110010326000199713503 00.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), C.P. María Elena Giraldo Gómez, rad. 10973.

(16) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), C.P. María Elena Giraldo Gómez, rad. 10973.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004), C.P. María Elena Giraldo Gómez, rad. 76001-23-31-0001993-0090-01 (14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001), C.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 13356. Puede verse en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006), C.P. Ramiro Saavedra Becerra, rad. 66001-23-31-000-1996-03263-01 (15352).

(18) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000), C.P. María Elena Giraldo Gómez, rad. 10171.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 1º de marzo de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, exp. 13764.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de 23 de abril de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 16837.

(21) Fl. 21 c. 2.

(22) Fls. 15 a 16 c. 2.

(23) Fls. 2 a 3 c.2.

(24) Fl. 85 c. 2.

(25) Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

(26) Sentencia de 23 de octubre de 1990, exp. 6054.