Auto 2015-02234/57348 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-36-000-2015-02234-01 (57.348)

Actor: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP—

Demandado: FCC Internacional de Servicios Colombia S.A. (hoy Proactiva Colombia S.A.) y otros

Referencia: Ejecutivo

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, por cuanto el proceso tiene vocación de doble instancia y el auto mediante el cual se negó el mandamiento de pago es apelable, según lo ha determinado esta Corporación, entre otros, en auto del 9 de diciembre de 2013(10), al cual no sobra agregar que el auto que niega el mandamiento de pago equivale, a juicio de la Sala, al de rechazo de la demanda, el cual, conforme al numeral 1º del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, es apelable.

2.2. Caso concreto.

En el presente asunto, la ejecutante pretende que se libre mandamiento de pago por la suma de $ 42.385.049.115, conforme a lo decidido en la Resolución 677 de 2010, por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión C-011 de 2000, la cual fue confirmada a través de las resoluciones 906, 907, 908 de 2010 y 25 de 2011 y se encuentra en firme, aduce en la demanda, desde el 29 de marzo de 2011.

Pues bien, los reparos en que la UAESP funda su recurso de apelación se centran en señalar que al presente asunto le resulta aplicable, únicamente, el numeral 3º del artículo 297 de la Ley 1437 de 2011 y no lo establecido en el numeral 4º de ese mismo artículo y, por tanto, no se le puede exigir que allegue la copia de la Resolución 677 de 2010 con constancia de que es el primer ejemplar.

Visto lo anterior, resulta procedente examinar lo que el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determina respecto del título ejecutivo, así:

“ART. 297.—Título ejecutivo. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo:

“1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

“2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

“3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

“4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar” (se resalta).

De la norma transcrita se colige que son título base de recaudo ejecutivo: i) las sentencias ejecutoriadas proferidas por esta jurisdicción, en donde se condene a una entidad al pago de sumas dinerarias, ii) las decisiones proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en donde se establezcan obligaciones claras, expresas y exigibles, iii) los contratos y sus garantías, junto con los actos expedidos en ejercicio de la actividad contractual, de los cuales emane una obligación clara, expresa y exigible a cargo de alguna de las partes y iv) los actos administrativos, con constancia de ejecutoria, en donde se reconozca un derecho o una obligación clara, expresa y exigible en cabeza de una autoridad administrativa, los cuales deben ser allegados en copia auténtica con la anotación de que corresponden al primer ejemplar.

La recurrente expresa que en este asunto solamente resulta aplicable lo establecido en el numeral 3º de la norma transcrita, ya que el título base de recaudo ejecutivo está constituido por la Resolución 677 de 2010 y los actos que la confirmaron, es decir, unos actos expedidos en ejercicio de la actividad contractual, respecto de los cuales, señala, la ley no fijó el requisito de que deben allegarse al proceso en copia auténtica y con constancia de corresponder al primer ejemplar.

La Sala no comparte el criterio de la UAESP, toda vez que los numerales 3º y 4º del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se excluyen entre sí, sino que, por el contrario, se complementan, puesto que: 1. Los requisitos fijados para que los actos administrativos constituyan un título ejecutivo cuando se pretende de una autoridad administrativa el pago de una obligación clara, expresa y exigible, son: i) que se alleguen en copia auténtica y ii) que la autoridad que expidió el acto emita la constancia de que dicha copia corresponde al primer ejemplar y 2. Con ellos se pretende evitar que se le cobre varias veces a la autoridad administrativa una suma dineraria originada en un único acto administrativo, situación que también se puede predicar respecto de los cobros que las entidades inician contra los particulares, en aras de garantizar que a éstos tampoco se les inicien distintos procesos ejecutivos fundamentados en un mismo título ejecutivo.

La circunstancia de que los actos administrativos que se aducen al proceso como título base de recaudo ejecutivo se aporten en copia auténtica con constancia de ser el primer ejemplar es una de las nuevas exigencias que consagra la Ley 1437 de 2011, para viabilizar la orden de pago. Dicha exigencia obedece, “por una parte, a la imposibilidad de aducir al proceso ejecutivo el original del respectivo documento y, por otra parte, a la imperiosa necesidad de brindar al obligado la seguridad de que no va a ser ejecutado de nuevo, con fundamento en el mismo título, en oportunidad posterior”(11), pero debe tenerse en cuenta que la obligación de aportar los actos administrativos que integran el título ejecutivo con la constancia de ser la primera copia solo es exigible cuando la obligación contenida en el título se satisface en un solo momento, pues cuando la obligación debe ser satisfecha por el deudor en distintas oportunidades no es viable exigir la constancia de ser la primera copia, pues es obvio que el acreedor necesita el título, para luego reclamarla por la vía ejecutiva, cuantas veces el deudor incumpla la obligación y ésta sea exigible.

Para explicar lo anterior, se pone de presente, a título de ejemplo, el caso de las garantías únicas de cumplimiento, las cuales amparan varios riesgos que se pueden presentar con ocasión del desarrollo de los contratos estatales. En estos casos no resulta viable exigirle a la parte demandante allegar, para la ejecución de las obligaciones fijadas en el contrato y garantizadas en la póliza, copia de ésta última con constancia de ser el primer ejemplar, pues resultaría contrario a la lógica exigirle aportar dicha certificación todas las veces que pretenda ejecutar por el pago de una obligación distinta, por lo mismo que solo puede haber una primera copia del documento, en este caso de la garantía única de cumplimiento y ésta puede reposar en otro expedienté si existe una reclamación previa.

Por otra parte y aun refiriéndose a las obligaciones contenidas en títulos ejecutivos complejos, la situación cambia cuando su cumplimiento se debe llevar a cabo en un solo instante, caso en el cual sí es posible exigir a la ejecutante aportar los documentos que conforman el título de recaudo con constancia de ser el primer ejemplar, pues éstos sirven de sustento para la reclamación de una única obligación, razón por la cual no requieren ser aportados en futuros procesos judiciales.

Aunado a lo anterior, en el artículo 215 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(12) se determina que los documentos que contienen títulos ejecutivos deben cumplir los requisitos que la ley exige. Sobre el particular, el artículo 299 de ese mismo código establece que para la ejecución en materia de contratos se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor cuantía, en las cuales se establece que “pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él…”(13).

Pues bien, la obligación que dio origen al presente asunto está contenida en un título ejecutivo complejo integrado por una pluralidad de documentos que, en conjunto, constituyen una unidad jurídica, en la medida en que tienen relación causal entre sí y se originan en el mismo negocio jurídico. Tales documentos son: i) el contrato de concesión C-011 de 2000, ii) la Resolución 677 del 20 de septiembre de 2010 y iii) las resoluciones 906, 907 y 908 de 2010 y la 25 de 2011, a través de las cuales se confirmó la Resolución 677 de 2010.

Visto lo anterior, debe verificarse, entonces, que la parte ejecutante haya aportado a este asunto los documentos acabados de mencionar y que, además, la copia de la Resolución 677 de 2010 —acto administrativo por medio del cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión C-011 de 2000— y la de los actos que la confirman tengan la constancia de ser el primer ejemplar, como lo establece el numeral 4º del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues la obligación por la cual acá se pretende ejecutar se cumple en un único momento, esto es, cuando la ejecutada pague la suma dineraria fijada en la referida Resolución 677 de 2010, lo cual garantiza, como se vio con antelación, que a ésta no se le cobre nuevamente la deuda con base en el mismo título de recaudo.

Así las cosas y comoquiera que la UAESP no allegó la copia auténtica de la Resolución 677 de 2010 y de los actos que la confirmaron con la constancia de que constituyen el primer ejemplar, tal como se evidencia en las pruebas aportadas al proceso(14) y como lo manifestó el a quo en el auto recurrido, se confirmará la providencia impugnada.

Por otra parte, encuentra la Sala que, en el hecho 7.5 de la demanda, la UAESP puso de presente que conocía la existencia del proceso 25000-23-26-000-2011-00323, en el cual se libró mandamiento de pago a su favor; al respecto, allí se lee:

“7.5. Es importante precisar que se dio inicio a procesos ejecutivos tendientes a obtener el pago de las obligaciones derivadas de la Resolución 677 de 2010, en contra de la sociedad Proactiva Doña Juana ESP S.A. 25000-23-26-000-2011-00323 y en contra de las aseguradoras garantes del contrato. Sin embargo y pese a la existencia de mandamiento de pago a favor de la UAESP, ninguna de las ejecutadas ha realizado el pago de las sumas reclamadas”.

De lo anterior se advierte con claridad que la UAESP inició dos procesos ejecutivos, con el fin de obtener el pago de la misma obligación, esto es, los $ 42.385.049.115 que Proactiva Doña Juana ESP S.A. debe cancelar a favor de ésta, en virtud de lo resuelto en el acto por medio del cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión C-011 de 2000, lo cual significa que se presentaron varias demandas con base en el mismo título ejecutivo, a saber, la Resolución 677 de 2010.

En efecto, el proceso con radicación 25000-23-26-000-2011-00323 se tramita en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el cual, por auto del 29 de septiembre de 2011, se decidió: i) librar mandamiento de pago contra Proactiva Doña Juana ESP S.A. por valor de $ 42.385.049.115, a favor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios, por concepto de lo adeudado, según la liquidación unilateral del contrato C-011 de 2000 y ii) librar mandamiento de pago contra Proactiva Doña Juana ESP S.A. por los intereses causados desde la ejecutoria de la Resolución 677 de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 1º del Decreto 679 de 1994.

Posteriormente, la ejecutante reformó la demanda del proceso ejecutivo acabado de mencionar, con el propósito de incluir también como ejecutados a los integrantes del consorcio Proactiva Doña Juana, es decir, a las sociedades Fomento de Construcciones y Contratas, Compagnie Generale D'Enterprises Automobiles S.A., FCC Medio Ambiente S.A., Proactiva Colombia S.A. y Alfonso Benítez S.A., reforma que fue rechazada por el tribunal en auto del 4 de julio de 2013, al considerar que la única llamada a responder por la obligación impuesta en el acta de liquidación unilateral del contrato de concesión es Proactiva Doña Juana ESP S.A., dado que ésta es una persona jurídica autónoma e independiente de los socios que hacen parte del mencionado consorcio.

La anterior decisión fue recurrida en apelación y confirmada por esta Corporación en providencia del 9 de abril de 2015, en donde se indicó que “de la lectura del acta de liquidación unilateral es inteligible que el crédito es a cargo, únicamente, de Proactiva Doña Juana ESP S.A., la cual es una sociedad independiente de los miembros del consorcio Proactiva Doña Juana y que además cuenta con personería jurídica propia”(15).

En consecuencia, se advierte que la UAESP inició el proceso ejecutivo de la referencia a sabiendas de que existe otro en curso, cuyo sustento es el mismo que acá se allega, es decir, pretende, nada más y nada menos, cobrar dos veces la misma deuda, con el pretexto de que aquel otro proceso ejecutivo no ha dado resultado.

En este punto es importante resaltar que aunque las partes ejecutadas en ambos procesos no son las mismas, puesto que el proceso 25000-23-26-000-2011-00323 se demandó a Proactiva Doña Juana ESP S.A. y en este asunto se formuló la demanda contra FCC Internacional de Servicios Colombia S.A. (hoy Proactiva Colombia S.A.), Fomento de Construcciones y Contratas S.A., Compagnie Generale D'Enterprises Automobiles S.A. (hoy Veolia Properte France Recycling), FCC Medio Ambiente S.A. y Alfonso Benítez S.A., sociedades que hacen parte del consorcio Proactiva Doña Juana y que, a su vez, son socias de Proactiva Doña Juana ESP S.A.(16), lo cierto es que ello no es una razón que permita librar el mandamiento de pago, pues, como se vio, ambos están fundamentados en el mismo título de recaudo ejecutivo, el cual fue allegado a este asunto sin el lleno de los requisitos que la ley establece.

En virtud de lo expuesto, se concluye que, con la presentación de la demanda que originó el presente asunto, la UAESP actuó de forma temeraria, pues intenta cobrar dos veces la misma deuda, con sustento en un mismo título de recaudo, lo cual se traduce en una actuación de mala fe por parte de ésta.

Sobre la temeridad, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha dicho:

“… la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio constitucional de la buena fe (C.N., art. 83) y, por tanto, ha sido entendida como “la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso”. En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como aquella que supone una “actitud torticera”, que “delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa”, que expresa un abuso del derecho porque “deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”, o, finalmente, constituye “un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia””(17).

En relación con lo anterior, se señala que, según el artículo 95 de la Constitución Política, el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades y, como tal, las personas tienen el deber de respetar los derechos de los demás y de no abusar de los propios —numeral 2º—, así como de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia —numeral 7º—.

A su turno, el artículo 79 del Código General del Proceso establece los supuestos en los cuales se presume la existencia de temeridad, así:

“ART. 79.—Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

“1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

“2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.

“3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

“4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.

“5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.

“6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas”.

En el sub examine, se observa que la actuación de la ejecutante se adecúa al menos a uno de los casos señalados en la norma acabada de transcribir, esto es, “cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad”, pues es evidente que la demanda de la referencia carece de sustento, ya que se formuló con base en los mismos hechos y en el mismo título de recaudo ejecutivo que sirvieron de fundamento al mandamiento de pago librado en el proceso 25000-23-26-000-2011-00323; por tanto, la conducta desplegada por la parte ejecutante está totalmente desprovista de buena fe y lealtad procesal hacia la contraparte y hacia la propia administración de justicia.

Por lo anterior y en atención a lo establecido en el artículo 80 del Código General del Proceso(18), se condenará a la parte ejecutante al pago de los perjuicios ocasionados con la actuación temeraria que desplegó en el asunto de la referencia, los cuales deberán cuantificarse en atención al valor que arroje el trámite incidental que al respecto se adelante, toda vez que en este momento no es posible determinar su monto.

Por otra parte y de conformidad con lo prescrito en el artículo 81 del Código General del Proceso(19), se remitirá copia del presente asunto al Consejo Superior de la Judicatura para que, si a bien lo tiene, investigue la conducta desplegada por el abogado de la parte ejecutante en este asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

III. RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto del 16 de diciembre de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

2. CONDÉNASE a la parte ejecutante, es decir, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP— a pagar la totalidad de los perjuicios ocasionados con la actuación temeraria que desplegó en este asunto, los cuales deberán cuantificarse en atención al valor que arroje el trámite incidental que al respecto se adelante.

3. REMÍTASE copia del presente asunto al Consejo Superior de la Judicatura para que, si a bien lo tiene, investigue la conducta desplegada por el abogado de la parte ejecutante en este asunto.

4. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

10 En dicho auto se indicó: “El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determinó, de manera taxativa, nueve (9) providencias de carácter interlocutorio proferidas por el juez o tribunal en primera instancia pasibles del recurso de apelación y el efecto en el cual debe concederse. El aludido precepto normativo limitó el recurso de apelación a unos determinados asuntos y no incluyó en su listado el auto que niega librar mandamiento de pago en un proceso iniciado en ejercicio de la acción ejecutiva.
“En ese sentido, debe precisarse que de la acción ejecutiva y de su trámite en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se ocupa el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; no obstante lo anterior, en los aspectos no regulados en el CPACA, por disposición expresa del artículo 306 de este nuevo código, se deben seguir las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
“Así, en lo atinente a la apelación del auto que negó el mandamiento de pago solicitado se advierte que el mismo es pasible del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil …
“(…)
“Ahora, si bien el parágrafo del mencionado artículo 243 del CPACA, (sic) estableció que “la apelación sólo procederá de conformidad con las normas del presente código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil” (se destaca), entiende la Sala que, en lo que respecta al proceso ejecutivo, lo que establece esta norma es que el trámite que debe adelantarse para el recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega librar el mandamiento de pago, (sic) es el dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo …” (rad. 47.487).

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 27 de mayo de 2015, radicación 25000233100020090063601 (39900), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

12 El artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, establecía:
“Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
“La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley”.
No obstante, el primer inciso fue derogado por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.

13 Artículo 422 del Código General del Proceso.
Se resalta que si bien el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo remite a las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución en materia contractual, lo cierto es que resultan aplicables las previsiones del Código General del Proceso (L. 1564/2012) y no las del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la Ley 1564 de 2012, en su artículo 626, literal c), derogó expresamente el Código de Procedimiento Civil (D. 1400/70).
Sumado a lo anterior, se resalta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en auto del 25 de junio de 2014, rad. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (49.299), señaló que tal codificación —la Ley 1564 de 2012— se encuentra vigente en esta jurisdicción a partir del 1º de enero de 2014 y este proceso comenzó con una demanda presentada con posterioridad a esta fecha, esto es, el 28 de septiembre de 2015.

14 La copia de la Resolución 677 de 2010 obra a folios 369 a 400 del cuaderno 15 y 1 a 34 del cuaderno 16, la copia de la Resolución 906 de 2010 se encuentra visible a folios 142 a 167 del cuaderno 18, la copia de la Resolución 907 de 2010 obra a folios 168 a 188 del cuaderno 18, la copia de la Resolución 908 de 2010 está a folios 189 a 219 del cuaderno 18 y la copia de la Resolución 25 de 2011 se encuentra a folios 220 a 249 del cuaderno 18.

15 Folio 102 del cuaderno principal.

16 La parte demandante estaba habilitada para demandar ejecutivamente tanto a Proactiva Doña Juana ESP S.A. como a sus socios, en virtud de lo establecido en la cláusula 17 del contrato de concesión C-011 de 2000, en el cual se estableció “… 1. Los socios del concesionario responden solidariamente con éste de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del contrato afectarán al concesionario y a sus socios”.

17 Corte Constitucional, Sentencia T-655-98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

18 “ART. 80.—Responsabilidad patrimonial de las partes. Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide por incidente.
“A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente.
“Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente”.

19 “ART. 81.—Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes. Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las costas del proceso, incidente o recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.
“Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional”.