Auto 2015-02546 de septiembre 29 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expedientes: 05001-23-33-000-2015-02546-01 (ppal.)
05001-23-33-000-2015-02600-01 (acum.)
05001-23-33-000-2016-00191-01 (acum.)
Consejera Ponente:
Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Demandantes: Óscar Andrés Pérez Patiño y otros

Demandado: César Augusto Suárez Mira como alcalde del municipio de Bello para el período 2016-2019

Asunto: Electoral de segunda instancia

Fallo resuelve apelación de sentencia —no se acreditan las causales de nulidad electoral consagradas en los numerales 1º y 2º del artículo 275 la Ley 1437 de 2011(1) — diferencias entre falsedad, apocrificidad, violencia y sabotaje.

Bogotá, D.C., veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer y decidir en segunda instancia el proceso de la referencia, por así disponerlo los artículos 150(73) y 152.8(74) del CPACA, y el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Acto demandado.

Se trata del acto de elección del ciudadano César Augusto Suárez Mira como alcalde del municipio de Bello para el período constitucional 2016-2019, contenido en el formulario E-26 ALC de la respectiva comisión escrutadora municipal el 29 de octubre de 2015(75).

3. Problema jurídico.

Se contrae a determinar si la decisión de primera instancia debe ser confirmada, modificada o revocada, para lo cual es menester establecer si el acto demandado se encuentra viciado de nulidad por configurarse las causales de nulidad contenidas en los numerales 1º y 2º del artículo 275 del CPACA, en tanto, de acuerdo con los recurrentes, en el respectivo proceso de elección hubo (i) corrupción al sufragante por parte del ciudadano César Augusto Suárez Mira al ofrecer 4500 universitarios a los bachilleres de Bello y (ii) actos de violencia o sabotaje contra el material electoral, concretados en que a) la jurado Yazmín Maritza Mesa Martínez fue encontrada adulterando las tarjetas electorales, b) el secretario de gobierno del municipio Hugo Alexander Díaz manipuló votos en la comisión escrutadora de la zona 2 y c) existen marcadas inconsistencias en los formularios E-14.

3.1. La adecuación del problema jurídico a resolver. 

Antes de avanzar con la solución del problema jurídico planteado, para la Sala, resulta conveniente precisar que el mismo fue estructurado con base en la fijación del litigio que tuvo lugar en la audiencia inicial celebrada el 13 de abril de 2016, –cuya trascendencia en los procesos de nulidad electoral fue explicada por esta corporación en sentencia de 3 de diciembre de 2015(76)–, en lo resuelto por el tribunal en primera instancia y en los argumentos de los recurrentes que guardan coherencia con las cuerdas argumentales inherentes a los puntos propios de la discusión que a partir de ellos emergen.

Por este motivo, otros aspectos, como la utilización indebida de bienes durante la campaña del demandado, o la legalidad de la inscripción de su candidatura como miembro de una coalición no serán examinados en esta instancia por la Sala.

4. Caso concreto. 

Tal y como se sigue, procede la Sala a resolver cada uno de los cuestionamientos esbozados en capítulos precedentes de esta providencia.

4.1. Cargo primero: corrupción al sufragante. 

El artículo 275.1 establece:

“Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando:

1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales...”.

En torno al supuesto contenido en dicha preceptiva, esta sección, en fallo de 21 de enero de 2016(77), señaló:

“Así mismo, frente a los requisitos para que se estructure la causal alegada de violencia psicológica relacionada con la corrupción al elector, la jurisprudencia de esta Sección(78) ha establecido que es necesario que se pruebe :i) las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió la violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye que los constreñidos ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un factor subjetivo, es decir que dicho voto se dio como consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o recibidas; ii) que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los demandados con el propósito señalado por el demandante, es decir, para constreñir la voluntad del elector, iii) cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una promesa de dádiva; iv) que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el resultado electoral”

Descendiendo tales premisas al sub examine, la Sala encuentra que, en torno al cargo en cuestión, el demandante del proceso 2016-00191, Rodrigo de Jesús Múnera Zapata, concretamente reprochó —y así también su coadyuvante Alberto de Jesús Alzate Correa, siendo los únicos en plasmar tal inconformidad— que el demandado, supuestamente, hubiera prometido:

“... a los 4500 bachilleres que se graduarían a fin de este año 2015, mediante comunicado a color y firmado por el mismo candidato César Augusto Suárez Mira, entregado en todas las instituciones del municipio y publicado por las redes sociales, que les iba a dar como alcalde 4500 cupos universitarios durante los 4 años de su mandato”(79).

Al respecto, lo primero que debe destacar las Sala es la ambigüedad y vaguedad del reclamo, cuyos supuestos fácticos nunca fueron acreditados a lo largo de este contencioso de nulidad electoral.

Se refieren los mencionados actores a la existencia de unos “comunicados” que no fueron aportados junto con su petitorio iniciático. Tampoco se respaldó su existencia mediante testimonios o cualquier otro medio que diera fe de la real ocurrencia del hecho que se reputa.

En torno a ello, lo único que se aprecia es un registro fotostático —ilegible— incorporado al cuerpo de la demanda, y al escrito de reforma(80) de la misma, que valga recordar le fue rechazada, de lo que parece ser una invitación del demandado a la comunidad estudiantil en general.

Al rompe, se observa que no es posible con esa poca información establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar del supuesto constreñimiento, ni cuántas personas sufragaron en razón de tales conductas, y mucho menos en qué medida esos votos, si es que existieron, pudieron afectar el resultado de la contienda electoral, por lo que, sin más explicaciones, es claro que el cargo no está llamado a prosperar.

4.2. Cargo segundo: violencia o sabotaje contra el material electoral 

4.2.1. Precisiones sobre la causal invocada

4.2.1.1. A juicio de varios de los recurrentes, las irregularidades advertidas durante los comicios de 25 de octubre de 2015 en el municipio de Bello denotan actos de violencia, que pueden y deben ser analizados a la luz de la causal contenida en el numeral 2° del artículo 275 del CPACA, pues, en su criterio, el que una jurado de votación adulterara tarjetones electorales para invalidarlos constituye un acto de sabotaje, que se repitió sistemáticamente en toda la contienda electoral, según lo mostraban los E-14 aportados al proceso.

4.2.1.2. Pues bien, sea lo primero recordar que el a quo desestimó tales razones, entre otras cosas, por considerar que los supuestos de hecho que las sustentan no encuadran dentro de la referida causal, sino en la establecida en el numeral 3° de la codificación ejusdem.

4.2.1.3. Luego, es conveniente, entonces, acotar que tales disposiciones son del siguiente tenor:

“Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando:

(...).

2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones.

3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales”.

4.2.1.4. Ahora, antes de definir si los hechos que se invocan como constitutivos de la nulidad pretendida se encuadran en una o en otra, es necesario recordar que, antes del CPACA, las causales de nulidad del contencioso electoral estaban definidas en el artículo 223 del CCA, así:

El artículo 223 del Decreto 01 de 1984 prescribía:

ART. 223.Modificado por el art. 65, Ley 96 de 1985, Modificado por el art. 17, Ley 62 de 1988. Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos:

1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o éstas se hayan destruido por causa de violencia.

2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación.

3. Cuando aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expiden.

4.2.1.5. Nótese que, más allá de algún cambio en la redacción, dichas causales sobrevivieron al tránsito normativo, pero, además, fueron acompañadas de nuevas hipótesis, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Causales del CCASimilitudes con el CPACADiferencias con el CPACA
Destrucción de las papeletas de votación sin causa específicaDestrucción de documentos, elementos o material electoralSabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones
mezcla de papeletas de votaciónSabotaje contra documentos, elementos o material electoral
Destrucción de las papeletas de votación por violenciaViolencia contra documentos, elementos o material electoralViolencia contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones
Registro o documento de soporte falsoLos documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad
Registro o documento de soporte apócrifoLos documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad
Alteración de actas después de firmadasAlteración de documentos electorales con el propósito de modificar los resultados electorales

Si se miran con detenimiento los eventos relacionados en la segunda columna del anterior esquema, puede observarse que la redacción de estos es de una amplitud tal que abarca los que se enlistan en la primera columna. Así, mientras de un lado se hablaba de “papeletas de votación”; en el otro, se alude a “documentos, elementos o material electoral”. Así también, entretanto en el CCA se aludía a “registros o elementos que hayan servido para su formación”; la nueva norma se refiere a “los documentos electorales”. Igualmente, si por una parte se mencionaba la “apocrificidad o falsedad”; con el CPACA se englobaron tales supuestos en la categoría de “documentos contrarios a la verdad” o alterados, según se explicará más adelante. Y finalmente, la “alteración de actas después de firmadas” se sustituye por un supuesto atemporal —así lo sugiere la exegesis de la norma— y con un ingrediente volitivo —en este caso, el propósito— en el que queda subsumida dicha conducta, como lo es la “Alteración de documentos electorales con el propósito de modificar los resultados electorales”.

Por otro lado, salta a la vista que el CPACA incluyó como bienes objeto de protección y cuya afectación podría viciar la legalidad del acto electoral, “los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones”, lo cual constituye una verdadera novedad, que se explica en los notorios cambios suscitados entre el tipo de proceso electoral que se buscaba resguardar hacer dos décadas, y el que existe hoy en día gracias al avance de la ciencia y la tecnología, entre otros ámbitos del pensamiento, que permiten incorporar otras formas e ingredientes a la dinámica eleccionaria.

4.2.1.6. No obstante, tal perspicuidad se desvanece en tratándose de la hipótesis de “sabotaje contra documentos, elementos o material electoral”, pues, de entrada, no es claro si debe ser entendida como una forma de violencia o si se trata de una situación autónoma; y en este último evento, cuál es su alcance y qué traduce.

4.2.1.7. Una forma de resolver este planteamiento es acudir a la comprensión gramatical de la norma. El diccionario de la Lengua Española ofrece las siguientes definiciones de la palabra sabotaje:

“1. m. Daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos.

2. m. Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, etc”.

Por su parte, lo violento, en términos estrictamente gramaticales, se concibe así:

“1. adj. Dicho de una persona: Que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira.

2. adj. Propio de la persona violenta.

3. adj. Que implica una fuerza e intensidad extraordinarias.

4. adj. Que implica el uso de la fuerza, física o moral.

5. adj. Que está fuera de su natural estado, situación o modo.

6. adj. Dicho del sentido o la interpretación que se da a lo dicho o escrito: Falso, torcido, fuera de lo natural.

7. adj. Dicho de una situación: Embarazosa.

8. adj. Dicho de una persona: Que se encuentra en una situación embarazosa”.

Y es en los términos de la tercera o cuarta hipótesis que esta Sección ha entendido la violencia, según se verá más adelante, razón por la cual, por lo menos bajo esta exégesis, no sería posible asumir que este concepto y el de “sabotaje” sean sinónimos.

4.2.1.8. Otra vía para confrontar estos dos vocablos, con fines de interpretación jurídica, es acudiendo al espíritu del legislador, a efectos de dilucidar cuál fue el entendimiento que le dio al “sabotaje” como causal de nulidad electoral.

Sobre el particular, lo primero que se debe destacar es que la Ley 1437 de 2011 fue una iniciativa mancomunada entre el Consejo de Estado y otras autoridades, cuyo texto inicial, a la letra, oraba:

“artículo 273. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los siguientes casos:

1. Por las causales generales de anulación de los actos administrativos previstas en este código.

2. Cuando se haya ejercido violencia sobre los nominadores, o sobre los votantes o las autoridades electorales, siempre que el porcentaje de la población votante afectada por la violencia incida en el resultado de la votación.

3. Cuando los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.

En este evento, siempre que se comprueben casos de irregularidad en el proceso de votación o en los escrutinios que no puedan atribuirse a un determinado partido o movimiento político, o a un candidato, se aplicará un sistema de afectación proporcional que garantice la aplicación del principio de la eficacia del voto.

Habrá lugar a declarar la nulidad de la elección en corporaciones públicas cuando el juez pueda establecer matemáticamente que las irregularidades comprobadas en el proceso son de tal incidencia que afectan los resultados electorales.

Cuando se trate de elecciones uninominales, habrá lugar a declarar la nulidad del acto de elección si el número de votos irregulares comprobados en el proceso supera la diferencia de votos entre el candidato elegido y quien le sigue en votación.

4. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema para definir el resultado de la decisión o para la asignación de curules establecido en la Constitución o en la ley.

5. Cuando se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.

6. Cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o tercero civil.

PAR.—Cuando se invoquen como causales de nulidad las establecidas en los numerales 3º, 4º y 6º de este artículo, constituye requisito de procedibilidad de la demanda, haber sido sometidas por cualquier persona, antes de la declaratoria de la elección, a examen de la autoridad a la que corresponde tal declaración, la cual apreciará como prueba únicamente los documentos electorales”(81).

Según puede verse, en la forma en que se le conoce hoy, la causal segunda del actual artículo 275 del CPACA no estaba prevista en el proyecto de ley inicial. No fue sino hasta la ponencia de segundo debate en el Senado de la República que se incluyó –sin que en lo sucesivo del trámite legislativo sufriera mayor modificación–, bajo el siguiente argumento:

“Modificaciones al título octavo || Toda la propuesta del proceso contencioso electoral se rediseñó, respetando las propuestas sustanciales presentadas en primer debate por dar más garantías a los intervinientes, y ajustarlo al acto legislativo 1 de 2009 - Reforma Política. Los artículos 276 a 297, en consecuencia, han sido reformulados”(82) (Negrillas propias).

Este escenario, si bien no permite establecer con total certeza el alcance de la novedad introducida, esto es, del “sabotaje”, por lo menos sí conduce a identificar el contexto bajo el cual se desarrolló la reforma normativa y los lineamientos que orientaron su configuración.

4.2.1.9. Más allá de lo anterior, es lo cierto que las causales de violencia y apocrificidad —como se conocen comúnmente— no han sufrido mayores variaciones hasta el día de hoy, y es por ello que, dado el carácter taxativo y de interpretación restrictiva que tiene las causales de nulidad electoral, resulta imperioso acudir a un ejercicio de delimitación de las hipótesis cubiertas por la jurisprudencia, a efectos de evitar que queden vaciadas de contenido por una interpretación extensiva de lo que puede ser el “sabotaje” argüido por los apelantes.

4.2.1.10. Siguiendo con esa línea argumental, es menester precisar que, desde hace varias décadas, al interior de esta Sección, se ha forjado una sólida línea de lo que es la causal de apocrificidad o falsedad, que si bien ha sido objeto de algunos matices, no ha sufrido mayor alteración en su esencia.

En este sentido, se destaca la providencia de 14 de agosto de 1992(83), en la que se esbozaron algunas características de los elementos falsos o apócrifos intencionalmente introducidos al proceso eleccionario:

“La corporación se ha pronunciado sobre lo que debe entenderse por elementos falsos o apócrifos precisando que tales vicios sólo se presentan cuando media la intención de disfrazar la realidad, concretamente, de alterar unos resultados en el caso electoral. Además, no basta que aparezca un error o que objetivamente se configure. Debe demostrarse que hubo variación de resultados producida adrede. Sólo en tal caso puede considerarse que los elementos son falsos o apócrifos. La noción de ‘falsedad o apocrifidad que habla la ley lo ha dicho y reiterado el Consejo de Estado - se relaciona con la mutación física o material de los pliegos, con la alteración intelectual de su contenido y con la inexistencia de los documentos que puedan contribuir a la formación de los registros, cuanto tales documentos constituyen garantía eficaz o irremplazable de la pureza del sufragio. La apocrifidad, invención fabulosa, adulteración o falsedad, como sinónimos que son, implican que se deforme, simule u oculte lo real, es decir, lo verdadero, sea para desfigurarlo mediante la adición o sustracción de factores cuantitativos o cualitativos, para desvanecerlo mediante el artificio o engaño para mostrar como cierto lo que no existe, mediante la farsa o la ficción”.

En fallo de 4 de agosto de 1995(84), la Sección, explicó que esta causal se podía configurar desde el punto de vista material, pero también desde uno ideológico:

“Esta causal segunda hay que entenderla racionalmente interpretada en el sentido de que el resultado o el registro electoral es nulo, cuando es falso o apócrifo, intelectual o materialmente, en sí mismo considerado, o resulta falso o apócrifo ideológica o materialmente, por derivar tales vicios o los documentos que han servido para su formación”.

Más adelante, en sentencia de 13 de noviembre de 1995(85), la Sala enunció algunas diferencias entre lo falso y lo apócrifo:

“Lo falso es delito, mientras que lo apócrifo no es punible. En la falsedad hay esencialmente la intención de engañar, mientras que en lo apócrifo no la hay. Lo apócrifo es lo totalmente inexistente, fabulado, supuesto, lo que no es verdad, pero en donde tampoco hay la intención de hacerlo aparecer como verídico, siendo que no lo es.

(...).

Sin embargo, esta causal de nulidad que estamos comentando se configura en cualquier caso, cuando el registro resulta falso o cuando el registro resulta apócrifo y cuando los elementos que han servido para su formación tienen los mismos vicios”.

Sin embargo, a través de fallo de 14 de noviembre de 1999(86), la Sección rectificó su jurisprudencia, en el sentido de señalar que apocrificidad y falsedad, para los fines del proceso electoral, son sinónimos, pues no corresponde al juez de estos asuntos mirar la conducta de quienes intervienen en él, sino garantizar la pureza del sufragio. En tal sentido, se explicó:

“Conviene puntualizar alrededor de este criterio hasta ahora intocable para la sección, que apócrifo o falso en este caso tienen el mismo sentido, puesto que los vocablos coinciden con las maquinaciones que deforman la verdad electoral, de modo que el número de votos depositados termina siendo mentiroso siempre en favor de unos y en desmedro de otros candidatos. Es indiferente dentro del proceso electoral que resalte la conducta dolosa, aunque es de suponerla, puesto que se trata de un elemento del delito de falsedad que corresponde investigar y sancionar a la jurisdicción penal. Basta que los resultados electorales sean simulados, supuestos, fabulados o que provengan de instrumentos alterados o mutilados, para que proceda la anulación de las correspondientes actas de escrutinio de los jurados de votación, puesto que en esas condiciones son el resultado de actividades ilegítimas”.

Y en el mismo proveído(87), profundizó en las diferencias entre la falsedad material e ideológica:

“En la falsedad ideológica se mantiene la autenticidad del documento pero su contenido arroja alteraciones que crean o modifican o dejan sin efecto alguna relación jurídica, provocando un juicio falso. La falsedad material presupone la destrucción, mutilación, alteración del documento. La materialidad se relaciona con el documento y la idealidad con su tenor”.

En pronunciamiento de 29 de junio de 2001(88), la Sala explicó que la falsedad o apocríficidad, ya asimiladas como sinónimos y bajo las mismas nociones antes reseñadas, se podía dar por acción u omisión:

“... la falsedad puede presentarse por vía de acción u omisión. Así, se presenta la falsedad por vía de acción cuando un elemento manifiesta algo diferente a la realidad electoral y se presenta la falsedad por omisión cuando un elemento deja de decir lo que debía expresarse. (...) Sin embargo, la existencia de un elemento falso no conduce por si mismo a la nulidad de las actas de escrutinio, pues ello se presenta sólo cuando la ocultación de la verdad sea de tal magnitud que sea capaz de alterar los resultados electorales, pues, de lo contrario, la falsedad es inocua y no genera anulación de las elecciones”.

Bajo esos parámetros esta Sala de lo electoral ha examinado múltiples hechos, circunstancias e hipótesis, que ha encuadrado en la causal en cuestión y que, a manera de muestra o ejemplo, relacionó en providencia de 29 de agosto de 2012(89), así:

“De las causales de nulidad de carácter objetivo la más socorrida corresponde a la falsedad o apocrificidad de los registros electorales (...). A manera de ejemplo, tipifican la causal de nulidad de falsedad o apocrificidad defectos como [(i)] las diferencias entre Formularios E-11 y E- 24 en cuanto el último registre más votos que los votantes relacionados en el primero; [(ii)] las diferencias injustificadas entre actas de escrutinio de mesa o formularios E-14 y los formularios E-24, zonales o municipales, y las actas generales, en la medida en que los segundos registren más o menos votos de los alcanzados por determinado partido, candidato o los votos en blanco sin que medie justificación documentada en la preferida acta general; [(iii)] la intervención de jurados de facto en cuanto los de derecho sean menos de 2; [(iv)] el voto de personas no autorizadas; [(v)] las suplantaciones; [(vi)] la en las elecciones de autoridades locales trashumancia [que en el CPACA constituye una causal autónoma]; [(vii)] el voto de personas fallecidas; [(viii)] el escrutinio de actas de jurados entregadas en forma extemporánea que, por esta razón, no pueden ser consideradas, etc [como la doble votación o la votación mediante cédulas en custodia de la RNEC]”.

Sea cual fuere el caso, lo cierto es que “... desde que el artículo 17 de la Ley 62 de 1988 modificó el artículo 223 del C.C.A., le quitó a las causales de reclamación previstas en el Código Electoral la calidad de causales de nulidad, las circunstancias contempladas en las mismas no pueden alegarse como fundamentos para invalidar el acto de elección por voto popular...”(90); al menos no directamente, pues por virtud del legislador todas esas circunstancias constitutivas de apocrificidad o falsedad, así como otras contempladas en el artículo 192 del Código Electoral —causales de reclamación— deben ser resueltas por la autoridad electoral —no jurisdiccional—, o al menos puestas en su conocimiento, constituyendo ello un requisito de procedibilidad para que las respectivas irregularidades puedan ser conocidas por el juez de lo electoral. Así lo ha reconocido esta Corporación en infinidad de pronunciamientos(91), lo cual tampoco cambió con la entrada en vigencia del CPACA, que en su artículo 161.6 así lo refleja.

Ahora bien, es cierto que muchas de las irregularidades que se presentan durante la fase de elecciones y escrutinios recaen sobre la integridad material o ideológica de los documentos electorales, pero no todas, en sí mismas, pueden ser consideradas circunstancias constitutivas de nulidad. Es este el caso de (i) los borrones, tachones o enmendaduras, (ii) los errores aritméticos o (iii) la falta de totalización; todos ellos en los formularios electorales.

Así, por ejemplo, en la sentencia de 6 de julio de 2009(92), en torno al primero de ellos, se dijo(93):

“Cuando se evidencien tachaduras, enmendaduras o borrones las comisiones escrutadoras están en la obligación de efectuar el recuento oficioso de los votos. Así mismo, dicha solicitud de recuento también procede cuando lo soliciten los candidatos, sus apoderados o los testigos electorales y se funde en la misma razón. Significa lo anterior que la existencia de tachaduras y enmendaduras no constituye causal de nulidad de la elección sino que origina el recuento de votos que debe adelantarse en los escrutinios que lleva a cabo la correspondiente comisión escrutadora”.

Igualmente, en pronunciamiento de 13 de noviembre de 2014(94), se establecieron diferencias entre el error aritmético y la falsedad(95):

“El error aritmético como causal de reclamación se diferencia de la falsedad como causal de nulidad, por lo siguiente: (i) El error aritmético corresponde a incorrecciones al sumar los votos; (ii) El error aritmético se presenta en una misma acta (E-14, E-24 ó E-26); (iii) La falsedad ocurre por la actuación material o ideológica sobre documentos electorales; (iv) La falsedad ideológica tiene lugar, entre otros casos, por la falta de correspondencia de los registros consignados en diferentes actas”.

En punto a esa misma circunstancia, en el mencionado fallo de 6 de julio de 2009(96), se expuso:

“El artículo 192, numeral 11 del Código Electoral consagra como causal de reclamación el que aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella. Es pertinente recordar que las causales de reclamación son medios de defensa de que disponen los candidatos que participan en una elección popular, directamente o por intermedio de sus apoderados o sus testigos electorales, para impugnar o controvertir las irregularidades que se presenten en el curso del proceso administrativo electoral con fundamento en causales taxativamente señaladas en la ley. (...) Las anomalías en las que sustenta la censura el actor no constituyen motivos de nulidad de la elección, toda vez que el interesado debió formular la correspondiente reclamación ante la respectiva Comisión Escrutadora para que procediera a realizar el recuento de votos, tal como lo autorizan los artículos 163 y 164 del Código Electoral, como esa circunstancia no ocurrió, ello impide a la Sala abordar su estudio”

Ahora bien, lo anterior no implica que tales disconformidades no puedan ser conocidas por el juez de lo electoral; lo que ocurre es que, para ello es necesario que, primero, sean sometidas a reclamación —sin importar cómo se titule el medio empleado— de la autoridad electoral —no jurisdiccional— para que los actos que resuelvan —expresa o presuntamente— las correspondientes reclamaciones se examinen como preparatorios del acto de elección(97).

Similares consideraciones merece el yerro de formulario sin totalizar, según lo previenen las sentencias de 2 de octubre de 2008(98) y de 29 de agosto de 2012(99), emanadas de esta Sala de asuntos electorales.

Todo lo anterior claro está, siempre que las correspondientes demandas consulten, de un lado, la aptitud en la estructuración del concepto de violación y el principio de eficacia del voto. Lo primero, en cuanto “... no basta (...) que desarrolle teóricamente la falsedad o apocrificidad como causal especial de nulidad de los actos electorales...”(100), sino que es necesario “... suministrarle al juez electoral información concerniente al municipio, la zona, el puesto, la mesa, el candidato y la votación que en su sentir falta a la verdad en los documentos electorales, y que fue objeto de examen por parte de las autoridades electorales”.

Cabe aclarar que todas las precisiones hasta ahora realizadas en torno a la causal de falsedad o apocrificidad, según se anticipó, no se ven afectadas por el cambio normativo acaecido con el CPACA, pues, aún en su vigencia, la comprensión dada por esta Sección bien se muestra en la reciente sentencia de 22 de octubre de 2015(101), bajo el siguiente tenor:

“El problema al que se enfrenta la Sala consiste en determinar si, tal como lo sostiene la parte actora, el hecho de que al iniciarse el escrutinio el Registrador omita dar lectura al registro de los documentos que se introdujeron en el arca triclave, conduce inevitablemente a la configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 275 numeral 3º del CPACA, según la cual la elección resulta inválida cuando “Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.”. Es decir, que si por la sola omisión de hacer esa lectura los resultados electorales de las mesas concernidas se tornan falsos y por ello no pueden ser tenidos en cuenta en el escrutinio. La configuración de la falsedad o apocrificidad en temas electorales bien puede surtirse a partir de la definición de ese concepto, que según la Real Academia Española corresponde a lo “Engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de realidad o de veracidad.” o “Incierto y contrario a la verdad.”. Es decir, que un documento o registro electoral adolece de falsedad si lo que se expresa en él no concuerda con la realidad, disonancia que puede darse por falsedad material, como cuando el registro documental sufre una mutación o adulteración física en lo escrito, o por falsedad ideológica, que suele ocurrir, Vr. Gr., cuando un registro ulterior refleja una información completamente distinta del registro anterior, sin que ello tenga una explicación o justificación válida. Por tanto, la falsedad o apocrificidad como causal de nulidad es necesariamente objetiva. Quiere decir lo anterior, que su presencia en los documentos o registros electorales puede constatarse directamente por el operador jurídico, quien después de establecer la verdad de unos resultados los puede confrontar con los registros cuestionados para así concluir si esa realidad ha sido objeto de manipulaciones o distorsiones...”.

Finalmente, queda por aclarar —sin que ello implique que con tal consideración pueda quedar agotado el vasto estudio sobre la referida causal de nulidad electoral—, que, en todo caso, la falsedad o apocrificidad no es predicable de un documento electoral, si este no logra trascender al que le sigue en el proceso electoral, así, a manera de ejemplo, cabe traer a colación lo dicho por esa Sección en fallo de 26 de febrero de 2014(102):

“Ha sido reiterado que mientras el defecto se glose sólo con respecto al acta de los jurados de votación, el operador jurídico no puede advertir que el resultado per se sea falso y, por ende constitutivo de causal de nulidad electoral, en tanto puede tratarse de una irregularidad que incluso transgreda una disposición, pero no por ello constitutiva de nulidad electoral, pues ésta responde a la afectación de la voluntad libre y espontánea del conglomerado elector”.

4.2.1.11. De los argumentos expuestos con precedencia, es posible anticipar que muchas de las circunstancias alegadas como hechos de “sabotaje” por parte de los recurrentes —errores aritméticos, tachones, enmendaduras, borrones, inconsistencias en los E-14 como más votantes que votos y viceversa, así como la indebida marcación de tarjetones por un jurado electoral(103), entre otras—, se encuentran cobijadas por las hipótesis examinadas en la jurisprudencia de esta Sala electoral a propósito de diferentes demandas presentadas tanto en vigencia del CCA como en vigencia del CPACA, que, como se vio, están, en principio, sometidas al requisito de procedibilidad, además de a la demostración fehaciente de su ocurrencia junto con la incidencia en el resultado electoral.

4.2.1.12. Empero, a efectos de continuar con el ejercicio de delimitación anunciado en el vértice inicial del presente acápite, en torno a la definición y alcance del “sabotaje” como causal de nulidad electoral, es necesario efectuar algunas consideraciones sobre la “violencia”, enlistada en al artículo 275.2 del CPACA bajo unos parámetros de redacción comunes.

4.2.1.13. El desarrollo jurisprudencial en torno a la “violencia” ha sido menos prolífico en términos cuantitativos. Sin embargo, viene aparejado de significativas conquistas en la preservación de la libre determinación de los electores como bien jurídico relevante para la democracia nacional.

Como se vio, la causal de violencia en el CCA se integraba al numeral 1º del artículo 223 de dicha codificación, pero únicamente en defensa de los escrutadores y las “papeletas de votación”. Tanto así que en fallo de 3 de diciembre de 1992(104), la Sección despachó desfavorablemente una demanda de nulidad electoral fundada en violencia contra los electores por el hecho de no estar no estar contemplados como sujetos de la causal en cuestión.

En otra oportunidad la Sala estudió la presunta violencia ejercida contra un delegado del Registrador y determinados jurados de votación para que permitieran sufragar a un grupo de personas que al parecer no se encontraban inscritas, los cuales, finalmente fueron autorizados por el primero, en razón de los airados reclamos y presiones a las que fue sometido por aquellos electores. Y al respecto, en sentencia de 6 de octubre de 1995(105), concluyó:

“Por lo demás, es la violencia ejercida contra los escrutadores, según lo dispuesto en la disposición transcrita, la que constituye motivo de nulidad. De manera que la alegada violencia ejercida sobre el delegado del registrador no tendría la virtualidad de hacer nula el acta correspondiente.

Por otra parte, los jurados de votación, en escrito firmado por los mismos (folio 14) y reconocido en el curso del proceso (folios 48 y 49), sólo afirmaron que “se presentó una situación de dificultad” y que “hubo presión e insultos” contra el delegado y los jurados. De tales documentos y de los testimonios recibidos (folios 39 a 60), no parece que hubiera habido más que expresiones soeces y amenazas, pero no la violencia prevista en el numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo”.

De lo transcrito se advierten dos cosas, que no se admitió la violencia contra una autoridad electoral como causal de nulidad del acto de elección respectivo, y que las presiones e insultos no eran tenidas como violencia, es decir, que la Sala solo admitía como tal la física y no otras expresiones de ese fenómeno, como la violencia psicológica.

En decisión de 12 de abril de 2002(106), se estudió la incineración de votos como hecho violento, se amplió el concepto de violencia, admitiéndose que esta pudiera ser física o psicológica y se recabó en la necesidad de su prueba fehaciente e incidencia en el resultado.

Así también, en fallo de 16 de agosto de 2002(107), la Sala, a manera de obiter dictum, aunque no reconoció expresamente el carácter nulitante de la violencia contra electores, si recogió una tesis que empezó a hacer carrera en la Sala desde 1999, conforme con la cual el paradigma constitucional introducido con el Pacto Político de 1991 estableció nuevas garantías para los ciudadanos, como el derecho a elegir y ser elegido, que debe ser garantizado por el Estado.

Ese sería el preámbulo ideal para que esta Sala electoral, en providencia de 16 de agosto de 2002(108), diera un giro a su jurisprudencia y calificara la violencia contra los electores como causal de nulidad electoral, así:

“... si bien es cierto el numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo sólo se refiere a la violencia que se ejerce sobre los escrutadores, no lo es menos que existen otras disposiciones que permiten inferir que los votos depositados por personas sometidas a la coacción física o sicológica son nulos y, por lo tanto, son nulas las actas de escrutinio que registran esa votación irregular. En efecto, el artículo 40 de la Constitución consagra el derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y para hacer efectivo ese derecho, la misma norma, preceptúa que aquellos, entre otras garantías, pueden elegir y ser elegidos y tomar parte en las elecciones. Evidentemente, y como manifestación de un derecho de libertad, esa garantía constitucional parte de una premisa fundamental: la expresión de la voluntad libre de los ciudadanos. De consiguiente, toda actuación u omisión que afecte la libertad individual para decidir el sentido del voto infringe el núcleo esencial de este derecho constitucional, por lo que su violación origina la nulidad del voto. No solamente son nulos los votos depositados por los ciudadanos en virtud de la violencia ejercida por terceros, sino también son nulas las actas de escrutinio de aquellos lugares donde el ejercicio de la violencia impide la expresión libre de la voluntad popular”.

A su turno, en fallo de 3 de marzo de 2005(109), se estableció que la violencia, cualquiera que fuera su forma, para provocar la nulidad de la elección, además de su incidencia en el resultado electoral, se debe ejercer “... con la finalidad de alterar o manipular el resultado electoral; pues si de violencia sobre los escrutadores se trata, ella (...) debe dirigirse a doblegar la voluntad de la comisión de escrutadores, mutando el auténtico resultado electoral...”.

Ese mismo año, la Sala precisó que la violencia contra los electores podía verse reflejada en la no realización de elecciones en partes de una determinada circunscripción, pero que para su configuración, con fines de este tipo de procesos, es necesario “debe demostrarse que (i) dicho suceso obedeció a factores ajenos a la voluntad de los electores e imputables al Estado y que (ii) el número de votos que no pudieron ser depositados por esa causa es significativo frente al escrutado y computado”(110).

En aquella oportunidad se conocieron hechos de violencia protagonizados por las FARC en el municipio de Bojayá, con los cuales no solo se obstruyó el acceso de buena parte de la población a sus sitios de votación, sino que también se sustrajo el material electoral. Empero, a pesar de tales acontecimientos, no se declaró la nulidad de la elección demandada, por cuanto no se acreditó la incidencia de los votos frustrados respecto del resultado definitivo, ni se especificaron las zonas, puestos y mesas afectadas por esa lamentable práctica.

En sentencia de 20 de octubre de 2005(111),el Consejo de Estado estudió si los votos emitidos por los colombianos en circunstancias de desplazamiento forzado podrían viciar la legalidad del acto de elección resultante de los comicios celebrados el 25 de abril de 2004 para escoger al alcalde del municipio del Carmen del Darién (Chocó). En aquella oportunidad, la Sala de lo electoral reflexionó tal y como se sigue:

“sido debatida a lo largo del proceso, la residencia electoral de quienes han sido desplazados por grupos armados ilegales. En principio, resulta evidente para la Sala que la condición de desplazado de un municipio no le quita a una persona el derecho a votar en él, pues sería tanto como admitir que la residencia electoral de la que depende el ejercicio de un derecho constitucional fundamental de naturaleza política cuando se trata de elegir autoridades locales o de ser elegido, está a disposición de quien tiene un poder de facto para restringirlo. De allí que si una persona que tiene la condición de desplazado se inscribe y vota en su municipio de origen debe reconocerse la validez de su voto, pues el artículo 316 constitucional lo que pretende evitar es que quienes no tengan con un determinado municipio los intereses y vínculos materiales y espirituales que determinan el concepto de residencia, puedan hacer prevalecer su voluntad sobre quienes tienen residencia en el mismo. Y es claro que los desplazados de un municipio que inscriben su cédula para ejercer en él su derecho político de elegir y ser elegido poseen vínculos con el municipio que no pueden considerarse rotos por la acción de grupos armados al margen de la ley. En el caso que nos ocupa está probado, mediante el certificado que al proceso remitió Junta Directiva del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Curvaradó que los desplazados mencionados están organizados para efectos de retornar a su localidad de origen y para laborar en ella. En consecuencia, no hay razón alguna que impida reconocer su condición de residentes de Carmen del Darién”.

Si bien la circunstancia antes descrita fue examinada bajo el prisma de la transhumancia, lo entonces disertado por esta Corporación permite comprender el entorno en el que se desarrollaban los procesos eleccionarios en distintas latitudes del país, y de esa manera dimensionar la forma en la que la violencia se conectaba con nuestra realidad electoral.

Dentro de ese marco se destaca lo ocurrido en el municipio de Timbío (Cauca), lo cual se examinó en fallo de 24 de noviembre de 2005(112), en el que se hicieron algunas claridades respecto del potencial anulatorio de la violencia, derivada, en este caso, de la incineración de tarjetones electorales, con base en algunas directrices dispersas en pronunciamientos anteriores de la Corporación. En tal sentido, con respecto a la protección de la eficacia del voto, se indicó:

“De ahí que la destrucción de los tarjetones y formularios de registro de votos por causa de violencia que alega el demandante, desconozca las premisas constitucionales consagradas en los artículos 40, 258 y 260 de la Constitución Política que exaltan la democracia que fundamenta el Estado social de derecho. Esta causal no se configura por la sola verificación de que la voluntad electoral de cierto número de personas resultó menguada por acciones violentas de terceros; para dar eficacia al voto depositado pero no reflejado en el resultado electoral definitivo, es menester establecer a cuánto asciende el total de ciudadanos aptos para sufragar en las mesas cuya votación fue destruida o, por lo menos, conocer la constante histórica porcentual de participación de los ciudadanos en la respectiva circunscripción electoral, puesto que es necesario contemplar los porcentajes normales de abstención que ordinariamente se presentan en las elecciones”.

Siguiendo con la línea antes descrita, en providencia de 19 de enero de 2006(113), la Sección estudió la legalidad del acto de elección del entonces alcalde de Rionegro (Antioquia) y de concejales del ente territorial. En aquella oportunidad, se cuestionaron hechos de violencia contra los electores, perpetrados por las entonces llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia”, pero esta vez no para impedirles ejercer su derecho al sufragio o para hacerlo nugatorio en términos materiales, sino, precisamente, para todo lo contrario, esto es, para presionarlos a votar por una determinada opción política. Sobre el particular, además de avalar el examen de legalidad de este tipo de “violencia”, la Sala se permitió hacer algunas precisiones conceptuales sobre esta causal:

“existen otras disposiciones que permiten inferir que los votos depositados por personas sometidas a la coacción física o sicológica son nulos y, por lo tanto, son nulas las actas de escrutinio que registran esa votación irregular; esta hipótesis que se estudia supone la existencia de la violencia como situación causante de la nulidad del acta de escrutinio. Así, la violencia a la que alude esa disposición corresponde a los actos de coacción por medio de la fuerza física o sicológica que colocan en situación de inferioridad a una persona. Como violencia física se califica toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre las personas, mientras que la violencia sicológica corresponde a aquellos actos que puedan ocasionar un daño emocional, que disminuyan la autoestima, que perturben el libre desarrollo de la personalidad, que puedan producir descrédito, deshonra o menosprecio del valor personal o de la dignidad”.

En dicho caso, al encontrar probada la violencia contra los electores y algunas autoridades electorales, la Sala declaró la nulidad del acto demandado y ordenó la práctica de nuevos escrutinios en los que se excluyeran los votos de las mesas que habían sido objeto de violencia.

Otro caso significativo en torno a la causal de violencia contra los electores fue el de las elecciones a la Cámara por el departamento de Guainía, llevadas a cabo el 12 de marzo de 2006. En sentencia de 22 de noviembre de 2007(114), la Sala encontró acreditada la violencia en varias mesas del departamento —y su incidencia en las elecciones—, en las que no fue posible que los ciudadanos se acercaran a votar, por presiones ejercidas por las FARC. No obstante, en contraste con lo resuelto en el caso anterior, la orden que aparejó la nulidad no fue la de nuevos escrutinios, sino la de nuevas elecciones, solo para las mesas afectadas, atendiendo las particularidades del caso, para que se reflejaran en el resultado electoral.

Esta orden resultó de cardinal relevancia teniendo en cuenta que la norma vigente en ese momento (CCA) solo contemplaba la posibilidad de nuevos escrutinios.

Luego de ello, en providencia de 3 de julio de 2009(115), fueron decantados los requisitos para que prospere la causal de violencia contra el elector, de la siguiente forma:

“El primero, la afectación real y efectiva sobre la voluntad o el querer de la persona que lo inhibe a tal grado que su voluntad se doblega y se somete a los deseos del que ejerce la violencia (agresor) y, el segundo consiste en los efectos del acto violento que afectan y conducen a la real mutación en el resultado electoral. La concurrencia del hecho violento (aspecto objetivo) con la vulneración de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial), derivado de la aplicación del principio de eficacia del voto, son los tres presupuestos que deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección con base en hechos de violencia”.

Estas consideraciones fueron reiteradas en sentencia de 26 de febrero de 2014(116), en la que, además, se acuñó, en consonancia con la jurisprudencia vigente, que “... no todo acto violento, por criticable que sea, da lugar siempre a la nulidad electoral; por cuanto la violencia, independientemente de que recaiga sobre las personas o las cosas...”. Nótese la categorización de la violencia, en abstracto, según su objeto.

A partir de esas generalidades, y ya en vigencia del CPACA, la Sala, en el trascendental fallo de 21 de enero de 2016(117), determinó las condiciones para establecer otras formas de violencia psicológica contra el elector, como lo es el ofrecimiento de dádivas o corrupción al sufragante —que además es un delito—, según ya fue transcrito en acápites anteriores, tal y como se sigue:

“Así mismo, frente a los requisitos para que se estructure la causal alegada de violencia psicológica relacionada con la corrupción al elector, la jurisprudencia de esta Sección(118) ha establecido que es necesario que se pruebe :i) las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió la violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye que los constreñidos ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un factor subjetivo, es decir que dicho voto se dio como consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o recibidas; ii)que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los demandados con el propósito señalado por el demandante, es decir, para constreñir la voluntad del elector, iii) cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una promesa de dádiva; iv) que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el resultado electoral”.

4.2.1.14. Ello demuestra que el cambio normativo introducido por el CPACA no supuso alteración alguna en el desarrollo jurisprudencial configurado hasta el momento, pues tal entendimiento de la “violencia” –—el de la sentencia mencionada en el párrafo inmediatamente anterior— solo era posible en la medida en que integrara las tesis vigentes de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

4.2.1.15. A esta tesis, sin lugar a hesitación alguna, se aviene el cuestionamiento elevado por dos de los demandantes en torno a la supuesta presencia del secretario de gobierno municipal de Bello, Hugo Alexander Díaz, en tanto aquellos lo presentan como un “...acto de poder y posición dominante ...”(119); cosa distinta es que estos logren probar el acaecimiento de ese hecho y su incidencia en el resultado electoral.

4.2.1.16. A manera de parangón, cabe decir, entonces, que las causales de nulidad electoral antes examinadas, tienen, cada una de ellas, elementos de su esencia, que permiten diferenciar el propósito inmediato que persiguen y los sujetos que median en su materialización.

4.2.1.17. Pues bien, la falsedad y apocrificidad tienen su origen en (i) la actuación u omisión consciente o inconsciente de sujetos legitimados para intervenir dentro de las distintas fases del proceso electoral en ejercicio de la función electoral de la que se encuentren investidos —o por lo menos con su anuencia—, bien sea de forma permanente o transitoria; o bien (ii) en una causa imputable a alguno de los elementos dispuestos para servir al proceso electoral.

Y es precisamente esta procedencia la que justifica la existencia del requisito de procedibilidad consagrado en los artículos 237 de la Constitución y 161.6 del CPACA, pues teniendo origen la causal en circunstancias atribuibles a la organización electoral —con todos sus componentes—, es lo lógico que sea esta misma la llamada a precaver las irregularidades que de suyo se adviertan en el trámite cuyo control le fue asignado legalmente.

Así, la falsedad o apocrificidad es, si se quiere, una falla del sistema electoral que encuentra su causa en ella misma, bien por una situación endilgable a la persona que lo opera o a los medios o instrumentos de los que se sirve para tal propósito.

Desde esa perspectiva, la forma en la que fue redactada en el CPACA, supera la anquilosada discusión sobre la diferencia entre lo falso y lo apócrifo, pues, para su configuración lo que importa es la afectación de la verdad, entendida como la correspondencia entre el resultado reconocido por la autoridad electoral y la voluntad del elector concretada en el voto que depositó en la urna, independientemente de los motivos que lo llevaron a inclinarse por determinado candidato u opción política Se trata, por lo general, de una circunstancia endógena, que mina la pureza del sufragio.

4.2.1.18. No ocurre lo mismo con la causal de violencia, cuya comisión escapa a la voluntad y a las atribuciones conferidas a dichas autoridades y, por demás, se abstrae de cualquier dependencia con los elementos que integran la estructura electoral misma. En este tipo de eventos media el hecho de un tercero que irrumpe a través de la fuerza, bien sea física o psicológica, en la integridad y en el orden natural del proceso eleccionario, atacando directamente a las personas o a las cosas que hacen parte de él.

Conviene acotar que en la ley 1437 de 2011 se clasificó la violencia, atendiendo a su objeto. Así, la dirigida contra las personas se englobó en el numeral 1° del artículo 275; mientras que aquella que apunta a las cosas, en el numeral 2°.

Cualquiera que sea el caso, es dicho fenómeno, entonces, una causa exógena que altera la corrección formal que se debe predicar de un acontecimiento tan significativo como lo es la elección.

En ese orden de ideas, resulta diáfano que la violencia excede las capacidades del aparato electoral y, por ende, no resulta apropiado someterla a su consideración antes de pretender la nulidad de un acto de elección con fundamento en esa causa, pues la celeridad que demandan los trámites eleccionarios así lo impone. Dicho de otro modo, la dimensión que tiene este fenómeno —cuyo rasgo distintivo es la fuerza—, es lo que justifica la existencia de una previsión normativa que exima al ciudadano de agotar el requisito de procedibilidad.

4.2.1.19. Así las cosas, entender que un comportamiento atribuible a las autoridades encargadas de reflejar esa voluntad popular —jurados, escrutadores, etc.— pueda ser explicado en términos de “sabotaje” implicaría, por un lado, vaciar de contenido la causal tercera del artículo 275 del CPACA —apocrificidad y falsedad—, y con ello enervar el mandato que en torno a ella se yergue, no solo desde la modificación introducida por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988 que eliminó de los motivos de reclamación del artículo 192 del código electoral el carácter de causales de nulidad pasibles de control directo por parte del juez contencioso. Y por el otro, significaría enervar el alcance que el legislador quiso darle al procedimiento electoral, pues, se recuerda que el proyecto de ley que culminó con la expedición del CPACA se restructuró durante el segundo debate para armonizar el juicio electoral con la reforma política introducida con el Acto Legislativo 01 de 2009, que, entre otras cosas, fue el que elevó a rango constitucional el requisito de procedibilidad.

4.2.1.20. Por otro lado, el hecho de que el “sabotaje”, en el numeral 2º del artículo 275 de la codificación ibídem, comparta un mismo esquema de redacción con la “violencia”, permite asimilar algunos aspectos de ambas figuras, uno de ellos, como ya se dijo, es que no están sometidos al presupuesto procesal de que trata al artículo 161.6 de la mencionada norma. Y otro, que se materializan a través de acciones de terceros, ajenos al proceso eleccionario, que ataquen su orden natural.

Empero, como se dijo desde un principio, a pesar de su proximidad ideológica, no son conceptos sinónimos, razón por la cual, aún falta identificar ese elemento diferenciador que permita delinear con mayor precisión los contornos del “sabotaje”.

4.2.1.21. Pues bien, como en líneas previas se enunció, en su literalidad, este se comprende, de acuerdo con las definiciones que ofrece la Real Academia de España, de la siguiente manera:

“sabotaje

Del fr. sabotage.

1. m. Daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos.

2. m. Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, etc.”

Tales acepciones no se contraponen, por ende, ambas resultan plenamente válidas para los fines del presente ejercicio hermenéutico.

4.2.1.21. Estas acepciones resultan de vital importancia si se tiene en cuenta que la violencia, según se vio, está determinada en términos de la fuerza —y cualquiera de sus variantes— física o moral que se ejerza sobre un determinado objeto.

4.2.1.22. Ergo, la diferencia entre “sabotaje” y “violencia” podría estar dada en términos en la presencia o no de ese ingrediente. Al punto que la primera de tales categorías tendría que ser concebida como el daño, deterioro, obstrucción u oposición que, de manera disimulada —por decir lo menos— se hace sobre las “cosas” que, en su conjunto, permiten materializar el proceso electoral.

4.2.1.23. Esta tesis cobra sentido en la medida en que el bien jurídico que busca proteger el artículo 275.2 del CPACA puede ser trastocado a través de prácticas que no necesariamente obedezcan a patrones de violencia. Así, por ejemplo, el material electoral podría ser afectado o destruido mediante maniobras que no necesariamente impliquen el uso de la fuerza, como el vertimiento de sustancias o agentes químicos en las tarjetas de votación, que alteren su apariencia o que las tornen ilegibles; o de la misma manera, los computadores que usualmente se emplean para procesar la información podrían también ser atacados mediante el uso de softwares maliciosos que se introduzcan de forma remota o subrepticia a los equipos.

4.2.1.24. Dichas situaciones resultan ser bastante ilustrativas de cómo opera la causal, pero al mismo tiempo sugieren su estudio en perspectiva con las “cosas” que pueden ser objeto de sabotaje. En tal sentido, la norma se refiere a “...los documentos, elementos o el material electoral...”, así como a “... los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones...”.

4.2.1.25. Pues bien, para dicho análisis no sobra recordar que el contexto en el que se introdujo la causal del artículo 275.2 del CPACA estuvo caracterizado por acontecimientos violentos como los que se describieron en la reseña jurisprudencial efectuada en líneas previas del presente proveído.

Y contrario a que el legislador buscara desconocerla —lo cual no resulta coherente teniendo en cuenta que, por regla general, la configuración del derecho es el reflejo de los hechos que pretende regular—, lo que realmente muestra la norma es la positivización de esas formas de protección de la democracia que tuvieron que ser introducidas al ordenamiento jurídico por vía de jurisprudencia, dado el déficit normativo concretado en la incapacidad de prever todas las desafortunadas prácticas con las que se atentó contra ella.

Es por ello que esta Sala de lo electoral considera que la forma en la que fue redactada la norma que en la actualidad gobierna ese tipo de nulidades constituye un acto de vanguardia que busca no solo proteger la legalidad del acto electoral frente a las vicisitudes conocidas, sino a otras formas de ilegalidad que pueden surgir de los nuevos paradigmas electorales.

4.2.1.26. En tal sentido, no puede perderse de vista que el artículo 258 original de la Constitución Política era del siguiente tenor:

“El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos”.

Y que, al margen de que, al día de hoy, se siga empleando el tradicional sistema de papeletas depositadas en cubículos individales, con la reforma política incorporada con el Acto Legislativo 01 de 2003, se apuntó a otros métodos:

“ART. 258.—Modificado por el artículo 11, Acto Legislativo 1 de 2003, así: El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos

(...).

PAR. 2º—Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones” (Negrillas propias).

Adicionalmente, a través de la Ley 892 de 2004, “Por la cual se establecen nuevos mecanismos de votación e inscripción para garantizar el libre ejercicio de este derecho, en desarrollo del artículo 258 de la Constitución Nacional”, el legislador dispuso:

“ART. 1º—Establézcase el mecanismo electrónico de votación e inscripción para los ciudadanos colombianos.

Para tales efectos, la Organización Electoral diseñará y señalará los mecanismos necesarios para que el voto electrónico se realice con la misma eficacia para los invidentes, discapacitados o cualquier otro ciudadano con impedimentos físicos.

PAR. 1º—Se entenderá por mecanismo de votación electrónico aquel que sustituye las tarjetas electorales, por terminales electrónicos, que permitan identificar con claridad y precisión, en condiciones iguales a todos los partidos y movimientos políticos y a sus candidatos.

PAR. 2º—Las urnas serán reemplazadas por registros en base de datos, los dispositivos y las herramientas tecnológicas que garantizarán el voto deben organizarse en cubículos individuales separados donde el ejercicio electoral sea consolidado, de manera tal, que se cumplan las normas establecidas constitucionalmente. El sistema debe constar de los siguientes módulos: reconocimiento del votante, Interfax para la escogencia electoral y comunicación con la central de control.

PAR. 3º—El sistema debe asegurar la aceptación de los tres tipos de cédulas existentes, en orden cronológico. De la primera cédula se tomará el número para alimentar la base de datos de los electores, de la segunda y tercera generación de cédulas se toma el código de barras por medio de censores láser o infrarrojos los cuales permitan reconocer dicho código y convertirlo en un registro para confrontarlos con la base de datos del sistema electoral. Cada entrada al sistema debe quedar registrada por el mismo.

PAR. 4º—Este mecanismo debe incluir, como requisito mínimo, la lectura automática del documento de identidad, captura de huella dactiloscópica u otros métodos de identificación idóneos que validen y garanticen la identidad de la persona al instante de sufragar.

PAR. 5º—Los electores podrán obtener el certificado electoral a través de una página web determinada por la Registraduría Nacional en la cual se publicarán las cédulas que efectivamente sufragaron. La Registraduría podrá determinar otros mecanismos para evitar la suplantación de la persona al momento del sufragio.

ART. 2º—Para los ciudadanos colombianos domiciliados en el exterior la organización electoral implementará el mecanismo electrónico de inscripción y votación con la cobertura que facilite su participación en los comicios electorales.

ART. 3º—La implementación del nuevo mecanismo se realizará antes de cinco años, sin embargo, la Organización Electoral deberá, en un plazo no mayor de seis meses, dar inicio a los planes pilotos de votación con el nuevo sistema.

PAR. 1º—Dentro de la reglamentación se exigirá que el aplicativo o software y la base de datos posean el código fuente debidamente documentado, descartará los votos que presenten identificación y/o huellas repetidas, así como los votos sufragados en una circunscripción diferente a la inscrita cuando los candidatos sean de circunscripción territorial.

PAR. 2º—El mecanismo electrónico de votación asegurará el secreto e inviolabilidad del voto.

ART. TRANS. 1º—La organización electoral permitirá la coexistencia del sistema convencional de votación en tarjetones de papel, mientras la infraestructura tecnológica de ciertos puntos de votación, no cumpla con los requerimientos mínimos del mecanismo automatizado de inscripción y votación.

ART. TRANS. 2º—Cuando los documentos de identificación no permitan su lectura automática esta se hará mediante la captura del número de identificación por digitación manual, siempre y cuando se verifique la identificación dactilar del ciudadano. El procedimiento anterior, regirá tanto para el proceso de inscripción, como el de votación.

ART. 4°—Esta ley rige a partir de su sanción y promulgación”.

4.2.1.27. Es claro que la norma vigente contiene todo un entramado de instrumentos, figuras y aplicativos que son los que deben dar forma al nuevo proceso electoral; y el hecho de que no se haya implementado a cabalidad, no significa que el legislador no pueda protegerlo.

4.2.1.28. Es allí donde el sabotaje como causal de anulación de los actos electorales que tienen su fuente en el voto popular cobra vigor, pues estos novedosos esquemas conllevan también novedosas formas de vulneración del sistema eleccionario.

Aunque claramente estos pueden ser objeto de violencia física, comoquiera que sobre ellos se puede ejercer una fuerza material externa encaminada a causarles daño, esa posibilidad resulta insuficiente para cubrir las todas las circunstancias que emergen del uso de tecnologías.

En ese orden, la hipótesis que mejor se aviene al deber estatal de asegurar la democracia, para estos particulares eventos, es aquella que tiende a conjurar todo daño, deterioro, oposición y obstrucción que se pueda irrogar al aparato electoral y a sus componentes por medio de prácticas disimuladas, sutiles, artificiosas, engañosas, subrepticias y demás, que, por estar desprovistas de fuerza, encuadran en la categoría de “sabotaje”, y no en la de “violencia”.

4.2.1.29. De conformidad con tales explicaciones resulta claro que ninguno de los hechos que los demandantes alegaron como constitutivos de la pretendida nulidad se encuadran dentro de tales hipótesis, toda vez que, como en su momento se indicó, pueden ser explicados en términos de alteraciones endógenas o de empleo de la fuerza en la fase electoral y postelectoral que dio lugar al acto de elección enjuiciado.

4.2.2. Confrontación con los argumentos de los recurrentes

Conviene recordar que los cuestionamientos que sostienen esta causal (art. 275.2 del CPACA) están dados, a juicio de los recurrentes, por los siguientes hechos: a) la jurado Yazmín Maritza Mesa Martínez fue encontrada adulterando las tarjetas electorales, b) existen marcadas inconsistencias en los formularios E-14 y c) el secretario de gobierno del municipio Hugo Alexander Díaz manipuló votos en la comisión escrutadora de la zona 2.

4.2.2.1. En torno al primer punto, los recurrentes insisten en que los documentos que integran la indagación que adelanta la Fiscalía a la susodicha deben ser tenidos por este ad quem, como demostrativos los ilícitos endilgados.

Por las razones que preceden al argumento 4.2.1.11. del presente proveído, cabe decir que este hecho no puede ser considerado como constitutivo de la causal contenida en el numeral segundo de la referida codificación adjetiva.

Para esta Sección, no cabe duda que lo cuestionado por la parte demandante se encuadra en la alteración de documentos electorales, en este caso las tarjetas de votación, con el propósito de modificar los resultados de la contienda, configurando con ello una eventual falsedad material de los documentos destinados a servir de soporte al acta de escrutinio de mesa (E-14).

Así las cosas, en principio, no es posible que esta corporación se pronuncie sobre tales irregularidades, pues no se agotó el requisito de procedibilidad (art. 161.6 CPACA). Así lo determinó el a quo cuando en autos admisorios rechazó las demandas respecto de la causal de falsedad y apocrificidad. Decisiones contra las que, valga recordar, no se ejercieron los medios de impugnación que la ley ofrece, lo cual, ante la preclusión y eventualidad que gobierna este tipo de procesos, impide que la Sala vuelva a examinar tal aspecto.

Sin embargo, sí quiere llamar la atención la Sala respecto de lo particular de la conducta que se reprocha, pues no encuentra símil en casos de falsedad otrora estudiados por esta sección. No pasa desapercibido que en oportunidades pretéritas la Sala se ha pronunciado sobre la falsedad de las actas de escrutinio y de los documentos que con base a ellas se producen; empero, esta vez se acusa la adulteración de los votos en sí mismos con el propósito de hacerlos nulos. Este hecho, sin lugar a dudas, habría conllevado un análisis, a la luz de lo discurrido en fallo de 10 de abril de 2014(120), sobre la flexibilización del requisito de procedibilidad, tomando en cuenta las dificultades de las comisiones escrutadoras para resolver un reclamo de esas características, pues, mientras para la falsedad de las actas siempre será posible acudir al recuento de votos, demostrar el falseamiento de estos últimos demanda de medios especializados que no se encuentran previstos para el trámite eleccionario.

Sin embargo, se insiste, no es esta la oportunidad para destrabar tal discusión; máxime cuando, en todo caso, el cargo no cumple satisface el principio de eficacia del voto.

Sobre el particular, sea lo primero aclarar que no es a esta Sala a la que corresponde calificar penalmente la conducta de la señora Mesa Martínez. No obstante, desde la óptica del presente proceso electoral, sí resulta oportuno indicar que esta fungió como tal en la mesa 16 del puesto 01 de la zona 90 dentro de los comicios que se llevaron a cabo el pasado 25 de octubre de 2015 y que se le acusa de rayar tarjetones electorales durante el conteo de votos con el propósito de hacer nulos los de un candidato en específico.

Pues bien, para despachar el reparo en cuestión, en términos del voto útil, que el examen no supera siquiera el requisito de procedibilidad–, bastaría decir que en el respectivo formulario E-14 de alcaldes se reportaron un total de 295 sufragante (casilla E-11) y 292 votos en la urna, de los cuales tan solo 11 fueron nulos, por lo que ni en el evento de que se supere la exigencia del artículo 161.6 del CPACA, o que se le tome como constitutivo de la causal consagrada en el artículo 275.2 del CPACA —que claramente no lo es(121)—, podría concluirse que la elección sea nula, porque aún si en el más extremo de los casos se contemplara la posibilidad de que todos los votos de esa mesa fueran computados al candidato que obtuvo la mejor votación después del demandado —suponiendo que no hace falta consultar la tesis de la distribución ponderada de los votos nulos(122)—, dicha situación, aun por irregular que fuera, no tendría la entidad suficiente para enervar la diferencia de más de 1000 votos que se dio entre un candidato y otro(123).

4.2.2.2. Por otro lado, los apelantes sostienen que el comportamiento de la señora Yazmín Maritza Mesa Martínez es, además, demostrativo de la alteración sistemática de los resultados de la contienda electoral, y que, en su sentir, esto se corrobora con el análisis de los formularios E-14 que tanto demandantes como coadyuvantes aportaron.

Tal desavenencia, según lo relataron los actores, se concreta en la existencia de tachones, borrones, enmendaduras; inconsistencias más votantes que votos o viceversa, es decir, más votos que votantes; formularios sin totalizar o indebidamente totalizados; y otros por el estilo.

Sea entonces del caso decir que, en todo caso, el único que allegó oportunamente tales formularios fue el apoderado de los demandantes del proceso 2015-00026(124), y como tal, son estos los únicos que podrían ser, eventualmente, considerados para efectos del estudio que los recurrentes sugieren.

No obstante, esta Sección considera que esos formularios, si bien pueden despertar alguna inquietud sobre el acontecer de la jornada eleccionaria, por sí solos, no reflejan la existencia de circunstancias constitutivas de la nulidad electoral, pues para llegar a alguna conclusión sobre los resultados de la contienda es necesario cotejarlos con los correspondientes Formularios E-24 mesa a mesa que resultan de los escrutinios realizados por las comisiones legalmente designadas para tal efecto y , en la medida de lo posible, también con las actas que acompañan tal actuación.

Esto, básicamente, por dos razones. La primera, es que el proceso de escrutinios que da lugar a la declaratoria de elección es piramidal, ello significa que los jurados realizan un escrutinio de mesa, que luego se ve reflejado en un escrutinio de zonas, y este, a su vez, en uno, en este caso, municipal. Luego, carece de fundamento recabar en una inconformidad que pudo ser zanjada durante el escrutinio zonal o auxiliar, pues estas comisiones, por mandato de los artículos 163 y siguientes del Decreto 2241 de 1968, tiene el deber de realizar los recuentos del caso, incluso de oficio, cuando se adviertan anomalías en los formularios y documentos que les sirven de soporte.

Y la segunda razón, tiene que ver con que muchas de las imprecisiones o “errores” en los E-14, además de constituir causales de reclamación según el artículo 192 del Código Electoral, podrían estar salvadas o justificadas a través de la información contenida en las actas que contienen la bitácora de los acontecimientos acaecidos durante el proceso o escrutinio que se esté registrando.

A pesar de ello, los demandantes del proceso 2015-02600 no acompañaron tal documentación y tampoco la pidieron como prueba —tampoco los demás sujetos procesales— y por tal motivo, resultaría inane cualquier consideración que la Sala hiciere sobre los E-14 que reclaman los recurrentes.

Ello sin contar con que tal situación entrañaría un juicio sobre la apocrificidad o falsedad de los documentos electorales —y no sobre violencia o sabotaje, como los actores pretenden hacerlo ver—, que escapa a la órbita de la causal que aquí se estudia, para direccionar la discusión hacía el escenario contemplado en el artículo 275.3 del CPACA, frente al cual, se recuerda, no fue agotado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 161.6 ibídem.

4.2.2.3. Y finalmente, queda por decir, en cuanto concierne a la presunta participación del secretario de gobierno Hugo Alexander Díaz en los escrutinios de la zona 2, es lo cierto que ninguno de los documentos que reposan en el expediente dan cuenta de ese hecho. Al contrario, en el acta general de escrutinios que acompaña una de las demandas no figura ninguna situación de esa estirpe.

Y del material fotográfico allegado al plenario tampoco es posible vislumbrar condiciones de modo, tiempo y lugar que permitan establecer de manera clara, certera y unívoca ese hecho, o la falta de sellos en algunas de las urnas el día de las elecciones.

En Sentencia T-930A de 2013(125), a la que la Sala acude como criterio auxiliar, en relación con el valor probatorio de la fotografía, se argumentó:

“La fotografía es un medio probatorio documental de carácter representativo, que muestra un hecho distinto a él mismo, el cual emerge del documento sin que tenga que hacerse un ejercicio de interpretación exhaustiva de su contenido. Esto significa que “la representación debe ser inmediata, pues si a simple vista la fotografía muestra una variedad de hechos posibles, ‘ella formará parte de la prueba indiciaria, ya que está contenida en la mente de aquél (el intérprete), y no en el objeto que la documenta’”, advirtiéndose en esta misma Sentencia T-269 de 2012 que “el Juez debe valerse de otros medios probatorios, apreciando razonablemente el conjunto”, tal como dispone la preceptiva procesal penal. Al igual que otro documento y que el dictamen pericial, la fotografía es un medio que el juez está en la obligación de valorar dentro del conjunto probatorio, siguiendo las reglas de la sana crítica. Por ser un documento, se determinará si es privado o tiene las connotaciones para ser asumido como público y se verificará su autenticidad y genuinidad, conforme a la preceptiva correspondiente. El valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición, lo que, como se indicó, obliga al juzgador a valerse de otros medios probatorios y a apreciar razonadamente el conjunto” (Énfasis propio).

Por su parte, los artículos 243 y 244 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión normativa del artículo 306 del CPACA, en lo pertinente, previenen:

“ART. 243.—Distintas clases de documentos.

Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.

(...).

ART. 244.Documento auténtico.

Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

(...).

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones”.

Descendiendo tales premisas al caso concreto, se advierte que, si bien las fotografías aportadas podrían tomarse por documentos auténticos en el evento de no ser tachados o desconocidos, es lo cierto que las que obran en el plenario no permiten a este juez la representación de hechos violentos o de manipulación de los escrutinios por la persona que, según los demandantes, figura en ella. Tampoco se muestra que las urnas aparentemente abiertas correspondan a la contienda electoral celebrada en el municipio de Bello el 25 de octubre de 2015, que es lo que realmente importa al presente trámite contencioso. Ahora, tales documentos tampoco permiten establecer la manera en la que esa eventual afectación hubiera podido variar la elección del demandado César Augusto Suárez Mira como alcalde del municipio de Bello para el período 2016-2019, pues, se recuerda, no basta a las partes efectuar acusaciones vagas y ambiguas que no concreten de manera clara y certera el concepto de violación esgrimido en la demanda.

4.2.2.4. En ese orden de ideas, ninguna de las circunstancias que aducen los recurrentes son constitutivas de la violencia o sabotaje alegadas; las cuales, contrario a lo que pretenden, más bien se derrumban frente a los informes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional(126), que dan cuenta de que la correspondiente jornada de elecciones transcurrió en completa normalidad.

Así las cosas, es claro que el cargo examinado en el presente acápite tampoco está llamado a prosperar, razón por la cual se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR la sentencia de 20 de junio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de las demandas de nulidad electoral.

Segundo: Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo sucesivo, CPACA.

2 Los tres afirman haberse postulado para cargos de elección popular en los pasados comicios regionales de 25 de octubre de 2015.

3 También solicitaron lo propio respecto de concejales y juntas administradoras locales, pero en auto de 14 de diciembre de 2015 el Tribunal ordenó a su Secretaría radicar las demandas, respecto de estos, en cuadernos separados (fl. 109 cdno. 1 exp. 2546).

4 Fueron las siguientes: (i) No. 001 del 28 de octubre de 2015 (zonas 98 y 99), (ii) No. 001 del 27 de octubre de 2015 (zona 8) y (iii) No. 002 del 26 de octubre de 2015 (zona 8). Conviene indicar que en auto de 14 de diciembre de 2015 el Tribunal rechazó parcialmente la demanda por no acreditar requisito de procedibilidad (reclamación ante autoridad electoral) frente a la causal del art. 275.3 del CPACA.

5 En lo sucesivo, RNEC.

6 Se infiere que alude a las comisiones escrutadoras, pues relaciona 3 resoluciones –mencionadas en el pie de página No. 4 de este proveído– para respaldar su dicho.

7 Entre ellas la de 29 de julio de 2001, C. P. Darío Quiñones Pinilla, exp. 2001-00009-01. Las otras no fueron referenciadas.

8 Fl. 54 cdno. 1 exp. 2546.

9 Fl. 104 cdno. 1 exp. 2546.

10 La apoderada de los demandantes presentó escrito de apelación, que inicialmente fue concedido, pero que, posteriormente, se declaró desierto porque la recurrente no cumplió con las expensas requeridas.

11 Demandante en el proceso 2016-00191.

12 Coadyuvante en el proceso 2016-00191.

13 Fl. 206-212 cdno. 1 exp. 2546.

14 Fl. 235 cdno. 1 exp. 2546.

15 Fl. 267 cdno. 1 exp. 2546.

16

17 Fl. 206-212 cdno. 1 exp. 2546.

18 En lo sucesivo CNE.

19 Fl. 4 cdno. 1 exp. 2600.

20 Fl. 4 cdno. 1 exp. 2600.

21 Fl. 4 cdno. 1 exp. 2600.

22 C. P. Alberto Yepes Barreiro, exp. No. 11001-03-28-000-00115-00, demandado: MARCO ANÍBAL AVIRAMA AVIRAMA como senador de la república por la circunscripción nacional especial por comunidades indígenas para el periodo 2014-2018.

23 Fl. 31 cdno. 1 exp. 2600.

24 Fl. 58 cdno. 1 exp. 2600.

25 Concretamente, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, C. P. María Nohemí Hernández Pinzón, exp. 19001-23-31-000-2003-02105-03, demandado: ARNOBIO LÓPEZ MORENO como alcalde del municipio de Timbio.

26 Fl. 85 cdno. 1 exp. 2600.

27 Fl. 68 cdno. 1 exp. 2600.

28 Fl. 51 cdno. 1 exp. 191.

29 Fl. 51 cdno. 1 exp. 191.

30 Fl. 85 cdno. 1 exp. 191.

31 Fl. 91 cdno. 1 exp. 191.

32 Tal solicitud fue resuelta con posterioridad a la acumulación de expedientes, según se explicará más adelante.

33 Fl. 220 cdno. 1 exp. 191.

34 Fl. 220 cdno. 1 exp. 191.

35 Fl. 269 cdno. 1 exp. 2546.

36 Fl. 282 cdno. 1 exp. 2546

37 Fl. 273 cdno. 1 exp. 2546.

38 Fl. 304 cdno. 1 exp. 2546.

39 Cfr. acápite “3.4.” del presente proveído.

40 Fl. 312r-313 cdno. 1 exp. 2546.

41 Fl. 313 cdno. 1 exp. 2546.

42 Varias, practicadas en las audiencias de la segunda etapa del proceso (art. 179.2 CPACA). Dentro de la cual se presentaron, y fueron resueltas (cfr. fl. 885 cdno. 3 exp. 2546), entre otras, provenientes numerosas solicitudes de nulidad y de “pruebas”, principalmente, del demandante del proceso 2016-00191, Rodrigo de Jesús Múnera Zapata y su coadyuvante Alberto de Jesús Alzate.

43 Fl. 901 cdno. 3 exp. 2546.

44 Fl. 901 cdno. 3 exp. 2546.

45 Fl. 903 cdno. 3 exp. 2546.

46 Fl. 967 cdno. 3 exp. 2546.

47 Fl. 971 cdno. 3 exp. 2546.

48 Fl. 983 cdno. 4 exp. 2546.

49 Fl. 1168 cdno. 4 exp. 2546.

50 Fl. 1174 cdno. 4 exp. 2546.

51 Fl. 1185 cdno. 4 exp. 2546.

52 Fl. 1198 cdno. 4 exp. 2546.

53 Fl. 1198 cdno. 4 exp. 2546.

54 Frente a la que operó el rechazo de las demandas.

55 Fl. 1199 cdno. 4 exp. 2546.

56 Fl. 199r cdno. 4 exp. 2546.

57 Fl. 269 cdno. 1 exp. 2546.

58 Al menos así lo interpreta la Sala, pues el actor presentó dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, los días 23, 24 y 27 de junio de los corrientes, varios escritos de apelación y en el último de ellos prescindió de algunos de los pedimentos efectuados en escritos previos, cuando, a la letra, dijo: “…favor no tenerse en cuenta lo antes anotado en este recurso de apelación, relacionado con lo dicho antes de las pretensiones, que tiene como contenido: (…) pretensiones:...” (fl. 1372 cdno. 4 exp. 2546).

59 Esto fue resuelto con auto de ponente de la misma fecha que la presente providencia.

60 Que, valga aclarar, nunca contestó la demanda ni presentó alegatos de conclusión.

61 Fl. 1207-ss cdno. 4 exp. 2546.

62 Fl. 1366 cdno. 4 exp. 2546.

63 Fl. 1367 cdno. 4 exp. 2546.

64 Fl. 1362 cdno. 4 exp. 2546.

65 Que, según dijo, en el departamento de Bello, está coartada por la familia SUÁREZ MIRA (cfr. fl. 1403 cdno. 5 exp. 2546).

66 Fl. 1364 cdno. 4 exp. 2546.

67 Fl. 1364 cdno. 4 exp. 2546.

68 Fl. 1385 cdno. 5 exp. 2546.

69 Fl. 1405 cdno. 5 exp. 2546.

70 Fl. 1420 cdno. 5 exp. 2546.

71 Fl. 1440 cdno. 5 exp. 2546.

72 Fl. 1642 cdno. 6 exp. 2546.

73 Artículo 150 CPACA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.”

74 Artículo 152.8 CPACA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)8. De la nulidad del acto de elección de contralor departamental, de los diputados a las asambleas departamentales; de concejales del Distrito Capital de Bogotá; de los alcaldes, personeros, contralores municipales y miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. La competencia por razón del territorio corresponde al Tribunal con jurisdicción en el respectivo departamento.

75 Cfr. fl. 37 cdno. 1 exp. 2600.

76 C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. 11001-03-28-000-2014-00135-00, demandado: ALEXANDER VEGA ROCHA como magistrado del Consejo Nacional Electoral.

77 C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. 11001-03-28-000-2014-00030-00, demandado: CIRO ALBERTO VARGAS SILVA como representante a la Cámara por el departamento de Guainía.

78 Consejo de estado. Sección Quinta. Rad. 2012-00011-01 sentencia de 26 de febrero de 2014. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.”Así pues, la ocurrencia del hecho violento (aspecto objetivo) con la afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y/o la vulneración de la existencia física de los elementos electorales (aspecto físico o material), en concurrencia con la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial) son los presupuestos que deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección con base en hechos de violencia”.

79 Fl. 1 cdno 1 exp. 2546.

80 Fls. 14 y 93 cdno 1 exp. 2546.

81 Gaceta del Congreso de la República No. 1173 de 2009.

82 Gaceta del Congreso de la República No. 264 de 2010.

83 C. P. Miren de la Lombana de Magyaroff, rad. 0592, demandados: REPRESENTANTES A LA CAMARA POR ANTIOQUIA.

84 C. P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía, rad. 1293, demandados: DIPUTADOS DEL TOLIMA.

85 C. P. Miguel Viana Patiño, rad. 1129, demandados: REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR VAUPÉS.

86 C. P. Roberto Medina López, rad. 1871, demandados: REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL CESAR.

87 Ibídem.

88 C. P. Darío Quiñones Pinilla, rad. 11001-03-28-000-2001-0009-01, demandado: EDIL DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA LOCALIDAD 02 DE CHAPINERO.

89 C. P. Mauricio Torres Cuervo, rad. 11001-03-28-000-2010-00050-00, demandados: REPRESENTANTES A LA CAMARA NORTE DE SANTANDER.

90 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C. P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 10 de mayo de 2013, rad. 11001-03-28-000-2010-00061-00, demandados: SENADORES DE LA REPUBLICA 2010 A 2014.

91 Cfr., entre otras, sentencias: C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 26 de febrero de 2014, rad. 66001-23-31-000-2012-00011-01, demandado: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA; C. P. Susana Buitrago Valencia, 12 de agosto de 2013, rad. 15001-23-31-000-2011-00652-01, demandados: DIPUTADOS DE BOYACA; C. P. Mauricio Torres Cuervo, 29 de agosto de 2012, rad. 11001-03-28-000-2010-00050-00, demandados: REPRESENTANTES A LA CAMARA POR NORTE DE SANTANDER; C. P. Mauricio Torres Cuervo, 11 de junio de 2009, rad. 20001-23-31-000-2007-00239-01, Demandado: CONCEJALES DE VALLEDUPAR.

92 C. P. Susana Buitrago Valencia, rad. 11001-03-28-000-2006-00115-00, demandados: SENADORES DE LA REPUBLICA.

93 En la misma línea se destacan las siguientes providencias: . P. Mauricio Torres Cuervo, 24 de abril de 2013, rad. 68001-23-31-000-2011-01083-01, Demandados: CONCEJALES DE GIRÓN; C. P. María Nohemí Hernández Pinzón, 9 de julio de 2009, rad. 68001-23-15-000-2007-00690-01, demandado: DIPUTADO DE SANTANDER; C. P. Reinaldo Chavarro Buritica, 29 de septiembre de 2005, rad. 15001-23-31-000-2003-03558-01, demandados: DIPUTADOS DE BOYACÁ.

94 C. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 11001-03-28-000-2014-00046-00, Demandados: REPRESENTANTES A LA CAMARA POR EL VICHADA.

95 En similar sentido se destacan los siguientes pronunciamientos de la Sala: C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, 28 de abril de 2016, rad. 20001-23-33-003-2016-00005-01, demandados: DIPUTADOS DEL CESAR; 30 de junio de 2016, rad. 08001-23-33-000-2016-00069-01, demandados: CONCEJALES DE BARRANQUILLA.

96 C. P. Susana Buitrago Valencia, rad. 11001-03-28-000-2006-00115-00, demandados: SENADORES DE LA REPUBLICA.

97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 19 de septiembre de 2013, rad. 20001-23-31-000-2011-00615-01, demandados: CONCEJALES DE AGUACHICA.

98 C. P. María Nohemí Hernández Pinzón, rad. 44001-23-31-000-2007-00236-01, demandado: Demandado: ALCALDE DE MANAURE.

99 C. P. Mauricio Torres Cuervo, rad. 11001-03-28-000-2010-00050-00, demandados: REPRESENTANTES A LA CAMARA POR NORTE DE SANTANDER.

100 Sección Quinta, C. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 25000-23-24-000-2012-00075-01, demandados: CONCEJALES DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL.

101 Consejo de Estado, Sección Quinta, C. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 11001-03-28-000-2014-00062-00, demandados: REPRESENTANTES A LA CAMARA POR BOGOTA D.C.

102 C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 66001-23-31-000-2012-00011-01, demandado: ALCALDE DE PEREIRA.

103 Sobre este caso en particular –marcación por jurado– es necesario efectuar algunas precisiones adicionales; lo cual se hará en subsiguientes capítulos del presente proveído.

104 C. P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía, rad. 0811, demandado: ALCALDE DE ANCUYA.

105 C. P. Mario Alario Méndez, rad. 1399, demandado: ALCALDE DE ARBBOLETE.

106 C. P. Roberto Medina López, rad. 05001-23-31-000-2000-4427-01, demandado: ALCALDE DE TURBO.

107 C. P. Mario Alario Méndez, rad. 20001-23-31-000-2000-1501-01, demandado: ALCALDE DE LA PAZ.

108 C. P. Darío Quiñones Pinilla, rad. 27001-23-31-000-2001-0641-01, demandado: ALCALDE DE MEDIO BAUDÓ.

109 C. P. María Nohemí Hernández Pinzón, rad. 08001-23-31-000-2003-02943-01, demandados: CONCEJALES DE MALAMBO.

110 C. P. Darío Quiñones Pinilla, 4 de marzo de 2005, rad. 27001-23-31-000-2003-00759-01, demandado: GOBERNADOR DEL CHOCÓ.

111 C. P. Reinaldo Chavarro Buritica, rad. 27001-23-31-000-2004-00549-01, demandado: ALCALDE DEL CARMEN DEL DARIÉN.

112 C. P. María Nohemí Hernández Pinzón, rad. 19001-23-31-000-2003-02105-03, demandado: ALCALDE DE TIMBÍO.

113 C. P. Darío Quiñones Pinilla, rad. 68001-23-15-000-2004-00002-02, demandados: ALCALDE Y CONCEJALES DE RIONEGRO.

114 C. P. María Nohemí Hernández Pinzón, rad. 11001-03-28-000-2006-00117-00, demandados: REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR GUAINÍA.

115 C. P. Mauricio Torres Cuervo, rad. 17001-23-31-000-2007-00364-02, demandados: DIPUTADOS DE CALDAS.

116 C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 66001-23-31-000-2012-00011-01, demandado: ALCALDE DE PEREIRA.

117 C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-28-000-2014-00030-00, demandados: REPRESENTANTES A LA CAMARA POR GÚAINÍA.

118 Consejo de estado. Sección Quinta. Rad. 2012-00011-01 sentencia de 26 de febrero de 2014. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. “Así pues, la ocurrencia del hecho violento (aspecto objetivo) con la afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y/o la vulneración de la existencia física de los elementos electorales (aspecto físico o material), en concurrencia con la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial) son los presupuestos que deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección con base en hechos de violencia”.

119 Fl. 4 cdno. 1 exp. 2600.

120 C. P. Susana Buitrago Valencia, rad. 08001-23-31-000-2011-01474-01, demandados: CONCEJALES DE MALAMBO.

121 Por razones en las que la Sala ya ahondó en capítulos anteriores.

122 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, C. P. Alberto Yepes Barreiro, 10 de mayo de 2013, rad. 11001-03-28-000-2010-00061-00, demandados: SENADORES DE LA REPUBLICA 2010 A 2014.

123 Cfr. formular E-24 general que obra en el plenario (Fl. 32 cdno. 1 exp. 2546).

124 En la audiencia inicial el Tribunal resolvió sobre las pruebas que aportadas y solicitadas y se tuvieron por tales los formularios E14- aportados con la demanda radicada con el No. 2015-02600; los demás fueron rechazados por extemporáneos.

125 Corte Constitucional, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.

126 Cfr. fl. 103-116 cdno. 1 exp. 2600.