Auto 2015-02664/57.081 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

Rad.: 25000-23-36-000-2015-02664-01 (57081)

Actor: Santiago Carlos Arturo Alonso Guevara

Demandado: Superintendencia de Sociedades y Otros

Referencia: Acción de Reparación Directa

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 2 de marzo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda por caducidad de la acción.

Extractos: «Consideraciones.

1. Oportunidad de la acción de reparación directa y caso concreto.

Esta Corporación ha señalado que, para garantizar la seguridad de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad, como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley, pues, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional.

Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones.

En relación con la caducidad del medio de control de reparación directa, el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que:

“… la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

En otras palabras, la ley consagra dos supuestos bajo los cuales empieza a correr el término de caducidad de la acción de reparación directa: el primero, de carácter objetivo, tiene que ver con que el término inicia el día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño y, el segundo, de carácter subjetivo, parte el día siguiente a aquel en el que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo.

En el caso bajo estudio, de las pretensiones y de los hechos de la demanda la Sala infiere que el daño por el cual se reclama indemnización se hace radicar en el supuesto error judicial en que incurrió la Superintendencia de Sociedades en el proceso de liquidación judicial que inició en contra de RAC Ingenieros S.A., al vulnerar los principios que rigen la Ley 1116 de 2006, afectar a los acreedores —internos y externos— con saldos insolutos por más de $3.000’000.000 y causar la pérdida del 35.71% de las acciones que el actor tenía en la mencionada sociedad.

Sea lo primero advertir, que la Ley 1116 de 2006, “por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial”, contempla en el capítulo VIII el proceso de liquidación judicial, cuyo objeto consiste en “que ante el juez del concurso se disponga de los bienes del deudor con miras a poner fin a la actividad comercial de la empresa, transformando en dinero los bienes a través de la venta directa o subasta privada y distribuyendo después el producto de la venta o, en caso de no ser posible la venta en todo o en parte, celebrando un acuerdo de adjudicación entre los acreedores aplicando la prelación legal de créditos o en su defecto adjudicándolos a través de providencia judicial(5) (resalta fuera del texto).

Según el artículo 47 de la mencionada ley, dicho proceso se inicia, entre otras cosas, por las causales de liquidación judicial inmediata previstas en el artículo 49, como ocurrió en el caso bajo estudio, en el que la Superintendencia de Sociedades, mediante auto del 26 de junio de 2012(6), abrió el proceso de liquidación judicial en contra de RAC Ingenieros S.A., por encontrar configurada la causal a que hace referencia el numeral 2(7) de este último artículo.

Pues bien, la ley en comento, dispone en el artículo 63 que:

“El proceso de liquidación judicial terminará:

“1. Ejecutoriada la providencia de adjudicación.

“2. Por la celebración de un acuerdo de reorganización.

“Cumplido lo anterior, dispondrá el archivo del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que proceda contra el deudor, los administradores, socios y el liquidador, y ordenará la inscripción de la providencia en el registro mercantil o en el que corresponda. La anotación indicada extinguirá la persona jurídica de la deudora” (resalta fuera del texto).

De lo preceptuado por la norma trascrita es posible concluir, con claridad meridiana, que el proceso de liquidación judicial contemplado en el régimen de insolvencia empresarial termina cuando queda ejecutoriada la providencia de adjudicación, mas no cuando se aprueba el informe de rendición de cuentas finales, como lo alegó la parte actora que pretende que el término de caducidad se cuente desde cuando quedó en firme el auto del 17 de octubre de 2013 que aprobó el informe final de rendición de cuentas, según ella, porque en ese momento fue que finalizó el proceso y conoció del daño.

Ahora, si bien es cierto que la ley de insolvencia empresarial establece en el artículo 65 la rendición de cuentas finales, cuya obligación se encuentra a cargo del liquidador de la sociedad, también lo es que ésta se erige solamente como un informe en el que se incluyen los pagos ejecutados, las devoluciones aceptadas insolutas y los bienes debidamente valorados que hacen parte del inventario y que quedan afectados a dichas devoluciones(8), de tal manera que no es dable aceptar que su aprobación —que por mandato legal le corresponde al juez que conoció de la litis(9) es una actuación procesal de la que se predique la finalización del proceso, ni mucho menos una decisión con la que se entienda consumado el daño por el cual reclama la parte actora.

Entonces, como la demandante hace consistir el daño en la pérdida del 35.71% de sus acciones derivado del presunto error judicial en que incurrió la Superintendencia de Sociedades dentro del proceso de liquidación judicial de RAC Ingenieros S.A., se tiene que el término de caducidad se debe contar desde la ejecutoria del auto del 31 de julio de 2013(10) que aprobó el acuerdo de adjudicación de bienes de RAC Ingenieros S.A., por un saldo insoluto de $3.315’624.484,24, y un total de patrimonio distribuido de $1.169’199.767,80, lo anterior, toda vez que desde ese momento no solo se terminó el proceso, sino que la parte demandante conoció del daño cuya reparación persigue con esta demanda.

Dicho lo anterior, el término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a correr el 1ª de agosto de 2013 y feneció el 1º de agosto de 2015, de manera que, cuando se presentó la demanda (25 de noviembre de 2015), ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Así las cosas, la Sala confirmará el auto del 2 de marzo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se declaró la caducidad de la acción de reparación directa.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

1. CONFÍRMASE la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 18 de mayo de 2016 que declaró la caducidad de la acción de reparación directa.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y Cúmplase».

5 file:///C:/Users/mninod/Downloads/Cartilla_nuevo_regimen_de_insolvencia.pdf. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Sociedades, Cartilla Nuevo Régimen de Insolvencia Empresarial —Ley 1116 de 2006— pág.2 (consulta realizada el 12 de julio de 2017).

6 Según consta a folio 4 del cuaderno de pruebas.

7 “Cuando el deudor abandone sus negocios”.

8 Al respecto, ver Sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, del 9 de diciembre de 2009 (expediente 2009-00732-00 CA).

9 Numeral 2, artículo 65 de la Ley 116 de 2006.

10 Obrante a folios 61 a 67 del c.1.