Sentencia 2015 - 02844/58918 de febrero 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 25000233600020150284401(58918)

Actor: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Movilidad

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Bogotá D.C., veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

APELACIÓN DE AUTOS EN CPACA - El Consejo de Estado conoce en segunda instancia del auto que decide las excepciones previas. FALTA DE JURISDICCIÓN - No se configura por la fijación de trámites previos para acceder a la administración de justicia. CLÁUSULA DE ARREGLO DIRECTO - No es de obligatoria observancia para acceder a la jurisdicción.

El despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el Auto del 7 de marzo de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró no probadas las excepciones de cláusula compromisoria y falta de jurisdicción y competencia.

Antecedentes

El 9 de diciembre de 2015, el Distrito Capital - Secretaría Distrital de Movilidad, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la prestación del servicio de grúas y patios.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que la policía inmoviliza los vehículos involucrados en accidentes de tránsito y los ingresa a los patios de la Secretaría Distrital de Movilidad sin que exista un convenio que lo autorice, situación que le ha generado perjuicios.

La Nación - Policía Nacional propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad y falta de jurisdicción por la existencia de una cláusula compromisoria contenida en el convenio interadministrativo de cooperación 20150008 celebrado el 9 de enero de 2015 entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Nacional Metropolitana de Bogotá.

El 7 de marzo de 2017, el tribunal en la audiencia inicial negó las excepciones previas. Respecto de la excepción de falta de jurisdicción consideró que como el litigio se sometió al medio de control de reparación directa y no de controversias contractuales, pues no se alegó el incumplimiento de un contrato, no puede tenerse en cuenta el convenio interadministrativo celebrado con la Nación - Policía Nacional. Así mismo señaló que el convenio no contiene una cláusula compromisoria.

La Nación - Policía Nacional esgrimió, en el recurso de apelación, que el daño antijurídico planteado es consecuencia de la ejecución de un convenio interadministrativo vigente suscrito entre la Nación - Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Movilidad en donde se acordó acudir en primera instancia a un arreglo directo antes que a la jurisdicción administrativa.

Consideraciones

1. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los tribunales administrativos. En consonancia con este mandato, el artículo 180 numeral 6º prevé que el auto que decide sobre las excepciones es susceptible del recurso de apelación y será dictado por el magistrado ponente, conforme al artículo 125 del mismo código.

Así mismo, esta corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor asciende a $ 536.721.950, suma que supera los 500 smlmv exigidos por el artículo 152 del CPACA numeral 5, esto es, $ 322.175.000(1).

2. La recurrente adujo falta de jurisdicción porque en el convenio interadministrativo de cooperación 20150008 celebrado el 9 de enero de 2015 con la Secretaría Distrital de Movilidad, las partes acordaron que acudirían en primera instancia al arreglo directo para solucionar las controversias.

En la cláusula décima sexta del convenio interadministrativo de cooperación denominada solución de controversias se acordó: “Si con ocasión del desarrollo y ejecución del presente convenio surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, éstas acudirán en primera instancia al arreglo directo y en su defecto se comprometen a utilizar los mecanismos de solución de controversias previstos en las disposiciones legales vigentes” (fl. 92 c. 1).

Los trámites previos pactados por las partes para intentar resolver sus eventuales diferencias no constituyen presupuestos de procedibilidad para acceder a la administración de justicia (art. 229 C.N. y art. 2º de la L. 270/96 LEAJ), porque según expresa disposición del Código General del Proceso, norma de orden público, no son de obligatoria observancia (art. 13 del CGP). Además, ello supondría privar —o al menos— limitar a las personas de un derecho fundamental, que en tanto fundamento y límite del poder público exige para su configuración y regulación la intervención de la ley (reserva de ley)(2).

En tal virtud, la cláusula donde las partes acordaron intentar primero un arreglo directo como requisito previo para acudir a esta jurisdicción no entraña consecuencia alguna en el ámbito procesal y no configura la excepción previa de falta de jurisdicción y, por ello, se confirmará la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto se

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el Auto del 7 de marzo de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. En firme esta decisión DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Consejero: Guillermo Sánchez Luque. 

1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2015, $ 644.350, por 500.

2 Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, Rad. 35.288 [fundamento jurídico 3.2.4 ii)].