Auto 2015-04612/4489-2016 de septiembre 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 250002342000201504612 01

Nº interno: 4489 - 2016

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Demandante: Omar Enrique Beltrán Hernández.

Demandado: Banco Agrario de Colombia S.A.

Asunto: Recurso de apelación contra el auto que declaró probada la excepción de “caducidad” y, como consecuencia se dio por terminado el proceso.

Bogotá D.C., 8 de septiembre del 2017.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala es competente para decidir de plano el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido en audiencia inicial del 4 de octubre del 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que declaró probada la excepción previa de “caducidad” y, dar por terminado el proceso, al encontrarse prevista en el artículo 180 ibídem, y haberse interpuesto y sustentado dentro de la oportunidad prevista por el numeral 1º del artículo 244 ejusdem.

Así mismo, la Sala atendiendo las inconformidades planteadas por la parte recurrente contra la decisión proferida por el a quo, procede a fijar los siguientes problemas jurídicos.

2.1. Problemas jurídicos.

En el caso objeto de estudio, el primer problema jurídico consiste en determinar desde cuál debe ser el momento en que se debe contabilizar el presupuesto procesal de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se cuestiona la legalidad de actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias que implican destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos, teniendo en cuenta que el actor renunció e ingresó a prestar sus servicios en otra entidad estatal con anterioridad a que fueran proferidos los fallos que así lo ordenaron.

Como problema asociado, establecer el momento en que deberá la parte demandante presentar la respectiva demanda en los eventos en que el término de caducidad se venza en medio de un cese de labores en el sector judicial —paro— o la vacancia judicial como hechos que imposibilitan el acceso de los usuarios a la administración de justicia.

Bajo ese contexto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: i) de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ii) del término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a los actos administrativos que imponen el retiro temporal o definitivo del servicio; iii) de la contabilización del término de caducidad cuando el mismo finaliza en época de vacancia judicial o cese de actividades judiciales paro que imposibilitan el acceso de los usuarios al servicio de administración de justicia; y, iv) del caso concreto.

2.2. Resolución de los problemas planteados.

2.2.1. De la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

De acuerdo al Régimen Procesal Administrativo contenido en la Ley 1437 del 2011(7) y según su artículo 164, la oportunidad para presentar la demanda es así:

“(…) ART. 164.—Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código;

b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables;

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;

d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo;

e) Se solicite el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, siempre que este último no haya perdido fuerza ejecutoria;

f) En los demás casos expresamente establecidos en la ley.

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales; (…)”.

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que la norma establece de manera clara cuáles son los términos para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y cuáles son los eventos en que se puede acudir ante la jurisdicción en cualquier tiempo, excluyendo un evento del otro; razón por la que, no hay lugar a que quien pretenda ejercer el contencioso subjetivo de nulidad contra un acto administrativo de carácter particular, presente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, pues tal evento solo es admisible en los casos establecidos previamente por la ley.

Por su parte parte (sic), el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció como requisito de procedibilidad para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo un trámite conciliatorio en aquellas circunstancias en que se formulen pretensiones con contenido económico. Al respecto la citada norma estableció:

“(…) ART. 161.—Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales (…)”.

En este evento, la ley también previó que el término de realización del trámite de la conciliación extrajudicial, se debe suspender para efectos de la caducidad. En este sentido, el artículo 3º del Decreto 1716 del 2009(8) señaló:

“(…) ART. 3º—Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:

b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001,

c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.

En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.

La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada (…)”.

Así pues, el término de caducidad de la acción o medio de control se suspende a partir de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(9).

“(…) El término de caducidad se suspende en los siguientes momentos:

Hasta que se dé el acuerdo conciliatorio.

Hasta que se registre el acta de conciliación cuando dicho trámite se requiera por mandato de la ley.

Una vez se expidan las constancias a las que se refiere el artículo 2º de la mencionada ley.

Hasta que se venza el término de 3 meses, el cual es el tiempo en que debe surtirse la conciliación, contados a partir de la presentación de la solicitud.

(…)”.

En tal virtud, se puede concluir que el término de la caducidad queda suspendido con la solicitud de conciliación, pero cuando ocurra cualquiera de las situaciones anteriormente enunciadas finaliza la suspensión, la que ocurra primero, de igual forma, la suspensión del término de caducidad se caracteriza por darse una sola vez y por no admitir prorroga alguna.

2.2.2. Del término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a los actos administrativos que imponen el retiro temporal o definitivo del servicio.

Respecto de la caducidad frente a los actos de carácter disciplinario, ha sido una preocupación de la Sala Plena de la Sección Segunda interpretar la misma. Por ello, con ocasión de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto administrativo sancionatorio de carácter disciplinario que tuvo por objeto el retiro definitivo del servidor público, la sección consideró unificar jurisprudencia en el siguiente tema: “Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en asuntos de carácter disciplinario que implique el retiro temporal o definitivo del servicio”(10).

En dicha providencia se planteó como problema jurídico el siguiente: “(…) Establecer el momento a partir cual debe contabilizarse el término de caducidad para controvertir actos administrativos de carácter disciplinario que implican el retiro temporal o definitivo del servicio, en los casos en los que la sanción haya sido ejecutada de conformidad con el artículo 172 del Código Disciplinario Único y el acto de ejecución termine o suspenda el vínculo laboral del servidor público (…)”. Lo anterior se construyó con base en la siguiente situación fáctica:

“(…) El demandante, fue sancionado disciplinariamente mediante la Resolución de 24 de septiembre de 2007, proferida por la Procuraduría Regional de Cundinamarca con la suspensión de funciones sin remuneración por el término de 1 mes, por haber expedido el certificado de tradición 1419 de 6 de julio de 2005 correspondiente al vehículo de placa SRD 838, en omisión de la orden contenida en el oficio 0147-F3 del 9 de febrero de 2004, suscrito por el Técnico Judicial II de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Juez Penal del Circuito Especializado de Yopal, en el sentido de abstenerse de ordenar traspasos o cualquier otro tipo de trámites que se solicitaren con respecto a dicho vehículo.

Mediante la Resolución de 4 de diciembre de 2007, proferida por la Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa, se confirmó la decisión anterior y en virtud de la Resolución 00346 de 21 de abril de 2008, el Gobernador del Departamento de Cundinamarca ejecutó la sanción impuesta (…)”.

El citado problema jurídico fue desatado con fundamento en las siguientes fuentes normativas:

i. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículo 29.Principio pro homine. En los eventos en los que una norma acepte más de una interpretación, se debe preferir aquélla que brinde mayor garantía a los derechos de las personas.

ii. Constitución Política: Artículo 29.Debido Proceso y artículo 229. Derecho de acceso a la administración de justicia.

iii. Legales: - Código Disciplinario Único Debido Proceso. Artículo 172.Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones (L. 1437/2011, art. 164, num., 2º, lit. d).

iv. Jurisprudenciales: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de diciembre de 2012, Exp. 2005-00012-00, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve.

Lo anterior, permitió construir las siguientes reglas jurisprudenciales:

i. La caducidad deberá contarse a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo disciplinario:

a) Cuando no exista un acto que ejecute la sanción disciplinaria del retiro del servicio.

b) Cuando el acto no tenga incidencia efectiva en la terminación de la relación laboral administrativa.

ii. Deberá contarse a partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria.

a) Cuando se controviertan actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias que impliquen el retiro temporal o definitivo del servicio.

b) Cuando en el caso concreto haya sido proferido un acto de ejecución conforme al art. 172, C.D.U.

c) Cuando dichos actos de ejecución materialicen la suspensión o terminación de la relación laboral administrativa.

Con fundamento en lo anterior se puede concluir que cuando el acto administrativo es de aquellos mediante los cuales se impone una sanción disciplinaria que implique separación del cargo de manera temporal o definitiva, su ejecución se hará de conformidad con el numeral 3º del artículo 172 de la Ley 734 del 2002(11), correspondiéndole llevar a cabo la misma al nominador cuando se trate de servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que si bien el acto de ejecución de una sanción disciplinaria no hace parte de un acto complejo, ni tiene la vocación de crear, modificar o extinguir la situación jurídica particular, lo cierto es que guarda íntima conexidad con los fallos disciplinarios, pues es la actuación mediante la cual se ejecuta la decisión sancionatoria.

Adicionalmente no se puede desconocer que esta conexidad entre los fallos disciplinarios y el acto de ejecución está determinada por lo dispuesto en el artículo 172(12) del Código Disciplinario Único, el cual establece la oportunidad y el funcionario competente para hacer efectiva la sanción disciplinaria. En este orden, se tiene que el acto de ejecución constituye una consecuencia jurídica directa de la imposición de una sanción disciplinaria al servidor público, toda vez que, por regla general es el mecanismo mediante el cual ésta se hace efectiva.

Entonces, en tratándose de la controversia sobre la legalidad de actos administrativos de carácter sancionatorio, ésta Corporación ha señalado en varias ocasiones que si bien los actos que imponen y ejecutan una sanción disciplinaria no tienen el carácter de complejos, la notificación del acto de ejecución es el hito inicial para contabilizar el término de caducidad señalado en la ley.

En síntesis, es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe preferirse la interpretación según la cual el término de caducidad de la acción contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar el control de los actos de la administración.

Distinto ocurre cuando no se presenta el escenario antes descrito, esto es, cuando o bien no existe un acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro del servicio, o cuando dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos temporales de la relación laboral, situaciones que impiden aplicar el criterio expuesto en esta providencia y frente a las cuales debe contarse el término de caducidad a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo disciplinario.

2.2.3. De la contabilización del término de caducidad cuando el mismo finaliza en época de vacancia judicial o cese de actividades judiciales —paro— que imposibilitan el acceso de los usuarios al servicio de administración de justicia.

Las reglas establecidas en el Código de Régimen Político y Municipal, se aplican en general a cualesquier plazo o término prescrito en las leyes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa(13).

En ese orden, los artículos 59 y siguientes del Código de Régimen Político y Municipal contienen normas generales sobre la forma de contabilizar los términos establecidos en las leyes y demás actos oficiales, que para el caso de los plazos fijados para actuaciones de los procesos administrativos, se aplican preferentemente frente a las específicas de otros procesos.

La Ley 4º de 1913 o Código de Régimen Político y Municipal, permite que en tratándose de términos dados en meses o años, que son calendario, cuando éstos finalizan en un día inhábil, se extiendan al día hábil siguiente.

En ese sentido, el artículo 62 de la precitada ley reza de la siguiente manera:

“ART. 62.—En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”

Por su parte, el artículo 118 del Código General del Proceso refiriéndose al cómputo de términos señaló lo siguiente:

“ART. 118.—Cómputo de términos. El término que se conceda en audiencia a quienes estaban obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso contrario, correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.

(…)

Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”.

Conforme con las normas citadas en precedencia, es claro que los términos de meses o años corren de fecha a fecha, es decir, el número del mes o año en el que inicia debe coincidir con el mismo número del mes o año en el que termina y se cuentan conforme al calendario, excepto, si su vencimiento ocurre en un día inhábil, caso en el cual, se extiende al día hábil siguiente.

De conformidad con lo indicado en dichas disposiciones legales, se puede establecer que, cuando los trabajadores de la rama judicial se encuentran en cese de actividades o vacancia judicial, si el término de caducidad finaliza dentro de dichos eventos, el mismo se cumplirá el primer día hábil siguiente del cese de actividades o de la vacancia judicial, debiendo acudir la parte actora ante la jurisdicción dentro de esa oportunidad procesal. En ese sentido, esta corporación ha señalado lo siguiente:

“(…) cuando el término contemplado en la norma está expresado en meses, para su contabilización, no deben ser tenidos en cuenta los días de interrupción de vacancia judicial o los que, por cualquier causa, el despacho deba permanecer cerrado, como ocurrió en el presente caso, con ocasión del paro judicial.

Sin embargo, en caso de que el término para presentar la acción se venza en los días en que el despacho judicial no se encuentre prestando sus servicios, dicho término se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

Lo anterior, permite concluir que ni el paro, ni la vacancia judicial interrumpen el término de caducidad para presentar la acción, pues tales circunstancias no deben ser tenidas en cuenta, salvo que dicho plazo expire dentro de éstas, caso en el cual, como ya se dijo, la acción caducaría si en el primer día hábil siguiente no representa la demanda”.

Así pues, cuando el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho expire dentro de los periodos de vacancia o paro judicial, la acción caducará el primer día hábil siguiente a la terminación de dichos eventos en pro de evitar afectaciones al derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

2.2.4. Caso concreto.

Descendiendo al asunto objeto de estudio y aplicando lo hasta aquí expuesto, la Sala observa que el demandante acudió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a solicitar la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia proferidos el 31 de junio del 2013 y 10 de marzo de 2014, respectivamente, expedidos por el Banco Agrario de Colombia, que lo declararon responsable disciplinariamente por la comisión de la falta gravísima descrita en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, sancionándolo con destitución del cargo que desempeñaba e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de 11 años.

Por su parte, el a quo manifestó que la demanda fue presentada el 15 de enero del 2015, cuando ya había operado la caducidad, toda vez que, el término de caducidad debía a empezar a contarse a partir del día siguiente a la notificación del fallo de segunda instancia del 10 de marzo del 2014, proferido por el Presidente del Banco Agrario de Colombia y que quedo ejecutoriado el 7 de mayo del mismo año, pues en el presente asunto no existe acto de ejecución de la sanción, por cuanto el actor presentó renuncia al cargo antes de expedirse los fallos de primera y segunda instancia.

Sin embargo, la Sala observa que en el presente asunto no se analizó el contenido del artículo 37 de la Ley 734 del 2002, por la cual se expidió el Código Disciplinario Único, que consagra lo siguiente:

“ART. 37.—Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En tal caso, se le comunicará al actual nominador para que proceda en forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias”.

De lo anterior, se tiene que las inhabilidades sobrevinientes se producen cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general, el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción, situación aplicable al caso sub examine, por cuanto al momento en que quedo ejecutoriado el fallo del 7 de mayo del 2014, que sancionó al actor con destitución del cargo desempeñado e inhabilidad general por el término de 11 años, se encontraba trabajando como funcionario público en la Superintendencia Nacional de Salud.

Lo anterior, sumado al hecho que la sanción de destitución es concurrente, no solo con la inhabilidad para ejercer cargos públicos sino también con la exclusión del escalafón o carrera. De manera que cuando se satisfacen los ingredientes del supuesto de hecho, se sigue salvo la existencia de una causal de exoneración la imposición de estas tres sanciones.

Tal y como se señaló, la destitución solo puede ser aplicada de manera concurrente con la inhabilidad general y, en consecuencia, conforman desde el punto de vista sancionatorio, una unidad inescindible. La clase así como la intensidad de la restricción que se produce en los derechos del sujeto disciplinado solo puede comprenderse adecuadamente cuando se considera el carácter inescindible de las sanciones de destitución e inhabilidad general.

De otra forma dicho, la competencia que asigna el numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 del 2002, cuando ella es ejercida por configurarse los supuestos previstos para el efecto, supone la aplicación de ambas sanciones de manera tal que la destitución demanda la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Conforme a ello, no solo existe un mandato de aplicación de ambas sanciones sino también una conexión necesaria entre la aplicación de una de ellas, la destitución, y la efectividad de la otra, la inhabilidad general.

Por lo anterior, la Sala observa que si bien en el presente asunto la sanción no pudo ser ejecutada por el Banco Agrario de Colombia, por cuanto el actor presentó renuncia al cargo que desempeñaba con anterioridad a que la sanción hubiera quedado en firme, también lo es que a través de la Resolución 001173 del 20 de junio del 2014 se materializó la sanción, que se encontraba vigente, de inhabilidad para ejercer cargos públicos al demandante, y como quiera que es concurrente e inescindible con la destitución, se considera que dicho acto sí ejecuta la sanción impuesta al actor.

Además, hay que recordar que según el artículo 37 de la Ley 734 del 2002, la destitución igualmente procede cuando el sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción, que es la situación del demandante.

Lo anterior, se refuerza teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 45 de la misma ley, que consagra:

“ART. 45.—Definición de las sanciones.

1. La destitución e inhabilidad general implica:

a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1º, de la Constitución Política, o

c) La terminación del contrato de trabajo, y

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera”.

Así las cosas, se observa que la destitución e inhabilidad general implica la imposibilidad por parte del funcionario de ejercer la función pública en cualquier cargo o función por el término señalado en el fallo que lo sancionó y la exclusión del escalafón o carrera. Así mismo, la terminación de la relación laboral del servidor con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, entre otros.

Visto lo anterior, para la Sala es claro que el medio de control ejercido de acuerdo al contenido material del acto administrativo y a las pretensiones formuladas por la parte actora, es el de nulidad y restablecimiento del derecho, de tal manera que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal d) numeral 2ºdel artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, contaba con 4 meses para acudir ante esta jurisdicción a controvertir la legalidad de dichos actos administrativos.

En ese orden, se tiene que la Superintendencia Nacional de Salud, como nominador del demandante, dio aplicación al numeral 3º del artículo 172 de la Ley 734 de 2002(14), al expedir la Resolución 1173 de 20 de junio del 2014, notificada este mismo día(15) que hizo efectiva la sanción disciplinaria anteriormente mencionada, por lo que, el término de caducidad del aludido medio de control finalizaría el 20 de octubre del 2015, como quiera que el mismo se contabiliza desde dicho acto.

Ahora bien, en el expediente reposa la constancia expedida por la Procuraduría 144 Judicial II para Asuntos Administrativos, donde se observa que el demandante radicó la solicitud de conciliación extrajudicial el 1º de septiembre del 2014, diligencia que se llevó a cabo el 23 de octubre del mismo año(16), declarándose fallida por ausencia de ánimo conciliatorio, y expidiéndose en esa misma fecha la constancia de agotamiento de requisito de procedibilidad, reanudándose al día siguiente, es decir, a partir del 24 de octubre de la misma anualidad.

Bajo ese contexto, la Sala advierte que el demandante tenía hasta el 14 de noviembre del 2014 para interponer la demanda, en virtud de lo dispuesto en artículo 3º del Decreto 1716 de 2009(17) y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(18). Ahora bien, como para esta fecha la Rama Judicial se encontraba en cese de actividades por el paro promovido por Asonal Judicial, conforme a lo establecido en los artículos 62 de la Ley 4ª de 1913 y 118 del Código General del Proceso, el término de caducidad se extendió hasta el primer día hábil siguiente de su finalización, esto es, hasta el 13 de enero del 2015, cuando se permitió el acceso al público a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos, lo que en efecto no sucedió, pues de acuerdo con el sello de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos(19) se evidencia que la demanda fue radicada en dicha dependencia el 15 de enero del 2016.

Quiere decir lo anterior, que al presentarse la demanda el día 15 de enero del 2016 la misma fue radicada por fuera del término de que trata el artículo 164 numeral 2 literal d) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que se configuró la caducidad de la acción.

Finalmente, no resulta de recibo el argumento expuesto por la parte recurrente, en cuanto que, se suspendieron los términos para presentar la presente demanda por el paro promovido por Asonal Judicial, que le imposibilitó el acceso a los despachos judicial desde el día 9 de octubre de 2014 hasta el 13 de enero del 2015, pues si bien, durante dicho lapso era imposible acceder a los despachos judiciales debido al cese de actividades, también es cierto que, de conformidad con lo establecido en los artículos 62 de la Ley 4º de 1913(20) y 118 del Código General del Proceso(21), el plazo para presentar la demanda se extendió hasta el 13 de enero de 2015, cuando se reanudó la prestación del servicio judicial sin que existiese limitación alguna que imposibilitara el acceso a los servicios judiciales.

Así las cosas, la demanda fue presentada cuando había operado el presupuesto procesal de caducidad y, en consecuencia, la Sala procederá a confirmar el auto proferido en audiencia inicial del 4 de octubre del 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que declaró probada la excepción previa de “caducidad” y, como consecuencia dio por terminado el proceso.

En mérito de lo expuesto, la subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado;

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto proferido en audiencia inicial del 4 de octubre del 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que declaró probada la excepción previa de “caducidad” y, como consecuencia dio por terminado el proceso, por la razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al tribunal administrativo de origen y déjense las constancias de rigor.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

7 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

8 “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del capítulo V de la Ley 640 de 2001”.

9 “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.

10 Consejo de Estado, sentencia del 25 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-25-000-2012-00386-00 (1493-2012), demandante: Rafael Eberto Rivas Castañeda, demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

11 “(…) Por la cual se expide el Código Disciplinario Único (…)”.

12 En efecto, el artículo 172 de la Ley 734 de 2002 señaló:
“(…) ART. 172.—Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por:
1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de Distrito.
2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.
3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera.
(…)
PAR.—Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación (…)”.

13 “ART. 59.Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de veinticuatro horas, pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal.”

14 “ART. 172.—Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por:
(…)
El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera”.

15 Visible a folio 58 del expediente.

16 Visible a folios 85 - 86 del expediente.

17 “(…) Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:
b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001,
c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.
En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.
La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada (…)”.

18 “(…) La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable. (…)”.

19 Visible a folio 15 del expediente.

20 “ART. 62.—En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.

21 “ART. 118.—Cómputo de términos. El término que se conceda en audiencia a quienes estaban obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso contrario, correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.
(…)
Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”.