Auto 2015-10039/57083 de febrero 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 08001-23-33-000-2015-10039-01(57083)

Actor: Situm SAS

Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla - Concejo de Barranquilla

Referencia: Medio de control de reparación directa (L. 1437/2011)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la providencia dictada el 29 de enero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral - Subsección B, mediante la cual rechazó la demanda por no encontrar subsanado el requerimiento para verificar el debido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial (fls.114 a 117, cdno. ppal.).

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico el 20 de marzo de 2015, la sociedad Situm SAS —antes Urbanizadora Villa Santos Ltda.—, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del Distrito de Barranquilla - Concejo Distrital de Barranquilla con el fin de que se les declarara administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios causados por la expedición de los artículos 4º, 5º, 7º, 8º y 9º del Acuerdo 10 de 2006 y de los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 212 de 2006 (reglamentario del Acuerdo 10), los cuales fueron declarados nulos por el Consejo de Estado mediante sentencia del 28 de febrero de 2013 y que durante su vigencia fueron aplicados y conllevaron a un detrimento patrimonial por parte del obligado. Así mismo, para que se les condenara a pagar al demandante la suma de $ 606.110.901 a título de indemnización, debidamente indexada según las fechas de cancelación por concepto de “estampilla pro hospital de I y II nivel”, mientras las normas antes referenciadas estuvieron vigentes (fls. 1 a 29, cdno. 1).

2. En síntesis, los hechos y circunstancias que se adujeron en la demanda fueron los siguientes (fls. 1 a 4, cdno. 1):

— La Ley 663 de 2001 autorizó a la Asamblea Departamental del Atlántico para establecer “la emisión de la estampilla pro hospitales de primer y segundo nivel de atención del departamento del Atlántico”, para lo cual se determinó en su artículo 3º como hecho generador de la estampilla “las actividades, obras y operaciones que deban realizarse en el departamento y en los municipios del mismo” y en su artículo 6º como personas obligadas a adherir y anular la estampilla a los “funcionarios departamentales y municipales”. Por su parte, en la Ordenanza 16 de 2004 se autorizó al Concejo Distrital de Barranquilla para que impusiera el uso obligatorio de las mismas.

— En virtud de la facultad otorgada, el Concejo Distrital de Barranquilla expidió el Acuerdo 10 de 2006 “Por el cual se hace obligatorio el uso de la estampilla pro-hospitales de I y II nivel de atención del departamento del Atlántico en el Distrito de Barranquilla”, determinando como hecho generador de la misma la suscripción de escritura pública de enajenación de inmuebles situados en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla.

— Posteriormente, mediante sentencia del 28 de febrero de 2013, el Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos 4º, 5º, 7º, 8º y 9º del Acuerdo 10 de 2006 y de los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 212 de 2006 (reglamentario del Acuerdo 10), por no atender a lo dispuesto en la Ley 663 de 2001.

— De acuerdo con el escrito de la demanda, mientras estuvieron vigentes dichas normas, la sociedad Situm SAS otorgó varias escrituras públicas de venta, para lo cual tuvo que cancelar la estampilla pro hospital de I y II nivel, por valor de $ 606.110.901, so pena de no poder enajenar los inmuebles.

— A su vez, adujo la parte demandante que la declaratoria de nulidad de las disposiciones contentivas de la “estampilla pro hospital de I y II nivel”, denota que ese tributo fue abiertamente ilegal desde su creación, por cuanto no atendía a lo dispuesto en la Ley 663 de 2001, ni a lo dispuesto en la Ordenanza 16 de 2004.

3. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral - Subsección B, el cual la inadmitió mediante auto del 13 de abril de 2015 y, en consecuencia, ordenó oficiar a la Procuraduría 14 Judicial II Administrativa de Barranquilla con el fin de que informara si el Distrito de Barranquilla fue convocado a la audiencia de conciliación celebrada el 10 de marzo del 2015; así mismo, para que allegara copia del acta de conciliación respectiva. De igual manera, ordenó oficiar a la sociedad accionante para que remitiera la copia del acta de conciliación o cualquier otro documento que tuviera en su poder, a fin de acreditar que el Distrito de Barranquilla, al igual que el Concejo Distrital de Barranquilla, habían sido convocados a dicha audiencia (fls. 103-104, cdno. 1).

4. En cumplimiento a lo anterior, el 24 de abril de 2015, la parte demandante allegó constancia de la audiencia de conciliación celebrada el 10 de marzo de 2015 (fl. 107, cdno. 1), en la cual se consignó lo siguiente:

1. La parte solicitante Situm SAS presentó solicitud de conciliación extrajudicial a través de apoderado el día 11 de diciembre de 2014.

2. Las pretensiones de la solicitud ante un eventual proceso son: conciliar las posiciones de ambas partes dela estampilla pro hospitales de I y II nivel de atención del departamento del Atlántico, en el Distrito de Barranquilla, reglado mediante el Acuerdo 10 de 2006 según sentencia del 28 de febrero de 2013, radicado 18949. Que una vez convenido el monto que deberá pagar el Concejo Distrital de Barranquilla a Situm SAS se establezca claramente la forma y plazo en que se debe proceder a su pago. Que las cosas vuelvan al estado anterior a la emisión del Acuerdo Distrital 10 de 2006, es decir que efectivamente se repare el daño causado a Situm SAS que se vio compelido a pagar la suma de $ 606.110.901.

3. El día 10 de marzo de 2015, no se pudo consolidar ningún acuerdo conciliatorio toda vez que el apoderado de la parte convocada manifestó que son directrices del comité de conciliación de la entidad que representa los parámetros de no conciliar por lo que este despacho procedió a declarar fallida esta etapa conciliatoria y dar por terminado el trámite conciliatorio.

4. Que conforme al artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, se da por cumplido el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

5. Por su parte, el 4 de septiembre de 2015, la Procuraduría 14 Judicial II Administrativa de Barranquilla aportó la solicitud de conciliación radicada el 11 de diciembre de 2014 (fls. 111-1112, cdno. 1) y la certificación suscrita por el Procurador Simón Ackerman Sánchez, en la que manifestó lo siguiente (fl. 110, cdno.1):

Que una vez revisados los documentos que se encuentran en el archivo de este Despacho se observa que en la solicitud de conciliación de la referencia fungen como convocado: Concejo Distrital. En constancia de lo anterior anexo copia simple de los documentos que reposan en el archivo de esta procuraduría, relacionados con la solicitud de conciliación de la referencia.

Lo anterior con el fin de dar respuesta a las peticiones presentadas a este Despacho en fecha 6 de mayo de 2015, relacionadas con el trámite referenciado.

II. Decisión de primera instancia

Mediante auto del 29 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral - Subsección B, rechazó la demanda por no encontrar subsanado el requerimiento para verificar el debido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, toda vez que no se acreditó que el Distrito de Barranquilla hubiese sido convocado a la audiencia celebrada el 10 de marzo de 2015 (fls. 114 a 117, cdno. ppal.).

En ese sentido, indicó el a quo que la Procuraduría 14 Judicial II Administrativa de Barranquilla solamente citó a conciliar al Concejo Distrital de Barranquilla, entidad que no contaba con personería jurídica, ni capacidad para actuar en la conciliación judicial.

III. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral - Subsección B, el apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación. En síntesis, los motivos de su inconformidad fueron los siguientes (fls. 120 a 123, cdno. ppal.):

i) En primer lugar, indicó que el requisito de procedibilidad sí fue cumplido en la medida que la solicitud de conciliación iba dirigida al único sujeto con capacidad procesal, esto es, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en cabeza de su órgano administrativo el Concejo Distrital.

ii) De igual manera, agregó que de acuerdo con el numeral 4º de la circular 005 del 3 de febrero de 2009, en concordancia con la Ley 446 de 1998, el Decreto Reglamentario 2511 de 1998 y la Ley 640 de 2001, la citación a la audiencia de conciliación la hace el agente del Ministerio Público y es a este a quien le corresponde, al avocar el conocimiento de la solicitud de conciliación, verificar si el trámite conciliatorio se encuentra ajustado a derecho.

iii) Finalmente, adujo que el Concejo Distrital no tiene capacidad para ser parte de un proceso y mucho menos para actuar en la conciliación prejudicial, aceptar algo diferente sería ir en contravía de la Constitución y la ley.

IV. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso era posible rechazar la demanda por considerar que no se subsanó lo requerido en el auto inadmisorio, en razón a la no convocatoria del Distrito de Barranquilla a la audiencia de conciliación o, si por el contrario, correspondía dar trámite al asunto por encontrarse debidamente agotado el requisito de conciliación prejudicial del medio de control de reparación directa.

Con el propósito de resolver el interrogante antes planteado, la Sala deberá determinar si la no convocatoria del Distrito de Barranquilla puede dar lugar a que no se entienda agotado en debida forma el requisito de conciliación prejudicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

V. Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 150(1) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a esta Corporación conocer los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos en primera instancia por los tribunales administrativos. Para el efecto, el que dispone el rechazo de la demanda, de conformidad con los artículos 243.1(2) y 125 ibídem.

VI. Consideraciones

Estima la Sala que se debe revocar la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 29 de enero de 2016, mediante la cual se rechazó la demanda por no encontrar subsanado el requerimiento para verificar el debido agotamiento del requisito de procedibilidad, de conformidad con los motivos que se exponen a continuación:

1. En cuanto al rechazo de la demanda por indebido agotamiento de la conciliación.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 169 estableció de forma clara los supuestos en los cuales es procedente rechazar de plano la demanda. La norma en comento indica lo siguiente:

“ART. 169.—Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial”.

De la norma antes mencionada, advierte la Sala que si bien la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— reguló de manera íntegra el procedimiento y requisitos de las demandas que se adelanten ante esta jurisdicción, no determinó taxativamente la consecuencia jurídica que generaría la ausencia de agotamiento del requisito de conciliación prejudicial, esto es, no la mencionó como una causal de rechazo autónoma, al tiempo que no estableció de manera expresa que tal inobservancia constituía motivo de inadmisión. Simplemente se indicó de manera genérica que había lugar a inadmitir la demanda cuando careciera de los requisitos señalados en la ley.

Conforme lo anterior, puede afirmar la Sala que los supuestos de rechazo de la demanda son taxativos, de modo que, para adoptar esa determinación, el juez debe limitarse a verificar la ocurrencia de alguno de los supuestos previstos en la ley(3) y, en caso de encontrarse ausente alguno de los requisitos previstos en la normatividad procesal —entre ellos el agotamiento de la conciliación prejudicial—, la forma de exigir su cumplimiento es a través de la inadmisión de la demanda.

Ahora bien, siendo claro lo anterior, es preciso señalar que la ausencia de agotamiento del requisito de procedibilidad —conciliación extrajudicial— no da lugar por si misma a rechazar la demanda, pues lo procedente es que se surta el trámite de inadmisión (L. 1437/2011, art. 170) para constatar el cumplimiento de dicha exigencia y, dependiendo de lo que se constate con posterioridad, se disponga la admisión o rechazo de la demanda, evento este último que se produce por silencio de la parte demandante o por no haberse subsanado en lo solicitado (L. 1437/2011, art. 169, causal segunda).

2. Caso concreto.

En lo referente a la representación de las personas de derecho público y, específicamente, en la concerniente a los distritos(4), el artículo 314 de la Constitución Política establece que, en cada una de estas entidades territoriales “habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para periodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente”.

En el mismo sentido, el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011(5) dispone que las entidades de derecho público podrán obrar dentro de los procesos contenciosos administrativos por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Esta normatividad, a su tenor literal establece que las entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones del nivel territorial están representadas por el respectivo gobernador o alcalde distrital o municipal. En los procesos originados en la actividad de los órganos de control del nivel territorial, la representación judicial corresponderá al respectivo personero o contralor.

En este entendido, la representación legal de los distritos yace en cabeza de los alcaldes por expresa disposición constitucional(6) y, además, por ser los funcionarios de mayor jerarquía dentro de la entidad territorial.

Así las cosas, encontramos que efectivamente la representación legal de un distrito la ostenta su alcalde, sin embargo, para efectos de intervenir en un proceso judicial dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, y específicamente en el caso de los asuntos iniciados bajo el ejercicio del medio de control de reparación directa —como sucede en el sub lite—, esta participación debe hacerse a través de apoderado judicial.

Ahora bien, en el plano de la conciliación extrajudicial, advierte la Sala que existen unos elementos de validez del acuerdo conciliatorio consagrados en el artículo 1502(7) del Código Civil, entre los que se encuentra la capacidad de ejercicio, la cual se traduce en que solamente puede actuar en nombre de la entidad el representante legal con capacidad para disponer y/o conciliar o quien haya sido expresamente autorizado para ello.

En esa medida, también es necesario que a la audiencia de conciliación comparezca la persona que tenga capacidad para obligar a la entidad o dependencia que se cita, esto es, quien ostente la representación de la entidad.

En el presente asunto la sociedad Situm SAS presentó ante el Tribunal Administrativo del Atlántico demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del Distrito de Barranquilla - Concejo Distrital de Barranquilla, con el fin de que se les declarara administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios causados por la expedición de los artículos 4º, 5º, 7º, 8º y 9º del Acuerdo 10 de 2006 y de los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 212 de 2006 (reglamentario del Acuerdo 10), los cuales fueron declarados nulos por el Consejo de Estado mediante sentencia del 28 de febrero de 2013 y que durante su vigencia fueron aplicados y conllevaron a un detrimento patrimonial por parte del obligado (fls. 1 a 29, cdno. 1).

No obstante, mediante auto del 29 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral - Subsección B, rechazó la demanda, por no encontrar subsanado el requerimiento para verificar el debido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, toda vez que no se acreditó que el Distrito de Barranquilla hubiese sido convocado a la audiencia celebrada el 10 de marzo de 2015.

Ahora, luego de verificar la solicitud de conciliación y la constancia del trámite conciliatorio extrajudicial expedida el 10 de marzo de 2015, la Sala encuentra que no le asiste razón al a quo en relación con el indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, por las razones que se expondrán a continuación.

Advierte la Sala que aunque no se vinculó a la conciliación al Distrito de Barranquilla a través de su alcalde distrital, sí se convocó al trámite previo al Concejo de Barranquilla, corporación colegiada de elección popular que hace parte de esa persona jurídica y que era la señalada por el demandante como la presunta responsable de los perjuicios reclamados, los cuales tenían que ver con la expedición del Acuerdo Distrital 10 de 2006(8).

Así pues, como efectivamente se vinculó al trámite de conciliación extrajudicial al Concejo Distrital de Barranquilla, y este compareció a la audiencia celebrada ante la Procuraduría 14 Judicial II de Asuntos Administrativos de Barranquilla (fl. 107, cdno. 1), estima la Sala que para efectos de entender agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación es válido que se tenga como representante del ente territorial a la corporación colegiada señalada de haber causado el daño, pues a pesar de no ostentar la representación judicial de la persona jurídica —esta recaía únicamente en el alcalde distrital—, i) sí se encontraba en la conformación estructural del distrito y ii) era la directa implicada en la causación del daño alegado por los demandantes.

Además, resulta relevante indicar que durante el trámite previo adelantado ante la procuraduría las partes no formularon oposición alguna a que la audiencia se adelantara con el Concejo Distrital de Barranquilla, ni se advirtió irregularidad por parte del conciliador designado por la Procuraduría General de la Nación, de ahí que sea razonable inferir que la actuación previa se adelantó bajo la convicción de estar actuando conforme a derecho.

De igual forma, tampoco se evidencia una mala fe de la parte convocante al solicitar la vinculación del Concejo Municipal a la audiencia y no mencionar al alcalde distrital, ya que como se dijo con anterioridad, la citación de dicha corporación obedeció a su participación en la generación del daño invocado por la parte demandante.

Por otra parte, también resulta importante mencionar que en la audiencia de conciliación celebrada no se llegó a un acuerdo que comprometiera a la entidad territorial con efectos de cosa juzgada y que, por tal motivo, no puede entenderse viciada o comprometida la validez de la actuación desplegada por el representante de la corporación colegiada, pues ese juicio solamente correspondería si fuera necesario estudiar la legalidad del convenio logrado entre las partes, cuestión que no incumbe en el sub judice por no existir un acuerdo conciliatorio.

Ahora, es importante destacar que pudo haber sido la anuencia del Concejo Distrital de Barranquilla la que generó dudas acerca de la adecuada vinculación del distrito como persona jurídica, toda vez que esta debió actuar conforme a sus competencias según lo preceptuado en el artículo 6º de la Constitución Política, y al no hacerlo propició que se pensara que la actuación se encontraba conforme a la ley, en especial en lo atinente a la vinculación del llamado a responder(9).

Aunado a lo anterior, estima la Sala que el hecho de no haber vinculado al alcalde del Distrito de Barranquilla en nada vulnera el debido proceso de la persona jurídica que se demandó, en tanto dicho ente territorial compareció a la audiencia de conciliación extrajudicial por intermedio de la corporación pública a la que se señaló de haber causado el daño —Concejo Distrital—, y mal haría en oponerse esta situación a la parte demandante en detrimento a su acceso efectivo a la administración de justicia. Además, se estaría incurriendo en un exceso ritual manifiesto porque en últimas quien debía defenderse de las imputaciones hechas en la solicitud de conciliación era la autoridad pública, corporación o dependencia efectivamente señalada de haber causado el daño.

Así las cosas, comoquiera que el trámite de conciliación extrajudicial se adelantó con la corporación señalada de haber causado el daño, la cual además pertenece al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, no estima la Sala que se haya incumplido con lo solicitado en el auto inadmisorio de la demanda, pues es claro que la parte demandante sí agotó el trámite previo a pesar de no haber participado el representante de la persona jurídica —Alcalde de Barranquilla—.

Por último, encuentra la Sala que en sede judicial sí se vinculó a la entidad que contaba con personería jurídica para actuar dentro del presente proceso —Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla—, motivo adicional por el cual tampoco resulta procedente que se niegue el acceso a la administración de justicia de la parte demandante.

En consecuencia, por no encontrarse fundado el motivo de inadmisión que dio lugar al rechazo de la demanda, se revocará la providencia apelada para que el Tribunal Administrativo del Atlántico continúe con el trámite correspondiente, sin que pueda hacer oponible a la parte demandante el requisito de la conciliación extrajudicial (L. 1437/2011, art. 161, num. 1º).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto proferido el 29 de enero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral - Subsección B, mediante el cual se rechazó la demanda por no encontrar subsanado el requisito relacionado con la conciliación prejudicial, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE esta providencia por estado conforme lo dispone la ley.

3. Por Secretaría de la Sección, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para que continúe con el trámite correspondiente, sin que pueda hacer oponible a la parte demandante el requisito previo de la conciliación extrajudicial.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, presidenta de la Sala.—Ramiro Pazos Guerrero.—Danilo Rojas Betancourth.

(1) “ART. 150.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.

(2) “ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
“1. El que rechace la demanda. (…).”

(3) “ART. 169.—Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:
“1. Cuando hubiere operado la caducidad.
“2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.
“3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial”.

(4) Creado mediante el Acto Legislativo 1 del 18 de agosto de 1993. En el inciso final del artículo1º, se indica: “Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas las disposiciones vigentes para los municipios”.

(5) ART. 159.—Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.
La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.
El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.
En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el director general de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.
En materia contractual, la representación la ejercerá el servidor público de mayor jerarquía de las dependencias a que se refiere el literal b), del numeral 1º del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, o la ley que la modifique o sustituya. Cuando el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de esta se ejercerá por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Las entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones del nivel territorial están representadas por el respectivo gobernador o alcalde distrital o municipal. En los procesos originados en la actividad de los órganos de control del nivel territorial, la representación judicial corresponderá al respectivo personero o contralor.

(6) Artículo 314 de la Constitución Política.

(7) ART. 1502.—Requisitos para obligarse. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:
1. Que sea legalmente capaz.
2. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
3. Que recaiga sobre un objeto lícito.
4. Que tenga una causa lícita.
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra.

(8) Este acuerdo fue expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla.

(9) De igual forma, se advierte que de conformidad con la Constitución (C.N., art. 113), todas las entidades del Estado deben actuar en armonía y coordinación entre ellas.