Auto 2016-00004 de enero 28 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 11001-03-28-000-2016-0004-00

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Demandante: Breiner Andrés Caicedo Hurtado

Demandado: Claudia Marcela Amaya García – Gobernadora del Meta

Naturaleza: Nulidad electoral única instancia – Admisión de la demanda y decisión de la solicitud de suspensión provisional

Bogotá D.C, veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

Objeto de la Decisión

Se pronuncia la Sala sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional en el proceso de la referencia.

I. Antecedentes

1.1. De la demanda

El señor Breiner Andrés Caicedo Hurtado, actuando en nombre propio, radicó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, a fin de que: (i) se declare la nulidad del acto de elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período electoral 2016-2019, contentivo en el formulario E-26 GOB y expedido por la Comisión Escrutadora Departamental el 6 de noviembre de 2015; (ii) como consecuencia se cancele o anule la respectiva credencial y; (iii) se comunique la sentencia a las correspondientes autoridades para los fines constitucionales y legales correspondientes.

El accionante aduce que la demandada incurrió en doble militancia por lo cual se habría configurado la causal de nulidad establecida en el numeral 8 de la Ley 1475 de 2011. Según su opinión, la señora Claudia Marcela Amaya para recibir el aval y proceder a inscribirse como candidata a la Gobernación del Meta por otro partido político, no sólo debió haber renunciado al cargo de Representante a la Cámara por el Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U -, sino que en la misma oportunidad también debió haber renunciado a su condición de directiva y militante de dicho partido, tal y como lo establece las normas aplicables a la materia(1).

II. Consideraciones

2.1 Competencia

Esta Sala es competente para tramitar el presente proceso electoral en virtud de lo establecido en el artículo 149, numeral 14º, de la Ley 1437 de 2011, así como lo normado en el Acuerdo 55 de 2003, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

De igual manera, es competente para resolver sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional de la elección demandada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la Ley citada.

2.2 De la admisión de la demanda

Para proceder a admitir la presente demanda electoral corresponde verificar: i) Si la demanda fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el literal a) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011; (ii) De igual manera, es necesario verificar si se incurrió en una indebida acumulación de causales de nulidad objetivas y subjetivas, según lo prescrito en el artículo 281 de la mencionada Ley, si es del caso; (iii) Posteriormente, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, que trata sobre el contenido de la demanda y el artículo 166 de la mencionada Ley, en relación con los anexos de la misma;

Luego de realizar el estudio correspondiente, la Sala observa que, en primer lugar, la demanda fue presentada dentro de los (30) treinta días que establece el literal a) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011(2). En efecto, el Acta Parcial de Escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019, fue emitida en audiencia pública el 6 de noviembre de 2015 por la Comisión Escrutadora Departamental(3), y la demanda se presentó el 12 de enero de la presente anualidad(4), es decir, 28 días después de su publicación(5).

Seguidamente, advierte la Sala que no se presenta acumulación de causales de nulidad objetivas y subjetivas, según lo prescrito en el mencionado artículo 281 de la citada Ley.

En cuanto a la observancia de lo establecido en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, en relación con el contenido de la demanda, observa la Sala que el libelo demandatorio fue presentado cumpliendo dichos requisitos, pues se encuentran debidamente designadas las partes, las pretensiones fueron formuladas de manera clara y precisa, narra los hechos que lo fundamentan, identifica las normas violadas y explica el concepto de la violación, aporta pruebas y, finalmente, señala las direcciones para las notificaciones personales de las partes.

De igual manera, se advierten cumplidos los requisitos en relación con los anexos de la demanda. El accionante anexa copia auténtica del acto acusado, es decir, del Acta Parcial de Escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019, emitida en audiencia pública el 6 de noviembre de 2015 por la Comisión Escrutadora Departamental(6). Finalmente, se verifica que fueron allegadas las respectivas copias de la demanda y sus anexos.

Por lo anterior, se admitirá la demanda.

2.3 De la medida de suspensión provisional solicitada

Como un aspecto novedoso, el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 consagró la facultad, en cabeza del juez de lo contencioso administrativo, para decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

A diferencia del Decreto-Ley 01 de 1984 derogado, la nueva normatividad establece expresamente la finalidad de tales medidas cautelares, cuales son, la necesidad de garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, superando de esta forma la concepción tradicional de mera garantía de control de la legalidad de las actuaciones de la Administración, tal y como se circunscribió en su momento la única de aquéllas: la suspensión provisional. Ello, sin duda alguna, repercute favorablemente en la búsqueda de la materialización del denominado derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que:

(…) Era apenas natural que el ordenamiento de las medidas cautelares evolucionara con el tiempo en esa dirección, pues como ha dicho la jurisprudencia constitucional la inevitable duración de los procesos judiciales en ocasiones puede implicar la afectación del derecho a una administración de justicia pronta y eficaz, ya que si bien la justicia llega, lo hace en esos casos demasiado tarde, cuando han tenido lugar “daños irreversibles, o difícilmente reparables, en el derecho pretendido por un demandante”.(7) Resultaba entonces necesario ampliar el catálogo de medidas cautelares, con el fin de asegurar instrumentos efectivos de protección provisional que pudieran usarse en las controversias contenciosas no originadas en un acto administrativo, sino por ejemplo en una omisión o un hecho de la administración. También era imperativo morigerar la radical limitación de la suspensión provisional, con el fin de asegurar una protección previa a la sentencia frente a actos administrativos, que garantizara el derecho a una justicia pronta y efectiva (8)(…)

Dentro de tales medidas, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de acuerdo con las voces del numeral 3° del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011(9). Esta institución se configura además como una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, teniendo incidencia particularmente respecto de su carácter ejecutorio(10).

Los requisitos para decretar esta medida cautelar, fueron consagrados expresamente por el legislador en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos:

“Artículo 231.- Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.(…)”

Particularmente, en relación con el proceso de nulidad electoral, el artículo 277 establece una regla específica respecto de la suspensión provisional, con el siguiente tenor:

“…Artículo 277.- En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación…”

A partir de las normas citadas, se colige respecto a la suspensión provisional del acto administrativo en materia electoral que: (i) la solicitud del accionante procede por violación de las disposiciones normativas constitucionales o legales invocadas en el escrito correspondiente; (ii) dicha violación surge del análisis del acto demandado y su cotejo con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud; (iii) dicha solicitud debe resolverse en el mismo auto admisorio de la demanda.

De esta manera, se establece una carga de argumentación y prueba, al menos sumaria, en cabeza del solicitante de la medida cautelar que debe ser estudiada por el juez en la correspondiente admisión de la demanda.

Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo debe efectuar un estudio y análisis de los argumentos expuestos por el demandante y confrontarlos junto con los elementos de prueba arrimados a esta etapa del proceso.

2.4 De la solicitud en el caso concreto

El accionante, en el mismo escrito de la demanda, solicita la medida cautelar de suspensión provisional respecto del acto acusado, es decir, del Acta Parcial de Escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019, emitida en audiencia pública el 6 de noviembre de 2015 por la Comisión Escrutadora Departamental. Así mismo, solicita la suspensión provisional de la credencial que acredita a la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019.

El accionante justifica la procedencia de la suspensión provisional del acto acusado en la presunta vulneración del artículo 107, inciso segundo, de la Constitución Política(11) y del artículo 2º, inciso tercero, de la Ley 1475 de 2011(12), de acuerdo con las razones sustentadas en el concepto de violación expuesto en el escrito de demanda .

Sus argumentos se sintetizan en que la señora Claudia Marcela Amaya García recibió el aval por el Partido Liberal y procedió a inscribirse como candidata de coalición, del Partido Liberal y el Partido Alianza Verde, a la Gobernación del Departamento del Meta sin haber renunciado oportunamente en su calidad de directiva y militante del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U.

En este sentido, el actor considera que la señora Claudia Marcela Amaya García no sólo debía renunciar a la curul de Representante a la Cámara por el Partido de la U dentro de los doce meses que consagraba la norma, como efectivamente según su dicho lo hizo, sino que también era necesario renunciar en la misma oportunidad a su condición de directivo y de militante del mismo, para poder así recibir el aval por otro partido y proceder a inscribirse como candidata a la Gobernación del Departamento del Meta.

Corresponde a esta Sala analizar si en esta etapa procesal, se encuentra comprobada la irregularidad que alega el accionante, y en caso afirmativo, si desde este momento se advierte que aquella es de tal entidad que imponga al juez electoral el deber de suspender los efectos jurídicos del acto cuya legalidad se estudia, esto es, Acta Parcial de Escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019, emitida en audiencia pública el 6 de noviembre de 2015 por la Comisión Escrutadora Departamental.

En otras palabras, compete a la Sala constatar, con fundamento en las pruebas aportadas y la sustentación de la medida cautelar, si se contravino lo establecido en las normas aducidas por el actor.

Las pruebas documentales aportadas por el accionante para tales efectos, son las siguientes:

1. Copia auténtica del Acta Parcial de Escrutinio, contentiva en el formulario E-26GOB, mediante la cual se declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019.

2. Copia auténtica de la inscripción de la señora Claudia Marcela Amaya García como candidata a la Gobernación del Departamento del Meta para el período 2016-2019, contentiva en el formulario E-6, por la coalición Partido Liberal – Partido Alianza Verde.

3. Copia autenticada del escrito de renuncia presentada el 25 de marzo de 2015 por la ciudadana Claudia Marcela Amaya García, en su calidad de militante del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U.

4. Copia autenticada del oficio del 3 de noviembre de 2015, mediante el cual la Dirección Jurídica del Partido de la U, informa que la señora Claudia Marcela Amaya García renunció a la militancia de la colectividad por medio de escrito radicado el 25 de marzo de 2015.

A partir de las pruebas documentales aportadas por el accionante con el escrito de la demanda, a través de las cuales se pretende demostrar la veracidad de los hechos expuestos como sustento de la solicitud de la medida provisional, advierte la Sala que éstas no resultan suficientes para dar por ciertas las aseveraciones hechas por el accionante.

En efecto, en primer lugar, en relación con la violación del artículo 2º, inciso tercero, de la Ley 1475 de 2011, es decir, aquél que hace referencia a la obligación en cabeza de los directivos de los partidos y movimientos políticos, de renunciar a su cargo cuando aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos, para la Sala resulta imperativo en esta etapa procesal acreditar, aunque sea de manera sumaria, la calidad de directivo del Partido de la U de la señora Claudia Marcela Amaya García.

En esta instancia, dicha carga probatoria no es satisfecha por parte del accionante, pues tal calidad no se puede colegir a partir de la simple afirmación realizada por solicitante: “igualmente le era obligatorio renunciar como directiva (departamental y municipal), por la condición de congresista o de excongresista…”, por lo cual no puede prosperar en este sentido la medida cautelar deprecada.

De otro lado, en relación con la presunta vulneración del inciso segundo del artículo 107 constitucional, en cuanto al incumplimiento de la obligación por parte de la señora Claudia Marcela Amaya García de haber presentado renuncia a su calidad de militante del Partido de la U por fuera de los doce (12) meses señalado en la normatividad, la Sala advierte, en esta etapa procesal, que ninguna de las normas citadas por el accionante como fundamento de solicitud(13), imponen la obligación de renunciar a la calidad de militante con algún tipo de antelación para evitar incurrir en este supuesto de doble militancia(14), pues lo que señalan es la prohibición a los ciudadanos de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.

Para efectos ilustrativos, resulta oportuno traer a colación el alcance de esta modalidad de doble militancia fijado por esta Sección:

“…i) Doble militancia de los militantes de un partido o movimiento político

La modalidad de doble militancia para los ciudadanos, como se expuso en acápite anterior, se introdujo con el Acto Legislativo No. 01 de 2003 y se mantuvo con la reforma constitucional del año 2009, en los siguientes términos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.” (Inciso 2º del artículo 107 de la Constitución Política)

Esta modalidad de doble militancia es de carácter general y se aplica a los ciudadanos que carecen de mandato democrático representativo, sin embargo, como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-490 de 2011, el destinatario particular de la mencionada restricción es, en últimas, el ciudadano electo, pues esa doble militancia afectará la elección correspondiente por desconocimiento de prohibición constitucional.

En el año 2011 la Ley 1475 extendió el ámbito de aplicación de la doble militancia para incluir en la prohibición a los partidos o movimientos sin personería jurídica…”(15)

Como se observa preliminarmente y con fundamento en las pruebas aportadas en el presente caso, no se puede colegir la doble militancia por cuanto, en primer lugar, no se logró probar la calidad de directivo del Partido de la U de la señora Claudia Marcela Amaya García y, seguidamente, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 107 constitucional y en el primer inciso del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, lo que se prescribe como prohibición a los ciudadanos es pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político y, en este sentido, se encuentra acreditado en esta instancia procesal que la señora Claudia Marcela Amaya García, a través de escrito presentado el 25 de marzo de 2015, renunció a su calidad de militante del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U.

Lo discurrido por la Sala entonces permite inferir que no es posible acceder a la suspensión provisional deprecada, toda vez que en esta etapa procesal no se cumplió con la carga probatoria, al menos sumaria, en cabeza del solicitante de la medida cautelar y, además, teniendo en cuenta que algunos señalamientos realizados por el solicitante no corresponden al tratamiento normativo establecido para tales efectos.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: ADMÍTASE la demanda de nulidad electoral promovida por el señor Breiner Andrés Caicedo Hurtado contra el Acta Parcial de Escrutinio que declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta, proferida por la Comisión Escrutadora Departamental el día 6 de noviembre de 2015 y contenida en el formulario E-26GOB.

1. NOTIFICAR a la señora Claudia Marcela Amaya García de conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011. Para el efecto, se comisiona al Tribunal Administrativo del Meta. Por Secretaría líbrese despacho comisorio al Presidente de esa Corporación, con los insertos del caso, remitiéndole copia de la demanda y de sus anexos, a fin de que por el Magistrado a quien corresponda por reparto el asunto, se adelante la actuación pertinente.

2. NOTIFICAR personalmente a los miembros del Consejo Nacional electoral, a través de su Presidente, y al señor Registrador Nacional del Estado Civil, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFICAR personalmente al señor Agente del Ministerio Público ante esta Sección como lo dispone el numeral 3º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFICAR por estado a la parte actora.

INFORMAR a la comunidad la existencia del proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277 y 279 de la Ley 1437 de 2011

SEGUNDO: NO DECRETAR la suspensión provisional solicitada por el demandante, con fundamento en los motivos expuestos en esta providencia.

Notifíquese y cumplase».

1 El accionante señala como tales: el artículo 107, inciso segundo, de la Constitución Política y del artículo 2º, inciso tercero, de la Ley 1475 de 2011.

2 Ley 1437 de 2011. ARTículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
(…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
a) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de treinta (30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1o del artículo 65 de este Código.
En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para demandar se contará a partir del día siguiente a la confirmación; (…)

3 Visible a folios 23 y 24

4 Visible a folio 21

5 Se debe tener en cuenta que en los términos de días, no se toman en cuenta los de vacancia judicial según lo establece el último inciso del artículo 118 del Código General del Proceso.

6 Visible a folios 23 y 24

7 Sentencia C-490 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero. Unánime). En ese caso, al estudiar algunas normas relativas a medidas cautelares en el proceso civil, la Corte dijo: “La Constitución pretende asegurar una administración de justicia diligente y eficaz (CP art. 228). […] Esto significa no sólo que los jueces deben adoptar sus decisiones en los términos establecidos por la ley, sino que, además, sus decisiones deben ser ejecutadas y cumplidas, ya que poco sentido tendría que los jueces resolvieran las controversias, pero sus decisiones resultaran inocuas en la práctica, al no poder ser materialmente ejecutadas. Ahora bien, el inevitable tiempo que dura un proceso puede a veces provocar daños irreversibles, o difícilmente reparables, en el derecho pretendido por un demandante. Es entonces necesario que el ordenamiento establezca dispositivos para prevenir esas afectaciones al bien o derecho controvertido, a fin de evitar que la decisión judicial sea vana. Y tales son precisamente las medidas cautelares, que son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso”.

8 Corte Constitucional, Sentencia C-284 del 15 de mayo de 2015, M.P: María Victoria Calle Correa

9 Ley 1437 de 2011. Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
(…) 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (…)

10 Ley 1437 de 2001. Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

11 Constitución Política. ART. 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. (…)
12 Ley 1475 de 2011. ART. 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.
PAR. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia. (…)

13 Constitución Política. ART. 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. (…)

Ley 1475 de 2011. ART. 2o. Prohibición de Doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.
PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia. (…)

14 “…la figura de la doble militancia tiene ahora, no tres, sino cinco modalidades, a saber:
i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011).
ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política)
iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)…” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 12 de septiembre de 2013, C.P: Alberto Yepes Barreiro; Radicación número: 25000-23-31-000-2011-00775-02

15 Ibídem