AUTO 2016-00023/22447 DE ENERO 26 DE 2018

 

Auto 2016-00023/22447 de enero 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.:11001-03-27-000-2016-00023-00 [22447]

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Rodríguez Vargas Abogados Asociados S.A.S.

Demandado: U.A.E. - DIAN

Bogotá, D. C., veintiséis de enero de dos mil dieciocho.

Auto resuelve recurso de reposición

La Sala Unitaria debe decidir el recurso de reposición “y en subsidio súplica” interpuesto por la parte demandante contra el auto del 27 de marzo de 2017, que envió por competencia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho al Juzgado 41 Administrativo de Bogotá.

l. Antecedentes

El 2 de febrero de 2015, Rodríguez Vargas Abogados Asociados S.A.S. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el oficio 201436-132201240-431 de 6 de marzo de 2014 y las resoluciones 900006 de 7 de mayo de 2014 y 6112-2699 de 17 de julio de 2014, expedidas por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, que negaron el beneficio de progresividad en el pago del impuesto de renta y complementarios, previsto en la Ley 1429 de 2010(1).

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, que mediante auto de 17 de abril de 2015, declaró su falta de competencia y remitió el expediente a los jueces administrativos de la Sección Cuarta (reparto).

El Juzgado 41 Administrativo de Bogotá, en auto de 28 de agosto de 2015, remitió por competencia el expediente a la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el argumento de que la demanda carece de cuantía.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante auto de 17 de febrero de 2016, remitió por competencia el proceso al Consejo de Estado, por considerar que en el presente caso se están cuestionando actos administrativos sin cuantía, proferidos por una autoridad del orden nacional.

El despacho sustanciador, mediante auto de 27 de marzo de 2017, dispuso remitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho al Juzgado 41 Administrativo de Bogotá, pues se estimó que existe un interés económico determinable para el demandante, equivalente al valor del impuesto sobre la renta y complementarios que tendrá que pagar en el evento en que la jurisdicción determine que no tenía derecho al beneficio de progresividad.

En desacuerdo con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso reposición y en subsidio súplica.

II. Fundamentos del recurso de reposición

El apoderado de Rodríguez Vargas Abogados Asociados S.A.S. sustentó el recurso con los siguientes argumentos:

Sostiene que hubo extralimitación de funciones, porque el expediente se remitió al Consejo de Estado por competencia funcional y no para dirimir un conflicto negativo de competencia.

Adujo que los actos demandados no tienen cuantía y tampoco de ellos es viable determinar valor específico, por lo tanto, la competencia para conocer del proceso la tiene la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Que la tesis impuesta en la decisión recurrida, fue decantada desde el auto de 26 de octubre de 2012, en el que se determinó que hay casos en donde los actos administrativo de contenido tributario que aparentemente no tienen cuantía, pero un análisis de los mismos pueda advertir, que en realidad, tenga efectos económicos determinables. No obstante, afirma que para adoptar esa tesis, se debe atender a las pretensiones expuestas en la demanda, para concluir que, en efecto, los actos acusados tienen efectos económicos.

Manifestó que a la fecha de interposición del recurso, la sociedad que representa no tiene obligación fiscal ni tributaria pendiente con la DIAN, por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios, encontrándose a paz y salvo por tales conceptos, tampoco ha sido requerida por la DIAN en tal sentido, por lo tanto, consideró que fueron desacertados los argumentos expuestos en el auto censurado.

III. Consideraciones del despacho

Corresponde al despacho resolver si hay lugar a reponer el auto que ordenó remitir por competencia el proceso de la referencia al Juzgado 41 Administrativo de Bogotá, porque en efecto de los actos administrativos demandados se puede determinar la cuantía.

Competencia para conocer de actos administrativos que niega el beneficio tributario de progresividad previsto en la Ley 1429 de 2010.

Como regla general, se tiene que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 149 estableció que el Consejo de Estado, entre otros, conocería en única instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.

A su vez el artículo 157 del CPACA, prevé que los asuntos de naturaleza tributaria, la cuantía se determina por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones o sanciones, para la fecha de interposición de la demanda, sin incluir los intereses o perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la misma.

Frente al tema, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, precisó que:

“(...) Ahora bien, hay demandas contra actos administrativos de contenido tributario que, aparentemente, no tienen efectos económicos y, por ende, de una simple lectura no es posible determinar la cuantía del proceso. Sin embargo, puede ocurrir que, del análisis de tales actos, se advierta que, en realidad, los actos sí tienen efectos económicos determinables y, por ende, tales efectos serán fundamentales para fijar la cuantía y establecer la competencia para conocer de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de tipo tributario. En esos casos, la cuantía corresponderá al valor del efecto económico que se derive de los actos administrativos”(2).

Ahora bien, la Ley 1429 de 2010 introdujo un importante beneficio tributario para las empresas creadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, consistente en el pago progresivo del impuesto a la renta.

El artículo 4º de la referida normativa, estableció que las empresas que se acogieran al beneficio cumplirían las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, siguiendo estos parámetros:

“Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal”.

Acorde con lo anterior, en los procesos en los que se cuestionen actos administrativos que nieguen el beneficio de progresividad, la cuantía puede ser determinada, por los valores que debe declarar el demandante como consecuencia de la pérdida del derecho a aplicar el beneficio citado en el pago del impuesto sobre la renta.

Caso concreto

En primer lugar, es necesario precisar que los actos demandados en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho son el Oficio 201436-132201240-431 de 6 de marzo de 2014, las resoluciones 900006 de 7 de mayo de 2014 y 6112-2699 de 17 de julio de 2014, expedidas por la Dirección Secciona! de Impuestos de Bogotá, mediante los cuales, para el año 2012, desconoció a la sociedad el beneficio de progresividad del impuesto de renta consagrado en la Ley 1429 de 2010.

En el recurso de reposición, el apoderado de la parte actora, afirma que los actos administrativos acusados son sin cuantía, por lo tanto, la competencia está en el Consejo de Estado, pues no es viable determinar su cuantía.

Acorde con las pruebas aportadas al proceso, se encuentra acreditado que:

Mediante el Oficio 201436 132201240-431 de 6 de marzo de 2014, el jefe de la división de gestión de fiscalización para personas naturales y asimiladas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, negó a la actora la posibilidad de acceder al beneficio de progresividad previsto en la Ley 1429 de 2010, con los siguientes argumentos:

“(...) se procedió a revisar la base de datos de empadronamientos de 2012, estableciéndose que con Radicado 005134 de fecha 01 de abril de 2013 se presenta Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Rodríguez Vargas Abogados Asociados S.A.S. NIT 900.526.087, constituida por documento privado de asamblea de accionistas del 2 de mayo de 2012, e inscrita el 24 de mayo de 2012 bajo el número 01636776 del libro IX, con matrícula Nº 02217480 del 24 de mayo del mismo año; por tanto la sociedad debía acreditar según los términos del Decreto 4910 de 2011, los requisitos en cumplimiento del artículo 6º del citado decreto, antes del 31 de diciembre del año 2012. (...)”(3).

Con Resolución 900006 de 7 de mayo de 2014(4), la referida autoridad desató el recurso de reposición confirmando la decisión de no detener como destinaria del beneficio de progresividad a la sociedad Rodríguez Vargas Abogados Asociados S.A.S.

Por medio de la Resolución 6112-2699 de 17 de julio de 2014(5), la Directora Seccional de Impuestos de Bogotá, confirmó la Resolución 900006 de 7 de mayo de 2014, de la jefe de la división de gestión de fiscalización para personas naturales y asimiladas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

Teniendo en cuenta que la sociedad actora pidió el beneficio de progresividad en la tarifa de renta, en abril de 2013, el cual se negó mediante actos administrativos del años 2014 y a su vez la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dichos actos fue radicada el 2 de febrero de 2015.

De lo anterior se evidencia, que cuando la sociedad actora ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya había trascurrido los periodos gravables para el que pretendía la progresividad de la tarifa de renta.

Entonces fue acertada la conclusión de que es posible determinar la cuantía de respecto de los actos demandados, por lo tanto, se desvirtúa la afirmación de que el asunto debe ser conocido en única instancia por el Consejo de Estado.

Cabe destacar que la posición de la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha sido pacífica, en el sentido de determinar que los procesos en los cuales se cuestionan actos administrativos en los que la DIAN ha negado acceder al beneficio de progresividad previsto en la Ley 1429 de 2010, son susceptibles de determinar la cuantía, así:

“(...) De acuerdo con lo anterior, el despacho precisa que si bien el acto acusado no indica una cuantía, la administración señala la existencia de efectos respecto de la aplicación de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta de la sociedad demandante, respecto del año 2013, de lo que se desprende que existe un interés económico determinable para la sociedad actora, esto es, el valor del impuesto sobre la renta y complementarios que tendrá que pagar en el evento en que esta jurisdicción determine que la contribuyente no tenía derecho al beneficio de progresividad por el citado año gravable.

En tales condiciones, el Consejo de Estado no es competente para conocer del proceso en única instancia, pues como se indicó, tiene una cuantía que es determinable.

En sentido similar ya se había pronunciado la Sección Cuarta de esta corporación, en providencias de 1º de diciembre de 2014 y 8 de junio de 2016(6) (...)”(7).

En cuanto al argumento del recurrente, respecto a que la parte actora no está en la obligación de fijar la cuantía del proceso, no es de recibo para la Sala unitaria, pues según el numeral 6º del artículo 162 del CPACA, la demanda debe contener “La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia”.

Entonces, corresponde al Juzgado 41 Administrativo de Bogotá, en uso de sus facultades, requerir a la parte demandante para que corrija la ausencia de estimación razonada de la cuantía y proceda a determinar si debe conocer el asunto en primera instancia o si debe remitirlo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Al respecto, debe decirse que la competencia funcional se refiere a la distribución de funciones entre los diferentes jueces dependiendo de la cuantía de los asuntos en litigio, con el fin de crear diversas instancias de conocimiento y revisión. Así pues, atendiendo a la cuantía de los procesos en la jurisdicción contenciosa administrativa, los asuntos son de conocimiento de los jueces administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, ya sea en única, primera o segunda instancia - artículos 149 a 155 del CPACA(8).

En virtud de lo expuesto, en este caso es indiscutible que la competencia para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho es del juzgado o tribunal, dependiendo la estimación de la cuantía.

En cuanto al recurso de súplica que la parte recurrente interpuso de manera subsidiaria, no es procedente en la medida en que la decisión recurrida no es objeto de recurso de apelación, acorde con lo previsto en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sala Unitaria.

RESUELVE:

1. NO REPONER el auto del 12 de diciembre de 2016, que dispuso remitir el proceso de la referencia al Juzgado 41 Administrativo de Bogotá.

2. DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de súplica interpuesto de manera subsidiaria al recurso de reposición.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Milton Chaves García.

1 Folios 36 a 66.

2 Auto del 26 de octubre de 2012, Expediente 11001-03-27-000-2012-00037 (19580), M. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

3 Folio 8.

4 Folios 9 a 14.

5 Folios 23 a 27.

6 Exp. Nos. 11001-03-27-000-2014-00024-00 (21039) y 11001-03-27-000-2015-00057-00(21975).

7 Auto de 7 de abril de 2017, Radicado 11001-03-27-000-2015-00059-00 (22007), C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

8 En este sentido ver auto de 1º de octubre de 2013, Exp. 2013-00290-00 (20246), Demandante: Sebastián Felipe Hernández Pinzón, M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.