Auto 2016-00059 de enero 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación : 41001-23-33-000-2016-00059-03

Consejera Ponente:

Dr. Rocío Araújo Oñate

Actor: Hugo Alberto Llanos Pabón, Roberto Carranza Rada Y María Cecilia Ocampo Chávez

Demandado: José Hildebrán Perdomo Fernández - Contralor Municipal de Neiva.

Asunto: Nulidad electoral - Auto que resuelve recurso de queja apelación que rechazó de plano incidente de nulidad respecto de presuntas falencias en la notificación de la sentencia.

Bogotá, D.C., diecinueve de enero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

1. Competencia:

En los términos de los artículos 150, 152.8 y 245 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con el Reglamento del Consejo de Estado, le corresponde a esta Sección decidir el recurso de queja interpuesto por la señora Maria Cecilia Ocampo Chávez, contra la decisión adoptada mediante auto del 14 de octubre de 2016 por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Huila rechazó el recurso de apelación presentado.

2. Problema jurídico

El problema jurídico a ser definido por la Sala consiste en determinar si el auto del 14 de octubre de 2016 que rechazó por improcedente el recurso de apelación presentado por la señora María Cecilia Ocampo Chávez, al considerar que este asunto no es apelable en virtud de lo previsto en los artículos 243 y 295 de la Ley 1437 de 2011, se ajusta a los preceptos legales que rigen este medio de control.

Por razones de orden metodológico, para resolver el problema jurídico planteado, se estudiará: (i) la naturaleza de la decisión objeto de apelación y procedencia del recurso (ii) pronunciamiento sobre los otros argumentos incluidos en el recurso de queja.

3. Del caso en concreto

3.1. Naturaleza de la decisión objeto de apelación y procedencia del recurso

Del plenario se destaca que por auto de 12 de septiembre de 2016 se rechazó el incidente de nulidad que propuso la señora María Cecilia Ocampo Chávez por considerar que el proceso de notificación de la sentencia careció de autenticidad, certeza y validez. Lo anterior, por cuanto a criterio del magistrado del Tribunal, esta circunstancia no configura ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del C.G.P.

Fluye de lo anterior que esta es una decisión de rechazo de plano de la solicitud de nulidad por no encontrarse enmarcada en ninguna de las causales de nulidad previstas en el Código General del Proceso, determinación que tiene como fundamento el inciso 4º del artículo 135 del C.G.P. que prevé: “El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación” (Se resalta).

Respecto de este pronunciamiento insiste la impugnante que al tratarse de una providencia que “decide” la nulidad, en virtud de lo previsto en el numeral 6º del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, es un asunto que puede ser controvertido mediante el recurso de apelación. Argumenta que a pesar que el citado numeral dispone que será apelable el auto “que decreta las nulidades procesales” esta norma debe ser interpretada de forma extensiva al auto que “decide” la nulidad, permitiendo aplicarlo a aquellos casos en que se decreta, deniega o rechaza la nulidad.

Para resolver este argumento se debe traer un pronunciamiento previo de esta Sala Jurisdiccional(9) en la que se analizó esta interpretación, en los siguientes términos:

“— Según el numeral 6º del artículo 243 del CPACA es susceptible del recurso de apelación el auto que decreta nulidades procesales. Sobre este tema en particular, ha sido jurisprudencia reiterada de esta Corporación(10) que el legislador “excluyó la posibilidad de recurrir en apelación los autos que niegan nulidades procesales, al establecer, expresamente, que solamente podrán ser apelados los autos que las decreten”.

— En el presente asunto, mediante auto del 7 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de Nariño negó la solicitud de nulidad que propuso el apoderado de la Universidad de Nariño por indebida notificación del auto admisorio de la demanda.

— Esto es, contrario a lo que sostiene el recurrente, no es una providencia que sea susceptible del recurso de apelación.” (Subrayas y negrillas propias del texto original).

Así las cosas, es clara la posición de esta corporación respecto de la improcedencia del recurso de apelación en relación con la decisión de rechazo de la nulidad procesal. Postura que, tratándose del trámite de pretensiones de contenido electoral, se encuentra respaldada igualmente por el artículo 284 de la Ley 1437 de 2011 que dispone: “Contra el auto que rechaza de plano una nulidad procesal no habrá recursos”.

Adicionalmente la Sala considera procedente aclarar que el citado artículo 243 ha dado lugar a diversas interpretaciones en relación con los asuntos que son sujetos de recurso de apelación según la autoridad judicial que lo expidió. En tal virtud, la Sala asume como propias las consideraciones que adoptó la Sala Plena del Consejo de Estado, en auto de unificación por importancia jurídica de 25 de junio de 2014, en el que se expuso:

“De lo anterior, se tiene que la nueva disposición incorporó dos reglas de procedencia del recurso de apelación de autos: i) el primero, que se refiere a la naturaleza de la decisión y, para ello, se estableció un listado de providencias pasibles de impugnación, y ii) el segundo, de carácter subjetivo, en atención al juez que profiere el auto, toda vez que todos los autos a que se refiere la norma proferidos por los jueces administrativos serán apelables, mientras que, de conformidad con el inciso tercero del artículo 243, tratándose de decisiones adoptadas por los tribunales administrativos sólo lo serán las contenidas en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del mismo precepto, esto es, aquellos que pongan fin al proceso, los que rechacen la demanda, el que decrete una medida cautelar, y el que apruebe una conciliación prejudicial o judicial.” (Se destaca).

De esta manera se refuerza el argumento de la Sala en el sentido que tampoco el numeral 6º del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 que invoca la impugnante puede ser considerado como asunto sujeto a apelación de decisiones adoptadas por los tribunales administrativos, pues no se encuentra dentro de las decisiones enlistadas en el inciso tercero de esta norma.

3.2. Pronunciamiento sobre los otros argumentos incluidos en el recurso de queja.

3.2.1. El auto que rechaza el incidente de nulidad pone fin al proceso.

Argumenta la impugnante que la decisión contenida en el auto de 14 de octubre de 2016 es apelable “…ya que el auto (sic) que rechazo (sic) el incidente de nulidad fue proferido por el magistrado ponente del medio de control y por otra que al ponérsele fin al proceso (artículo 243 N. 3 CPACA), como lo es el efecto jurídico de rechazo, estaría de por medio la posibilidad de transgresión al derecho fundamental del debido proceso”.

Conforme a lo expuesto la impugnante interpreta que el auto que rechaza el incidente de nulidad se puede definir como una providencia que pone fin al proceso. Al respecto enfatiza la Sala que un proceso judicial se puede entender como el conjunto de etapas en las que intervienen los sujetos procesales, tales como demandante, demandado, coadyuvantes, terceros, etc., además del juez unitario o colegiado, a fin de resolver una controversia jurídica, el cual inicia con un libelo introductorio y finaliza con una providencia que así lo decreta. Dentro de las diversas formas de terminar un proceso se encuentra la sentencia, la declaratoria de cosa juzgada, de caducidad, la conciliación, la transacción, entre otras, determinaciones que impiden que una vez declaradas se pueda realizar cualquier otra actuación judicial de fondo sobre el particular.

Así las cosas, la decisión de rechazar un incidente de nulidad no ostenta la condición de providencia que pone fin al proceso, pues como lo expone el artículo 208 de la Ley 1437 de 2011 las causales de nulidad se deben tramitar a través de un trámite accesorio al procedimiento judicial, que no tiene ni siquiera la virtualidad de suspenderlo conforme lo prevé el 210-3 ibídem, permitiendo que el funcionario judicial pueda seguir emitiendo decisiones interlocutorias posteriores. Tal es el caso de aquellas nulidades que son planteadas en la etapa de saneamiento de la audiencia inicial, prevista en el numeral 5º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, las cuales una vez decididas o rechazadas de plano permiten continuar con la decisión de excepciones previas, fijación del litigio y decreto de pruebas, entre otras.

Conforme a lo expuesto no es predicable que el auto que rechaza de plano el incidente de nulidad, ostente la naturaleza de poner fin al proceso, toda vez que permite el desarrollo de actuaciones interlocutorias posteriores y en tal virtud no le es aplicable lo previsto en el numeral 3º del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, esto es, tratarse de un asunto susceptible de ser apelado.

3.2.2 Sobre la forma en que se surtió la notificación de la sentencia de primera instancia

En esta etapa procesal insiste la impugnante que la sentencia de 19 de agosto de 2016 debió ser notificada atendiendo las normas especiales del medio de control de nulidad electoral, esto es en la forma prevista en el artículo 289 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el 292 ibídem. Expone que el artículo 203 de ese compendio jurídico no podía ser aplicable al presente caso al tratarse de la notificación personal de las sentencias en el proceso ordinario, lo anterior, en razón a que existe norma específica para las acciones de nulidad electorales, sin que se requiera la remisión normativa que realiza el artículo 296 de esa misma ley.

Sobre el particular destaca la Sala que los argumentos aquí planteados escapan del conocimiento del recurso de queja, pues es claro que este procede solo frente a determinados requisitos procesales, los cuales fueron expuestos por esta corporación(11) en los siguientes términos:

Conforme al artículo 245 del CPACA el recurso de queja procede ante el superior cuando:

a) “se niegue” la apelación o “se conceda” en un efecto diferente.

b) cuando “no se concedan” los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este Código.

Similar previsión contiene el Código General del Proceso, en los términos del 352, al disponer “cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casación”.

Pues bien, ha de aclararse que la decisión que permite la interposición del recurso de queja en realidad no es la denegatoria del recurso sino la denegatoria de la concesión, por cuanto el primero supone un pronunciamiento de fondo con todo el alcance y connotaciones que ello conlleva procesalmente. Lo que provee el juez de la queja es o la procedencia del recurso de apelación o extraordinarios, o la corrección de su efecto, en el caso de la apelación.

Tal consideración encuentra soporte en el propósito del recurso de queja y es que si el superior estima que fue indebida la “denegación” —léase la no concesión— o se erró en el efecto en que debió concederse la apelación, procede a admitir el recurso y/o a determinar el efecto y comunica su decisión al inferior. Y en un aspecto histórico, pues no en vano por años se le nominó “recurso de hecho” para diferenciarlo de la decisión de “derecho” que implicaba abordar el fondo de lo recurrido.

Lo cierto es que el juez de la queja, limita su análisis al estudio de si el recurso no concedido (apelación o extraordinarios) era procedente o no, a partir de: i) la oportunidad para recurrir, ii) la legitimación del recurrente y iii) los requisitos legales como la carga de sustentar ante el inferior, en el caso de la apelación y iv) verificar el efecto en que se concedió la apelación frente al que le corresponde por ley procesal.

Así las cosas, se reitera que el juez de la queja no puede entrar a analizar aspectos diferentes a la procedencia o no de la concesión del recurso de apelación y, menos aún, reabrir el debate sobre decisiones del fallador de primera instancia que no pueden ser de conocimiento de la segunda instancia, conforme se expuso precedentemente en el numeral 3.1 de esta providencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala estima bien denegado el recurso de apelación presentado por la señora María Cecilia Ocampo Chávez, en su condición de demandante, por lo que no prospera el recurso de queja.

RESUELVE:

Primero. ESTÍMASE bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la señora María Cecilia Ocampo Chávez, en su condición de demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Huila el 14 de octubre de 2016, conforme la parte motiva de este proveído.

Segundo. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Tercero. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno».

1 Ley 136 de 1994.
ARTÍCULO 163. INHABILIDADES. <Artículo subrogado por el artículo 9º de la Ley 177 de 1994. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser elegido Contralor, quien:
(…) c) Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el artículo 95 y parágrafo de esta Ley, en lo que sea aplicable."
ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
(…) 2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

2 Sentencia C-666/00

3 Folios 37 al 60 del cuaderno de recurso de queja

4 Folios 17 al 36 del cuaderno de recurso de queja

5 Folios 153 al 156 cuaderno del recurso de queja

6 Folios 237 al 246 del cuaderno 2

7 Folios 251 al 263 del Cuaderno 2

8 Folios 313 al 315 del cuaderno 2.

9 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 2 de julio de 2014. C.P. Susana Buitrago Valencia. Rad No. 52001-23-33-000-2013-00373-01.

10 Sobre el particular, en auto del 12 de junio de 2013. Consejo de Estado. Sección Tercera. M.P. Carlos Alberto Zambrano. Exp. 2013-10174-01, se dijo: “En el presente asunto, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto del 18 de octubre de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante el cual se negó la solicitud de nulidad procesal elevada por ésta. Al respecto, y comoquiera que el recurso de apelación se interpuso en contra del auto que negó una nulidad procesal, se torna necesario resaltar que “ (…) a partir de la vigencia de la Ley 446 no es posible aplicar las previsiones del Código de Procedimiento Civil para efectos de determinar la procedencia del recurso de apelación contra los autos que resuelven nulidades procesales, pues la modificación que introdujo el Código Contencioso Administrativo, incluye de manera expresa como susceptible de ese recurso el ‘(…) auto que decrete nulidades procesales’”. Por tanto, es evidente que no es procedente el recurso de apelación presentado, pues el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, excluyó la posibilidad de recurrir en apelación los autos que niegan nulidades procesales, al establecer, expresamente, que solamente podrán ser apelados los autos que las decreten.

11 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de mayo de 2016. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Rad. 25000-23-24-000-2015-02776-01.