Auto 2016-00075 de noviembre 25 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Rad..: 11001-03-28-000-2016-00075-00

Actor: Hermann Gustavo Garrido Prada

Demandado: Consejo Nacional Electoral

Nulidad electoral - Auto que declara la terminación del proceso por carencia actual de objeto

Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Si bien correspondería estudiar la admisibilidad de la demanda presentada contra Resolución 0014 de 2016, “Por la cual se declara el resultado del plebiscito de iniciativa gubernamental, convocado mediante el Decreto 1391 de 2016, según lo regulado por la Ley 1806 de 2016, cuya votación se llevó a cabo el dos (2) de octubre de 2016”, el Despacho advierte, en razón a los avances que sobre el proceso de paz adelanta el gobierno, que el día 24 de noviembre de 2016, se firmó un nuevo acuerdo de paz.

Lo anterior implica, que los resultados de la votación del plebiscito que se cuestionan, son respecto de un texto anterior, que fue modificado y, por este motivo, las decisiones que sobre ese inicial acuerdo se adoptaron, han perdido su fuerza ejecutoria, hecho que torna en innecesario adelantar este proceso, por carencia actual de objeto.

Revisada la página web de la Presidencia de la República,(1) se informó mediante comunicado oficial que luego de la votación del plebiscito, se adelantaron reuniones al interior del Gobierno, con el fin de aclarar y ajustar el alcance del Acuerdo Final para la paz, que dio lugar a un nuevo texto.

El acto como hecho notorio tuvo lugar en el Teatro Colón de Bogotá. Allí, el Presidente de la República informó que lo acordado “será discutido en el Congreso, para que sean los representantes elegidos por los colombianos quienes lo refrenden y lo implementen, bajo el control de la Corte Constitucional”.

Estos acontecimientos respecto del proceso de paz, dan cuenta de la improcedencia de adelantar este procedimiento judicial en la medida en que el acto de resultados cuestionado, se refiere a un acuerdo que ya no existe, al ser modificado por otro.

La manifestación ciudadana que se registró en el acto acusado destinó la firma del nuevo acuerdo, fue su causa fundante y, por ello, no es posible en la actualidad tales resultados sean objeto de examen, con miras a la producción de efectos contrarios, en tanto que las decisiones adoptadas luego de tal declaratoria de resultados, dieron lugar a un nuevo escenario político.

Al respecto es del caso recordar, la calificación que la Corte Constitucional le asignó al acuerdo de paz:

“En el caso analizado, el Acuerdo Final ha sido comprendido en esta sentencia como la definición de una política pública de un proceso de negociación entre el Gobierno y un grupo armado ilegal, lo cual dista de ser un articulado concreto. El Acuerdo Final, en tanto decisión política, debe ser entendido como un todo, integrado por asuntos transversales, no separables. […] Por ende, en tanto el Acuerdo Final corresponde a una decisión política del Presidente, según se ha explicado insistentemente en este fallo […]”(2).

De esta manera, resulta demasiado gravoso utilizar el aparato judicial para analizar la validez de un acto que no está produciendo ninguna consecuencia jurídica. En otras palabras, ningún efecto útil podría derivarse de decidir en una sentencia si el acto de declaratoria de resultados de la votación del plebiscito estaba viciado o no de nulidad, por las razones esgrimidas por el actor, pues ello traería un desgaste innecesario para la administración de justicia, en razón a que se firmó un nuevo acuerdo y, su trámite de refrendación escapa al objeto de este medio de control.

Adelantar un proceso judicial frente al resultado de la convocatoria que mediante la figura del plebiscito sometió el Presidente de la República, para que el pueblo manifestara su aprobación o improbación, y que dio lugar, por lo allí declarado, a un nuevo texto de acuerdo de paz, tornaría en inocuo e innecesario este trámite.

La definición sobre la situación de ilegalidad controvertida y puesta a conocimiento de la Sección, sería en inane y contraria a uno de los fines funcionales del derecho: la efectividad en la resolución del conflicto propuesto(3), en tanto como decisión política que es, ya obtuvo un avance propio de esta materia, con la firma de un nuevo acuerdo de paz.

Así, constituye un hecho notorio que el día 24 de noviembre de 2016 al llevarse a cabo la firma de un nuevo acuerdo, el reproche frente a los resultados de aprobación del pasado acuerdo sometido a la votación del pueblo, no tenga interés judicial para su examen, debido a que el acto demandado perdió su fuerza ejecutoria, lo que representa que nos encontremos ante una carencia actual de objeto que exime al juez contencioso para realizar un análisis de fondo respecto de su legalidad.

La efectividad en la resolución de la litis formulada, también conocida como tutela judicial efectiva, significa que el “juez contencioso administrativo tiene la obligación de tutelar en su plenitud ese espacio de libertad que el ciudadano contemporáneo ha conquistado definitiva y solo desde el cual puede ser capaz de construir y proteger una vida personal plenaria en su integridad”,(4) es decir, el papel del juez administrativo debe estar orientado a garantizar que efectivamente se reconozca un “derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”,(5) esto es, buscar que los mecanismos judiciales sean eficaces y logren la protección que el ciudadano reclama.(6)

Lo anterior aplicado a los procesos electorales, significa que el juez electoral debe propender por dotar de plena eficacia al medio de control de nulidad electoral, de forma que a través de éste se puedan satisfacer cabalmente los derechos del electorado.

Bajo este entendimiento el reclamo del actor, y su preocupación por un eventual truncamiento del proceso de paz, parece desvanecerse con este escenario de la firma de un nuevo acuerdo y, en esa medida, no se advierte la afectación que invocó como fundamento de su escrito.

Finalmente, debe señalarse que carece de sentido tramitar el presente proceso electoral, pues fuere cual fuere la decisión a la que arribare la Sección, aquélla no tendría efectos jurídicos ejecutorios y, por ello, no existe una razón para llevar el proceso hasta la sentencia o fallo definitivo, cuando durante el proceso, el juez arriba al convencimiento de que su intervención se tornaría innecesaria, porque el acto que impulsó a activar el aparato judicial ha dejado de producir efectos jurídicos.

Por lo anterior, se hace necesario declarar la terminación del proceso por carencia actual de objeto.

En mérito de lo expuesto, se

III. RESUELVE:

Primero: DECLÁRASE la terminación de la actuación judicial en el proceso de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: ARCHÍVESE el expediente una vez quede en firme esta providencia.

Notifíquese y cúmplase».

1 http://es.presidencia.gov.co/noticia/161124-Gobierno-y-Farc-firmaron-Nuevo-Acuerdo-de-Paz. Consultada el 24 de noviembre de 2016 a las 2:00 p.m.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-379 de 18 de julio de 2016. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

3 Cfr. los términos de Luis Recasens Siches en su libro de Introducción al Estudio del derecho.

4 García de Enterría, Eduardo. Las Transformaciones de la Justicia Administrativa: De excepción singular a la plenitud jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma?, Thomson, Civitas, Madrid, 2007, pág. 130.

5 Ibídem

6 En el mismo sentido ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente 11001-03-28-000-2015-00021-00. Auto de 28 de julio de 2016. C.P.: Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2015-00018-00. Auto de 28 de julio de 2016. C.P.: Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2015-00046-00. Auto de 12 de febrero de 2016. Demandada: Martha Patricia Zea Ramos (Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura). C.P.: Dr. Alberto Yepes Barreiro.