AUTO 2016-00105/57478 DE OCTUBRE 19 DE 2017

 

Auto 2016-00105/57478 de octubre 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 11001-03-26-000-2016-00105-00(57478)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

Actor: Iconvisa Ltda. y otro

Demandado: departamento del Casanare

Referencia: medio de control de reparación directa

Bogotá, D. C., diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones(1)

1. Competencia para conocer del medio de control de reparación directa.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, frente a la reparación directa dispuso lo siguiente:

“Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

“De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

“Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

“En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

Ahora, la competencia territorial para conocer de la demanda está determinada por el lugar donde ocurrieron los hechos, omisiones, operaciones administrativas o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada(2), a elección del demandante, ello sin perjuicio de lo establecido en el numeral 6 de los artículos 152 y 155 ibídem:

“Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(…)

“6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(…)

“Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(…)

“6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”.

De otra parte, en relación con la competencia de esta Corporación en segunda instancia, el artículo 150 ibídem determinó que le corresponde el conocimiento de los procesos que lleguen en apelación de los tribunales administrativos, tanto autos como sentencias, así como los recursos de queja y los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

2. Caso concreto.

En el caso sub examine se pretende la indemnización de perjuicios ocasionados con la indebida utilización de una patente de invención otorgada a la parte demandante, infracción atribuida al departamento del Casanare y a particulares en ejercicio de funciones públicas, razón por la cual la parte actora interpuso la demanda ante el Tribunal Administrativo del Casanare; sin embargo, dicha corporación consideró que carecía de competencia funcional por tratarse de un asunto que debe conocer el Consejo de Estado en única instancia.

Considera el despacho que no todos los asuntos relativos a la propiedad industrial son de competencia automática del Consejo de Estado, habida cuenta que el numeral 8º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo condiciona la competencia de esta corporación sobre la materia a los casos previstos en la ley.

El Decreto 410 de 1971, por medio del cual se expidió el Código de Comercio, es el cuerpo normativo que regula en el libro tercero, título II, artículos 534 a 618, lo relacionado con la propiedad industrial.

Dicho código establece las acciones cuya competencia se atribuye al Consejo de Estado(3).

A su vez, el numeral 14 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo le otorga al Consejo de Estado competencia residual respecto de los asuntos de carácter contencioso administrativo para los que no exista regla especial de competencia, los cuales deben tramitarse en única instancia.

Así las cosas, si bien el asunto se relaciona indirectamente con la propiedad industrial, no se está ejerciendo ninguna de las acciones que la ley –Código de Comercio– dispone su conocimiento al Consejo de Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe duda de que las pretensiones del presente asunto son de carácter indemnizatorio y por tanto el proceso de la referencia se debe regir por las normas generales de competencia, en este caso las aplicables al medio de control de reparación directa que fue invocado en la demanda, dado que se busca la reparación de los daños causados a la parte demandante con el alegado uso abusivo de un procedimiento patentado a su nombre.

En el presente asunto se estimó la cuantía en un valor de $1´306.208.217, a favor de la parte actora.

El numeral 6º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo radica en cabeza de los Tribunales Administrativos el medio de control de “(…) reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” y, según el numeral 6 del artículo 155 ibídem, conocerán en primera instancia los juzgados administrativos de los casos de reparación directa en que la cuantía no exceda los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otra parte, el artículo 157 Ibídem establece que para efectos de competencia cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto de manera expresa en las normas antes citadas que establecen las reglas de competencia en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a los tribunales y juzgados administrativos, conocer en primera instancia del referido medio de control, dependiendo de la cuantía y, dado que en el presente medio de control se fijó una cuantía procesal superior a los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al momento de la presentación de la demanda, le corresponde conocer en primera instancia al Tribunal Administrativo del Casanare, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 156 Ibídem(4), se ordenará la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Casanare, por ser el competente para que avoque el conocimiento y continúe con el trámite del proceso de conformidad con el inciso 3º del artículo 139 del Código General del Proceso(5).

Como consecuencia, se

RESUELVE:

1. DECLARAR que el presente asunto es de competencia del Tribunal Administrativo del Casanare, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

2 Artículo 156 numeral 6º del CPACA.

3 Sobre la propiedad intelectual encontramos las acciones de i) nulidad de patentes (art. 67), ii) nulidad del registro de un dibujo o modelo si no son nuevos o se refieren a alguna ventaja técnica (art. 580) y iii) nulidad de certificado de una marca (art. 596), como de competencia exclusiva del Consejo de Estado sin que exista norma especial para su conocimiento, asimismo se tiene que de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, la Sección Primera del Consejo de Estado conocerá de la nulidad y la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos administrativos que no estén asignados a otras secciones, así como de todos los asuntos de carácter administrativo donde no exista norma especial de competencia.

4 Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:
(…)
6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante” (se destaca).

5 “Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. (…)
El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.
(…)” (se destaca).