Auto 2016-00122/57650 de octubre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 11001-03-26-000-2016-00122-00 (57650)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Accionante: Cristóbal Mena Córdoba y otros

Accionado: Municipio de “Quito y otros”

Acción: Acción de grupo

Asunto: Cambio de radicación

Bogotá D.C., cinco de octubre de dos mil dieciséis

Decide la Sala de Subsección la solicitud presentada por la apoderada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, radicada el 21 de julio de 2016, mediante la cual se pide que, en aplicación del artículo 615 del Código General delProceso, se cambie la radicación del proceso de la referencia.

Extractos «Consideraciones

Antes de abordar en estricto sentido el análisis de la petición elevada por la apoderada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Sala precisa el contenido y alcance de la norma que fue invocada por los solicitantes como fundamento del cambio de radicación pretendido.

El artículo 615 del Código General del Proceso, en lo pertinente, dispone:

“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes.

Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

“PAR.—En todas las jurisdicciones las solicitudes de cambio de radicación podrán ser formuladas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.

El análisis de la norma transcrita se hará desde los siguientes elementos: 1) el concepto de cambio de radicación; 2) la afectación del orden público como causal de procedencia de la solicitud del cambio de radicación; 3) la legitimación para presentar la solicitud; 4) la competencia para resolver la petición de cambio de radicación y las cargas que debe cumplir el peticionario; y finalmente, 5) se realizará el análisis del caso concreto; tal y como se abordó el pasado 17 de octubre de 2013.en una solicitud de cambio de radicación(1), igualmente.

1. Concepto de cambio de radicación.

Pese a que el Código General del Proceso no define el cambio de radicación, la Sala precisa que esta figura, nueva en el proceso contencioso administrativo, comporta de suyo la intervención del juez en uno de los elementos de las garantías fundamentales al debido proceso. En efecto, cambiar de radicación no es otra cosa que alterar el juez que había resultado competente conforme a las reglas generales de competencia. Una variación de este talante debe ser, sin duda alguna, excepcional, tal como lo dispone el mismo artículo 615 del Código General del Proceso, anteriormente transcrito.

Ese carácter excepcional supone la fundamentación y acreditación de las situaciones invocadas por quien solicita el cambio de radicación; pues se trata, sin duda, de una afectación extraordinaria al principio de la perpetuatio jurisdictionis, según el cual, ciertos derechos de las partes, como los relativos a la competencia del juez que ha de decidir la litis, deben ser inmodificables; sin embargo, el propio legislador puede crear excepciones a esta regla procesal, como ocurre en lo dispuesto en el artículo 615 del Código General del Proceso(2).

Así las cosas, la aplicación de dichas excepciones por parte de esta Corporación supone una decisión razonable, proporcional y ponderada, que permita concluir si la medida a tomar, esto es, el cambio de radicación de determinado proceso, tiene como finalidad proteger intereses o bienes jurídicos relevantes; es idónea, para alcanzar la finalidad propuesta; es indispensable o necesaria; y finalmente, si es o no proporcionada a los hechos que le sirven de causa.

2. La afectación del orden público como causal de procedencia de la solicitud del cambio de radicación.

Analizada la literalidad de la norma se observa la existencia de una causal genérica para la procedencia del cambio de radicación de determinado proceso, esto es, la afectación del orden público, la cual podría configurarse por vía de varias hipótesis establecidas por la legislación en el artículo 615 del mencionado estatuto procesal.

Así las cosas, en el contexto del cambio de radicación que ocupa a la Sala, el orden público, en sentido genérico, se entiende como la tranquilidad y paz social que provienen del respeto y acatamiento generalizado al ordenamiento jurídico.

La Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades las dificultades a la hora de establecer un único concepto de orden público, en este sentido ha sostenido lo siguiente:

“El régimen de libertades, suprema ratio del Estado de derecho, tiene como supuesto necesario la obediencia generalizada a las normas jurídicas que las confieren y las garantizan. A ese supuesto fáctico se le denomina; orden público y su preservación es, entonces, antecedente obligado de la vigencia de las libertades (...).

Formular una definición lógicamente satisfactoria de orden público es empresa desalentadora, pues el ingrediente evaluativo que en ella va implícito, impide ganar una noción objetiva, universalmente reconocible. De allí el peligro de usarla como condición o límite del ejercicio de un derecho, pues cada vez que se procede de ese modo, y en ocasiones resulta inevitable hacerlo, se libra su inmensa forma vacía a la discreción de un funcionario que con su propio criterio ha de llenarla. El único control de su evaluación, entonces, estará constituido por el telos del Estado de derecho y éste, preciso es admitirlo, es también pasible de más de una valoración.”(3)

Ahora bien, pese a las dificultades que se pueden presentar al estar frente a un concepto jurídico indeterminado, la jurisprudencia constitucional ha intentado delimitarlo y definirlo a partir de unos elementos mínimos como son la seguridad, la tranquilidad y la salubridad, como el conjunto de condiciones normales que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos y que, por tanto, resultan esenciales para la configuración del concepto de orden público.(4)

En este mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado al señalar:

(...) la cláusula orden público ha sido definida por la jurisprudencia —concepto luego retornado por el Código Nacional de Policía— como ese conjunto de condiciones tendientes a asegurar la convivencia armónica de los miembros de una sociedad dentro de un marco de estabilidad y normalidad institucionales con plena garantía de las libertades públicas, que permita la prosperidad general y el goce de los derechos humanos.

A juicio de la doctrina, el orden público equivale a la convivencia pacífica entre el poder y la libertad, pues toda situación de inseguridad anula la libertad (Hauriou). El orden público hace, pues, relación con el conjunto de condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad públicas (Hauriou), necesarias para una convivencia armónica y pacífica en sociedad. De modo que constituye un presupuesto para la prosperidad general y para el libre ejercicio de los derechos, que exige la vida en comunidad”(5).

Por otra parte, cabe señalar que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de “orden público” y “bien común” y ha intentado fijar una posible acepción de orden público en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, “como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”. En palabras de la Corte Interamericana, cuando estos conceptos se invoquen como fundamento de limitaciones a derechos humanos en una sociedad democrática, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de dicha sociedad y preservando el objeto y fin de la Convención.(6)

En este sentido, al configurarse el orden público como un concepto jurídico de carácter indeterminado se abren escenarios de discrecionalidad, que corresponde a la Sala entrar a delimitar a fin de adoptar decisiones sumidas en razonamientos de utilidad, necesidad y proporcionalidad; de conformidad con los elementos de juicio que le sean suministrados por los peticionarios o los que oficiosamente considere ordenar.

Para estos efectos, la Sala estima que el artículo 615 del Código General del Proceso hace referencia a las siguientes dos hipótesis: i) cuando la alteración del orden público es de tal magnitud que impide el normal funcionamiento de la Administración de Justicia, como puede ocurrir en las hipótesis que darían lugar a la declaratoria de los estados de excepción, por parte del Gobierno Nacional, o en cualquier otra hipótesis que por su intensidad y gravedad pueda frustrar el funcionamiento normal y ordinario de la Administración de Justicia; y ii) aquellos casos en que con ocasión de las decisiones que deban adoptarse en ejercicio de la actividad jurisdiccional, en atención a las circunstancias concretas de cada caso, se puedan producir graves alteraciones al orden público.

Conclusiones estas a las que podrá arribar la Corporación a partir del análisis de las razones que hayan sido expuestas por el solicitante del cambio de radicación. Así las cosas, la Sala podrá ordenar el cambio de radicación dé determinado proceso tanto para evitar una afectación grave o inminente del orden público, como para contribuir a que éste se restablezca en aquellos casos en que ya se encuentre turbado, cuando en cualquiera de estos dos eventos el anormal funcionamiento de la Administración de justicia pueda afectar, la imparcialidad y la independencia de la misma, las garantías procesales, o la seguridad de los intervinientes.

Cabe señalar que la noción de afectación del orden público también ha sido trabajada por esta Sala en el contexto de la responsabilidad del Estado, y allí se ha hecho énfasis que no es cualquier alteración a las condiciones de normalidad, sino que se debe tratar de una modificación cualificada de las mismas. Así:

“Este aspecto constituye uno de los puntos más importantes a analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los hechos (estado de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones que no dejan casi margen para la duda, es decir, las que sobrepasan la situación de violencia ordinaria vivida (...)”(7).

Pues bien, en el ámbito que ocupa ahora a la Sala, esto es, “el orden público, la imparcialidad, la independencia en la administración de justicia y las garantías procesales”(8), como causales para la procedencia del cambio de radicación de un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa, se hace necesario que esas alteraciones sean claras y relevantes y se relacionen directamente con el ejercicio de la actividad jurisdiccional, o del proceso mismo, de acuerdo con las circunstancias que rodean cada caso en concreto.

Así las cosas, las referidas alteraciones del orden público justificarán el cambio de radicación de un determinado proceso cuando tengan un impacto directo en: 2.1. la imparcialidad y la independencia de la Administración de justicia; 2.2. cuando se afecten las garantías procesales; 2.3. cuando se puedan verafectadas la seguridad o integridad de los intervinientes; y finalmente; 2.4. cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

2.1. La afectación de la imparcialidad y la independencia de la Administración de Justicia.

La alteración del orden público en relación con la afectación de la imparcialidad y la independencia de la Administración de Justicia opera cuando las circunstancias evaluadas por la Sala la lleven a la inobjetable conclusión de que estos dos bienes constitucionales sufren alteraciones sustanciales que los hacen inviables, inaplicables, que los violentan o los desconocen en detrimento de la actividad judicial o del proceso mismo.

El principio de independencia e imparcialidad de los órganos de la rama judicial encuentra claro sustento constitucional, pues, por una parte, la Constitución establece que las decisiones judiciales son independientes y que la rama judicial funcionará de manera autónoma (art. 228)(9); y además, señala que los jueces en sus providencias sólo estarán sujetos al imperio de la ley (art. 230),(10) entendida ésta como ordenamiento jurídico.

En relación con la independencia(11) de la Administración de Justicia, la Sala estima que la disposición tantas veces mencionada hace referencia a la garantía de autonomía de la judicatura frente a los restantes poderes públicos; por lo tanto, la procedencia del cambio de radicación, en estos casos, estaría dada en todas aquellas situaciones en las que se presente una posible injerencia de cualquiera de los demás poderes públicos, autoridades o particulares en el funcionamiento de la Administración de Justicia, tanto a nivel nacional, como local, colocando en peligro o haciendo inviable estos dos bienes constitucionales de la Administración de Justicia.(12)

Por otra parte, con relación a la imparcialidad que es predicable de la Administración de justicia, la Sala advierte que ésta se puede ver afectada cuando circunstancias externas que desequilibren el funcionamiento del aparato jurisdiccional del Estado puedan influir en las decisiones judiciales, de tal manera que éstas se vean sumidas, por ejemplo, en situaciones de abusos del derecho, violación a los derechos fundamentales de los asociados, desconocimiento de una administración conforme a los parámetros constitucionales y del ordenamiento jurídico, poniéndose en riesgo la neutralidad indispensable para el normal funcionamiento de la Administración de Justicia, circunstancias estas evaluadas bajo consideraciones de utilidad, necesidad y proporcionalidad por la Sala para efectos de adoptar la mejor decisión posible frente al caso concreto.

Ahora bien, cabe precisar que, en opinión de la Sala, en estos casos no se está haciendo referencia a la configuración de hipótesis de impedimentos y recusaciones en cabeza de una determinada autoridad jurisdiccional, porque de darse esta situación estaríamos frente a estos fenómenos y no ante a una desestabilización por imparcialidad de la Administración de Justicia.

Finalmente, cabe señalar que quien invoqué las circunstancias antes mencionadas deberá suministrar u ofrecer un mínimo de elementos que permitan a esta Corporación deducir la injerencia, o manipulación que pueda ejercerse sobre la Administración de Justicia, en cuanto se refiere a la posible afectación de su independencia e imparcialidad.

2.2. La afectación de las garantías procesales.

La afectación de las garantías procesales producto de las alteraciones al orden público también pueden dar lugar a ordenar un cambio de radicación de un determinado proceso, circunstancias éstas que deben ser evaluadas por la Sala a fin de establecer la efectiva e inminente vulneración de dichas garantías en cada caso concreto.

Una de las formas en que se puede entender el proceso, es como un instrumento jurídico para la resolución de un determinado conflicto a través de la satisfacción de pretensiones(13) y dicho proceso deberá llevarse a cabo conforme a fórmulas prestablecidas, en estricto cumplimiento del principio de legalidad, entre otras cosas, a fin de garantizar lo que se conoce como debido proceso. Así, el debido proceso implica la protección de las garantías procesales entendidas estas como los mecanismos para proteger los derechos de que son titulares quienes intervienen en él proceso y cuyo desconocimiento vaciaría de contenido la propia noción de debido proceso. Dicho de otro modo, se trata de ciertos presupuestos mínimos para la realización de la justicia, como valor superior del ordenamiento jurídico.(14)

A juicio de la Sala, el legislador quiso establecer como motivo de cambio de radicación, bajo la causal de alteración del orden público, la afectación de cualquiera de las garantías procesales cuyo restablecimiento no se pueda obtener por las vías procesales ordinarias, lo que sin duda, deberá ser decidido por esta Corporación en cada caso concreto.

Considerado así el asunto, en estos casos procederá el cambio de radicación en aquellas situaciones excepcionales que por su intensidad y magnitud hacen imposible que se le brinden a las partes del proceso contencioso administrativo las garantías procesales a que constitucionalmente tienen derecho.(15)Se trata de circunstancias externas y ajenas a la voluntad del juez y de las partes, que rompen las estructuras garantes del proceso, por lo tanto, se reitera, la causal no procede cuando se trate de situaciones internas del proceso donde se alegue la ruptura de lasgarantías procesales, en cuanto estas hipótesis deben ser enfrentadas a través de los remedios ordinarios que establece el Código General del Proceso, situación fáctica esta que no es objeto de debate procesal en el caso que ocupa a la Sala, pero que resulta pertinente señalar como obiter para precisar el alcance del artículo 615 antes transcrito.

Ahora bien, al hablar de situaciones excepcionales, la Sala no está haciendo referencia a eventos episódicos, es decir, circunstancias que ocurran de manera aislada; todo lo contrario, se trata de situaciones que se presenten con ocasión de la actividad procesal previa al inicio en estricto sentido del proceso, o que sucedan en el decurso del mismo, que puedan ser acreditadas y que puedan menoscabar de manera clara e inminente la garantía fundamental a la práctica de pruebas, a la defensa técnica o a ejercer el derecho de contradicción, entre otras garantías procesales constitucionales.

La norma objeto de estudio por la Sala estableció que cuando alguna de estas garantías fundamentales se vea afectada en un proceso determinado, pueda solicitarse el cambio de radicación del mismo, es decir, que cambie el juez competente territorialmente para conocer del asunto en concreto, con el fin de restablecer una concreta garantía fundamental que se haya visto afectada, bajo las consideraciones de gravedad anteriormente señaladas y que a juicio de esta Sección tengan la suficiente entidad como para enmarcarse en la hipótesis en estudio.

2.3. La afectación de la seguridad o integridad de los intervinientes.

La afectación del orden público en relación con la seguridad e integridad de los intervinientes hace referencia a su vez a las circunstancias manifestadas por cualquiera de los sujetosprocesales, esto es, el juez, las partes o cualquiera que de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo y en el Código General del Proceso se considere como tercero interviniente en el respectivo proceso, o su núcleo familiar más cercano, y que en consideración de la Sala revistan la suficiente entidad para poner en peligro o amenazar de manera real e inminente la seguridad o integridad personal de quienes así lo indicaron.

El cambio de radicación del proceso que podría llegar a solicitarse bajo este supuesto, supone la existencia de circunstancias, alteraciones del orden público, o de amenazas concretas, o de situaciones específicas que hagan concluir a la Sala, tras un juicio de utilidad, necesidad y proporcionalidad, el riesgo que corre la integridad personal de un determinado sujeto procesal, o de un miembro de su núcleo familiar.

2.4. Deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Finalmente, cabe señalar que según lo previsto en el inciso tercero del artículo 615 del Código General del Proceso, “cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” también se podrá solicitar un cambio de radicación de un determinado proceso. La Sala advierte que se trata entonces dé circunstancias internas de la Administración de Justicia que a juicio del legislador también podrían justificar una alteración excepcional a las reglas generales de competencia.

3. Legitimación para solicitar el cambio de radicación.

La norma no indica quienes tienen la legitimación para solicitar el cambio de radicación cuando adviertan cualquiera de estas circunstancias antes señaladas, simplemente establece de manera genérica que en cualquiera de las jurisdicciones la solicitud la podrá formular la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Así las cosas, en atención a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal(16) y a las reglas de interpretación de las normas procesales(17), carecería de sentido que la potestad para solicitar el cambio de radicación de un proceso por los motivos antes expuestos fuere exclusiva de la mencionada Agencia. En este orden de ideas, a juicio de la Sala, cualquiera de los sujetos procesales antes referidos, o quien actúe en su nombre, o en su lugar, podrá hacer la respectiva solicitud, hipótesis que será debidamente evaluada por la Sección teniendo en cuenta las circunstancias de alteración del orden público que rodeen el caso concreto.

4. Competencia para decidir la petición de cambio de radicación y cargas que debe cumplir el peticionario.

El artículo 615 del Código General del Proceso, específicamente atribuye esta competencia al Consejo de Estado, el cual en virtud de la naturaleza del caso y de la materia la resolverá a través de cualquiera de las Secciones en que este se organiza. Sin embargo, cuando se invoque como causal las deficiencias en la gestión de un determinado proceso, el Consejo de Estado debe pedir previamente concepto a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, situación que no ocurre en el sub judice.

Por otra parte, en cuanto a las cargas que debe cumplir quien solicita el cambio de radicación, la Sala considera que dicha solicitud debe estarsustentada y acompañada de elementos que permitan acreditar los hechos que se alegan como fundamento de la petición, de tal forma que esta Corporación en cada caso evalúe la situación y pueda tomar la decisión que corresponda, bajo criterios de utilidad, necesidad y proporcionalidad.

5. Análisis del Caso Concreto.

Analizada en su estructura la norma invocada, la Sala se ocupará de estudiar si en el caso concreto se cumplen los requisitos necesarios para disponer el cambio de radicación, en las circunstancias fácticas expuestas por la apoderada del demandado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5.1. Los hechos probados.

En el caso sub judice la parte solicitante en su escrito de cambio de radicación no allegó como prueba documento alguno que sobrellevara o ahondara en sus consideraciones, escrito en el que se limitó a indicar la situación actual del municipio de Río Quito - Chocó, en relación con la minería ilegal que sacude el lugar.

En el documento elevado, se trascribió información respecto de dicho fenómeno ilegítimo relatado por parte de los medios de comunicación: diario El Tiempo, Noticias RCN, y Caracol Radio, los cuales adujeron la problemática ambiental y social que afecta al Departamento del Chocó, con lo que soportó la apoderada del Ministerio demandado que el presente asunto amerita un cambio de radicación.

5.2. Justificación del cambio de radicación solicitado.

Debe entonces la Sala determinar, como ya se advirtió, la razón por la cual, según la circunstancias del caso, la medida a tomar, esto es, el cambio de radicación solicitado, es útil, necesaria y proporcional.

Analizada en su estructura la norma invocada, la Sala se ocupará de estudiar si en el caso concreto se cumplen los requisitos necesarios para disponer el cambio de radicación, en las circunstancias fácticas expuestas por la apoderada del demandado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Teniendo en cuenta que la medida procederá única y exclusivamente cuando se demuestren en efecto las especificaciones del artículo 615 del Código General del Proceso, la labor del peticionario habrá de consistir en demostrar, de manera clara y evidente, cualquiera de las circunstancias en precedencia citadas anteriormente, y de esa forma se permitirá se pronuncie sobre la viabilidad o no del cambio de radicación solicitado.

En el supuesto que ocupa la atención de esta Sala, y teniendo como soporte las afirmaciones realizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cambio de radicación deprecado no procede, en la medida en que el mismo carece de elementos constitutivos del mismo.

En efecto, según lo aducido en el escrito, el trámite de la apelación en segunda instancia de la acción de grupo impetrada por los daños ambientales yecológicos en la cuenca del rio Quito producto de la minería ilegal en dicho afluente hídrico, gestionada actualmente en el Tribunal Administrativo del Chocó, y que, a consideración del solicitante se indica que “si la sentencia quedara en firme, la cuantía de la condena decretada por el Juzgado 1º Administrativo de Quibdó ascendería a una suma exorbitante, la cual aun cuando es objeto del recurso de apelación, si genera un impacto y una expectativa socialque no puede echarse de menos en un departamento como el Chocó, en donde la comunidad, residentes, visitantes y hasta grupos al margen de la Ley son afectados y causantes del deterioro ambiental cuya reparación en sede de la acción de grupo se ordena, decisión en torno a la cual se requiere de la mayor imparcialidad de parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y evitar la afectación del orden público. Ahora bien, la presente solicitud va encaminada a que se traslade el referido proceso del Tribunal Administrativo del Chocó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, o al que se determine por parte de la Honorable Corporación” (Resaltado propio).

Es decir, que con lo anterior la Sala no puede entrar a especular, entre otros, que la situación de orden público(18) en la región, no garantizará un juzgamiento imparcial ni tampoco la protección de los sujetos procesales y funcionarios judiciales, únicamente por un aspecto subjetivo que a criterio de la apoderada solicitante, desde ya señala que no podrá ser llevadero a manos del Tribunal Administrativo del Chocó.

Ahora bien, esta Corporación no desconoce que en el Departamento del Chocó la situación de orden público se encuentra perturbada; sin embargo, ello de por sí no es suficiente para ordenar el cambio de radicación, sino que se hace indispensable demostrar que la misma tiene génesis en el trámite del asunto a tratar por dicho despacho judicial.

Toda vez, que de tener este criterio como base fundamental de la exigencia del artículo 615 del Código General del Proceso, sería deficiente y de manera genérica se estaría adoptando una decisión errada, al existir falta total de precisión sobre las situaciones reales y concretas que se podrían avizorar en el proceso en trámite, porque indicar que el Tribunal de instancia ante quien se tramita el caso en cuestión, es imparcial para pronunciarse de fondo, vulnerando así las garantías procesales de los intervinientes; evidencian meras suposiciones o especulaciones, consistiendo en apreciaciones subjetivas de la apoderada del Ministerio solicitante.

Aceptar el argumento traído ante esta Corporación, sobre la situación actual del Departamento del Chocó y que por ende no se puede llevar a cabo la imparcialidad de la administración de justicia, significaría entonces, que tanto en este departamento como en otras tantas regiones de Colombia, en los cuales es un hecho notorio la calamidad, zozobra, actos ilegales y demás perturbaciones al orden público, no podría operar la administración de justicia y por ende ésta se detendría ya que todos los trámites de procesos judiciales se verían entorpecidos por la situación que se vive en los señalados lugares resultando imposible garantizar la justicia con la que habría de fallarse cada caso en cuestión, motivo por el cual habría de realizar un cambio de radicación en cada zona departamental sacudida por cuestiones que perturben la paz y la tranquilidad de la colectividad.

Por lo tanto, el cambio de radicación es una medida innegablemente útil cuando se ve amenazada o posiblemente vulnerada la autonomía e independencia del aparato judicial, las garantías procesales y, sobre todo, la vida de los sujetos procesales.

Y como bien se ha indicado en este caso, el cambio de radicación se torna innecesario, no existiendo más que subjetividades sobre los integrantes de los despachos pertenecientes al Tribunal Administrativo del Chochó y la gestión judicial realizada a su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE

1. Negar el cambio de radicación de esta actuación procesal, solicitado por la apoderada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2. Remitir la presente decisión al Tribunal Administrativo del Chocó.

Notifíquese y cúmplase,»

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de 17 de octubre de 2013, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Radicado 11001-03-26-000-2012-00078-00 (45679)

(2) “La Perpetuatio Jurisdictionis es un principio derivada del concepto del debido proceso, con arraigo en las garantías ciudadanas, de un juicio justo y con reglas cognoscibles, claras y controvertibles en instancia, esto es, con asidero constitucional en las libertades y derechos ciudadanos —derechos fundamentales—, según el cual, una vez determinada la jurisdicción y la competencia, tras la interposición de la demanda, esta no se puede modificar por razones de hecho o de derecho sobrevivientes a ese primer momento procesal”. Naranjo Florez, Carlos. “El principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis y el debido proceso en Colombia”. En Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Información obtenida el 26 de noviembre de 2012 en http://www.icdp.oro.co/revista/articulos/35/Carlos%20Naranjo%20Florez.pdf.

En este sentido la Sala ha sostenido: “En ése contexto, aunque la perpetuatio jurisdictionis, principio legal, tiene como regla la lnmodificabilidad de “ciertos derechos de las partes, como los relativos a la competencia del juez que ha de decidir la litis, a que el proceso se desarrolle conforme a la ordenación ritual y a que no se alteren las actuaciones fundamentales del mismo” y se determina al momento de la interposición de la demanda (CPC, art. 21), el mismo legislador puede excepcionar la regla que es de naturaleza procesal y de aplicación inmediata. Por ello la doctrina ha dicho, en palabras del Profesor Devis Echandía y citando a Chiovenda, que “La perpetuatio jurisdictionis no existe frente a las nuevas leyes procesales, y sólo se aplica para las circunstancias de hecho que determinan la competencia en relación con estos factores: valor, territorio, domicilio y calidad de las partes. Si la nueva ley cambia la competencia o la rama jurisdiccional que debe conocer del proceso, tiene aplicación a los procesos en curso”. Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 25 de mayo de 2006, Expediente 31664. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-825 de 2004, M.P. (E); Rodrigo Uprimny Yepes. Posición que ha sido reiterada en diversas sentencias, entre ellas, la más reciente, la Sentencia C-252 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 6 de julio de 2007, Expediente 17253, C.P. Ruth Stella Correa.

(6) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5-85, del 13 de noviembre de 1985, solicitada por el gobierno de Costa Rica.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 18 de enero de 2012, Expediente 21196, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(8) “En este caso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fundamenta la presente solicitud en que con esta acción de grupo se pueden ver afectados el orden público, la imparcialidad, la Independencia en la administración de justicia y las garantías procesales”. Folio 4 del cuaderno principal.

(9) Constitución Política, artículo 228, “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.

(10) Constitución Política, artículo 230, “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”:

(11) Acerca del concepto de independencia de la Administración de Justicia se ha dicho que es complejo: “(...) porque la reivindicación que emana de tal término puede ser interpretada de diferentes maneras. La independencia puede ser considerada como la relación entre jueces y partes o de jueces entre sí. Puede ser descrita, en el sentido tradicional, como el problema de la dependencia de otros poderes estatales (incluyendo a la justicia misma) o, de modo general, como independencia de los personajes de influencia política, con o sin vinculación gubernamental. Finalmente, puede ser enfocada desde la perspectiva del “fórum intemum”, o sea, de la independencia personal del juez”. Dieter Simón, La independencia del Juez, Barcelona, 1985, p. 10.

(12) Sobre la independencia externa, como principio estructurante del poder judicial, véase Julio Estrada, Alexei. Las Ramas Ejecutiva y Judicial del Poder Público en la Constitución colombiana de 1991, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, pp. 169 y ss.

(13) Guasp, Jaime. Concepto y Método de Derecho Procesal, Madrid, Civitas, 1997.

(14) En este sentido véase, Corte Constitucional, Sentencia C-127 de 2011, M.P. María Victoria Calle.

(15) Las garantías procesales fundamentales, entendidas estas como “los presupuestos incanjeables que la litis debe tener para salvaguardar el debido proceso”, por oposición a las reglas que disciplinan el debate y las reglas que “conforman la regulación adjetiva con modalidades y efectos que pueden ser distintos de acuerdo con la naturaleza del conflicto”. Osvaldo Alfredo Gozaíni, “La oralidad como principio político y como sistema para el debate”, en XXXI, Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, 2010, p. 1046.

(16) Constitución Política, artículo 228.

(17) Código General del Proceso, artículo 11. “Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente Código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”.

(18) El orden público ha sido definido como “el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”. Corte Constitucional véase sentencias C-179 de 2007, C-024 de 1994, C-251 de 2002 y C-825 de 2004, entre otras.