AUTO 2016-00184/58443 DE DICIEMBRE 7 DE 2017

 

Auto 2016-00184/58443 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SALA PLENA

Rad.: 110010326000201600184 00

Exp.: 58443

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

Naturaleza: Medio de control de reparación directa (cambio de radicación)

Bogotá D.C., siete de diciembre dos mil diecisiete.

Corresponde a la Sala decidir la solicitud de cambio de radicación propuesta por el apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual pretende que se traslade la competencia para conocer de la presente controversia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a su homólogo de Santander, domicilio del extremo activo de la litis. El requerimiento elevado ante esta Corporación será denegado con fundamento en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

1. Mediante demanda presentada el 15 de agosto de 2012 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Martha Isabel Durán de Jaimes y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa previsto en el artículo 140 del C.P.A.C.A., solicitaron se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación-Rama Judicial, por la supuesta morosidad, error judicial, y “violación al derecho al juez natural”, materializados en las providencias que tramitaron y pusieron fin a la acción de reparación directa incoada por la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, pronunciadas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena en el expediente radicado 47 001 3331 004 2009 00301 01 (fls. 27-60, cdno. ppal.)(1).

1.1. Respecto de la competencia para conocer del proceso referenciado, la parte actora asignó la misma, según su propio dicho y con fundamento en el artículo 156, numeral 6º de la Ley 1437 de 2011, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no a su similar del Magdalena. Esto en razón a que i) las pretensiones elevadas censuraban las actuaciones de esa última Corporación en una controversia previa, y ii) detentaba la facultad legal, a prevención, para seleccionar el juez de la causa, entre aquel con jurisdicción en donde acaeció el hecho dañoso o el del domicilio o sede principal de la entidad demandada (fl. 1, cdno. ppal.).

2. Surtido el trámite fijado por la ley adjetiva para la admisión de la demanda, el 14 de marzo de 2013 la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso que el expediente fuera enviado por falta de competencia territorial al Tribunal Administrativo del Magdalena, toda vez que en dicho departamento fue donde acaecieron los hechos que fundamentaron el ejercicio de la pretensión indemnizatoria. En adición a lo expuesto, el Juzgador que tramitaba el proceso adujo que en el caso concreto no era posible ejercitar el derecho de acción en Bogotá, toda vez que al ser la demandada la Rama Judicial, esta no tenía un domicilio principal definido (por funcionar de manera desconcentrada a lo largo del territorio nacional), condición necesaria para aplicar la regla de competencia fijada en el artículo 156 del estatuto procesal contencioso administrativo(2) (fls. 91-96, cdno. ppal.).

3. De acuerdo al sistema de gestión web de la Rama Judicial, el expediente contentivo del medio de control examinado fue remitido del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a su similar del Magdalena por primera vez el 20 de junio de 2013. Posteriormente, el 25 de junio de la misma anualidad, el primero de estos cuerpos colegiados solicitó la devolución del plenario con el objetivo de resolver una petición de aclaración elevada por el extremo actor contra el proveído que dispuso el envío del expediente a la ciudad de Santa Marta. El 25 de octubre de 2013, el expediente fue trasladado nuevamente al Tribunal Administrativo del Magdalena.

4. El 24 de octubre de 2013, a través de apoderado judicial, la parte demandante interpuso acción de tutela contra providencia judicial ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual censuró la determinación de remitir el proceso analizado al Tribunal Administrativo del Magdalena, pues consideró que se vulneró el debido proceso de la parte demandante de escoger el escenario judicial en el que ventilaría su controversia, tal y como a prevención lo señaló el artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El amparo elevado fue negado en primera instancia por esta Corporación a través de fallo de 31 de enero de 2014 (fls. 5 y 146-160, cdno. ppal.).

5. En virtud del recurso de apelación impetrado por el accionante de tutela en contra de la sentencia citada, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por intermedio de providencia del 5 de junio de la misma anualidad, decidió revocar el fallo referenciado y, en su lugar, ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuar con el trámite del proceso de reparación directa iniciado contra la Nación-Rama Judicial. Tal determinación se fundamentó en que la demandada estaba representada litigiosamente por el director ejecutivo de Administración Judicial(3), el cual tenía como domicilio o sede principal la ciudad de Bogotá D.C., razón por la cual era factible elevar la pretensión reparatoria en la ciudad referenciada (fls. 164-184, cdno. ppal.).

6. Luego de ser requerido el plenario por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de auto del 14 de marzo de 2016 su similar del Magdalena dispuso citar a la audiencia contemplada en el artículo 126 del Código General del Proceso. Esto para reconstruir el expediente, toda vez que “no [fue] posible hallar físicamente el proceso de la referencia en la secretaría de es[a] corporación (…)” (fls. 188-189, cdno. ppal.).

7. Frente a la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante, mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2016, impetró solicitud de aclaración. El 27 de abril del mismo año, el Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió la petición esbozada de manera negativa y fijó fecha para la realización de la audiencia de reconstrucción a llevarse a cabo el día 26 de mayo de la misma anualidad (fls. 210-213, cdno. ppal.).

8. Una vez denegada la aclaración, el extremo actor interpuso recurso de reposición contra el auto del 14 de marzo de 2016, el cual fue desatado favorablemente a través de providencia del 18 de mayo del mismo año. En consecuencia de lo anterior, se ordenó la remisión de las pocas actuaciones contenidas en el plenario al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (51 folios) (f. 224-226, cdno. ppal.).

9. El 20 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó a audiencia de reconstrucción de expediente a celebrarse el 27 de junio de la misma anualidad (f. 229-230, cdno. ppal.). Posteriormente, a través de un nuevo proveído se modificó la fecha de realización de la reconstrucción fijándose la misma para el 4 de agosto de 2016 (f. 240-242). Tanto el extremo demandante como su apoderado decidieron no asistir a la diligencia programada por “(…) razones de dignidad (…) dado que con el precedente que se ha[bía] sentado s[entían] que no t[enían] garantías y que nada le[s] asegura[ba] que el día de mañana v[olviera] a desaparecer el expediente sin que se h[iciera] nada para esclarecer las circunstancias que rodearon un hecho extremadamente grave” (fl. 243-246, cdno.ppal.).

10. Sin la presencia de la parte demandante, de acuerdo al registro web de la Rama Judicial, el 4 de agosto de 2016 se llevó a cabo la audiencia de reconstrucción de expediente (fl. 12, cdno. ppal.).

11. El 16 de noviembre de 2016 se instaló la audiencia inicial(4) sin la asistencia de la parte demandante ni de su apoderado por supuestos inconvenientes de salud. En la citada diligencia, según el dicho de este último (fl. 12, cdno. ppal.):

“(…) el magistrado Garzón Martínez, al fijar el litigio, excluyó los doce (12) primeros hechos de la demanda con el argumento de que a la par con la demanda contra la rama judicial yo había interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena el recurso extraordinario de revisión alegando que el proceso por la muerte del transportador tenía que haber sido fallado por el Tribunal Administrativo del Magdalena en primera instancia y por la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia, razón por la cual se le había desconocido a esta familia el juez natural. Dijo el magistrado Garzón que el recurso extraordinario de revisión ya había sido fallado por el Consejo de Estado y que en esa sentencia de revisión decía que el recurso no prosperaba porque, en realidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado no habría tenido que fallar el proceso en segunda instancia, como el recurso decía, por lo cual el cargo que yo hacía en la demanda contra la Rama Judicial de que se había violado el derecho al juez natural al no fallar aquel proceso en segunda instancia el Consejo de Estado era un tema ya definido.

Empero la exclusión que el magistrado Garzón hizo de esos 12 hechos violó la ley (…)”.

12. De acuerdo a lo narrado por la parte demandante en la petición objeto de estudio, en el transcurso de la audiencia inicial se decretaron las pruebas correspondientes y se fijó fecha para la continuación de la misma para el 23 de noviembre de 2016 (fl. 15, cdno. ppal.).

13. Según el sistema de gestión web de la Rama Judicial, el 21 de noviembre de 2016 los demandantes solicitaron la interrupción del proceso y la nulidad(5) de todo lo actuado durante los días 15, 16 y 17 de noviembre de la misma anualidad, para lo cual allegaron como prueba sumaria de los motivos de inasistencia a la audiencia inicial: i) incapacidad médica por tres días a partir del 15 de noviembre de 2016 otorgada al apoderado del extremo accionante, Óscar Humberto Gómez Gómez; y ii) copia de historia clínica del mismo (fl. 15, cdno. ppal.).

14. Según constancia secretarial del 22 de noviembre de 2016, el despacho sustanciador decidió que se pronunciaría respecto de las solicitudes elevadas por la parte actora(6) en la continuación de la audiencia inicial(7). Debe destacarse que de acuerdo al sistema de gestión de procesos de la rama judicial, a la fecha no se ha llevado a cabo tal diligencia, por lo que no se ha resuelto la petición referenciada.

15. Mediante memorial radicado ante esta corporación el 6 de diciembre de 2016, la parte demandante solicitó el cambio de radicación del proceso de la referencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a su homólogo de Santander. Lo anterior, sin esbozar argumentación concreta referente a alguna de las causales contempladas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto, primero, el órgano colegiado al cual se solicitaba el traslado del plenario se encontraba ubicado en el domicilio de la demandante principal y del apoderado, es decir, la ciudad de Bucaramanga, lo que acabaría con las dificultades para la representación en la ciudad de Bogotá. Y, segundo, el solicitante suponía que su petición de interrupción del proceso y la consecuente nulidad parcial del mismo, sería indebidamente negada por el Tribunal, no “(…) dándo[l]e la oportunidad de controvertir las decisiones tomadas (...)” (fls. 1-16, cdno. ppal.).

16. En la referida solicitud de cambio de radicación, luego de efectuarse un recuento del trámite procesal de la controversia, el peticionario adujo específicamente, como motivos de inconformidad, i) el hecho de que se hubiera reconstruido el expediente sin que se compulsaran copias a los entes encargados de determinar la posible comisión de delitos y faltas disciplinarias derivadas de la pérdida del plenario contentivo del medio de control de reparación directa; ii) la dificultad de encontrar un apoderado sustituto que atendiera las audiencias llevadas a cabo en la ciudad de Bogotá; y iii) el “presentimiento” de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegaría la solicitud de interrupción del proceso y la consecuente nulidad de lo actuado en la audiencia inicial, solicitada por el extremo actor (f. 1-16, cdno. ppal.).

Consideraciones

I. Competencia

17. Esta corporación es competente para decidir el presente asunto en los términos del artículo 150 del C.P.A.C.A., modificado por la norma 615 de la Ley 1564 de 2012, por tratarse de una solicitud de cambio de radicación de un proceso de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En adición a lo anterior, la Sala Plena de la Sección Tercera es a quien corresponde resolver la petición objeto de estudio en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003; y por el artículo 1º, numeral 4º del Acuerdo 148 de 2014, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

II. Problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala determinar la procedencia o no del cambio de radicación del presente medio de control de reparación directa. Sin embargo, para poder establecer la viabilidad de la petición sub judice, esta Corporación debe, en primera medida, estudiar la posibilidad de encuadrar al menos uno de los fundamentos expuestos por el solicitante dentro de alguna de las causales legales que dan fundamento a la aplicación de la figura procesal analizada en la presente providencia.

III. Análisis de la Sala

19. Con fines de claridad y por razones de orden metodológico, para resolver el problema jurídico planteado se analizará en primer lugar, la institución procesal del cambio de radicación en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En segundo término, la Sala estudiará los argumentos expuestos en la solicitud elevada por la parte demandante, para así contrastarlos con las causales de procedencia del cambio de radicación contempladas en la ley procesal y viabilizar o no su aplicación al caso concreto.

20. El cambio de radicación contemplado en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la disposición 615 del C.G.P., se constituye como una novedad vigente en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde la promulgación del nuevo estatuto procesal civil el 12 de julio de 2012, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 627 de dicho cuerpo normativo, el cual dispuso que la modificación referida tuviera efectos jurídicos desde la promulgación del citado Código General del Proceso.

21. Como previamente lo ha expuesto esta Corporación(8), el cambio de radicación se forja como una figura particular y excepcional de alteración de la competencia cuando en el lugar en donde se viene tramitando el proceso se presentan circunstancias que puedan afectar: i) el orden público, ii) la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, iii) las garantías procesales, iv) la seguridad o integridad de los intervinientes, y v) cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura(9).

22. Cabe recordar que la competencia es “la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diferentes autoridades judiciales(10)”. Dicha piedra angular del derecho de acceso a la justicia permite repartir, de acuerdo a los preceptos legales y en algunos casos a la voluntad de las partes por expresa autorización normativa, el poder de jurisdicción entre los distintos operadores judiciales que conforman esta rama del poder público.

23. Con el ánimo de garantizar la imparcialidad, la transparencia y así respetar lo que modernamente se cataloga por la ciencia jurídica como el derecho al debido proceso, los precursores de la especialidad adjetiva estructuraron el principio de la “Perpetuatio Jurisdictionis”, el cual es definido como la situación de hecho que se establece al momento de admitir la demanda, la cual fija la competencia para conocer del asunto hasta el fin del juicio, salvo que se introduzca al ordenamiento un cambio normativo que altere el conocimiento de la controversia antes de que se expida la sentencia correspondiente(11).

24. Respecto al principio traído a colación y a la forma en que tradicionalmente se ha permitido alguna variación respecto del juzgador competente, esta Sección, previo a la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concluyó(12):

“En ese contexto, aunque la perpetuatio jurisdictionis, principio legal, tiene como regla la inmodificabilidad de “ciertos derechos de las partes, como los relativos a la competencia del juez que ha de decidir la litis, a que el proceso se desarrolle conforme a la ordenación ritual y a que no se alteren las actuaciones fundamentales del mismo” y se determina al momento de la interposición de la demanda (C. P. C., art. 21), el mismo legislador puede excepcionar la regla que es de naturaleza procesal y de aplicación inmediata. Por ello la doctrina ha dicho, en palabras del profesor Devis Echandía y citando a Chiovenda, que “La perpetuatio jurisdictionis no existe frente a las nuevas leyes procesales, y sólo se aplica para las circunstancias de hecho que determinan la competencia en relación con estos factores: valor, territorio, domicilio y calidad de las partes. Si la nueva ley cambia la competencia o la rama jurisdiccional que debe conocer del proceso, tiene aplicación a los procesos en curso”.

25. No obstante lo anterior, debe destacarse que una nueva forma admitida por la legislación procesal contenciosa administrativa para alterar la perpetuatio jurisdictionis es, precisamente, la institución del cambio de radicación. En concordancia con la relevancia de este tipo de solicitudes, el legislador de 2012 radicó en cabeza del Consejo de Estado la responsabilidad de determinar la viabilidad o no de la modificación del operador judicial designado para tramitar y resolver aquellas controversias que estén siendo afectadas por alteraciones al orden público, la imparcialidad y autonomía del juzgador y en general, donde se vean mermadas las garantías y la seguridad de los actores del proceso judicial. Respecto al instrumento sub examine, esta Sala explicó(13):

“Pese a que el Código General del Proceso no define el cambio de radicación, la Sala precisa que esta figura, nueva en el proceso contencioso administrativo, comporta de suyo la intervención del juez en uno de los elementos de las garantías fundamentales al debido proceso. En efecto, cambiar de radicación no es otra cosa que alterar el juez que había resultado competente conforme a las reglas generales de competencia.

(…)

Así las cosas, la aplicación de dichas excepciones por parte de esta corporación supone una decisión razonable, proporcional y ponderada, que permita concluir si la medida a tomar, esto es, el cambio de radicación de determinado proceso, tiene como finalidad proteger intereses o bienes jurídicos relevantes; es idónea, para alcanzar la finalidad propuesta; es indispensable o necesaria; y finalmente, si es o no proporcionada a los hechos que le sirven de causa”.

26. Como puede extractarse de la jurisprudencia transcrita, este cuerpo colegiado ha aclarado que para que sea factible acceder a una petición de cambio de radicación, al ser una alteración relevante al derecho al debido proceso, debe entonces constituirse esta como una medida razonable, proporcional, ponderada, idónea y necesaria para proteger intereses superiores de las partes en conflicto frente a condiciones externas al proceso en sí mismo.

27. El Consejo de Estado ha señalado, además, que la solicitud puede ser formulada “(…) por cualquiera de los sujetos procesales dentro de los que se incluye a los terceros intervinientes o por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (…)(14)” y que esta debe “(…) estar sustentada y acompañada de elementos que permitan acreditar los hechos que se alegan como fundamento de la petición, de tal forma que esta Corporación en cada caso evalúe la situación y pueda tomar la decisión que corresponda, bajo criterios de utilidad, necesidad y proporcionalidad(15)”.

28. Vale recordar que este instrumento no es más que una herramienta de materialización de los postulados del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (protección judicial)(16), cuando las alteraciones al debido proceso y a la seguridad de las partes devengan de agentes del Estado o de aquellos que actúen con su anuencia, los cuales impidan ejercer las garantías judiciales contempladas en el artículo 8 de la Carta Interamericana.

29. Remitiéndose al caso concreto, en primer lugar, es necesario señalar que a través de memorial radicado ante esta Corporación el 6 de diciembre del año anterior, la parte demandante solicitó el cambio de radicación del proceso de la referencia sin esbozar en cuál de las causales contempladas en el artículo 150 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 615 del C.G.P., estaba contenida la situación fáctica que sustentaba la petición. En otros términos, el extremo solicitante no adujo si el requerimiento de variación de la competencia del plenario estudiado se fundamentaba en circunstancias que afectaban el orden público, la imparcialidad o independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la integridad de los intervinientes o si se estaba en presencia de serias deficiencias en la gestión de la controversia tramitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

30. No obstante lo anterior, en aplicación y observancia de los principios constitucionales(17) de acceso a la administración de justicia(18), de la primacía del derecho sustancial sobre el formal(19) y del principio pro actione(20), la Sala, al interpretar la descripción de los hechos plasmados en la solicitud sub judice, concluye que la principal motivación para peticionar el cambio de juez de conocimiento en el caso concreto, además de la circunstancia anómala de que el expediente original se haya extraviado y que se suponga, sin más, que la autoridad judicial decidirá en detrimento de los intereses de la parte actora, es la presunta dificultad de atender o vigilar el proceso en la ciudad de Bogotá, en consideración a que el domicilio tanto de la demandante principal como de su apoderado se encuentra fijado en la capital del departamento de Santander.

31. En lo referente a la solicitud de planteada por la parte actora, la Sala advierte que, como se expondrá a continuación, dicha petición no tiene vocación de prosperar, toda vez que el hecho principal de no residir en el mismo distrito judicial donde se ubica el juez de una causa, así como las otras circunstancias aducidas —accesoriamente—, no constituyen per se una motivación suficiente, proporcional, útil y necesaria para ordenar el cambio de radicación de un proceso, máxime si este se tramita en la ciudad en donde el solicitante activó el aparato jurisdiccional de acuerdo a la facultad contenida en el artículo 156 del nuevo estatuto adjetivo contencioso administrativo.

32. Dicha argumentación, de acuerdo a la hermenéutica de la Sala, podría catalogarse en los términos del artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 como una supuesta afectación a las garantías procesales del derecho a la tutela judicial efectiva o de acceso a la administración de justicia, al supuestamente impedirle al extremo solicitante ejercer de manera adecuada las prerrogativas sustanciales y adjetivas que el modelo procesal le brinda, pues residir en Bucaramanga, presuntamente limita e incluso imposibilita la asistencia de la parte activa y de su apoderado al sitio de ubicación del Tribunal que a la fecha tramita la causa.

33. Respecto a la situación fáctica descrita, esta Corporación considera que residir en un lugar diferente al distrito judicial donde se encuentra el juez de determinada causa no constituye una razón suficiente y necesaria para alterar el principio de la Perpetuatio Jurisdictionis, toda vez que, aunque no se desconoce que tal situación puede generar dificultades tanto a la parte como a su apoderado máxime si este último presenta supuestamente problemas de salud, ello puede ser remediado a través de las potestades que la legislación adjetiva contempla para situaciones como la analizada, tal como es la sustitución del poder a un profesional del derecho que pueda acudir a las distintas actuaciones judiciales surtidas en la ciudad de Bogotá, sede del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

34. Vale señalar en este punto, como lo efectuó la Sala Plena de la Sección Segunda de este alto Tribunal en providencia anterior respecto a un caso con un fundamento fáctico similar al ahora estudiado, que el no residir en la misma ciudad donde se tramita una controversia judicial no constituye una limitación a la efectividad del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de los actores en conflicto. Al respecto señaló este órgano colegiado(21):

“(…) resulta evidente que su fundamento no se enmarca dentro de ninguna de las condiciones previstas por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, esto es, no aduce afectación del orden público en el lugar donde tiene su sede el Juzgado Primero Administrativo de Pamplona que pueda incidir en la imparcialidad e independencia de la administración de justicia, o en el ejercicio de sus garantías procesales, o la seguridad e integridad de los sujetos intervinientes; tampoco menciona que se hubieren dado serias irregularidades en el trámite procesal por deficiencias en la gestión y celeridad del proceso, que amerite la intervención del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

Los argumentos en que se apoya el peticionario del cambio de radicación son dos: 1) que al no poder hacerse presente en el juzgado para vigilar personalmente el proceso, por no ser oriundo de Pamplona y hallarse radicado en la ciudad de Cali por razones de seguridad, sus garantías procesales se están viendo afectadas; y 2) que su integridad y la de su familia se pondría en riesgo en el evento de tener que asistir a una audiencia en la ciudad de Pamplona con ocasión del precitado proceso.

(…)

No tiene asidero probatorio la afirmación según la cual la imposibilidad de hacer presencia diaria y personal el demandante en el despacho judicial donde cursó su proceso, garantice la efectividad de sus derechos procesales y, menos aún, que ello se constituya en causal de cambio de radicación”.

35. De la mano con lo expuesto, esta Sala comparte el criterio fijado por la Sección Segunda del máximo Tribunal de lo contencioso administrativo, y destaca que la figura de la sustitución del poder contemplada en el artículo 75 del compendio adjetivo civil se erige como un remedio idóneo para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso de la parte demandante en el caso concreto, más allá de las dificultades que el apoderado del extremo actor denuncia como supuestas imposibilidades para encontrar a un profesional que lo reemplace durante los trámites procesales surtidos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —supra párr.16—.

36. Es necesario recalcar que la Sala Plena de la Sección Tercera expuso con anterioridad que para que sea procedente el cambio de radicación por la causal de afectación de las garantías procesales, es necesario que el restablecimiento de estas no pueda obtenerse por las vías procesales ordinarias, lo que no ocurre en el sub lite, donde es factible que el apoderado de la parte demandante acuda a la figura de la sustitución del poder para garantizarle a sus prohijados una idónea representación judicial. De manera puntual concluyó esta Corporación(22):

“Considerado así el asunto, en estos casos procederá el cambio de radicación en aquellas situaciones excepcionales que por su intensidad y magnitud hacen imposible que se le brinden a las partes del proceso contencioso administrativo las garantías procesales a que constitucionalmente tienen derecho(23). Se trata de circunstancias externas y ajenas a la voluntad del juez y de las partes, que rompen las estructuras garantes del proceso, por lo tanto, se reitera, la causal no procede cuando se trate de situaciones internas del proceso donde se alegue la ruptura de las garantías procesales, en cuanto estas hipótesis deben ser enfrentadas a través de los remedios ordinarios que establece el Código General del Proceso (…)”.

37. Otra de las razones que motiva a esta corporación a negar la procedencia del cambio de radicación del plenario objeto de estudio, es que durante varios años los demandantes, a través de su apoderado, se esforzaron por mantener la competencia para conocer del sub lite en cabeza del Tribunal Administrativo de Cundinamarca —supra párr. 1.1, 4, 5, 7, 8—, hasta el punto de recurrir a una acción de tutela para que el expediente no fuera remitido al homólogo del Magdalena, razón por la cual esta Sala no encuentra razonable que una vez finiquitada a su favor dicha disputa jurídica, los mismos actores peticionen la alteración del juez designado para remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Santander.

38. Respecto al segundo argumento planteado por los peticionarios, la Sala llama la atención de la parte solicitante, pues aclara que el cambio de radicación no constituye una alternativa para variar el juzgador competente cuando no se está de acuerdo con las decisiones que este toma en el curso del proceso, pues, como lo ha señalado el Consejo de Estado, limitar el principio de la Perpetuatio Jurisdictionis es un evento excepcional que requiere de un sustento probatorio sólido para su decreto, y no puede ser concedido simplemente por disparidad de criterios jurídicos existentes entre las partes y el fallador de la controversia.

39. La precisión anterior se fundamenta en los cuestionamientos elevados por la parte solicitante en el escrito contentivo de la petición bajo análisis supra párr. 9 y 16, en el cual esgrimió que el magistrado ponente perteneciente a la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no brindaba garantías al extremo actor, toda vez que no puso en conocimiento de las autoridades competentes la presunta comisión de hechos punibles derivados de la desaparición del expediente que contenía el medio de control de reparación directa en contra de la Nación-Rama Judicial, lo que no “(…) le asegura[ba] que el día de mañana v[olviera] a desaparecer el expediente sin que se h[iciera] nada para esclarecer las circunstancias que rodearon un hecho extremadamente grave”.

40. En complemento con lo señalado y como tercer argumento para elevar la presente petición, los solicitantes manifestaron su desconcierto ya que veían muy factible la posibilidad de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegara su petición de interrupción del proceso y la consecuente nulidad de lo actuado en la audiencia inicial, lo que no “(…) retrotraería la actuación para volver a comenzar la audiencia inicial desde el principio [no] dándo[le] la oportunidad de controvertir las decisiones tomadas en ella, entre otras la exclusión de los primeros doce hechos de la demanda” (f. 16, cdno. ppal.).

41. Respecto a las afirmaciones reseñadas, la Sala recalca que, de no compartir las decisiones tomadas por el Tribunal competente, la parte demandante puede censurarlas a través de los recursos ordinarios que la ley procesal contenciosa administrativa contempla o, por ejemplo, tomar por sí misma las acciones tendientes a poner en conocimiento de las autoridades penales y disciplinarias los hechos que considera son de la esfera de conocimiento de dichos organismos. En referencia a la precisión efectuada, esta corporación aclaró(24):

“El cambio de radicación no constituye un medio para impugnar decisiones contrarias a los intereses de las partes, pues lo que el legislador pretendió con dicha figura fue garantizar a las partes y a los intervinientes el respeto de sus derechos, cuando se presenten, en el lugar donde se está tramitando, circunstancias que impidan una correcta administración de justicia”.

42. Finalmente, en relación con la posible nueva desaparición del expediente reconstruido y a la presunta negativa de la nulidad solicitada por los actores, debe recalcarse que la aplicación del cambio de radicación (…) no obra de manera automática e indiscriminada, con la simple formulación de argumentos subjetivos esgrimidos por el interesado por temores infundados, sino que requiere de un escenario de tal envergadura que (…) estructure el rompimiento de las condiciones de normalidad en el orden público(25) (…). En concordancia con lo señalado, debe la Sala llamar la atención del extremo solicitante respecto a los supuestos temores que pone en conocimiento de esta Corporación, pues, con base en el principio de buena fe, no puede presumir el mal proceder de los ciudadanos y mucho menos de los funcionarios investidos de la facultad jurisdiccional, a quienes les asiste un deber de conducta superior y, en todo caso, están sujetos a los controles normativos que el ordenamiento jurídico brinda para garantizar la propia seguridad de los asociados y el imperio constitucional y legal.

43. En conclusión, debe esta Sala denegar el cambio de radicación peticionado, en razón a que en el presente asunto no se demostró siquiera sumariamente que exista circunstancia alguna que impida el respeto por las garantías procesales de las partes, pues el extremo peticionario simplemente se limitó a esgrimir argumentos de los que se deduce su inconformidad con las decisiones tomadas en el transcurso de la primera instancia y que son contrarias a sus intereses(26).

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

1. NEGAR la solicitud de cambio de radicación interpuesta por la parte actora y, en consecuencia, continuar con el trámite del presente asunto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

2. REMÍTASE el asunto de la referencia al aludido tribunal con el fin de que forme parte del expediente de origen.

Notifíquese y cúmplase

MagistradoS: Danilo Rojas Betancourth—Marta Nubia Velásquez Rico—Stella Conto Díaz Del Castillo—María Adriana Marín—Ramiro Pazos Guerrero—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Carlos A. Zambrano Barrera.

1 Información corroborada a través de la página de consulta de procesos de la Rama Judicial: http://procesos.ramajudicial.gov.co/

2 Decisión confirmada a través de proveído del 30 de mayo de 2013, pronunciamiento fruto del recurso de reposición impetrado por el extremo actor en contra de la decisión remisoria al Tribunal Administrativo del Magdalena (f. 122-123, cdno. ppal.).

3 L. 1437/2011, art. 159.

4 Corroborado por el sistema de gestión de la rama judicial: http://procesos.ramajudicial.gov.co/

5 El fundamento de la petición anulatoria fue que supuestamente se adelantó la audiencia inicial luego de ocurrida una causal de interrupción de proceso (C.G.P., art. 133) (fls. 252-253, cdno. ppal.).

6 Debe destacarse que el día 22 de noviembre de 2016, el apoderado de la parte demandante reitera estas solicitudes y además esgrime in extenso su inconformidad con la fijación del litigio expuesta por el magistrado sustanciador de la controversia en el marco de la audiencia inicial.

7 Sistema de gestión web de la rama judicial: http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/

8 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 26 de mayo de 2016, exp. 11001032800020160004500. C.P. Rocío Araujo Oñate.

9 Artículo 150, Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del C.G.P.

10 Mattirolo, Luis. Tratado de derecho judicial civil, t I. Editorial Reus, Madrid, pág.3.

11 Devis Echandía, Hernando. Nociones generales de Derecho Procesal Civil, segunda edición. Editorial Temis, Bogotá, 2009, págs. 118-120.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 25 de mayo de 2006, Exp. 31664, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 6 de diciembre de 2012, Exp. 45679. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

14 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 23 de abril de 2013, exp. 11000103280002013000900. C.P. (E): Susana Buitrago; reiterado por: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 26 de mayo de 2016, exp. 11001032800020160004500, C.P. Rocío Araujo Oñate.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 6 de diciembre de 2012, Exp. 45679, C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

16 “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

17 Tal como lo prescribe el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.

18 Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda: “(...) la relevancia del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo que consagra el canon 228 Superior, resulta notable en la medida en que la interpretación que se haga de las normas procesales que consolidan el acceso a la justicia, en virtud de este principio, debe entenderse “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley”.

19 Constitución Política de Colombia, artículo 228.

20 “Bajo tal precepto, se ha entendido que el sentido de interpretación del juez y en especial del juez constitucional, en cualquiera de las cuatro acciones constitucionales, debe permitir el acceso a la administración de justicia, interpretando el recurso o acción interpuesta, de la manera más favorable para la efectividad de los derechos”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Providencia del 8 de marzo de 2002, exp. ACU 1235. C.P. Jesús María Carrillo.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 12 de marzo de 2014, Exp. 2141-13. C.P: Gustavo Gómez Aranguren.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 6 de diciembre de 2012, Exp. 45679. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

23 [Las garantías procesales fundamentales, entendidas estas como “los presupuestos incanjeables que la litis debe tener para salvaguardar el debido proceso,” por oposición a las reglas que disciplinan el debate y las reglas que “conforman la regulación adjetiva con modalidades y efectos que pueden ser distintos de acuerdo con la naturaleza del conflicto”. Osvaldo Alfredo Gozaíni, “La oralidad como principio político y como sistema para el debate”, en XXXI, Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, 2010, p. 1046].

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014, Exp. 1881-13. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 12 de marzo de 2014, Exp. 2141-13. C.P: Gustavo Gómez Aranguren.

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014, Exp. 1881-13. C.P. Alfonso Vargas Rincón.