AUTO 2016-00185/59900 DE FEBRERO 28 DE 2018

 

Auto 2016-00185/59900 de febrero 28 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 76001-23-33-007-2016-00185-01 (59900)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: Beneficencia del Valle del Cauca

Demandado: Empresas Municipales de Cali –Emcali– EICE E.S.P.

Bogotá D.C., veintiocho de febrero de dos mil dieciocho

El despacho decide sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que adecuó la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y rechazó la misma, porque había operado la caducidad, visible a los folios 126 a 130 del cuaderno principal.

I. Antecedentes

1. El doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016), la Beneficencia del Valle del Cauca (en adelante la Beneficencia) presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa(1), con la pretensión de que se declarara administrativamente responsable a Empresas Municipales de Cali —Emcali—, por los perjuicios causados con el cobro coactivo por el cual resultó embargada la Beneficencia.

2. Subsanada la demanda(2), el tribunal la adecuó, ya que juzgó que esta debía tramitarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. A partir de esta consideración, el a quo procedió a rechazarla, porque consideró que había operado el fenómeno de la caducidad(3).

4. Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, solicitando que se revocara el anterior proveído del tribunal y se accediera a la admisión de la demanda.

5. Mediante auto del veintiuno (21) de julio de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concedió el recurso de apelación y remitió el expediente al Consejo de Estado(4).

II. Consideraciones

1. Competencia.

En virtud del artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA—(5), concordante con los artículos 150(6) y 243(7) de la misma codificación, esta Despacho es competente para resolver el auto que rechazó la demanda en primera instancia.

2. Del recurso y su fundamento.

Como fundamento de su ataque a la decisión del tribunal, el recurrente sostuvo que no cabía promover demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que el perjuicio que se le había ocasionado no había sido el resultado de un acto administrativo del que fuera destinataria. El perjuicio ocasionado —aduce— fue el resultado de un embargo de recursos, que se produjo sin que hubiera un soporte que acreditara que la Beneficencia del Valle del Cauca estuviera obligada a pagar la obligación requerida.

Por otro lado, la Beneficencia del Valle del Cauca manifestó que la caducidad debía computarse a partir del auto que decretó el embargo y retención de las sumas correspondientes. Argumenta que al no haber sido notificada de la liquidación de la creencia, debido a que el proceso coactivo se adelantó contra una persona diferente, no se encontraba en condiciones de pronunciarse sobre esta.

3. Problema jurídico.

¿El mecanismo de control de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de los perjuicios causados por el proceso de cobro coactivo contra el demandante? Y, de acuerdo con ello ¿la demanda fue instaurada en la oportunidad que exige la ley?

4. Solución al caso.

i. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa

Con el fin de ejercer control sobre las diferentes manifestaciones de la administración que generan algún tipo de perjuicio —actos, acciones, omisiones y ocupaciones, entre otros— el legislador creó diferentes medios o vías de acceso a la jurisdicción que se determinan, en lo que respecta a su ejercicio, por la fuente u origen del daño causado.

Así, cuando el daño provenga de un hecho, acción u omisión de entidades públicas o particulares en ejercicio de funciones públicas, corresponde al afectado ejercer el medio de control de reparación directa (art. 140, CPACA); mientras que los daños ocasionados con actos administrativos tendrán que reclamarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por regla general (art. 138, CPACA). El término de caducidad de la acción varía de acuerdo con el medio de control que proceda (art. 164, CPACA).

ii. Caso en concreto.

Esta corporación ha definido el proceso de cobro coactivo como “la potestad exorbitante que tiene la administración para cobrar, directamente y sin intervención judicial, las deudas que se encuentren a su favor”(8). Todo lo anterior, con el fin de recaudar en forma rápida las deudas a favor de las entidades públicas, para así poder lograr el eficaz cumplimiento de los cometidos estatales(9).

El estatuto tributario fijó el trámite de cobro coactivo que deben agotar las entidades públicas para el recaudo de las deudas a su favor. El artículo 835 de dicho Estatuto identifica los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo que son demandables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a saber: Las resoluciones que fallan las excepciones y las que ordenan llevar adelante la ejecución(10). El artículo 101 del CPACA añadió que también serán demandables los actos que liquiden el crédito(11).

No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que, además, existen otros actos proferidos en el proceso de cobro coactivo, cuyo conocimiento corresponde también a la jurisdicción contencioso-administrativa. Al respecto, esta Corporación ha manifestado que:

“[…] el artículo 833-1 ibídem prevé que las actuaciones administrativas realizadas en el marco de este proceso son de mero trámite y que, por ende, contra éstas no procede ningún recurso, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas. Sin embargo, la Sala ha sostenido que el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que, sin ser las señaladas por el artículo 835 citado, pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, que bien pueden crear una obligación distinta, como es el caso de la liquidación del crédito o de las costas. Con ello, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales, recientes, o posteriores a la expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones” (negrilla añadida)(12).

Conforme lo anterior, la Sala ha declarado que los actos administrativos que decretan el embargo pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo:

“[…] como lo ha considerado la Sala en anteriores oportunidades existen ciertas decisiones de la Administración en los procesos de cobro coactivo que los administrados pueden controvertir y que de no ser así quedarían desprovistas de tutela jurídica y de control jurisdiccional. Así, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales o recientes, o las surgidas con posterioridad a la expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, esto es, aquellas que se generaran por actuaciones como los embargos de que trata el artículo 86 de la Ley 6 de 1992 (ad. art. 839-1, E.T.), o el remate de bienes del ejecutado, la aprobación del mismo, su cumplimiento y el pago al acreedor, situaciones a las que a falta de norma en el sistema tributario específico, cabe aplicar las pertinentes del Código de Procedimiento Civil, conforme a lo previsto por los artículos 839-2 y 840 del Estatuto Tributario” (énfasis fuera del texto)(13).

Así las cosas, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce conflictos de legalidad de los actos administrativos que hacen parte del proceso de cobro coactivo no contemplados en el Estatuto Tributario, como son el acto que decreta el embargo y el de liquidación del crédito.

No obstante, en este asunto la parte actora alega lo siguiente:

a) “La Beneficencia del Valle es una empresa industrial y comercial de estado, que se identifica no (sic) Nit 890.399.027-0, constituye una persona jurídica individual con derechos y obligaciones propios.

b) La Beneficencia del Valle no conoce ni tiene ningún tipo de relación con la entidad a la cual le fue dictado el auto de Mandamiento de Pago [sic] No. 1616 de septiembre 26 de 2007: ‘Centro Imbanaco’.

c) La Beneficencia del Valle es propietaria de un inmueble respecto del cual se constituyo [sic] una persona jurídica individualmente considerada, denominada Centro Comercial y Residencia Imbanaco I, a través del reglamento de propiedad horizontal adoptado mediante Escritura Pública [sic] 3899 de 11 de octubre de 2002, de la Notaría 11 de Cali.

d) La Beneficencia del Valle nunca fue notificada del título ejecutivo que dio lugar al mandamiento de pago No. 1616 de septiembre 26 d[e] 2007, el cual a la fecha aun [sic] desconoce.

e) La Beneficencia del Valle nunca tuvo la oportunidad de agotar la vía gubernativa frente al título ejecutivo, por cuanto nunca se le notifico [sic].

f) Emcale EICE ESP, [sic] no ha iniciado un proceso de cobro coactivo contra la Beneficencia del Valle, ni como deudor principal ni como deudor solidario.

g) A la Beneficencia del Valle nunca se le notifico [sic] el mandamiento [sic] ejecutivo 1616 de septiembre 26 de 2007, razón por la cual no pudo presentar excepciones.

h) No existe ningún acto administrativo que se haya expedido contra la Beneficencia del Valle que pudiera ser objeto de debate a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del Derecho [sic].

i) El embargo y secuestro de bienes decretado [sic] por Emcali EICE ESP, contra la Beneficencia del Valle, y la retención de la suma de $ 705.252.122 carece de fundamento legal y factico, constituyéndose en una evidente vía de hecho generadora de un daño antijurídico que no tiene que soportarse.

j) La liquidación del crédito violó el término para presentar objeciones a la misma, y adicionalmente la citación para su notificación solo se [sic] fue enviada a mi representada el día 12 de junio de 2014, en la misma fecha en la que se había dictado el auto de terminación del proceso por pago” (subrayado añadido)(14).

Ahora bien, la Corte Constitucional ha indicado que una vía de hecho se presenta en aquellos eventos en los que una entidad administrativa o judicial adopta una decisión que resulta arbitraria y en completa desconexión con el ordenamiento jurídico(15).

La jurisprudencia contencioso-administrativa, por su parte, ha manifestado lo siguiente:

“Para que pueda hablarse de vía de hecho, debe estar claro ante los ojos del juzgador que la actuación administrativa se ejercitó sin facultad legal, o sin el respeto del procedimiento que para dicho obrar ha establecido la ley”(16).

En igual sentido, ha señalado esta Colegiatura que la vía de hecho:

“[…] se configura y caracteriza por dos elementos especiales: por una parte, cuando la administración ha pretendido ejercitar un derecho que la ley no le otorga; por otra, cuando la administración obra sin observar el procedimiento que se le ha impuesto”(17).

La doctrina, por su parte, a pesar de establecer diversas acepciones del concepto de vía de hecho administrativa, ha coincidido en la aceptación de unos elementos o supuestos que permiten identificar esta figura jurídica, los cuales se describen a continuación.

1. Actividad administrativa material: la vía de hecho se configura a partir de una operación material de la administración, en la que existe una ejecución de la decisión adoptada o como algunos lo consideran, una amenaza concreta de la ejecución de una medida manifiestamente ilegal(18).

2. Una irregularidad manifiesta o un vicio jurídico: para que el acto ilegal configure una vía de hecho, es necesario que goce de la gravead suficiente para desnaturalizar toda la operación material desplegada y ser incompatible con cualquier norma legal o reglamentaria.

3. Atentado: no todo atentado que la administración efectúe contra un particular constituye una vía de hecho; el atentado que provenga de la administración tiene que estar dirigido a generar una afectación en el derecho a la propiedad o una libertad pública(19).

En el caso en concreto, este Despacho observa que Emcali inició un proceso de cobro coactivo en contra del Centro Imbanaco, por la suma de noventa millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y nueve pesos ($ 90.981.479), más los correspondientes recargos, correspondientes a los servicios de energía, acueducto y alcantarillado prestados al suscriptor número 65913, mediante mandamiento ejecutivo número 1616 de veinte seis (26) de septiembre de dos mil siete (2007)(20).

Posteriormente, a través del auto de embargo número 0017 del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), Emcali decretó el embargo y retención de las sumas de dinero de cualquier título bancario que poseyera la Beneficencia del Valle del Cauca, por un valor de setecientos cinco millones doscientos cincuenta y dos mil ciento veintidós pesos ($ 705.252.122). En dicho auto, Emcali expresó en forma imprecisa, al parecer, que había librado orden de pago en contra de la Beneficencia del Valle del Cauca con el mandamiento ejecutivo número 1616 del veintiséis (26) de septiembre de dos mil siete (2007)(21).

Emcali expidió, por otro lado, un acta de liquidación del crédito y costas procesales, el veintiséis (26) de mayo del dos mil catorce (2014), por el cual fijó la suma de setecientos cinco millones doscientos cincuenta y dos mil ciento veintidós pesos ($ 705.252.122), por concepto de liquidación del crédito que se debía pagar en favor de dicha empresa prestadora de servicios públicos(22).

Con comunicación recibida por la Beneficencia del Valle del Cauca, el doce (12) de junio del dos mil catorce (2014), el Jefe de Cobro Coactivo de Emcali solicitó la comparecencia de la Beneficencia y el Centro Imbanaco, con el propósito de notificarse del oficio que aprobaba la liquidación del crédito y las costas procesales del cobro coactivo que había adelantado. No se aportó constancia de que los actos previos hubieran sido notificados.

Vemos pues que el daño que originó y dio sustento a las pretensiones de la demanda se produjo en el marco de un procedimiento administrativo de cobro coactivo, que se originó con el acto mediante el cual Emcali emitió mandamiento de pago contra el Centro Imbanaco, y concluyó con el embargo de unas sumas de dinero de la Beneficencia del Valle del Cauca, sin que esta última hubiera sido notificada de dichas actuaciones y operaciones.

Este proceso de cobro coactivo podría constituir así una vía de hecho, ya que Emcali ejerció una coacción aparentemente legitima en contra de un particular (Centro Imbanaco), el cual perjudicó a un tercero (Beneficencia del Valle), que, al parecer, no se encontraba legitimado para ser afectado en su patrimonio. La operación de la administración carecería así de todo sustento jurídico, con respecto a la parte actora en este asunto.

El despacho percibe asimismo que el mandamiento de pago, en el cual se liquidó la acreencia por que fue embargada la Beneficencia, no fue notificado a esta última. De esta forma, se omitió un requisito del procedimiento de cobro coactivo(23), lo que impidió que la actora ejerciera su derecho de defensa y contradicción, configurándose así una flagrante violación al debido proceso administrativo(24).

Ante esta colegiatura se han tramitado y resuelto, por vía de reparación directa, asuntos que tenían por objeto vías de hecho. A guisa de ejemplo, la sentencia de 2 de mayo de 2017, que puso fin a un proceso de reparación directa, declaró administrativamente responsable a la entidad demandada, por la vía de hecho que había empleado para recuperar un predio de su propiedad(25).

En otra ocasión, la Sala manifestó que “[…] la acción de que puede ser objeto una vía de hecho sí es directa, de allí que esté consagrada en el artículo 86 como uno de los eventos que dan lugar a la acción de reparación directa, cuando se pretenda la indemnización del daño o perjuicio que la misma llegare a causar a cualquier persona”(26). En sentido similar, esta Corporación señaló lo siguiente: “[…] que la administración haya incurrido en una vía de hecho, por desconocimiento sustancial o procesal de la ley, puede alegarse i) como causal de nulidad en el marco de una acción de nulidad o ii) como falla del servicio, siempre y cuando se satisfagan los demás elementos requeridos para la procedibilidad de una acción de reparación directa”(27). En cualquier caso, el examen de la falla del servicio es un aspecto atinente a la decisión de fondo.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que el medio de control adecuado para dar trámite al asunto de autos es el de reparación directa, por tratarse de un caso en el que se entrevé una eventual vía de hecho.

Habiéndose precisado el medio de control pertinente, procede el Despacho a determinar si la acción había caducado. El artículo 164 del CPACA prevé que la oportunidad para presentar la demanda, bajo el medio de reparación directa, será de dos (2) años contados a partir del día siguiente “[…] al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior” (subrayado fuera del texto).

Revisado el expediente, se observa que el veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014), la tesorera de la Beneficencia del Valle del Cauca certificó el retiro de las sumas, por concepto del embargo ordenado por Emcali(28). No se demostró que el acto por el cual se decretó el embargo y la retención de las sumas de dinero de la Beneficencia, hubiera sido notificado o comunicado a la parte actora. En consecuencia, se tomará la fecha de la certificación de la Tesorería de la Beneficencia como el momento en el que la actora conoció del daño.

En este orden de ideas, la caducidad hubiera tenido lugar el veintisiete (27) de mayo de dos mil dieciséis (2016); pero la demanda fue presentada el doce (12) de febrero del dos mil dieciséis (2016). En consecuencia, el Despacho concluye que no se configuró la caducidad.

En mérito de lo expuesto el despacho,

RESUELVE

1. Revocar el auto del dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se rechazó la demanda por la caducidad de la acción.

2. Admitir la demanda instaurada por la Beneficencia del Valle del Cauca contra Emcali EICE ESP.

3. Notificar personalmente al representante legal de la parte demandada o a quien se haya delegado la facultad de recibir notificaciones, del contenido de esta providencia, de conformidad con las normas del CPACA.

4. Notificar por estado a la parte demandante el contenido de esta providencia.

5. Notificar personalmente al Ministerio Público y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, y remitir, a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio.

6. Correr traslado de la demanda al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, de conformidad con lo consagrado en el artículo 172 del CPACA

7. Ejecutoriado este auto, devolver el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y Cúmplase.

Magistrado: Jaime Enrique Rodríguez Navas

1 Fls. 1 – 14, cdno. 1.

2 Mediante auto de veintiséis (26) de abril del dos mil dieciséis (2016), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca inadmitió la demanda, debido a que no se había aportado la constancia de la solicitud de audiencia de conciliación y el acta de celebración de la misma.

3 Auto del dieciséis (16) de noviembre del dos mil dieciséis (2016). Fls 120 – 122, cdno. ppal.

4 Fl. 133, cdno. ppal.

5 CPACA. “ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

6 CPACA. “ART. 150.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.

7 CPACA. “ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: || 1. El que rechace la demanda”.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Exp.: 66001-23-31-000-2000-00583-01.

9 Corte Constitucional. Sentencia T-628/08, de veintiséis (26) de junio de dos mil ocho (2008).

10 D. 624/1989. ART. 835.—“Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción”.

11 CPACA, ART. 101.—“Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito”.

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del quince (15) de abril del dos mil diez (2010). Exp.: 250002327000200601246 01(17105).

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de cuatro (4) de abril de dos mil trece (2013). Rad.: 76001-23-31-000-2005-04450-01 (18970).

14 Fls. 4 y 5, cdno. 1.

15 “La tesis de las vías de hecho […] ha sido aplicada principalmente en el campo de la actividad judicial, pero esta Corporación también ha reconocido su aplicación en el ámbito de los procesos y actuaciones administrativos”. Esta se produce “[…] cuando quien toma una decisión, sea ésta de índole judicial o administrativa, lo hace de forma arbitraria y con fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico”. Corte Constitucional. Sentencia T-275 del doce (12) de abril del dos mil doce (2012).

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989). Exp. 4964.

17 Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección Tercera. Subsección b. Sentencia del veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012). Exp.: 11001-03-26-000-2003-00060-01(25693).

18 Burlada Echeveste, J. (2003). “Una categoría que se resiste a desaparecer en el derecho francés: la vía de hecho administrativa”. Revista Vasca de Administración Pública, nº 67, pág. 106.

19 Berrocal, L. (2009). Manual del Acto Administrativo: Según la ley, la jurisprudencia y la doctrina, quinta edición, Bogotá, página 296.

20 Fls. 24 – 25, cdno. 1.

21 Fls. 26 – 27, cdno. 1.

22 Fls. 29 a 30, cdno. 1.

23 D. 624/1989, ART. 826.—”Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios” (subrayado fuera del texto).

24 “[…] la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo. Entre estas se cuentan el principio de legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos”. C. Const. Sent. T-445/2015.

25 “Dada la vía de hecho utilizada por la administración para recuperar un bien de su propiedad, la posterior destrucción de las construcciones allí edificadas y el impago de las mejoras hechas por ASDECCA, la Sala ordenará la reparación. Para el efecto se condenará en abstracto para que, previo el incidente de que trata el artículo 172 del C.C.A., se establezca la cuantía del perjuicio, el que, dado que la demandada ya había resuelto entregar el inmueble, comprenderá únicamente el valor de los materiales utilizados para adelantar mejoras y levantar las construcciones existentes al tiempo del despojo, para lo cual se establecerá su precio, debidamente actualizado”. C. E, Sección Tercera, Subs. B. Sent. de 2 de mayo de 2017, exp. 39745.

26 C.E.. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. diecinueve (19) de noviembre de dos mil nueve (2009). Exp.: 25000-23-24-000-2003-00865-01.

27 C. E. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección b. Sentencia del veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012). Exp.: 11001-03-26-000-2003-00060-01(25.693).

28 Fl. 34, cdno. 1.