Auto 2016-00244/60835 de abril 2 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Radicación: 20001-23-39-003-2016-00244-01(60835)

Actor: Seguros del Estado

Demandado: Municipio de Pelaya-Cesar y Sociedad OLT Logistics

Referencia: Medio de control de controversias contractuales (Auto)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., dos de abril de dos mil dieciocho.

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto dictado en el curso de la audiencia inicial de 29 de noviembre de 2017, por el Tribunal Administrativo del Cesar, que dispuso que la excepción de pleito pendiente no tenía vocación de prosperar.

Antecedentes

1. En escrito de 23 de mayo de 2016 (fls. 1 al 107, c. 1) Seguros del Estado, formuló demanda contra el municipio de Pelaya-Cesar y OLT Logistics S.A.S., en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, a fin de obtener la declaratoria de no producción de efectos legales de los actos administrativos (Resolución 220 del 10 de julio de 2014 y su confirmatoria, Resolución 228 del 15 del mismo mes y año) en los que se dispuso que la demandante, Seguros del Estado S.A. estaba obligada al pago de las multas impuestas a la Sociedad OLT Logistics S.A.S. a raíz de la declaración del siniestro que dio origen al incumplimiento contractual que se encontraba asegurado por la demandante; la cual alega que tales actos administrativos no vincularon, ni dispusieron que la aseguradora estaba conminada al pago de la multa. Aunado a ello, requirió que se ordenara la devolución de los dineros que pagó o llegare a pagar por tales hechos, debidamente indexados.

2. En auto de 9 de junio de 2016, el tribunal admitió la demanda (fls. 121-122, c. 1).

3. Cumplidos los trámites pertinentes, el tribunal de instancia corrió traslado a la parte demandada según auto de 7 de septiembre de 2017 y, por último, se fijó el 16 de noviembre de 2017 como fecha para adelantar la audiencia inicial (fl. 1005, c. 4).

4. En el curso de la audiencia inicial que fue reprogramada para el 29 de noviembre de 2017, el magistrado sustanciador se pronunció sobre la excepción de pleito pendiente formulada por la entidad demandada municipio de Pelaya-Cesar, declarando que la misma:

(…) “no tiene vocación de prosperar, ya que a folio 1020 del expediente obra una constancia expedida el 23 de noviembre de 2017 del juzgado 13 civil del circuito de Barranquilla en la que consta que la demanda ejecutiva presentada por Seguros del Estado S.A. contra la Sociedad OLT Logistics S.A.S. y otros fue declarada terminada por desistimiento tácito el 4 de abril de 2017”.

Como consecuencia de tal planteamiento el tribunal manifestó que no prosperaba la excepción de pleito pendiente.

5. La parte demandada —municipio de Pelaya— Cesar formuló en la misma audiencia recurso de apelación contra lo así resuelto. Consideró que en el caso de la referencia se configuraba un evento de pleito pendiente en tanto que “el proceso ejecutivo estaba activo al momento de dar inicio al proceso contencioso, como ya estaba presentada la demanda ejecutiva, la entidad estaba persiguiendo el mismo dinero en dos acciones judiciales en diferentes jurisdicciones” (CD de audiencia inicial 29-11-17. Min 14:00-17:27).

Consideraciones

1. Normativa vigente.

Sea lo primero precisar que la normativa procedimental que rige el trámite y decisión del presente asunto es la dispuesta en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) - Ley 1437 de 2011, comoquiera que el escrito de demanda fue radicado el 23 de mayo de 2016 y, de acuerdo al artículo 308 del CPACA “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. // Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia (…)”.

2. Trámite de la apelación de autos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sobre este punto debe señalarse que la Ley 1437 de 2011 concibió un trámite más expedito en materia de apelación de autos, pues, siguiendo las reglas dispuestas en el artículo 244 i) la oportunidad para interponerse el recurso de apelación difiere según si se trata de una decisión pronunciada en audiencia, caso en el cual deberá formularse la impugnación “en el transcurso de la misma”, dado que el auto se entiende notificado por estrados; o si se trata de una decisión dictada fuera de audiencia, caso en el cual se notificará por estado y el recurso deberá interponer y sustentarse en los tres (3) días siguientes a la notificación; ii) el ejercicio del derecho de contradicción, se surte, tratándose de autos proferidos en audiencia, inmediatamente se formula el recurso, de manera que el juez “dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales con el fin de que se pronuncien”, mientras que en relación a las decisiones escriturales la contradicción se surte por traslados de tres (3) días “sin necesidad de auto que así lo ordene”. Por último, en lo que se refiere a iii) la decisión del a quo sobre la concesión del recurso, es claro que en el trámite por audiencias el juez, inmediatamente, se pronunciará sobre la concesión del recurso, caso contrario cuando se trata de una decisión adoptada fuera de audiencia.

Ahora, en lo que tiene que ver con el trámite en segunda instancia de la apelación de autos, la norma no estableció tratamiento diferenciado entre la impugnación de aquellos autos que se profieren en el curso de una audiencia y los que no, limitándose a señalar que “3. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano”, de lo cual se deriva que el Código suprimió el trámite previo de la admisión del recurso, confiando que la verificación de los aspectos procesales pertinentes (v.gr. verificar si la decisión es pasible del recurso o existe una falta de competencia funcional) para la procedencia de la apelación se salvaguardaban con la concesión por parte del a quo.

Aun así, advierte el despacho que esto no implica que el superior funcional no tenga competencia para revisar estos aspectos procesales, de manera que si se llega a configurar un evento de estos, que en últimas, impiden resolver el recurso de apelación formulado, deberá ponerlo de presente mediante auto que determine la inadmisión de la impugnación formulada por una de las partes, tal como lo deja ver, como mayor claridad la afortunada redacción del artículo 326 del Código General del Proceso, en donde se indica que “Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisible [el recurso], así lo decidirá en auto; en caso contrario resolverá de plano y por escrito el recurso”.

En el presente caso correspondería al despacho decidir acerca del recurso de apelación interpuesto en audiencia inicial celebrada el 29 de noviembre de 2017, contra la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que declaró no probada la excepción de pleito pendiente.

3. Excepciones.

Las excepciones son la manera como se puede oponer la parte pasiva dentro del proceso, frente a las pretensiones de la parte activa, las cuales debe dirimir el juez de conocimiento. La normativa las ha distinguido en dos clases: i) las previas las cuales se encuentran consagradas en el artículo 100 del Código General del Proceso con las cuales lo que se pretende es el saneamiento del proceso, por causa de vicios o defectos en el mismo, y su finalidad es mejorarlo o terminarlo, cuando lo primero no sea posible, y ii) las de mérito o de fondo deben ser resueltas en la sentencia como lo establece en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 que deben ser estudiadas y resueltas en la sentencia pues con ellas lo que se busca es controvertir las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, en el caso bajo estudio es importante señalar que el juez de instancia, en la audiencia inicial debe resolver las excepciones previas las cuales son utilizadas como componente de defensa de las partes demandadas, éstas se encargan de atacar las pretensiones de la demanda, y para el caso en cuestión el numeral 6 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica que estas se resolverán en audiencia:

“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas (…)

6. Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y la de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva”.

Por lo expuesto la actuación del juez de instancia está ajustada a derecho, y al ad quem corresponde resolver el recurso radicado por la parte pasiva del litigio.

Igualmente, esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión adoptada en el curso de la audiencia inicial del 29 de noviembre de 2017, por el Tribunal Administrativo del Cesar, como quiera que el presente proceso tiene vocación de doble instancia en razón a la cuantía, toda vez que la misma excede los 500 SMLMV, al solicitarse como pretensión mayor el monto de $ 2.459.497.826,45.

4. Pleito pendiente y caso en concreto.

A efectos de cumplir con tal cometido, debe el despacho pronunciarse sobre la figura del pleito pendiente, así como los requisitos para su configuración, para, una vez ello, verificar si en el sub lite procede su declaratoria.

El acto de poner en conocimiento ante la jurisdicción una controversia a fin de que sea resuelta con fuerza de cosa juzgada implica la configuración de una relación jurídico procesal particular entre las partes que concurren al proceso, ocupando la posición activa la parte demandante, quien depreca la pretensión, mientras que el extremo pasivo está configurado por la persona o personas contra las cuales se ha dirigido los pedimentos formulados(1). A su vez, es preciso advertir que el abstracto derecho de acción del cual es titular cualquier sujeto de derecho y es ejercido por quien acude ante el aparato jurisdiccional, se concreta, en sus manifestaciones prácticas, a partir de la formulación de pretensiones, o lo que es lo mismo, la determinación específica de lo que se persigue con la comparecencia ante la jurisdicción.

En este último escenario, el de la pretensión, es donde se puede verificar la concurrencia de tres elementos configuradores que le dan sentido: i) el primero, atañe a los sujetos entre los cuales se ha trabado la litis, es decir, el elemento subjetivo, determinado por la conjunción de las personas que intervienen en el litigio en calidad de demandante, demandados o intervinientes, en general; ii) el segundo, y que constituye la base de los pedimentos, está determinado por las premisas fácticas que sirven de sustento a la pretensión; y iii) por último, se trata de la pretensión en sentido estrictamente jurídico, y hace referencia a las declaraciones, condenas y demás solicitudes respecto de las cuales la parte demandante pide al juez que se pronuncie.

Teniendo claro que la finalidad (ideal) de un proceso judicial es la de emitir un pronunciamiento de fondo, vinculante y que haga tránsito a cosa juzgada sobre un determinado conjunto de hechos puestos a consideración por las partes y que se presentan como jurídicamente problemáticos, se deriva, entonces, la exigencia de singularidad de los litigios, que quiere decir que sobre una misma controversia no se pueden adelantar varios procesos coetáneamente para obtener el mismo pronunciamiento judicial. La justificación de esta regla reposa esencialmente en la institución de la seguridad jurídica, al pretender la generación de certeza frente a la resolución de las controversias surgidas en la sociedad y, así, realizar en cada caso la exigencia de eficacia por parte de todo sistema jurídico, evitando así la duplicidad de sentencias las cuales, por lo demás, pueden devenir en contradictorias.

Es con fundamento en tales consideraciones sustanciales que el ordenamiento procesal ha instituido la excepción previa de pleito pendiente, la cual participa de la categoría de previa en tanto que la prosperidad de la misma no supone un ataque desfavorable al fondo de la cuestión litigiosa sino que se ampara en argumentos de índole adjetivo, como lo es, para el caso del pleito pendiente, el hecho de que se esté adelantando otro proceso idéntico a otro que se encuentra pendiente de resolución. En este caso, lo que se impide con la prosperidad de la excepción es proseguir el otro proceso ya iniciado, debiendo la parte accionante atenerse a lo que se resuelva en el más antiguo de estos.

En cuanto a los elementos para la prosperidad de esta causal exceptiva, se tiene que son los mismos a los comentados precedentemente para entender configurada una pretensión, es decir, se demanda la identidad de los sujetos activos y pasivos de la pretensión, así como de los hechos que sirven de soporte fáctico y la petición jurídica que se persigue con la demanda formulada, en dos o más procesos adelantados simultáneamente. Sobre esta excepción y su procedencia anota Devis Echandía “Así, pues, existirá litis pendentia cuando el objeto, la causa petendi y los sujetos de la pretensión o de una de las varias acumuladas sean unos mismos en ambas demandas, de modo que la sentencia que llegue a dictarse sobre la una constituya cosa juzgada para la otra…”(2), mientras que López Blanco apunta que “si se pretende habilidosamente… promover más de un juicio idéntico, se propondrá la excepción de pleito pendiente, con el objeto de que sólo se tramite un proceso y restar eficacia al proceso más recientemente iniciado”(3).

Atendiendo a tales razones es por ello que el procedimiento contencioso administrativo modelado en la Ley 1437 de 2011 reconoce el “pleito pendiente” o “litispendencia” en tanto excepción previa que puede ser formulada por la parte accionada dentro del término de traslado de la demanda a efectos de ser resuelta en el curso de la audiencia inicial, tal como lo estipula en artículo 180, numeral 6º de la Ley 1437 de 2011.

Por último, debe recabar el despacho sobre la interpretación siempre favorable de las normas procesales a fin de garantizar el cometido convencional, constitucional y legal de las mismas; esto es, la efectividad del derecho sustancial reclamado en el proceso; como lo ha sostenido esta corporación en anteriores oportunidades al decir que

“Adicional a las normas procedimentales que rigen el trámite de los procedimientos contenciosos administrativos, el despacho precisa que al momento de su interpretación y aplicación el funcionario judicial no sólo debe remitirse a ellas sino que en su razonamiento debe acudir a las normas constitucionales y de orden supraconstitucional, donde se enfatiza en la Convención Americana de Derechos Humanos y la doctrina desarrollada a partir de ella por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”(4).

De este modo, debe decirse que en materia de interpretación y aplicación de las normas sobre excepciones previas —las cuales, como se vio, son decididas en el curso de la primera audiencia y sin que se haya surtido íntegramente la discusión probatoria—, sólo es posible proceder a su decreto cuando se tenga certeza de su configuración, pues una lectura en contrario resultaría atentatoria del derecho que se tiene de acceder efectivamente a la administración de justicia.

En efecto, a partir de la consagración constitucional y convencional del acceso a la administración de justicia en los términos del artículo 229 superior, que señala que “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. (…)”, y en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el que se consagra “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, la jurisprudencia constitucional(5) ha planteado el derecho al acceso a la administración de justicia materialmente, lo cual supone una corrección sustancial de los procedimientos judiciales, que deben tender a la efectividad de los derechos y garantías de las personas, pues “aun cuando el procedimiento no garantice la conformidad del resultado con los derechos fundamentales, con él si aumenta la probabilidad de obtener un resultado conforme con los derechos fundamentales”(6), labor que queda encomendada al juez al interpretar y adecuar la ley frente a los mandatos normativos que emanan de la Constitución(7) y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Al respecto la Corte Constitucional ha señalado:

“El derecho a acceder a la justicia no cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente idóneos y eficaces.

(…)

para la Corte resulta claro que la justicia estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando no se han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución pacífica de los conflictos, o cuando la complejidad de los procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y lugar exigidas por el legislador restringen la capacidad de alcanzar el goce efectivo de los derechos cuya protección se busca al acudir a las instancias judiciales”(8).

Así las cosas, la determinación del alcance de la tutela judicial efectiva reviste connotaciones de orden fundamental comoquiera que, dependiendo de su acceso material, la oportunidad de las decisiones y su eficacia, se hace posible la protección de los derechos y garantías consagrados en el ordenamiento jurídico, es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que

“Para destacar la dimensión material del derecho de acceso a la justicia, la Corte ha puntualizado, que el acceso a la justicia, no puede ser meramente nominal, o simplemente enunciativo, sino que resulta imperativa su efectividad, a fin de asegurar una protección auténtica y real de las garantías y derechos objeto del debate procesal. Por lo tanto, y de conformidad con el principio de efectividad que se predica de todos los derechos fundamentales, es necesario que el acceso y el procedimiento que lo desarrolla, sea igualmente interpretado a la luz del ordenamiento superior, “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley(9)(10) (resaltado propio).

Y por otra parte, en virtud del control de convencionalidad obligatorio y oficioso que deben ejercer los jueces nacionales(11), debe destacarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la exigencia de garantías judiciales en un proceso se materializa siempre que “se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”(12), es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial(13) (subrayado fuera de texto); y comentando el artículo 25 de la Convención señaló que “La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”(14); pues en el marco de todos los procedimientos, jurisdiccionales o no(15), que se adelanten por las autoridades estatales es deber indiscutible la preservación de las garantías procesales, de orden material, que permitan, en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas, la defensa de las posiciones jurídicas particulares de quienes se han involucrado en uno de tales procedimientos(16). Sobre este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado la observancia de este deber jurídico a lo largo de todo el marco de actuación estatal:

“124. Si bien el artículo 8º de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos(17). Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.

127. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”(18).

Bajo el análisis de lo anteriormente expuesto, en el presente caso, este despacho confirmará la decisión expuesta por el tribunal de instancia, por cuanto obra en el expediente constancia fechada de 23 de noviembre de 2017, en la cual se certificó la terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito que estaba en curso en el juzgado trece (13) civil del circuito oral de Barranquilla, mediante auto con fecha del 04 de abril de 2017 (fl. 1020) que no da lugar a duda, que en la actualidad no corren dos procesos simultáneos que persigan las mismas pretensiones o contengan de fondo la misma cuestión litigiosa.

Por esta razón, se considera que se cuenta con suficiente material probatorio define el motivo por el cual la parte demandante procedió a recurrir la decisión de primera instancia, en conclusión, el despacho encuentra que se debe confirmar la decisión proferida por la primera instancia en audiencia inicial del 29 de noviembre de 2017, mediante la cual se declaró no probada la excepción de pleito pendiente formulada por el demandando municipio de Pelaya-Cesar.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el curso de la audiencia inicial de 29 de noviembre de 2017, en su lugar, se dispone CONTINUAR con el trámite de la actuación contenciosa administrativa, por los motivos expuestos en esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

1 “El demandado, cuando existe (y existirá siempre que se trate de proceso contencioso), no es sujeto de la acción, pero sí sujeto pasivo de la pretensión y sujeto activo (derecho de contradicción) con el demandante (derecho de acción), de la relación jurídico-procesal que se inicia al admitir el juez la demanda y ordenar y llevar a cabo la notificación a aquel de la providencia admisoria”. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Madrid, Editorial Aguilar, 1966, p. 181.

2 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, ibíd. p. 518.

3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Bogotá, Edit. Dupré, 10ª edición, 2009. p. 949.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 24 de septiembre de 2012. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp. 50001-23-31-000-2011-00586-01 (44050).

5 La Corte Constitucional ha efectuado las siguientes respecto del acceso a la administración de justicia, identificando ciertos elementos integrantes del mismo, en los siguientes términos: “De allí que haya sido calificado como un derecho de contenido múltiple o complejo, cuyo marco jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: “(i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso, y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales —acciones y recursos— para la efectiva resolución de los conflictos”. (Las subrayas no son del texto original)”. Sentencia C-227/2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

6 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. 2ª Edición. [Traducción de Carlos Bernal Pulido], Madrid, España. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2008, p. 434. Continúa el autor sosteniendo: “Allí donde las normas procedimentales pueden aumentar la protección de los derechos fundamentales, ellas están exigidas prima facie por los principios de derecho fundamental. Si no priman principios contrapuestos existe un derecho definitivo a su vigencia. De esta manera, en lo que se refiere a la conexión entre los derechos fundamentales y los procedimientos jurídicos, el aspecto procedimental y el material tienen que unirse en un modelo dual que garantice la primacía del aspecto material”, pp. 434-435.

7 Sobre esta labor Ferrajoli resalta: “la interpretación judicial de la ley es también siempre un juicio sobre la ley misma, que corresponde al juez junto con la responsabilidad de elegir los únicos significados válidos, o sea, compatibles con las normas constitucionales sustanciales y con los derechos fundamentales establecidos por las mismas”. FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. La ley del más débil. 4ª edición, 2004, Madrid, España, Editorial Trotta, p. 26.

8 Corte Constitucional, Sentencia C-1195 de 2001.

9 Cfr. Corte Constitucional sentencias C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-426 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1195 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra).

10 Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2009.

11 Sobre la observancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de aspectos procedimentales esta corporación se ha pronunciado al respecto en Auto de 24 de septiembre de 2012. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exp. 50001-23-31-000-2011-00586-01 (44050).

12 Corte I.D.H., El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A Nº 8; párr. 25.

13 Corte I.D.H., Garantías judiciales en Estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A Nº 9; párr. 28 y Corte I.D.H., El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99, supra nota 130, párr. 118.

14 Cfr. Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C Nº 34, párr. 82; Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C Nº 151, párr. 131, y Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C Nº 183, párr. 78.

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Reverón vs. Venezuela. Sentencia de 30 de junio de 2009.

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002.

17 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 69; y Garantías judiciales en Estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A Nº 9, párr. 27.

18 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panamá.