Sentencia 2016-00274 de febrero 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 05001-23-33-000-2016-00274-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra el auto de 25 de abril de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Actora: Edatel S.A. ESP

Tesis: se confirma auto apelado. La vacancia judicial no suspende el término de caducidad. Si el término de caducidad vence en un día inhábil se corre al día hábil siguiente.

Bogotá, D. C., nueve de febrero de dos mil diecisiete.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la apoderada de la actora contra el proveído de 25 de abril de 2016, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, rechazó la demanda instaurada.

I. Antecedentes

La empresa EDATEL S.A. ESP, a través de apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del CPACA, instauró demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal de Medellín:

— Resolución 33 de 13 de agosto de 2014, “Por medio de la cual se liquida la cuota de fiscalización definitiva para la vigencia fiscal del año 2014 para las Entidades del Orden Municipal y otras entidades públicas y privadas que audita la Contraloría General de Medellín”.

— Resolución 045 de 24 de julio de 2014, “Por medio de la cual se determina el porcentaje para el cálculo de la cuota de fiscalización que corresponde a cada una de las entidades descentralizadas”.

— Resolución SH 17-1214 de 10 de septiembre de 2014, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”.

— Resolución SH 17-0474 de 9 de septiembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración”.

A título de restablecimiento del derecho pretende que se condene al municipio de Medellín al pago o devolución de la suma de $467.188.128 –debidamente indexada–, que constituye el monto que debió cancelar por concepto de cuota de fiscalización correspondiente al año 2014.

Como pretensión subsidiara solicitó que se declare que solo es sujeto pasivo de cuota de fiscalización para el año 2014 en proporción a la participación accionaria que tiene UNE EPM Telecomunicación S.A. en la empresa, que para la fecha de la expedición de los actos administrativos controvertidos era de un 80%. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se le ordene al Municipio de Medellín la devolución de la suma excedente que corresponda, con su debida indexación a partir del 30 de octubre de 2015, fecha en la que se realizó el pago de la referida cuota.

II. Fundamentos de la providencia apelada

Mediante auto de 25 de abril de 2016, el a quo rechazó la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, por considerar que se había instaurado luego de vencido el término de cuatro (4) meses contemplado en el literal d), numeral 2º del artículo 164 del CPACA.

Indicó que en el presente caso el término de caducidad debía contarse a partir del día siguiente al de la notificación personal de la Resolución SH 17-0474 de 9 de septiembre de 2015, la cual se llevó a cabo en esa misma fecha, tal y como consta a folio 115 del cuaderno principal, por lo que, en principio, los cuatro meses consagrados en el artículo 164 del CPACA, vencían el 10 de enero de 2016; sin embargo, como en esa fecha los despachos judiciales estaban en vacancia judicial, se corría al primer día hábil siguiente, es decir, al 12 de enero de esa misma anualidad.

Sostuvo que a pesar de lo anterior, el actor solo instauró la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, hasta el día 27 de enero de 2016, tal y como consta a folio 1 del cuaderno principal, fecha en la cual ya se encontraba vencido el término de caducidad de cuatro meses, en consecuencia era procedente su rechazo.

III. Fundamentos del recurso

La actora apeló la decisión de primera instancia con el argumento de que la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sí se instauró dentro de los cuatro meses contemplados en el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, teniendo en cuenta que, a su juicio, dicho término se suspendió durante la vacancia judicial y su reanudación solo se dio hasta el 12 de enero de 2016.

IV. Consideraciones de la Sala:

En el caso objeto de estudio, el apoderado de la actora sostiene que la demanda cumple con todos los requisitos de procedibilidad y fue presentada dentro del término de caducidad de cuatro meses.

Al efecto, el literal d), numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa:

“ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;”

El Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda instaurada por la actora, con el argumento de que la Resolución SH17-0474 de 9 de septiembre de 2015, que dio por terminada la actuación administrativa, fue notificada a la doctora Gloria Patricia Velásquez Vásquez, Representante Legal de Edatel S.A. ESP, en la misma fecha de su expedición, tal y como consta a folio 71 del cuaderno principal, por lo tanto los cuatro meses a que se refiere la norma transcrita en líneas anteriores vencían, en principio, el 10 de enero de 2016; sin embargo, como ese día aún la rama judicial se encontraba en vacancia, el término se prorrogaba hasta el primer día hábil siguiente, es decir, el 12 de enero de 2016 y como la demanda se instauró hasta el 27 de ese mes y año, era evidente que ya se encontraba caducada.

Por su parte, la actora en su recurso de apelación se limitó a señalar que el término de caducidad se suspendía durante la vacancia judicial y por ello, al momento de instaurar la demanda, aún no habían transcurrido los cuatro meses a que se refiere el literal d) numeral 2º del artículo 164 del CPACA.

Teniendo en cuenta los argumentos señalados y luego de revisar los documentos obrantes en el expediente, la Sala observa que la Resolución SH 17-0474 de 2015, que es el acto administrativo que da por agotada la actuación administrativa –tal y como expresamente lo señala su artículo tercero–, se notificó personalmente a la representante legal de la actora, el mismo día de su expedición, es decir, el 9 de septiembre de 2015, por lo tanto el termino de caducidad vencía el 10 de enero de 2016, que como era un día inhábil por ser de vacancia judicial, se corría para el día hábil siguiente, esto es, el martes 12 de enero de 2016, pero la demanda solo se presentó hasta el 27 de ese mismo mes y año, es decir, por fuera del término legalmente establecido.

Ahora bien, en relación con el argumento expuesto en el recurso de apelación, la Sala advierte que la vacancia judicial no es una situación que interrumpa o suspenda el término de caducidad, como equivocadamente lo considera la actora. Esta Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ese aspecto en un caso similar, a través del proveído de 4 de agosto de 2011(1), en el que se precisó:

“En este caso, la accionante considera que el a quo no tuvo en cuenta ni el paro, ni la vacancia judicial, los cuales interrumpen el término de caducidad, lo que impone a la Sala establecer cómo debe ser contado el término para interponer la presente acción.

Conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de 4 meses, los cuales serán contados a partir del día siguiente al de la notificación, publicación, comunicación o ejecución del acto, según el caso(2).

Por su parte, el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 62. Cómputo de los plazos. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.

El artículo 121 del C. de P.C., dispone:

“En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho. Los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario”.

Lo anterior indica que cuando el término contemplado en la norma está expresado en meses, para su contabilización, no deben ser tenidos en cuenta los días de interrupción de vacancia judicial o los que, por cualquier causa, el despacho deba permanecer cerrado, como ocurrió en el presente caso, con ocasión del paro judicial.

Sin embargo, en caso de que el término para presentar la acción se venza en los días en que el despacho judicial no se encuentre prestando sus servicios, dicho término se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

Lo anterior, permite concluir que ni el paro, ni la vacancia judicial interrumpen el término de caducidad para presentar la acción, pues tales circunstancias no deben ser tenidas en cuenta, salvo que dicho plazo expire dentro de éstas, caso en el cual, como ya se dijo, la acción caducaría si en el primer día hábil siguiente no se presenta la demanda.

Sobre lo anterior, la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en auto de 28 de octubre de 2010, con ponencia del Magistrado, Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, dentro del expediente radicado bajo el núm. 2009-00078, de la siguiente manera:

“En tal orden, cuando se trate de contabilizar el término a partir del cual ocurre el fenómeno de la caducidad de la mentada acción, debe seguirse la regla del cómputo de meses, es decir, que en ella no se excluyen los días de interrupción de vacancia judicial o los que por cualquier otra causa el despacho se encuentre cerrado, por ejemplo la suspensión del servicio de administración de justicia, a menos que el término se venza en uno de ellos, caso en el cual el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

En tal orden, no tienen asidero los argumentos esgrimidos por la recurrente relacionados con la suspensión del término aludido con ocasión del paro judicial presentado en todo el territorio nacional desde el 3 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2008(3), y tampoco en relación con la vacancia judicial, pues, se repite, el término de caducidad previsto en el artículo 136 del CCA es de meses, y las normas transcritas exceptúan los de vacancia o en los que por cualquier otra causa haya permanecido cerrado el despacho, cuando se trate del cómputo de términos de días, no de meses como acontece en el sub judice”.

En el caso concreto se tiene que la entidad accionada profirió la Resolución 180453 el 4 de abril de 2008, por medio de la cual declaró una deuda a su favor y constituyó un título ejecutivo. Dicho acto fue objeto de recurso de reposición interpuesto por la accionante, el cual fue resuelto en Resolución 181099 de 10 de julio de ese año, notificada por edicto que permaneció en un lugar visible, a partir del 12 de agosto de 2008, por el término de 10 días, es decir, hasta el 26 de ese mes y año.

Consecuente con lo expresado precedentemente, la caducidad empieza a correr a partir del día siguiente en que el acto fue notificado, esto es, el 27 de agosto de 2008, hasta el 27 de diciembre, fecha en la cual, el tribunal se encontraba en vacancia judicial, por tal motivo el plazo se extendió hasta el 13 de enero de 2009, cuando terminó dicha vacancia.

Comoquiera que la demanda fue instaurada el 26 de febrero de 2009, operó el fenómeno de la caducidad, y conforme al artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, ello es causal de rechazo de plano de la demanda” (negrillas fuera del texto).

Cabe resaltar que a pesar de que la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, se instauró dentro de la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y no de la anterior codificación, la posición jurisprudencial precitada resulta aplicable al caso concreto, pues el artículo 164 de CPACA, al igual que el artículo 136 del CCA, prevé que este tipo de demandas deben ser presentadas “dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso”. Asimismo, el artículo 62 del Código de Régimen Político y municipal aún está vigente.

Siendo ello así, la Sala reitera que los días de vacancia judicial, o aquellos en los que el despacho deba permanecer cerrado, por cualquier causa, no suspenden el término de caducidad, de suerte que si el mismo se vence en este tiempo, el medio de control debe interponerse al día hábil siguiente, tal y como lo sostuvo el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proveído objeto de apelación, el cual debe confirmarse, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el proveído apelado, que rechazó la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 9 de febrero de 2017.

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—Carlos Enrique Moreno Rubio.

1 Expediente 2009-00093-01, C. P., doctora María Elizabeth García González.

2 Código Contencioso Administrativo. “ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones (…)” “2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.

3 Folio 42 Cuaderno número uno.