Auto 2016-00282 de mayo 24 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 23001-23-33-000-2016-00282-01 (AG)

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Actor: Fausto Polo Sánchez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros

Referencia: medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

Temas: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo - Requisito de procedencia - no se acreditó la causa común del daño / Rechazo de demanda / Caducidad del medio de control correspondiente.

Bogotá, D. C., veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de 27 de octubre de 2016, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Córdoba rechazó la demanda de la referencia.

I. Antecedentes

1. Demanda.

Mediante demanda presentada el 14 de abril de 2016 (fl. 1 del c. 1), 33 grupos familiares, a través de apoderado judicial (fls. 49-81 del c. 1), en ejercicio de la pretensión de reparación de los perjuicios causados a un grupo, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en tanto no se prestó, de manera oportuna y eficaz, seguridad a los habitantes del municipio de Planeta Rica, Córdoba, lo que causó que grupos al margen de la ley perpetraran 33 homicidios.

Como fundamentos fácticos de la demanda se expusieron los que a continuación se resumen:

Según lo indicado por la parte actora, la causa común de la presente demanda radica en el conflicto armado interno que sufre Colombia, más exactamente el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Se sostuvo que los perjuicios individuales que afectaron a los demandantes tienen “su génesis en el déficit de protección estatal”, lo cual generó que diversos grupos al margen de la ley, denominados “Las Bacrim”, “El EPL” y “Las AUC”, causaran los siguientes homicidios:

HomicidioFecha
1. Ana Felicidad Sánchez Salgado5 de marzo de 1987
2. Efraín Vital Pérez Vega6 de noviembre de 1988
3. Humberto Miguel Mercado Puche4 de octubre de 1989
4. José Luis Ramos Tirado22 de abril de 1990
5. Mercedes Mestra Regino10 de mayo de 1990
6. Diego Alfonso de la Ossa Aparicio12 de mayo de 1990
7. Moufid Jamil Janna Blel19 de mayo de 1990
8. Katia del Carmen Janna Issa19 de marzo de 1990
9. Rogelio Ruperto Ruiz Escobar6 de enero de 1990
10. Diego Antonio González Martínez30 de septiembre de 1990
11. Francisco Manuel Suárez Padilla4 de septiembre de 1991
12. Luis Manuel Bustamante Montiel7 de julio de 1994
13. Hugo Enrique Rojas Herrera12 de enero de 1995
14. Marcos Manuel Petro Pérez29 de septiembre de 1995
15. Pedro Tulio Sánchez Hoyos12 de enero de 1996
16. Vicente Manuel Peña Pereira24 de julio de 1996
17. Jorge Salvador Janna Blel28 de marzo de 1997
18. Jorge Mufid Janna Blel18 de diciembre de 1997
19. Eduardo Enrique Giraldo Moreno23 de marzo de 2000
20. Federman Antonio Mora Pérez8 de agosto de 2001
21. Gloria María Herrera Canolec8 de abril de 2008
22. Dayro Alberto Durán Dussán24 de agosto de 2008
23. Over Lay Peralta Herrera17 de enero de 2009
24. Dumar Antonio Lozano Paternina5 de mayo de 2009
25. Emilio Segundo Puentes Vergara26 de junio de 2009
26. Fredy Luis Padilla Vergara26 de agosto de 2009
27. Eduardo José Nassif Velásquez25 de septiembre de 2009
28. Leil Fabián Martínez Montalvo4 de octubre de 2009
29. Carlos Alberto Pareja Gil 10 de octubre de 2009
30. Humberto Mario Salleg Caldera24 de noviembre de 2009
31. Juan Alonso Lenes Ríos8 de marzo de 2010
32. Ángel Gabriel Salgado Bedoya9 de agosto de 2010
33. Álvaro Antonio Martínez Trejo1º de noviembre de 2010

Para los demandantes, los anteriores actos constituyen un ataque sistemático que debe catalogarse como delito de lesa humanidad.

Se adujo que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reconoció como víctimas del conflicto armado interno, en su gran mayoría, a las personas que integran los 33 grupos familiares y, además de ello, las indemnizó administrativamente.

Finalmente, se advirtió que la Unidad Nacional de Justicia y Paz de Montería adelanta las investigaciones penales respecto de los mencionados hechos.

2. Decisión apelada.

Mediante providencia de 27 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo de Córdoba rechazó la demanda de la referencia, al estimar que había operado el fenómeno de la caducidad.

Al respecto, se precisó que, en casos como el analizado, la indemnización de los perjuicios causados debía solicitarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha de causación del daño, es decir, desde el momento en que ocurrieron los homicidios de cada una de las víctimas directas que se mencionaron en la demanda, por lo que al realizar el cómputo del término de caducidad se evidenciaba que el derecho de acción se ejerció de manera extemporánea (fls. 868-871 del c. ppal.).

3. Recurso de apelación.

Inconforme con la anterior decisión, los demandantes interpusieron recurso de apelación (fls. 873-894 del c. ppal.). A su juicio, la demanda resulta oportuna, toda vez que el reconocimiento por parte del Estado en el Registro Único de Victimas, destinado a eventos de conflicto armado, constituye la circunstancia que los habilita para exigir la reparación de los perjuicios causados, mediante el medio de control invocado.

Se indicó que la providencia recurrida desconoció los preceptos del Bloque de Constitucionalidad, de la Constitución y de las demás normas de orden legal, porque el tribunal de instancia omitió realizar una interpretación flexible de las normas de caducidad, dado que los homicidios generados en el marco del conflicto armado, del cual son víctimas indirectas los demandantes, constituyen un delito de lesa humanidad.

II. Consideraciones

1. Legislación aplicable.

Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 14 de abril de 2016, las cuales, por tratarse de un proceso promovido con posterioridad al 2 de julio de 2012, corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tal como se deduce del régimen de transición adoptado en el artículo 308 ejusdem, que señala:

Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia (…).

De otro lado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014(1), unificó su jurisprudencia en relación con la vigencia de la Ley 1564 de 2012, contentiva del Código General del Proceso (CGP), para los asuntos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Al respecto, la Sala Plena indicó que el CGP entró a regir a partir del 1º de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”.

Por lo anterior, a la presente controversia, en lo no contemplado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo señalado en el artículo 306 ibidem(2), se aplicará el Código General del Proceso.

En cuanto al trámite del recurso de apelación de autos proferidos al interior del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, se debe acudir a la norma especial, esto es, la Ley 472 de 1998, cuyo artículo 68 establece que: “en lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.

No obstante lo anterior, conviene precisar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificó algunos aspectos contenidos en la Ley 472 de 1998, en relación con el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, tales como: la pretensión, la caducidad y la competencia(3).

2. La procedencia del recurso de apelación y la competencia para conocerlo.

En relación con la procedencia del recurso de apelación interpuesto, la Sala advierte que la providencia recurrida corresponde a las enunciadas de manera taxativa por el artículo 321 del Código General del Proceso(4) como apelables, pues se trata del auto que rechaza la demanda. Asimismo, se advierte que, de conformidad con el artículo 322 ibídem, el recurso fue presentado de manera oportuna(5) y está debidamente sustentado, razones por las cuales se concluye que resulta procedente.

De otro lado, conviene señalar que la Sala tiene competencia para conocer del referido recurso de apelación, según los artículos 125(6), 150(7) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Causa común del daño.

Antes de abordar lo concerniente al término de caducidad del medio de control aquí invocado, circunstancia por la cual el tribunal rechazó la demanda, la Sala considera pertinente exponer unas breves consideraciones, en punto de la causa común del daño en el presente asunto, requisito necesario para ejercer la pretensión consistente en la reparación de los perjuicios causados a un grupo.

De conformidad con lo previsto por el artículo 145 del CPACA, el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo puede ser interpuesto por un número plural de personas –mínimo 20–, con el objeto de obtener la reparación de los daños a ellas causados, siempre que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales.

La Ley 472 de 1998 regula especialmente el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo y, en cuanto a los requisitos de procedencia que aquí interesan, los artículos 3º y 46 establecen lo siguiente:

Artículo 3º. Acción de Grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios.

Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios. El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas.

Conviene aclarar que las mencionadas normas deben interpretarse de conformidad con lo sostenido por la Corte Constitucional en Sentencia C-569-04, mediante la cual se declaró inexequible la expresión “Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad”, que estaba contenida en los referidos artículos y en la que se precisó el concepto de “causa común del daño” en los siguientes términos:

En efecto, este aparte del primer inciso de los artículos 3º y 46 de la Ley 472 de 1998 define la titularidad de la acción: un número plural de personas o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes; los elementos normativos para definir dicha titularidad: que tales personas reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que [les] originó perjuicios individuales; el objeto de la acción: la protección de intereses de grupo con objeto divisible por la vía de la indemnización; la naturaleza de la acción: que tiene como finalidad reparar perjuicios individuales causados precisamente a un número plural de personas o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes; y finalmente, la inclusión implícita de los tres elementos que configuran la responsabilidad y que justifican un tratamiento procesal uniforme: el hecho dañino una misma causa, el perjuicio causa que originó perjuicios individuales y la relación causal entre ambos.

(…)

[L]a expresión condiciones uniformes en el aparte sobre las condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas tiene otro sentido, y es que establece un requisito obvio: la necesidad de que los daños hayan sido ocasionados en una forma común, lo cual justifica, junto con la relevancia social del grupo afectado, que esos perjuicios individuales sean tramitados y resueltos colectivamente.

Conforme a lo anterior, es claro que las condiciones comunes respecto de la causa que origina el daño, aluden a las condiciones o caracteres, predicables de un grupo determinado o determinable de personas que se han puesto en una situación común, de la cual, posteriormente, se deriva para ellos un perjuicio, de manera que cuando la norma se refiere a las condiciones uniformes respecto de la causa del daño, está significando que debe existir una situación común en la que se colocaron determinadas personas con antelación a la ocurrencia del daño(8).

En relación con el alcance de la expresión “causa común del daño”, esta Corporación ha manifestado:

En un primer momento se manifestó que esta acepción hacía referencia a la identidad de los actos o hechos generadores del daño con los miembros del grupo, por lo que si en la demanda se alegaban múltiples causas del daño el medio de reparación de perjuicios causados a un grupo se tornaba improcedente(9).

Posteriormente, en un segundo momento, se entendió que la identidad de la causa no se debía establecer a partir de la uniformidad de los hechos, sino que se predicaba de la conducta o conductas del extremo pasivo de la controversia judicial. Bajo esta interpretación la causa del daño podía provenir de una o varias conductas que provocaban una afectación a un número plural de personas(10).

Finalmente, en desarrollo de la anterior posición, la jurisprudencia de esta Corporación indicó que debía realizarse un procedimiento lógico para verificar la ocurrencia de la unidad de causa, el cual exige: i) identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo; ii) en segundo término, mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo; y iii) finalmente (…) el resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como pluralidad de personas que sufren unos daños originados en uno o varios hechos generadores comunes a todos; si se descubre lo contrario, en cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la inexistencia del grupo y por consiguiente la improcedencia de la acción (…)(11).

De este modo, en los asuntos como el que aquí se conoce, se advierte que las personas afectadas deben compartir la misma situación respecto de la causa que originó los perjuicios individuales, por tal razón, resulta necesario dilucidar el cumplimiento de dicho requisito, toda vez que el mismo corresponde a un presupuesto procesal –legitimación por activa–, en el entendido de que solo podrá intentar la demanda el grupo respectivo, cuando todos los miembros que lo conforman hayan sido afectados en forma directa por los mismos hechos ocasionados por el demandado y, por ende, posean una identidad de causa.

5. Solución del caso.

En el presente asunto, los demandantes pretenden que se declare la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa y otros, con ocasión de los 33 homicidios perpetrados por diferentes grupos al margen de la ley entre 1987 y 2010, en el municipio de Planeta Rica, Córdoba, hechos que, según se señaló en la demanda, se produjeron en el marco del conflicto armado(12) y, por tal razón, ello constituye la causa común del grupo.

Para los demandantes, el conflicto armado en Colombia se constituye en la causa común de las múltiples muertes por las cuales se demanda; sin embargo, esa afirmación carece de veracidad, toda vez que cada una de las muertes, lejos de haberse producido dentro del conflicto armado, corresponde a una situación autónoma e independiente que facultó a los respectivos grupos familiares para acudir ante esta jurisdicción, lo cual da cuenta de la falta de uniformidad en el grupo demandante.

En efecto, se observa que no existe claridad de los sucesos que dieron lugar a los mencionados homicidios, por cuanto en la demanda únicamente se narró, respecto de cada caso particular, el nombre de la víctima y unos hechos muy breves, los cuales no permiten vislumbrar que las muertes se hayan perpetrado de manera sistemática, sino que las mismas acaecieron en circunstancias disímiles o distintas –y sin alguna relación aparente– en el transcurso de aproximadamente 23 años, razón por la cual no puede hablarse de una causa común del daño y, por ende, tampoco de que el medio control procedente sea el de reparación de los perjuicios causados a un grupo.

En virtud de lo anterior, se concluye que los grupos familiares demandantes debieron acudir ante la jurisdicción contencioso administrativo, de manera individual, vía reparación directa y no a través del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, porque, se insiste, los integrantes de este grupo no reúnen las condiciones uniformes de tiempo, modo y lugar respecto de una misma causa generadora del daño.

No obstante, conviene advertir que, cuando se demanda por la vía procesal inadecuada -y el juzgador no pueda adecuar la demanda al trámite que corresponde-, el juez no podrá rechazar el libelo, sino que deberá inadmitirlo para que la parte actora corrija la causa petendi, salvo que respecto del medio de control correspondiente se encuentre configurada la caducidad, caso en el cual, la demanda debe ser rechazada(13).

La Sala precisa que, aun en el supuesto en que a este asunto se le impartiera el trámite de reparación directa, respecto de cada una de las víctimas, consideradas de manera individual, se concluiría que el término de caducidad establecido en el literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011(14), esto es, “2 años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho”, habría fenecido para todos los grupos familiares que debieron demandar individualmente, toda vez que el último de los homicidios tuvo lugar el 1° de noviembre de 2010 y la demanda fue presentada el 14 de abril de 2016, esto es, por fuera del término establecido para tal fin.

De otro lado, se señala que no resulta de recibo el argumento de la parte recurrente en relación con el punto de partida para contar la caducidad, es decir, a partir del reconocimiento de la condición de víctimas del conflicto armado por parte del Estado en el Registro Único de Victimas, dado que tal circunstancia de lo único que da cuenta es del agotamiento de una actuación cuya finalidad es el acceso a los programas de asistencia y atención a víctimas del conflicto armado(15), tal como lo ha expresado la Corte Constitucional:

[E]l Registro Único de Víctimas –RUV–, de conformidad con el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011, es un requisito meramente declarativo y no constitutivo de la condición de víctima, en donde, a través de un trámite de carácter administrativo, se declara la condición de desplazado, a efectos de que las víctimas de este delito puedan acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección de derechos, con carácter específico, prevalente y diferencial, para dicha población (…)(16).

Asimismo, en lo que concierne a la afirmación de que los delitos a los que se refiere el presente asunto son de lesa humanidad y que, por tanto, debe dársele un tratamiento diferenciado en relación con el término de caducidad, se advierte que en el expediente no reposan elementos de juicio que permita deducir que se trata de un acto de tal connotación, pues, según lo sostenido por esta corporación(17), deben configurarse mínimo dos elementos: i) que se ejecute en contra de la población civil(18) y ii) que se lleve a cabo en el marco de un ataque generalizado o sistemático(19).

En atención a lo anterior, pese a que los homicidios fueron dirigidos supuestamente contra la población civil, tal circunstancia no es suficiente para concluir que los mismos hayan sido fruto de un ataque generalizado o sistemático que permita advertir en el municipio de Planeta Rica una situación de planificación previa de los 33 homicidios, por lo que no hay lugar a que se considere la excepción en la aplicación del fenómeno de la caducidad de la acción.

En suma, dado que no se concretaron las características comunes y específicas que pueda llevar a consolidar un grupo de personas con condiciones uniformes sobre una misma causa generadora del daño de los perjuicios aducidos, lo procedente era acudir individualmente vía reparación directa, que para el caso concreto, se encuentra caducada.

En este estado de cosas, la Sala confirmará la providencia impugnada, aunque por diferentes motivos a los aducidos por el tribunal a quo.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el 27 de octubre de 2016, de conformidad con las anteriores consideraciones.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Adriana Marín—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, Expediente 49.299, M. P. Enrique Gil Botero.

2 Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3 Al respecto, esta corporación ha sostenido: Se tiene que el artículo 145 del CPACA que regula el medio de control, señaló que éste se ejercería siguiendo los parámetros establecidos en la norma especial que regula la materia, esto es, la Ley 472 de 1998.
De este modo, respecto a los efectos de la ley en el tiempo contenidos en las leyes 57 y 153 de 1887, es posible arribar a las siguientes conclusiones: i) la ley 1437 de 2011, es una norma ordinaria general posterior que modificó una ley ordinaria especial previa en los temas enunciados; en otros términos, el CPACA subrogó o modificó tácitamente la pretensión, la caducidad y la competencia, aspectos que ahora estarán regulados en esta codificación, circunstancia por la que los restantes aspectos relacionados con este tipo de procesos permanecen desarrollados en la normativa especial, es decir, la Ley 472 de 1998.
En esa línea de pensamiento, resulta evidente que la otrora llamada acción de grupo, quedó modificada en cuanto se refiere a la materia contencioso administrativa por la pretensión de grupo, la cual se deberá ejercer en los términos fijados en la ley 1437 de 2011, según la competencia y el plazo de caducidad allí contenidos. A contrario sensu, los demás temas continúan bajo el imperio de la ley especial –472 de 1998– que regula las pretensiones populares y de grupo (Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto de 12 de agosto 2014, Expediente 2013-00298-01(AG), M. P. Enrique Gil Botero.

4 Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas (…).

5 Se advierte que el auto impugnado se notificó por correo electrónico el 28 de octubre de 2016 (fls. 872 del c. ppal.), por lo que el término de ejecutoria corrió entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre de esa anualidad, y el recurso que aquí se decide se presentó en la última de las mencionadas fechas.

6 Artículo 125. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica.

7 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión de unificación de jurisprudencia.

8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-569 de 8 de junio de 2004, Expediente D-4939, M. P. Rodrigo uprimny Yepes.

9 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente 2002-00025-02(AG), M. P. Ruth Stella Correa Palacio. Reiterado en: Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de marzo de 2015, Expediente 2014-01091-01(AG), M. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

10 Ibídem.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 30 de marzo de 2017, Expediente 5000-23-41-000-2014-01449-01 (AG), M. P. Ramiro Pazos Guerrero.

12 Al respecto, en la demanda se indicó: (…) somos personas que reunimos condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales en razón del conflicto armado interno en nuestro país (fl. 1 del c.1.).

13 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso, Sección Tercera, auto de 28 de septiembre de 2017, Expediente 13001-23-33-000-2015-00357-01(58773), M. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e).

14 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
(…).
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia (…).

15 Sobre este punto, la Corte Constitucional ha precisado: (…) El Registro Único de Población Desplazada –RUPD–, hoy Registro Único de Víctimas (RUV) cumple un sinnúmero de funciones encaminadas a garantizar en forma efectiva los derechos de la población y por esta vía hacer frente a la situación de emergencia en la que se encuentran a causa de la violencia. A través de él, se pretende entre otras cosas, hacer operativa su atención por medio de (i) la identificación de las personas a quienes va dirigida la ayuda; (ii) la actualización de la información de la población atendida y, (iii) el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas que buscan proteger sus derechos. Además, por su conducto (i) se materializan las entregas de ayudas de carácter humanitario; (ii) el acceso a planes de estabilización socio económica y programas de retorno, reasentamiento o reubicación y, (iii) en términos generales el acceso a la oferta estatal y los beneficios contemplados en la ley. (Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-556 del 27 de agosto de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa).

16 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-006 de 13 de enero de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo.

17 Consultar, entre otras, las siguientes providencias: i) providencia de 10 de febrero de 2016, Expediente 050012333000201500934 01 (AG), M. P. Hernán Andrade Rincón; ii) providencia de 30 de marzo de 2017, Expediente 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG), M. P. Ramiro Pazos Guerrero y iii) providencia de 17 de diciembre de 2013, Expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01(45092), M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

18 En reciente pronunciamiento, esta Subsección sostuvo: (…) Así las cosas, dado que la Constitución de 1991 no brinda un concepto de población civil, se requiere acudir al bloque de constitucionalidad, en este caso, a lo dispuesto en el artículo 50 del protocolo I adicional a los convenios de Ginebra que, atendiendo a una descripción por negación, considera como población civil a aquellas personas que no se encuadren en las categorías de miembros de fuerzas armadas o prisioneros de guerra. (Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 14 de septiembre de 2017, M. P. Carlos Alberto Zambrano).

19 De acuerdo con la subsección C de esta corporación: (…) El segundo elemento estructurador del acto de lesa humanidad hace referencia al tipo de ataque, debiendo ser éste generalizado o sistemático, en tanto supuestos alternativos. Así, por generalizado se entiende un ataque que causa una gran cantidad de víctimas o dirigido contra una multiplicidad de personas, es decir, se trata de un criterio cuantitativo. A su turno, el carácter sistemático pone acento en la existencia de una planificación previa de las conductas ejecutadas, de manera que, siguiendo a la Comisión de Derecho Internacional, lo importante de este requisito es que excluye el acto cometido al azar y no como parte de un plan o una política más amplios. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Expediente 73001-23-31-000-2003-01736-01(35413), M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).