Auto 2016-00290 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 170012333000201600290 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actora: María Eliceneth Vinasco Sosa y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional-Policía Nacional y otros

Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

Bogotá D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. Esta corporación es competente para conocer del presente asunto por tratarse de la apelación de una decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, en el marco del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 150(8) y el numeral 16 del artículo 152(9) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

7. Por su parte, esta subsección es competente para proferir la decisión de acuerdo con lo señalado por el artículo 125 del C.P.A.C.A., al tratarse del recurso de apelación interpuesto contra el auto a través del cual el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, rechazó la demanda, providencia que es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 321 del C.G.P(10).

II. Problema jurídico

8. Le corresponde a la Sala determinar si para el caso de autos operó el fenómeno de la caducidad, para lo cual será necesario determinar el tipo de medio de control relacionado con los presuntos hechos dañosos demandados y la fecha de su ocurrencia. Finalmente se determinará si hay lugar a la aplicación de una regla excepcional a la referida institución de admisibilidad.

III. Análisis de la Sala

9. En el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011 se estableció la “reparación de los perjuicios causados a un grupo”, como medio de control según el cual “[c]ualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia (…)”.

10. Sobre la “norma especial que regula la materia”, se recuerda que la Constitución Política de 1991, en su artículo 88, estableció que mediante la ley se regularían las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, mandato que fue cumplido con la Ley 472 de 1998 “por la cual se desarrolla [la norma superior] en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

11. Sobre el referido medio de control, específicamente en lo que respecta a la coexistencia normativa entre lo dispuesto en la Ley 472 de 1998 y lo preceptuado posteriormente en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta corporación ha señalado que:

“(…) Como se aprecia, la Ley 1437 de 2011 reguló algunos aspectos de la pretensión –antes acción– de grupo, de manera concreta tres tópicos claramente identificados: i) la pretensión como tal, ii) la caducidad de la misma, iii) y la competencia funcional para el conocimiento en primera y segunda instancia (arts. 145, 152, 16, 164 lit. h).

No obstante, en la disposición que regula la pretensión objeto de estudio (art. 145, CPACA), se determinó que el ejercicio de la misma se haría en los términos señalados por la norma especial que rige la materia, es decir, la Ley 472 de 1998.

De modo que, respecto a los efectos de la ley en el tiempo contenidos en las leyes 57 y 153 de 1887[(11)], es posible arribar a las siguientes conclusiones: i) la Ley 1437 de 2011, es una norma ordinaria general posterior que modificó una ley ordinaria especial previa en los temas enunciados; en otros términos, el CPACA subrogó o modificó tácitamente la pretensión, la caducidad y la competencia, aspectos que ahora estarán regulados en esta codificación, circunstancia por la que los restantes aspectos relacionados con este tipo de procesos permanecen desarrollados en la normativa especial, es decir, la Ley 472 de 1998.

En esa línea de pensamiento, resulta evidente que la otrora llamada acción de grupo, quedó modificada en cuanto se refiere a la materia contencioso administrativa por la pretensión de grupo, la cual se deberá ejercer en los términos fijados en la Ley 1437 de 2011, según la competencia y el plazo de caducidad allí contenidos. A contrario sensu, los demás temas continúan bajo el imperio de la ley especial —472 de 1998— que regula las pretensiones populares y de grupo (…)(12) (se resalta)”.

12. En virtud de lo anterior, se encuentra que los aspectos regulados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo respecto a la reparación de los perjuicios causados a un grupo, son específicamente los relacionados con la pretensión, en tanto medio de control, la caducidad del mismo y la competencia funcional para su conocimiento por parte de jueces y magistrados de la jurisdicción contencioso administrativa. En consecuencia, debe entenderse que todos aquellos aspectos diferentes a los contenidos en el C.P.A.C.A. —v. gr. el régimen de impugnaciones— serán tratados bajo las disposiciones de la Ley 472 de 1998, comoquiera que es la norma especial que reglamenta concretamente la materia, debido a que conserva su vigencia.

13. Ahora bien, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y, de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

14. En tal sentido, el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial.

15. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, de conformidad con el literal (h) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, se estableció un término de dos (2) años contados a partir de la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.

16. En el presente asunto, el a quo consideró que el término de caducidad del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo se encontraba ampliamente superado, comoquiera que “los hechos que dieron origen al perjuicio” fueron conocidos por la parte demandante conforme a cada una de las fechas de su presunta ocurrencia —entre 1987 y 2013—, por lo que, al haber sido promovida la demanda el 22 de abril de 2016, esta fue extemporánea respecto de todos estos.

17. Por el contrario, sobre la caducidad del medio de control, la parte recurrente adujo que esta debía responder a un “examen de proporcionalidad o control de convencionalidad”, en tanto los hechos demandados estaban relacionados con el conflicto armado colombiano “y por ende, los hechos victimizantes expuestos constitu[ían] delitos de lesa humanidad”. En tal sentido, sostuvo, debía aplicarse un análisis diferente de admisibilidad de la causa, similar a las excepciones establecidas por esta corporación para la admisión de demandas de reparación directa en el marco de afectaciones graves a los derechos humanos, donde el juez de daños estaba llamado a considerar la normatividad internacional pertinente, así como “el criterio de universalidad que se despren[día] para encontrar una regla de cómputo de la caducidad diferenciada, haciendo primar la materialidad de estos derechos y de la tutela judicial efectiva”.

18. En virtud de lo anterior, lo primero que debe resaltar la Sala, en tanto condiciona la regla de caducidad cuestionada, es que la demanda promovida fue iniciada en el marco del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuya naturaleza implica, como requisito sine qua non, la unidad de causa en lo relacionado con los presuntos daños alegados.

19. En efecto, se recuerda que el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011 establece como requisito para la procedencia del medio de control de perjuicios causados a un grupo, que exista, no solo un número plural de personas, sino también que todas y cada una de ellas reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa, la cual originó una serie de perjuicios individuales a quienes hacen parte del conjunto demandante de reparación.

20. En relación con lo anterior, también se hace notar que el artículo 46 de la Ley 472 de 1998, normatividad especial que otorga mayores luces respecto a la naturaleza del medio de control, establece que “las acciones de grupo son aquellas interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas” (se resalta).

21. Respecto de la unidad de causa que debe caracterizar todo asunto demandado por intermedio de la reparación de perjuicios causados a un grupo en sede de lo contencioso administrativo, esta corporación ha referido que:

“(…) [E]n el análisis de las condiciones uniformes respecto de una misma causa que generó perjuicios, como requisito de procedibilidad de la acción, debe realizarse así: i) en primer término identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda y determinar si estos son uniformes para todo el grupo; ii) en segundo término, mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, determinar si estos hechos generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo; y iii) finalmente,’(…) el resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como pluralidad de personas que sufren unos daños originados en uno o varios hechos generadores comunes a todos; si se descubre lo contrario, en cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la inexistencia del grupo y por consiguiente la improcedencia de la acción (…).

En tal virtud, si una vez efectuado el análisis de la relación de causalidad, se concluye que los daños sufridos por el grupo tienen un mismo hecho o cadena de hechos como fuente eficiente única, se cumple con el requisito de comunidad en la causa que predican las normas de la Ley 472 de 1998. Este análisis debe ser el resultado de la aplicación de criterios razonables por parte del juez, que consulten la realidad que se le somete a su consideración con la acción de grupo y bajo la perspectiva de que el hecho común generador de los daños reclamados no tiene que ser entendido de manera esencialmente natural sino desde una óptica jurídica, porque es posible que se presenten varios eventos ligados en tal forma que legalmente sean uno mismo”(13).

22. Así pues, antes de proceder al estudio de la caducidad y los argumentos propios del recurso de alzada, la Sala considera indispensable referir que el simple contexto de hostilidades aludido no dota por sí solo a tales circunstancias de un marco interdependiente de situaciones perjudiciales conforme lo exige el medio de control en cuestión. Esto comoquiera que la parte recurrente aduce que todos los hechos dañosos están relacionados con el conflicto armado, en tanto constituyen delitos de lesa humanidad.

23. Tal como se evidencia en el libelo introductorio —supra párr. 2.1.—, la parte actora hizo referencia al caso de 26 personas (como víctimas directas) quienes fueron presuntamente privadas de la vida a manos de actores armados, concretamente, miembros de “grupos paramilitares” que operaban en la zona donde tales hechos habrían ocurrido. Lo anterior, a su vez, según lo relatado en la demanda, tuvo lugar en diferentes momentos dentro de un interregno comprendido entre el 4 de marzo de 1987 —primer hecho— y el 29 de enero de 2013 —último—, de suerte que, cada circunstancia particular comporta un término independiente de las demás.

24. En tal sentido, observa la Sala que: i) los hechos alegados como dañosos son múltiples respecto de cada víctima directa —26 en total—; ii) todos comparten un elemento del cual derivarían los daños alegados, cual es la privación de la vida de las víctimas; iii) se asemejan en cuanto a una alegada responsabilidad que sería atribuible a grupos armados ilegales —fuerzas paramilitares concretamente—; y iv) son circunstancias que habrían acaecido en el marco del conflicto armado.

25. Sin embargo, tales similitudes no son suficientes para satisfacer los requerimientos jurisprudencialmente establecidos por esta corporación para considerar que existe una unidad de causa que permita que ellos sean alegados en el marco del medio de control en cuestión. Especialmente porque no existe un hecho uniforme y un nexo de causalidad entre este y los daños alegados.

26. La Sala resalta que el grupo alegado como conjunto de personas que padecieron perjuicios individuales no cumple con el requisito consagrado en el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011, ni lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 472 de 1998, toda vez que no existe una unicidad en cuanto a la causa de la cual se derivarían los presuntos daños alegados. Lo que se evidencia es la presunta ocurrencia de afectaciones independientes que lo único que comparten son el elemento de haber sido presuntamente ocasionadas en el contexto del conflicto armado colombiano, y en ciertos casos, las mismas fechas de su acaecimiento (entiéndase día, mes y año), no así las circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar, y de allí las autoridades a quienes serían imputables los hechos alegados.

27. Ahora bien, el hecho que compartan el elemento contextual relacionado con el conflicto armado colombiano, no implica per se el agotamiento de la exigencia de causa común, pues como se vio arriba, esta depende de un análisis en virtud del cual deben concurrir unas circunstancias específicas que permitan demostrar la conexión necesaria para concluir dicha unicidad.

28. Razonar en sentido contrario, sería admitir la tesis según la cual todas las circunstancias que ocurrieron en el marco del conflicto armado, por ese simple hecho, configuran una causa común en virtud de tal contexto, y en consecuencia, a esta causa u otra similar, conforme al medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, podrían acumularse la totalidad de los daños generados en dicho escenario contextual a miles y millones de personas que se han visto afectadas directamente por el conflicto, cifra que sería aún mayor si se consideraran las afectaciones indirectas de los mismos a lo largo del territorio colombiano.

29. No se puede por tanto desfigurar la naturaleza, posibilidades y condiciones del medio de control aquí referenciado, so pena de argumentos como los elevados por la parte recurrente en su escrito de apelación, pues está en juego no solo la seguridad jurídica, sino también la estabilidad de las instituciones sustanciales y procesales que enmarcan al Estado social de derecho, en los términos de la justicia permanente.

30. Debe resaltar la Sala que ante la imposibilidad de satisfacer con las condiciones y requerimientos del medio de control de reparación de perjuicios a un grupo, existen otros caminos jurídicamente viables que permitirían abrir la puerta para el reconocimiento de los derechos de las víctimas ante afectaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, tanto administrativas, como jurisdiccionales y extrajudiciales que permitirían, en el marco de una justicia transicional por ejemplo, administrar justicia frente a tales circunstancias.

31. Ahora bien, conforme a lo anterior, al entender que el medio de control promovido no se constituye como la vía procesal pertinente, y a la luz de las herramientas otorgadas por la Ley 1437 de 2011 al juez administrativo para readecuar el trámite de los asuntos puestos ante su conocimiento (art. 171, ibídem), la Sala encuentra procedente concluir que la presente causa debe ser tramitada bajo la vía procesal de la reparación directa.

32. Agotado el anterior análisis, la Sala procederá a examinar, en el marco de la discusión puesta en consideración en el escrito de apelación si, entendidos de manera independiente, los daños invocados en reparación fueron alegados de forma extemporánea respecto del medio de control, y en tal evento, si ameritarían la aplicación excepcional de una regla de caducidad como lo sostiene la parte actora.

33. En primer término, se advierte que el conjunto de hechos de los cuales se invocan los daños demandados, tuvieron ocurrencia en distintos momentos. Así, en total fueron alegadas veintiséis circunstancias fácticas presuntamente acaecidas entre el 4 de marzo de 1987 y el 29 de enero de 2013, todas ellas relacionadas con homicidios cometidos por actores armados en el marco del conflicto colombiano.

34. Es decir, la totalidad de los hechos dañosos aludidos en el libelo introductorio tuvieron presunta ocurrencia en las fechas concretas definidas en el mismo, por lo que se puede sostener que las supuestas víctimas —los familiares de quienes fueron privados injustamente de la vida—, conocieron el acaecimiento de los hechos para cada una de los alegados momentos, de modo que, tuvieron conocimiento y conciencia plena del daño a partir de su escenario generador.

35. Lo anterior se hace evidente al revisar las pruebas obrantes en el plenario, las cuales dan cuenta de las fechas para las cuales los familiares de las personas presuntamente asesinadas tuvieron conocimiento y conciencia de los daños sufridos, en tanto estos derivarían directamente de los alegados homicidios endilgados a actores armados en el marco del conflicto interno colombiano(14).

36. Así las cosas, en principio, deberá contarse el término de caducidad conforme a cada una de las fechas alegadas, de forma individual e independiente. En tal virtud, al tener en cuenta que la demanda fue promovida el 22 de abril de 2016, es claro que, tal como lo concluyó el tribunal en sede de primera instancia, todas y cada una de las pretensiones se encuentran caducadas, en tanto el término de dos años fue ampliamente superado tanto en el caso de la primera de las fechas invocadas (4 de marzo de 1987), como también en la última de estas (29 de enero de 2013), en cuyo evento no fue demostrado elemento alguno como el intento de conciliación prejudicial, que obligue al juzgador a contar el término de manera distinta. En este orden de ideas, es claro que la parte actora podía promover la causa, respecto del más reciente acontecimiento suscitado, a más tardar el 30 de enero de 2014.

37. Ahora bien, la Sala procede a pronunciarse respecto al argumento elevado por la parte recurrente sobre la necesidad y posibilidad de aplicar una excepción al término de caducidad del medido de control, en consideración a que, en su sentir, se trata de un “tema que orbita dentro de la esfera del conflicto armado en Colombia y por ende los hechos victimizantes expuestos constituyen delitos de lesa humanidad”, lo cual, a su vez, amerita un “examen de proporcionalidad o control de convencionalidad” que responda a lo establecido tanto a los instrumentos internacionales como a la jurisprudencia de esta corporación sobre el particular.

38. Así, lo primero que debe aclarar la Sala es lo relacionado con la regla excepcional de caducidad que ha aplicado esta corporación para casos relacionados con presuntas afectaciones a los derechos humanos, pues dicha consideración no constituye un asunto pacífico ni unificado a nivel de esta corporación, en tanto los precedentes conocidos al respecto tienen que ver con decisiones que han sido adoptadas por las diferentes Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, las cuales por su naturaleza, no comportan un criterio que ate, ni obligue a concluir necesariamente que todo evento que evidencie una posible afectación a los derechos humanos amerite in genere la excepción a la caducidad por parte de las demás(15).

39. Así por ejemplo, esta subsección ha referido en pasadas oportunidades que:

“(…)

[L]a Sala debe aclarar que no cualquier perjuicio considerado como ultraje a la integridad personal comporta la gravedad que lo eleve a la categoría de un crimen de lesa humanidad o violación a los instrumentos internacionales sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y por consiguiente amerite una contabilización diferente de caducidad.

En efecto, si bien es cierto que la prohibición a la tortura es una protección de carácter absoluta, es de advertir que la noción y alcance sobre los hechos constitutivos de la misma, así como el rasero a tener en cuenta para diferenciarla de otras formas de afectación de la dignidad humana como el trato cruel, inhumano o degradante, es una cuestión que aún no ha sido plenamente decantada por los instrumentos internacionales aplicables al ordenamiento jurídico colombiano.

(…)

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que los hechos que eventualmente lleguen a ser constitutivos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en sede de la jurisdicción contencioso administrativa, deben ser entendidos como daños que, al no ser equiparables per se a los crímenes de lesa humanidad , esto es, que a pesar de encuadrar en las tipologías arriba descritas no se caracterizan por un factor de ejecución asociado a la sistematicidad o generalidad, deben ser valorados siempre bajo la regla general de la caducidad para efectos de la reparación por parte del juez de daños.

En el presente caso, si bien la parte demandante invocó el acaecimiento de una serie de hechos y conductas presuntamente desplegadas por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional que eventualmente podrían calificarse como constitutivas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cierto es que los mismos no ocurrieron en el marco de un escenario de generalidad o sistematicidad que permitan calificarlos como crímenes de lesa humanidad y, de allí, pensar en valorar de fondo si es posible o pertinente aplicar una excepción a la regla general de caducidad.

Por lo anterior, comoquiera que no resulta procedente estudiar de fondo la posibilidad de realizar una contabilización diferente para efectos de determinar la caducidad del medio de control, se debe concluir que el momento a partir del cual comenzó a contar el término para interponer la demanda dentro del sub lite, fue el día siguiente al de aquél en el cual la señora Shirley Patricia Albor Cárdenas y el señor Alcibiades Escué Musicue fueron capturados por parte de la entidad demandada Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, esto es el 3 de septiembre de 2004, de suerte que, la última fecha con la que contaban para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa vía reparación directa, fue el 3 de septiembre de 2006”(16).

40. No obstante, también se resalta que esta misma subsección se ha pronunciado recientemente en lo relacionado con la posibilidad de aplicar una excepción de caducidad frente a casos que constituyen delitos de lesa humanidad, al referir que:

“(…)

[E]n esta jurisdicción hay una excepción a la caducidad del juzgamiento de la responsabilidad del Estado en materia de delitos de lesa humanidad, en tanto existe la necesidad de dar un tratamiento especial a los casos en los que se producen graves violaciones de derechos humanos que pueden ser objeto del reproche internacional, buscando la protección de las víctimas y la consecuente indemnización de perjuicios a que haya lugar.

Para llegar a esta conclusión es necesario hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente el caso de Almonacid Arellano y otros vs. Chile, en donde se consideró que existe una norma del ius cogens, según la cual los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, dado que son graves violaciones a derechos humanos que afectan a toda la humanidad.

Según el aludido tribunal la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma del ius cogens que no se deriva de un tratado o una convención, sino que es un principio imperativo del derecho internacional que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, por lo que a pesar de que Chile no suscribió la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968 no puede dejar de cumplir dicha norma, en sus palabras: (…).

Sobre el particular es pertinente manifestar que las normas del ius cogens son aquellas disposiciones aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional sobre las cuales no se admite acuerdo en contrario y que únicamente pueden ser modificadas por una norma posterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. En ese sentido y de conformidad con el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 “todo tratado que contradiga esos principios es nulo frente al derecho internacional. Esto explica que las normas humanitarias sean obligatorias para los Estados y las partes en conflicto, incluso si estos no han aprobado los tratados respectivos, por cuanto la imperatividad de esta normatividad no deriva del consentimiento de los Estados sino de su carácter consuetudinario”.

(…)

Así las cosas, la no caducidad de la acción judicial para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es una norma del ius cogens, de obligatorio cumplimiento para los Estados siendo nulo cualquier tratado internacional encaminado a desconocerla.

(…)

Dicho lo anterior, debe advertirse que los crímenes de lesa humanidad constituyen graves violaciones de derechos humanos frente a las cuales debe operar un tratamiento diferenciado respecto a la contabilización de la caducidad del medio de control de reparación, distinción que desciende de una norma del ius cogens, que es una norma imperativa de derecho internacional obligatoria para todos los Estados y de inmediato cumplimiento.

(…)

Finalmente, teniendo claro el anterior panorama puede deducirse que al momento de efectuar el control de convencionalidad sobre la regla de caducidad consagrada en el artículo 164 numeral 2º literal h) de la Ley 1437 de 2011, se encuentra que dicha norma admite una excepción cuando se demanda la reparación por hechos materia de delitos de lesa humanidad, máxime si lo que se persigue es la reparación de intereses esenciales que son de intereses público(17) (se resalta).

41. Como se puede apreciar, el criterio jurisprudencial definido por esta subsección, que habilitaría una aplicación excepcional a la regla de caducidad, es que se trate de daños que deriven de la presunta ocurrencia de crímenes de lesa humanidad, los cuales constituyen una modalidad específica —y no otra diferente— de graves violaciones a los derechos humanos, la cual además fue específicamente definida para el caso del literal h), numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de suerte que, al tratarse de una excepción, no resulta extensible —en una aplicación analógica— a eventos bajo literales diferentes al referido.

42. Así mismo, debe anotar la Sala que conforme al precedente aludido, no toda afectación a los derechos humanos, o todo hecho relacionado con el conflicto armado colombiano goza —per se— de la potencialidad para ser entendido como un crimen de lesa humanidad, y con ello, que los daños derivados de su ocurrencia, al ser demandados ante el juez contencioso administrativo, sean merecedores de una excepción al término de caducidad.

43. Lo anterior no se trata de un desconocimiento de proporcionalidad o de un ejercicio de control de convencionalidad, únicamente, pues las exigencias de justicia no pueden desconocer de forma absoluta las instituciones jurídicas que permiten un control con fundamento legal y constitucional a lo que puede ser conocido por esta jurisdicción, salvo en eventos excepcionales que ameritan un trato diferenciado, lo cual debe ser definido en cada caso en concreto, tras verificar que una situación particular comporta tal gravedad, que ha sido previamente considerada como susceptible de prevalencia frente a las reglas generales de acceso y administración de la jurisdicción.

44. Ahora bien, al tener en cuenta el conjunto de hechos alegados en la demanda, la Sala reconoce que todos ellos comparten un elemento común, y es que presuntamente estarían relacionados directamente con el conflicto armado colombiano, en tanto habrían tenido ocurrencia a causa del accionar de grupos paramilitares con presencia en la zona donde ocurrieron los acontecimientos relatados.

45. No obstante lo anterior, la Sala debe resaltar que la aplicación de la excepción de caducidad no resulta procedente por el solo elemento de una relación entre el hecho o los hechos generadores y el conflicto armado colombiano. Por el contrario, se requiere de una conexión entre los perjuicios alegados en reparación y hechos que puedan ser catalogados como crímenes de lesa humanidad.

46. Sobre el carácter especial de ciertas violaciones graves a los derechos humanos para ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, ha dicho la Corte Constitucional que(18):

“Los delitos de lesa humanidad, tienen las siguientes características: i) causar sufrimientos graves a la víctima o atente contra su salud mental o física; ii) inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático; iii) estar dirigidos contra miembros de la población civil y iv) ser cometidos por uno o varios motivos discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso.

La tipificación de los crímenes contra la humanidad se ha incluido en el artículo 6º c) del Estatuto de Nüremberg, en el Proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad (Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind) de 1954, en los proyectos subsiguientes de la Comisión de Derecho Internacional, en el artículo 5º del Estatuto del tribunal penal militar internacional para la antigua Ex Yugoslavia, en el artículo 3º del Estatuto del tribunal penal internacional para Ruanda, en el artículo 18 del Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y finalmente en el artículo 7º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Estatuto de Roma (art. 7º), señala que los delitos de lesa humanidad incluyen una serie de conductas que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Mientras el literal a) del numeral 2º define “ataque contra una población civil” como “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1º contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.

Al examinar la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma –Sentencia C-578 de 2002—, la Corte consideró que los delitos de lesa humanidad son actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ya sea en tiempo de guerra externo, conflicto armado interno o paz. Además estableció que ‘aun cuando originalmente el concepto exigía una conexión con la existencia de un conflicto armado y la participación de agentes estatales, hoy en día el derecho penal internacional reconoce que algunas de las conductas incluidas bajo la categoría de crímenes de lesa humanidad pueden ocurrir fuera de un conflicto armado y sin la participación estatal’. En la mencionada decisión, esta corporación también estableció que la definición de crímenes de lesa humanidad que trae el Estatuto de Roma incluyó un avance en la definición que había sido empleada hasta el momento en el derecho penal internacional en razón a que (i) amplía la definición de crímenes de lesa humanidad para incluir expresamente las ofensas sexuales, (distintas a la violación), el apartheid y las desapariciones forzadas y (ii) aclara que tales crímenes se pueden cometer en tiempos de paz o de conflicto armado, y no requieren que se cometan en conexión con otro crimen, salvo que se trate del enjuiciamiento de cualquier grupo o colectividad”.

47. La referida exigencia es así, primero, porque aunque toda afectación a los derechos humanos en dicho contexto es grave per se, se llama la atención a que es clara la jurisprudencia aludida arriba —supra párr. 41— en que la regla diferenciada de caducidad hace referencia a una categoría especial de afectación a los mismos, en tanto no solo se ven comprometidos los bienes individuales y colectivos de un grupo, comunidad o nación, sino que además, y sobre todo, se ve gravemente ofendida la humanidad en su conjunto, lo que amerita una consideración de similar envergadura para el acceso a la justicia, incluida la reparación de perjuicios ejercida ante esta jurisdicción.

48. En segundo lugar, al considerar excepciones a la regla de caducidad, es necesaria una diferenciación estricta y clara, que se acompase con las exigencias propias de análisis especiales en eventos excepcionales de afectación a los derechos humanos. Lo anterior, porque en casos como el presente, que infortunadamente constituyen una vasta mayoría respecto a nuestra realidad colombiana, históricamente afectada por un conflicto armado de por lo menos cincuenta años, concluir que opera un trato diferente a dicha regla de admisibilidad, únicamente porque el asunto esté relacionado con el conflicto armado, se tornaría desproporcionado.

49. Lo anterior por cuanto daría lugar a abrir la puerta —sin restricción— a las innumerables demandas de justicia derivadas de hechos que han acaecido durante medio siglo de conflicto, sin atender a los criterios ordinarios de oportunidad para interponer el medio de control de reparación, en grave perjuicio de la estabilidad de la jurisdicción permanente. En tal escenario, la excepción de caducidad dejaría de ser un criterio especial de acceso a la justicia, y se convertiría en la regla para habilitar el conocimiento de las peticiones resarcitorias por parte del juez de daños, donde la institución del artículo 164 del C.P.A.C.A. dejaría de producir efectos y tener sentido.

50. En un evento así, se amenazaría además el principio de igualdad frente a quienes no han podido acudir ante esta jurisdicción por falta de medios, a quienes —en similares circunstancias al sub examine— concurrieron y les fue declarada la extemporaneidad del medio de control al aplicar la regla general de caducidad. En todos estos casos, por el único elemento de la relación entre los daños alegados y el hecho generador ligado al conflicto armado.

51. Igualmente se pondría en riesgo la seguridad jurídica de las instituciones propias de la jurisdicción permanente, en la que existen una serie de reglas procesales y sustanciales que por la complejidad de nuestro conflicto armado, han funcionado y aplicado en tanto mandato constitucional y legal, de forma diferente a la lógica propia de escenarios de justicia transicional en donde se prevén condiciones de acceso especiales, directamente relacionadas con el conflicto armado y sus particularidades.

52. Así pues, bajo el entendido de que las veintiséis pretensiones —individuales e independientes— de reparación elevadas por las personas demandantes, no satisfacen los requerimientos propios de los crímenes de lesa humanidad, a pesar de constituir graves afectaciones a los derechos humanos acaecidas en el marco del conflicto armado, y ante las cuales existen otros escenarios pertinentes para atender sus válidos y legítimos requerimientos de justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición —entiéndase en el marco de la justifica transicional(19)—, la Sala considera que no son susceptibles de aplicar la regla de excepción a la caducidad establecida por la jurisprudencia de esta subsección.

53. Así mismo, tampoco encuentra la Sala acreditada circunstancia alguna que impidiera a los familiares de las presuntas víctimas promover la demanda de reparación directa a partir del momento en que tuvieron conocimiento de los hechos, tales como desplazamiento forzado, amenazas, u otro tipo de hecho ligado con el conflicto armado, que hiciera insuperable la posibilidad de promover las pretensiones alegadas dentro del sub lite.

54. En este orden de ideas, sobre la oportunidad para promover el medio de control aquí readecuado, la Sala considera forzoso concluir que el estudio de admisibilidad respecto a la caducidad debe regirse por la generalidad pertinente establecida en el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en consideración a que no resulta procedente la posibilidad de dar un trato excepcional a la referida institución procesal por cuanto no se acompasa con los criterios reseñados en precedencia.

55. Así las cosas, para la Sala es claro que existe evidencia suficiente para concluir que las personas demandantes pudieron haber acudido ante el juez de daños a partir de las distintas fechas en que los hechos en los que se basan sus pretensiones tuvieron ocurrencia.

56. De modo que, tal como se advirtió en precedencia —supra párr. 37—, y en igual sentido a como lo concluyó el a quo, al tener en cuenta de forma independiente todas y cada una de las fechas referidas en la demanda, respecto al interregno comprendido entre el 4 de marzo de 1987 y el 29 de enero de 2013, es claro que, al haber sido interpuesta la demanda el 22 de abril de 2016, lo fue por fuera del término legal consagrado en el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011(20).

57. En consecuencia, la Sala procederá, por las razones expuestas en precedencia, a confirmar la decisión impugnada toda vez que encuentra acertada la conclusión a la que llegó el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, al disponer el rechazo de la demanda por considerar que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión adoptada mediante auto del 31 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, por las razones expuestas en la presente providencia.

2. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo

Notifíquese y cúmplase».

8 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.

9 “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) [d]e los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.

10 “(…) También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (…) [e]l que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas”, disposición aplicable por remisión del artículo 68 de la Ley 472 de 1998.

11 [“La ley posterior prevalecerá sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior”].

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 31 de enero de 2013, exp. 2012-34-01 (A.G.), C.P. Enrique Gil Botero.

13 [8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 16 de marzo de 2015, exp. 2014-1091 (A.G.) C.P. Olga Mélida Valle de La Hoz.

14 En efecto, así lo evidencian las fechas aludidas en cada una de las pruebas documentales obrantes a folios 91-97; 116-122; 133-137: 153-163; 180-189; 204-208; 218-226; 241-254; 263-268; 280-288; 295-300, del cuaderno 1; así como también en aquellas visibles a piezas: 319-323; 336-338; 351-353; 366-370; 399-401; 413-423: 433-441; 462-465; 479, 483-485; 507; 521-528; 538-539; 554-576; 583-598; y 613-615, del cuaderno 2. Todas ellas dan cuenta del momento de ocurrencia del presunto hecho dañoso —muerte— de las víctimas tal como lo indican las fechas referidas en el libelo introductorio —supra párr. 2.1.—.

15 Así por ejemplo, la Subsección C de esta corporación ha admitido excepciones a la regla de caducidad de la reparación directa, en dos casos concretos: frente a una alegada situación de desplazamiento forzado, y ante daños derivados de presuntos crímenes de lesa humanidad. No obstante, tales decisiones no han sido proferidas en el marco de una unificación, de modo que constituyan un criterio completamente vinculante. Para efecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, autos del 26 de julio de 2011, exp. 41037, C.P. Enrique Gil Botero; y del 17 de septiembre de 2013, exp. 45092, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto del 2 de mayo de 2016, exp. 47387, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto del 29 de marzo de 2017, exp. 2014-01449-01 (A.G.), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

18 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-579 del 28 de agosto de 2013, exp. D-9499; Consideraciones que han sido retomada, entre otras, en Sentencia C-084 del 24 de febrero de 2016, exp. D-10903.

19 Propiciada entre otras por contextos concretos como lo son, aquél derivado de la Ley 975 de 2005 “[p]or la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en cuyo artículo 4º establece que “el proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”. Y como el propiciado por el Acto Legislativo 1 de 2017 “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y Duradera y se dictan otras disposiciones”, el cual consagra en su disposición introductoria que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición —S.I.V.J.R.N.R.—: “parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

20 “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.