Auto 2016-00299/59783 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 410012333000201600299 01

Exp.: 59783

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Martha Lucero Ortiz Ortiz y otros

Demandado: E.S.E. hospital departamental San Antonio de Pitalito y otros

Referencia: Medio de control de reparación directa

Bogotá D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete

Procede el despacho a decidir el recurso de apelación presentado por la demandada Asmet Salud E.P.S. contra el auto del 5 de junio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo del Huila, en virtud del cual se rechazó el llamamiento en garantía formulado en el asunto de la referencia.

Antecedentes

1. El 20 de junio de 2016, por intermedio de apoderado judicial, la señora Martha Lucero Ortiz Ortiz en nombre propio y en representación de sus hijos menores Erica Tatiana y Yoni Alexander Botina Ortiz, y David Fernando Botina Quinayas, mediante apoderado judicial, instauró demanda de reparación directa en contra de la E.S.E. hospital departamental San Antonio de Pitalito, la E.S.E. Arsenio Repizo Vanegas y Asmet Salud E.P.S., con el objeto de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios derivados de las fallas en el servicio médico de atención durante el periodo de gestación de su embarazo, que dio como resultado la muerte de sus hijas gemelas no nacidas, el 17 de julio de 2015 (fl. 5-18, cdno. 1).

2. Mediante auto del 22 de agosto de 2016, el magistrado sustanciador de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila resolvió inadmitir la demanda por considerar que: (i) existían diferencias entre las condenas establecidas en el poder y las solicitadas en la demanda; (ii) no se estimó razonadamente la cuantía; (iii) no se allegó copia de la demanda para el archivo, así como de los certificados de existencia y representación de los hospitales demandados; y (iv) no se presentó juramento estimatorio de las pretensiones como lo establecía el artículo 206 del Código General del Proceso (fl. 237, cdno. 2).

3. Corregida la demanda, mediante auto de 24 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión Tercera, ordenó admitirla (fl. 237, cdno. 2).

4. El 22 de febrero de 2017, una vez notificado de la demanda(1), el apoderado de la parte demandada Asmet E.P.S., dentro del término para contestar el libelo introductorio(2) y en escrito separado, elevó solicitud de llamamiento en garantía. En el memorial, se hizo alusión al artículo 225 del C.P.A.C.A. en los siguientes términos:

“(…) [E]l artículo 225 de la Ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo señala la facultad de quien tiene derechos derivados de la ley o el contrato para exigir de un tercero un reembolso del pago de perjuicios que tuviere que hacer como resultado de una sentencia, para citar al proceso a aquel a efectos de que en el mismo proceso se resuelva sobre su relación, supuesto fáctico que se presenta en este evento y en el que se legitima el presente llamamiento(3)”.

4.1. Adicionalmente, en el mismo escrito de solicitud de llamamiento en garantía, refirió que:

“(…) El llamamiento se hace con el objeto de que en la eventualidad de que se declare la responsabilidad de la ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD EPS, empresa que represento, sea la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS de San Agustín (H) y a la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO de Pitalito (H), de acuerdo a lo probado en el proceso, las que entren a responder por los eventuales daños causados, en los términos de los contratos suscritos entre mi representada y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud mencionadas(4)”.

5. Mediante auto del 5 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo del Huila se pronunció sobre el llamamiento en garantía efectuado por Asmet Salud E.P.S. Al respecto, hizo referencia literal al artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y sostuvo que:

“(…) De la norma citada se extrae que cuando entre el llamado y llamante existe una relación legal o contractual de la que surge la obligación del primero a reparar el daño o efectuar el reembolso del pago total o parcial que le pudiera ser impuesto al segundo en la sentencia, se puede pedir la citación de aquel para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

El objeto del llamado en garantía es que un tercero que tiene la obligación legal o contractual sea el que pague el valor que eventualmente se imponga por sentencia, siendo parte del proceso y ejerciendo su defensa.

En resumen, para que proceda el llamamiento se necesita que exista la relación legal o contractual mencionada y que cumpla con el objeto del mismo. (…).

En el presente caso, la demandada ASMET Salud EPS llama en garantía a la ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito y la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín. Conforme los hechos relatados por la llamante y los contratos anexados, se puede vislumbrar la relación contractual que existe entre ella y los llamados.

Considerando la finalidad/objeto de esta figura procesal (que un tercero responda vinculándose al proceso), se observa que la ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito y la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín se hallan legalmente vinculadas al proceso como parte demandada, por lo que se torna improcedente el llamado que se le hace, pues se reitera, ya son parte del mismo y no terceros”.

5.1. En virtud de tal consideración, el a quo resolvió rechazar el llamamiento en garantía solicitado por Asmet Salud EPS (fl. 57-58, cdno. ppal.).

6. Contra la anterior decisión, el 9 de junio de 2017 (fls. 61-67, cdno. 1), el apoderado de Asmet Salud E.P.S., dentro del término legal(5), allegó escrito de apelación, en el que además de hacer referencia a algunos pronunciamientos emitido por esta corporación sobre la procedencia del llamamiento en garantía entre quien es co-demandado, adujo que:

“(…) Tal como lo señala expresamente el tribunal en el auto que se recurre, debe argüirse que el llamamiento supone la existencia de una relación jurídico sustancial diferente a la que es objeto de las pretensiones contenidas en la demanda aunque entre ambas exista una dependencia necesaria, pues claro resulta que solamente cuando se produzca una sentencia de condena, habrá lugar a estudiar si el llamado debe asumir, en virtud de la existencia de la garantía, las obligaciones objeto de la condena.

Significa lo anterior que la relación jurídica que existe entre el demandante y los demandados es muy diferente a la que se da entre el demandado que formula el llamamiento en garantía y el llamado en garantía. La primera relación jurídica gira en torno al aspecto principal del proceso, es decir sobre la prosperidad de las pretensiones de la demanda o de las excepciones que planteen los demandados, mientras que la segunda gira en torno a la existencia del vínculo legal o contractual, para que el llamado en garantía sea quien responda de la eventual condena que se imponga a quien lo llamó.

En el asunto en concreto es claro que mi representada suscribió contratos de prestación de servicios de salud con la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VBANEGAS de San Agustín (H) (H-556-15) y con la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO de Pitalito (H) (H591-15), para la vigencia 2015, y que además dentro de ellos se estableció que no habría responsabilidad solidaria entre las partes. No obstante, en las pretensiones de la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de las ESE y mi representada frente a la presunta falla médica alegada, lo que implica que si las pretensiones son acogidas tal y como las solicita el apoderado de la parte actora dentro de su escrito de la demanda, debe mi representada iniciar acciones contra las citadas ESE.

(…) Sin perjuicio de lo anterior, lo que per sé resulta suficiente para revocar el auto apelado, sea del caso aducir que el Código General del Proceso en el parágrafo de su artículo 66 alude al llamamiento en garantía formulado frente a quienes ya ostenten la calidad de parte dentro del proceso (…).

Finalmente, sea del caso poner de presente que la disposición transcrita resulta aplicable en el procedimiento contencioso administrativo en virtud de la remisión e integración normativa dispuesta en el artículo 306 del CPACA, toda vez que lo relacionado con el llamamiento en garantía a sujetos que ya son parte en el proceso no tiene una regulación expresa en el referido Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

7. El 28 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo del Huila concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad demandada Asmet Salud E.P.S. (fl. 77, cdno. ppal.).

Consideraciones

I. Competencia

8. Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado de conformidad con el numeral 6º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(6).

9. De igual forma, se advierte que el despacho debe decidir el presente asunto de acuerdo con lo señalado por el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse del auto a través del cual el Tribunal Administrativo del Huila denegó la solicitud de llamamiento en garantía presentada por Asmet Salud E.P.S. como parte demandada, providencia que es apelable de conformidad con lo establecido en el artículo 226 ibídem.

II. Problema jurídico

10. Le corresponde al despacho determinar si dentro del sub examine es procedente acceder a la solicitud de llamamiento en garantía que fue propuesta por la parte demandada Asmet Salud E.P.S., de acuerdo con los requisitos legales establecidos para la vinculación de terceros como llamados en garantía, respecto a las E.S.E. hospital departamental San Antonio de Pitalito y hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín. Para el efecto, deberá establecerse si esta puede admitirse respecto de quien ya ha sido accionado dentro del litigio.

III. Análisis del despacho

11. El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual que vincula a la parte dentro de un proceso determinado (llamante) y a una persona ajena al mismo (llamado), permitiéndole al primero traer a este como tercero, para que intervenga dentro de la causa, con el propósito de exigirle que concurra frente a la indemnización del perjuicio que eventualmente pueda llegar a quedar a cargo del llamador, con ocasión de la sentencia. Se trata pues de una relación de carácter sustancial que ata al tercero con la parte principal, en términos de la responsabilidad derivada de una determinada decisión judicial(7).

12. Ahora bien, en materia del llamamiento en garantía, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(8), debe la parte interesada cumplir con una serie de requisitos mínimos para efectos de que prospere su solicitud. En efecto, dicha norma señala que le corresponde a la parte llamante mencionar en el escrito de su solicitud, entre otras cosas: (i) la identificación del llamado, (ii) la información del domicilio y de notificación tanto del convocante como del citado, y (iii) los hechos en que se fundamenta el llamamiento(9).

13. Adicionalmente, existe (iv) la carga de aportar prueba, si quiera sumaria, de la existencia del vínculo legal o contractual que da lugar al derecho para formular el llamamiento en garantía. Es decir, es indispensable, además del cumplimiento de los requisitos formales, que el llamante allegue prueba del nexo jurídico en que apoya la vinculación del tercero al proceso, dado que su inclusión en la litis, implica la extensión de los efectos de la sentencia judicial al convocado, causándole eventualmente una posible afectación patrimonial.

14. En el presente caso, el tribunal de primera instancia consideró en la providencia impugnada que tanto la E.S.E. hospital departamental San Antonio de Pitalito, como la E.S.E. hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín se hallaban legalmente vinculadas al proceso como parte demandada. Por lo tanto, resultaba improcedente el llamamiento debido a que ya eran parte y no terceros.

15. En contraste, en el escrito de impugnación se sostuvo que el llamamiento en garantía solicitado resultaba procedente comoquiera que existía una relación contractual entre la solicitante y la parte llamada, que habilitaba dicha figura de vinculación. De esta manera, el recurrente señaló que la relación que existía entre el demandante y los demandados era muy diferente a la que se daba entre el demandado que formulaba el llamamiento en garantía y el llamado en garantía. Lo anterior, con fundamento en los precedentes judiciales proferidos por esta corporación, en los que se había avalado el llamamiento en garantía de quien era también demandado en el mismo proceso.

16. Advierte entonces el despacho que dentro de la presente oportunidad se discute si es posible llamar en garantía a quien ha sido demandado dentro de la misma causa en la cual se pretende su vinculación, lo que desde luego se encuentra inescindiblemente ligado al objeto de la controversia dentro de la que dicha institución busca ser aplicada.

17. Así las cosas, es fundamental referir que en principio, la figura del llamamiento en garantía, por la naturaleza que le es propia, solo es procedente respecto de quienes son ajenos al proceso pero que se encuentran relacionados legal o contractualmente con una de las partes demandadas. Por ello, al ser una figura de vinculación de terceros, su suerte dentro de la litis depende necesariamente de lo que ocurra con la parte en litigio, pues se entrará a evaluar la obligación del primero de responder por la eventual condena sí y solo sí, el extremo pasivo resulta condenado.

18. De esta manera, al existir una condena contra la parte demandada en cuestión, y dependiendo de la modalidad del llamamiento en garantía por medio de la cual se vinculó al tercero, esto es, por un contrato o por disposición legal, se deberá determinar si se cumplen los presupuestos para determinar la obligación —en todo o en parte— que en principio habría correspondido a la parte en litigio.

19. Lo anterior no quiere decir que en ciertos eventos, aun cuando la parte hubiere sido demandada, se encuentra indemne frente a un llamamiento en garantía dentro de la misma causa, pues, dependiendo de la naturaleza del objeto en litigio y las circunstancias que lo enmarcan, podrían eventualmente concurrir ambas posiciones, lo que depende, más que de la premisa abstracta derivada de la posibilidad de su vinculación, de la conexión de la conducta o posición de quien siendo demandado es también llamado en garantía, respecto de los hechos de la demanda, el daño y la relación contractual o legal entre la parte y el llamado.

20. De hecho, conviene referir, como lo hizo el recurrente, que en la actualidad no resulta extraordinario que una parte ya demandada pueda ostentar la calidad concomitante de llamada en garantía. En efecto, el Código General del Proceso, establece al respecto lo siguiente:

“ART. 64.—Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

(…)

‘ART. 66.—Trámite. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo anterior.

El llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía.

‘PAR.—No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes (se resalta)”.

21. Así, si bien es cierto que esta corporación ha planteado que es posible llamar en garantía al demandado, hay que poner en contexto la circunstancia fáctica en la que dicha vinculación se produjo en aras de determinar si un precedente específico resulta aplicable al caso en el que es alegado.

22. Por ejemplo, en el sub examine la parte recurrente cita varios pronunciamientos de esta corporación, y de manera especial uno en el que se realizó un llamamiento en garantía en el marco de un proceso de reparación directa a raíz de una demanda instaurada en contra de una E.P.S., la cual solicitó la mencionada vinculación respecto de una E.S.E. que también había sido vinculada como parte dentro del proceso. En el fallo que se comenta se indicó(10):

“(…) El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada se concreta a determinar si es procedente el llamamiento en garantía respecto de quien es co-demandado en el proceso (…).

Una vez vinculado al proceso el tercero llamado en garantía, se estructuran dentro del mismo dos relaciones jurídico procesales distintas; una entre quienes fungen como demandantes y demandados, y la otra que se instituye entre la parte demandada que formuló el llamado y quien en virtud del llamamiento en garantía es llamado a responder de la eventual condena que se imponga. La primera de estas relaciones gira en torno al aspecto principal del proceso, cual es el debate sobre la prosperidad de las pretensiones del accionante o de las excepciones que plantee el demandado; mientras que la segunda relación exige la existencia de una relación sustancial entre llamante y llamado, y por otra parte, el cumplimiento de las obligaciones de quien es llamado pende de la condición de la existencia de un fallo adverso al demandado llamante.

Ahora bien, respecto de la posibilidad de que se efectúe un llamamiento en garantía respecto de quien es también demandado en el mismo proceso, se observa que las normas que regulan esta figura procesal no abordan dicha situación, empero la jurisprudencia de esta corporación se ha pronunciado favorablemente al sostener en un caso similar que ‘aun siendo ambos demandados, si existiera prueba de un derecho legal o contractual– del Banco de la República a exigirle al popular el reembolso del monto al que resultare condenado, nada obstaría para que el primero llamara en garantía al segundo, con el fin de que el juez decidiera, en la misma sentencia, esa otra relación sustancial entre llamado y llamante, diferente e independiente de la que habría entre cada uno de ellos –en su calidad de demandados- y el señor Grande Peña’(11).

En el presente caso se observa que COOMEVA EPS S.A. llamó en garantía a COOMEVA EPS INTEGRADOS IPS LTDA y a la E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ del Municipio de Bello, siendo denegada la solicitud respecto de esta última Entidad, en razón a que se trata de una persona que ya está presente en el proceso en calidad de demandado. Al respecto, sostuvo el a-quo ‘en el presente caso no es procedente la solicitud de llamamiento en garantía que hace el apoderado de COOMEVA EPS S.A. a la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez del Municipio de Bello, ya que tal y como consta en el auto admisorio de la demanda a folio 60 dicha entidad fue integrada a la Litis en calidad de parte’.

Como se indicó, nada impide que uno de los demandados sea también llamado en garantía de otro de los demandados si se satisfacen los requisitos del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, por los que se procederá a determinar si existe un vínculo legal o convencional entre COOMEVA EPS S.A. y la E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁRES para que esta última concurra en el proceso también en calidad de llamado en garantía respecto de la primera (…).

A su vez en el numeral 10.5 del anexo 1, que forma parte de la oferta aceptada por COOMEVA EPS S.A., se indica: ‘10.5. RESPONSABILIDAD DE LA CLÍNICA: LA CLÍNICA se obliga sin solidaridad de COOMEVA EPS S.A. por los perjuicios que se puedan generar a esta, o a los afiliados o sus beneficiarios que atienda en cumplimiento del objeto de este contrato, como consecuencia de fallas del servicio imputables a las condiciones de infraestructura o tecnología, o por acciones u omisiones del personal que labore o disponga para la prestación de los servicios objeto del contrato, así como también los perjuicios que ocasionen sus socios, Grupos de práctica profesional o profesionales independientes con que cuente LA CLÍNICA para el cumplimiento de la presente oferta siempre y cuando medie un fallo judicial’.

De lo visto en el expediente se tiene que existe un vínculo jurídico entre COOMEVA EPS S.A. y la E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ, que alude específicamente a la asunción de responsabilidad de parte de la E.S.E por sus actuaciones generadoras de responsabilidad, estando vigente dicho convenio para la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es, el 24 de diciembre de 2007.

Por esta razón se revocará la decisión adoptada en el numeral 1 de la parte resolutiva del auto del 3 de septiembre de 2009 y, en su lugar, se admitirá el llamamiento en garantía formulado por COOMEVA EPS S.A. a la E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ”.

23. De lo anterior se desprenden dos elementos fundamentales para efectos del presente caso: (i) la posibilidad de que quien ha sido demandado en un litigio sea llamado en garantía por otra parte también accionada, debe emerger, necesariamente, de fuentes diferentes a las que los relacionan respecto a un mismo daño u objeto en litigio; de esta manera, no puede ser vinculado como tercero una de las partes a quien se le imputa en conjunto o en parte, un perjuicio —en el marco de la reparación directa— que le fue endilgado también a quien eleva dicha solicitud; y, en consecuencia, (ii) la responsabilidad solidaria de las entidades estatales no puede ser una de las fuentes que dé sustento al llamamiento en garantía, pues la primera figura no se acompasa con la naturaleza, características y fines de la segunda.

24. Lo anterior tiene sentido en la medida en que la utilización del llamamiento en virtud de la eventual solidaridad de dos demandadas por un mismo daño, resultaría redundante. No solo porque ambas, al ya estar vinculadas al proceso para el estudio de sus respectivas responsabilidades, no tendrían por qué ser nuevamente traídas a la litis para responder también por el caso de la eventual condena de su co-parte, pues el operador jurídico determinará el grado o alcance de cada una en el mismo escenario procesal ya habiendo sido accionadas; sino también porque si la solidaridad fuere la fuente del llamamiento, ambas partes podrían llamarse en garantía de forma recíproca, por lo que dicha institución se tornaría inocua.

25. Así pues, como lo sostuvo el tribunal de primera instancia, resultaría improcedente el llamamiento en garantía cuando los llamados se hallan legalmente vinculados al proceso como parte demandada, pues ya son parte y no terceros. No obstante lo anterior, como señala el recurrente, en este tipo de circunstancias es necesario determinar la conexión entre el objeto en litigio y la solicitud de vinculación de terceros promovida, lo que permitiría evaluar que la figura del llamamiento en garantía no resulta impertinente, redundante o inocua.

26. En el caso concreto, el llamamiento en garantía se invoca en virtud de una relación contractual entre la E.P.S. Asmet Salud y las E.S.E. hospital departamental San Antonio de Pitalito y hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín. En este sentido, la determinación de la calidad de las partes en el vínculo que le sirve de sustento no puede ser ignorada como presupuesto previo a la circunstancia de la demanda. Es decir que, antes de que ambas partes demandadas puedan ser consideradas como responsables de un daño demandado en sede de reparación directa, debe verificarse que entre ellas exista una relación contractual previa a la relacionada con un daño diferente a aquél por el cual ambas han sido demandadas en un mismo proceso.

27. Por lo anterior, conviene resaltar que en el presente asunto la demanda fue adelantada para efectos de lograr un resarcimiento de perjuicios por la presunta falla en la prestación del servicio de atención médica que llevó a que el 17 de julio de 2015, la señora Martha Lucero Ortiz Ortiz perdiera a sus hijas gemelas no nacidas dentro del periodo de gestación. Adicionalmente, se tiene dentro del fundamento fáctico de la demanda lo siguiente:

“(…) SEXTO: A MARTHA LUCERO le practicaron varios exámenes prenatales, asistió a varias citas para la valoración del embarazo gemelar, no obstante siempre la atendían de manera retardada, existiendo negligencia de la EPS.

SÉPTIMO: MARTHA LUCERO está afiliada al régimen en seguridad social en salud subsidiado a ASMET SALUD EPS.

OCTAVO: Para los primeros días de julio de 2005 MARTHA LUCERO solicitó cita con el especialista Perinatólogo para que el profesional de la medicina realizara el control ecográfico pero ASMET SALUD EPS negó la autorización.

NOVENO: MARTHA LUCERO asistió a consulta externa el 01 de julio de 2015 al HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS en donde el médico tratante concluyó: EMBARAZO GEMELAR MONOCORIAL BIAMNIOTICO CON CRECIMIENTO SIMÉTRICO CON ECO PREVIA CON UNA DIFERENCIA DE PESO DEL 18% GEMELO A CON BIOMETRÍA PARA EDAD GESTACIONAL 31.1 SEMANAS GEMELO B CON BIOMETRÍA PROMEDIO PARA EDAD GESTACIONAL 32.3 SEMANAS. Obsérvese que la diferencia en crecimiento de los gemelos es del 18%, cambio que no parece tomar en cuenta para tomar medidas pertinentes. También en la misma historia clínica del 01 de julio de 2015 en la impresión diagnóstica refiere insuficiente atención prenatal.

DÉCIMO: El 17 de julio de 2015 MARTHA LUCERO empezó a sentir dolores abdominales por ello se dirigió al HOSPITAL ESE ARSENIO REPIZO VANEGAS de San Agustín, ya en el hospital informan lo siguiente: PACIENTE CON CUADRO DE DOLOR EN HIPOGASTRIO QUE INICIA AYER, REFIERE QUE NO HA PERCIBIDO MOVIMIENTOS FETALES, ADEMÁS AL EXAMEN SE EVIDENCIA TA ELEVADA 130/90 QUE SE CONFIRMA ELEVADA, SE LE INTERROGA POR SINTOMATOLOGÍA REFIRIENDO FOSFENOS Y CEFALEA, CON EMB DE 40,4 SEM POR FUR Y 36,4 POR ECO, CPN No. 6 CON EMBARAZO GEMELAR MONOCORIAL BIAMNIÓTICO, CON EMB DE ARO POR INTERGENESICO LARGO, INICIO TARDÍO DE CPN Y EMB GEMELAR, TAMBIÉN REFIERE QUE DESDE AYER NO PERCIBE MOVIMIENTOS FETALES.

DECIMO PRIMERO: Los galenos del Hospital ESE ARSENIO REPIZO VANEGAS deciden remitirla al HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO, en el formato de traslado a pacientes y evolución durante la remisión (se anexa en las pruebas) se observa que existió demora en la remisión de MARTHA LUCERO, está en la hora de llegada las 13:30 hora de salida 12:50, al parecer 24 horas esperando la remisión.

DECIMO SEGUNDO: El 17 de julio de 2015 en el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO de Pitalito, fue atendida MARTHA LUCERO remitida del HOSPITAL ESE ARSENIO REPIZO VANEGAS, el análisis fue el siguiente: PACIENTE DE 30 AÑOS DE EDAD CON EMBARAZO GEMELAR MONOCARIAL BIAMNIÓTICO DE 36.4 SEMANAS QUE REMITEN DE SAN AGUSTÍN PORQUE DESDE AYER NO TIENE MOVIMIENTO FETALES Y PRESENTÓ DOLOR ABDOMINAL EN PRIMER NIVEL ENCUETRAN CIFRAS

TENSIONALES ELEVADAS, ADEMÁS DE AUSENCIA DE FETOCARDIAS POR LO QUE REMITEN, SE VALORA AQUÍ CON TENSIÓN ARTERIAL ELEVADA SIGNOS PREMONITORIOS DE ECLAMPSIA Y AUSENCIA DE FETOCARDIA EN AMBOS FETOS, ADEMÁS DE OLIGOHIDRAMNISO EN AMBOS FETOS, SE VALORA HISTORIA CLÍNICA DONDE SE ENCUENTRA QUE EL 02/07/2015 SE HABÍA REALIZADO ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA Y DOPPLER FETAL QUE SE HABÍA CITADO PARA CONTROL EN UNA SEMANA, PERO EPS NO AUTORIZÓ ECOGRAFÍA Y PACIENTE NO SE PUDO REALIZAR EL CONTROL SUGERIDO POR EL PERINATÓLOGO AHORA CONSIDERA QUE SE PRESENTE PRECLAMPSIA SEVERA POR TA ELEVADA, SIGNO PREMONITORIO Y ALTERACIÓN FETAL. POR LO QUE SE CONSIDERA HOSPITALIZAR PARA FINALIZAR EL EMBARAZO ADEMÁS DE VIGILANCIA DE ALTERACIÓN DE ÓRGANO BLANCO CON SOLICITUD DE PARACLÍNICOS.

DECIMO TERCERO: El 17 de julio de 2015 a las 06:42 pm se realiza la cesárea de urgencia para extracción de los fetos obitados.

DECIMO CUARTO: El 17 de julio de 2015 a las 07:39 pm se realiza la nota de recibimiento del feto donde se observa que los fetos están meconiados y muertos.

DECIMO QUINTO: El 17 de julio de 2015 en el hospital le realizan valoración sicológica a MARTHA LUCERO donde se afirma por la profesional que la paciente tiene apariencia y porte depresivo, comenta que asistió a los controles prenatales de manera oportuna, la profesional en sicología realiza atención en crisis.

DÉCIMO SEXTO: El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública por medio del formato 0000001 realiza el informe por mortalidad perinatal y neonatal tardía, toman los siguientes datos: paciente con familia, sin escolaridad, complicaciones del embarazo preclamsia, remisión oportuna NO, edad gestacional 37 semanas, remisión oportuna por complicaciones NO, posibles causas de muerte RCI severa transfusión fetofetal severa, nombre administradora de salud ASMET SALUD EPS.

DÉCIMO SÉPTIMO: El 02 de julio de 2015 se le realiza a MARTHA LUCERO ecografía obstétrica gemelar monocorial biamniótico, al final se recomienda ecografía perfil biofísico y dopller F-P en 7 días por tratarse de un embarazo gemelar M-B.

DÉCIMO OCTAVO: El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO en el informe atención al recién nacido 0000013 del 17 de julio de 2015 comunica lo siguiente: EMBARAZO GEMELAR MONOCORIAL BIAMNIÓTICO CON RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO SEVERA DEL FETO A. FUE CITADA POR PERINATOLÓGO 8 DÍAS DESPUÉS PARA HACER CONTROL ECOGRÁFICO PERO EPS ASMET SALUD NEGÓ LA AUTORIZACIÓN POR LO QUE NO SE REALIZÓ CONTROL SOLICITADO (…)(12).

28. La anterior información muestra la existencia de una serie de hechos relacionados con un mismo daño o serie de perjuicios que responderían eventualmente- a responsabilidades diferenciadas de las entidades demandadas, situación que debe ser tenida en cuenta al momento de evaluar la procedencia del llamamiento en garantía conforme a las prevenciones hechas en precedencia.

29. Así, se tiene que la imputación del daño a una y otra entidad se refiere a diferentes actuaciones: de una parte, a un aparente defectuoso funcionamiento de la actividad administrativa por parte de la E.P.S. al no autorizar a tiempo los procedimientos y exámenes médicos que eran requeridos por la demandante; y de otra, la actuación por parte de las E.S.E. en la atención que ofreció a la actora. Ambas situaciones, que deberán ser analizadas en el curso del proceso, implican grados de responsabilidad de una y otras respecto a lo promovido en la litis.

30. De esta manera, la solicitud de llamamiento en garantía promovida por Asmet Salud E.P.S. respecto de las E.S.E. hospital departamental San Antonio de Pitalito y hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín se relaciona con esa parte de la responsabilidad que fue endilgada en su contra, lo cual, solo puede ser establecido una vez agotadas las etapas conducentes para la emisión del fallo en la instancia correspondiente.

31. Por lo anterior, si en el evento en que el operador jurídico determinara un grado de responsabilidad de una de las entidades demandadas, al existir un derecho contractual de esta con otra persona jurídica -independientemente de que ya hubiere sido vinculada como parte-, se podrá estudiar, a la luz de dicho vinculo, la posibilidad de exigir a esta última que concurra a cubrir la condena en cuestión.

32. Al respecto, la Sección Cuarta de esta corporación se ha pronunciado sobre este tema de la siguiente manera(13):

“Hatovial SAS afirmó que es procedente el llamado en garantía al Departamento de Antioquia con base en la expresión “otro” contenida en el artículo 64 del CGP. Sin embargo, dicha norma no es aplicable en los procesos ordinarios conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo porque existe una regulación especial en el artículo 225 del CPACA, que en su inciso primero permite hacer el llamamiento en garantía sólo frente a terceros. Aunque es cierto que, en las providencias invocadas por el recurrente, la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió el llamamiento en garantía entre demandados, eso no corresponde propiamente a la figura de llamamiento en garantía sino a una demanda de coparte, figura cuya finalidad es distinta, lo que hace que no se traten de precedentes vinculantes. Entonces, no es procedente que HATOVIAL SAS convoque al Departamento de Antioquia como garante porque no se trata de un tercero al proceso sino del demandado. De otro lado, el consorcio recurrente señaló que sólo mediante el llamamiento en garantía del Departamento de Antioquia se habilita al juez para que, en caso de existir una condena solidaria, resuelva de antemano los conflictos surgidos entre ellos.

Es necesario poner de presente que, según el artículo 225 del CPACA, el llamamiento en garantía tiene como objetivo que el llamado reembolse total o parcialmente el pago de la condena. Así las cosas, no es necesario realizar un nuevo llamado en garantía porque con el primero el juez está habilitado para examinar la relación sustancial existente entre garante y garantizado. De no ser así, podrían darse casos en los que llamante y llamado se convocaran mutuamente de forma indefinida, paralizando el proceso en detrimento del principio de economía procesal y el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva”.

33. Ahora bien, contrario a lo planteado por el tribunal de primera instancia, el despacho considera que para el presente caso, por las circunstancias concretas de la demanda y la relación de las partes en litigio —entre sí y respecto a los daños alegados—, la figura del llamamiento en garantía resulta procedente, pues se trata de una relación sustancialmente distinta al aspecto principal del proceso —la responsabilidad patrimonial—, pues de lo que se trata es de establecer la eventual responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones por una posible condena. En consecuencia, se procederá a determinar si existe efectivamente un vínculo contractual que le dé fundamento a la solicitud promovida.

34. En primer lugar, en el expediente el llamante Asmet Salud E.P.S. aportó copia de los contratos de prestación de servicios de salud suscritos, de baja complejidad en el caso de la E.S.E. hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín (contrato H-556-15)(14); y de mediana y alta complejidad en el caso de la E.S.E. San Agustín de Pitalito (contrato H-591-15)(15). De dichos contratos se extrae, entre otra, la siguiente información:

34.1. En relación con el contrato de prestación de servicios de salud n.º H-55615, suscrito entre Asmet Salud EPS y la E.S.E. hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín, dicho acto jurídico señala(16):

“(…) CLÁUSULAS: PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene como objeto la prestación de los servicios de salud asistenciales. EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S en la baja complejidad (Nivel I), definido en la Resolución 5521 y la Resolución 5522 y las normas que las adicionen, aclaren o modifiquen (…).

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. La presente relación contractual excluye cualquier tipo de responsabilidad solidaria entre las partes contratantes frente a reclamaciones de terceros. En el evento en que EL CONTRATANTE sea demandado judicialmente y condenado individual y solidariamente a pagar una suma determinada de dinero, el CONTRATISTA, este se obliga a reintegrar dicha suma de dinero dentro de los 30 días hábiles siguientes a la reclamación que le hiciere el CONTRATANTE, caso contrario podrá repetir judicialmente contra EL CONTRATISTA por el monto a que fuera obligado a pagar, sin que se exija más documento que la constancia de pago y copia de la sentencia como título ejecutivo. PARÁGRAFO 1º.- EL CONTRATISTA deberá constituir una póliza de seguro de responsabilidad civil por “Práctica Médica” con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. En el evento de que las indemnizaciones excedan el valor asegurado, la diferencia será cubierta por el CONTRATISTA dentro de los 30 días hábiles siguientes a la reclamación que le hiciere el CONTRATANTE. PARÁGRAFO 2º: La obligación de pago aquí establecida subsiste aun cuando el contrato haya terminado y aun después de SER LIQUIDADO. PARÁGRAFO 3º: Cuando se presente un evento que implica acción judicial, EL CONTRATISTA queda obligado a entregar a EL CONTRATANTE copias de la historia clínica en un plazo máximo de tres (3) días de realizada la respectiva petición”.

34.2. Respecto del contrato de prestación de servicios de salud H-591-15, suscrito entre Asmet Salud EPS y la E.S.E. hospital San Agustín de Pitalito, en este se indica que(17):

“(…) Clausulas: PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene como objeto LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA, ALTA COMPLEJIDAD Y ALTO COSTO PARA LOS USUARIOS DE ASMET SALUD; servicios detallados en el anexo de tecnologías el cual hace parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO la prestación de servicios de salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S en la mediana y alta complejidad y alto costo (Niveles II, III, AC) EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S y contributivo en movilidad en la mediana y alta complejidad (Nivel II, III y AC), definido en la Resolución 5521 y las resoluciones 5522 y 5926, y las normas que las adicionen, aclaren o modifiquen. PARÁGRAFO SEGUNDO: La prestación de los servicios antes descritos, se realizará de acuerdo con los servicios de salud relacionados en el formulario de habilitación actualizado del CONTRATISTA efectivamente ofertados y verificados por el CONTRATANTE, los cuales están dirigidos a garantizar la salud de las personas que este inscriba como sus afiliados en salud. PARÁGRAFO TERCERO.- EL CONTRATISTA, podrá entregar sus servicios SIEMPRE Y CUANDO esté debida y EXPRESAMENTE autorizado por el CONTRATANTE mediante ORDEN DE APOYO original la cual deberá encontrarse VIGENTE. Dicho ordenamiento debe contener un NÚMERO DE AUTORIZACIÓN. De esta indicación, se exceptúan las atenciones ‘iniciales de Urgencias’ las cuales deben ser reportadas a las 24 horas del inicio de dicha atención al correo definido por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA, en atención a la normatividad vigente, dará atención de preferencia a los niños y niñas, adolescentes, tercera edad, mujeres embarazadas, discapacitados, enfermos mentales, pacientes de alto costo que sean afiliados a ASMET SALUD ESS EPSS cuando requieran de servicios de salud en cualquier parte del Territorio Nacional. PARÁGRAFO CUARTO: Las partes acuerdan que los formatos establecidos por el Ministerio de Salud y de la Protección Social en relación con el decreto 4747 de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009, 4331 de 2012 y Resolución 1604 de 2012, Resolución 4505 de 2012, Decreto 1683 de 2013 y Resolución 1552 de 2013, Decreto 3047 de 2013 se consideran incorporadas al presente Contrato, además las que los modifiquen, adicionen y sustituyan. PARÁGRAFO QUINTO: INDICADORES DE CALIDAD.- Las partes convienen realizar el seguimiento a los INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO. El seguimiento a dichos indicadores se efectuará de manera SEMESTRAL por EL CONTRATANTE a través de su Profesional de GPS o quién haga sus veces y ante las patologías de alto costo, traumatología, embarazadas con complicaciones y ante un evento centinela y adverso, se hará de forma inmediata a través de su personal idóneo para el caso, teniendo en cuenta los RIPS del servicio y los informes de la auditoria concurrente realizada por los auditores médicos y los gestores del riesgo de EL CONTRATANTE. Ante las desviaciones detectadas, las PARTES REALIZARÁN PLANES DE MEJORAMIENTO TENDIENTES A MANTENER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. Los indicadores objeto del seguimiento son los relacionados en el ANEXO 1. INDICADORES DE CALIDAD (…).

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. La presente relación contractual EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES FRENTE A RECLAMACIONES DE TERCEROS. En el evento en que EL CONTRATANTE sea demandado judicialmente y condenado individual y solidariamente a pagar una suma determinada de dinero, el CONTRATISTA, este se obliga a REINTEGRAR dicha suma de dinero dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la reclamación que le hiciere el CONTRATANTE, caso contrario podrá repetir judicialmente contra EL CONTRATISTA por el monto a que fuera obligado a pagar, sin que se exija más documento que la constancia de pago y copia de la sentencia como título ejecutivo. PARÁGRAFO 1º.- EL CONTRATISTA deberá constituir una póliza de seguro de responsabilidad civil por “Práctica Médica” con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. En el evento de que las indemnizaciones excedan el valor asegurado, la diferencia será cubierta por el CONTRATISTA dentro de los 30 días hábiles siguientes a la reclamación que le hiciere el CONTRATANTE. PARÁGRAFO 2º: La obligación de pago aquí establecida subsiste aun cuando el contrato haya terminado y aun después de SER LIQUIDADO. PARÁGRAFO 3: Cuando se presente un evento que implica acción judicial, EL CONTRATISTA queda obligado a entregar a EL CONTRATANTE copias de la historia clínica en un plazo máximo de tres (3) días de realizada la respectiva petición”.

35. Conforme a la anterior información, encuentra el despacho que efectivamente existen elementos suficientes para sustentar un vínculo contractual entre Asmet Salud E.P.S. y las E.S.E. hospital departamental San Antonio de Pitalito y hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín, lo que permite a la primera exigir la garantía acordada a las segundas en el evento que exista una condena dentro de la presente causa en razón de la atención en salud encargada a las E.S.E. referidas. En consecuencia, y a juicio del despacho, el llamamiento requerido es procedente, pues, como quedó visto, la existencia del vínculo sustancial entre la parte llamante y los llamados se encuentra demostrado, máxime cuando está acreditado que el periodo de ejecución de los contratos en el año 2015, corresponde con el momento en que se presentó el presunto daño alegado en la demanda de la referencia, esto es, la muerte de los hijos gemelos no nacidos de la señora Ortiz, durante el periodo de gestación.

36. En virtud de lo anterior y comoquiera que el motivo por el cual el tribunal de primera instancia denegó la solicitud de llamamiento en garantía elevada por Asmet Salud E.P.S. se basó en la improcedencia de esta figura por haber sido promovida contra las propias demandadas; y debido a que se ha constatado que en el caso en concreto sí resulta posible dicha forma de vinculación por la relación sustancial entre las entidades, se procederá a verificar el cumplimiento del resto de los requisitos exigidos por el artículo 225 del C.P.A.C.A., esto es: (i) la identificación del llamado, (ii) la información de domicilio y de notificación tanto del convocante como del citado, (iii) los hechos en que se fundamenta el llamamiento, y (iv) la prueba, si quiera sumaria, de la existencia del vínculo legal o contractual que da lugar al derecho para formular el llamamiento en garantía.

37. Revisada la solicitud de llamamiento en garantía realizada por la demandada(18) respecto de las E.S.E. hospital departamental San Antonio de Pitalito y hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín, se encuentra que en esta consta la identificación comercial, representación legal e información de domicilio de la mencionadas Empresas Sociales del Estado. Igualmente fueron señaladas las direcciones de notificación de llamante y las llamadas, así como los fundamentos de hecho y de derecho que dan sustento a la petición de vinculación de estas últimas. Por último, el despacho constata, tal y como quedó dicho arriba, que existe prueba documental del vínculo contractual existente entre la accionada y el ente convocado.

38. Así pues, se debe concluir que el llamamiento en garantía realizado por la demandada Asmet Salud E.P.S. cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, especialmente porque obra prueba documental que da cuenta del vínculo contractual vigente para la época de los hechos que motivaron la presente cuestión -2015-, como fundamento para admitir la solicitud elevada.

39. Por lo anterior, se procederá a revocar la decisión impugnada y, en su lugar, por cumplir con los requisitos legales, se admitirá la vinculación de la E.S.E. hospital departamental San Antonio de Pitalito y la E.S.E. hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín, en los términos del artículo 66 del Código General del Proceso(19) y demás normas aplicables para efectos de su intervención dentro del presente proceso -concomitante a su calidad de demandada- bajo la figura de llamada en garantía.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

1. REVOCAR el auto del 5 de junio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo del Huila, en virtud las consideraciones expuestas en la presente providencia.

2. En su lugar, ADMITIR la solicitud presentada por Asmet Salud E.P.S. y, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 del C.G.P., SE VINCULAN al proceso como llamadas en garantía a la E.S.E. hospital departamental San Antonio de Pitalito y a la E.S.E. hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín, mediante la notificación de este auto.

3. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Danilo Rojas Betancourth.

1 Notificación electrónica del 17 de noviembre de 2016 (fl. 288, cdno. 2).

2 El 16 de enero de 2017 fue desfijada la lista de aviso de traslado electrónico por la Secretaría del Tribunal (fl. 301, cdno. 2), por lo que, en cumplimiento del artículo 172 del C.P.A.C.A., el término de 30 días para contestar la demanda comenzó a correr el día 17 de ese mismo mes y año.

3 Visible a folios 1 a 41 del cuaderno del llamamiento en garantía.

4 Visible a folio 3 del cuaderno del llamamiento en garantía.

5 Comoquiera que la providencia de vinculación de terceros fue notificada personalmente a la entidad demandada el 6 de junio de 2017, y el periodo de ejecutoria de la decisión corrió los días 7, 8 y 9 de ese mismo mes y año (fl. 60, cdno. ppal.).

6 El despacho encuentra que el presente asunto tiene vocación de doble instancia comoquiera que la cuantía de la demanda presentada corresponde a la suma de $ 344 727 000 (fl. 253, cdno. 2), la cual resulta mayor a los 500 S.M.L.M.V. exigidos para el medio de control de reparación directa promovido en el año 2016 ($ 344 727 000), teniendo en cuenta que la misma se obtiene del valor de la mayor de las pretensiones solicitadas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.

7 Dogmática que ha sido reiterada en diversas oportunidades por esta corporación. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. 28858 C.P. Hernán Andrade Rincón. En el mismo sentido, ver: Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2011, exp. 18901, C.P. Olga Mélida Valle De la Hoz.

8 “Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (…) El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen”.

9 Según dicho artículo: “(…) [e]l escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos: 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso. 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito. 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen. 4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales”.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto 23 de mayo de 2011, exp. 38014, C.P. Orlando Santofimio Gamboa.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto de 17 de julio de 2003. C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez. Radicado: 25000-23-26-000-200101161-01(22786). En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto de 24 de enero de 2007. C.P.: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado: 44001-23-31-000-2003-00136-01 (31015).

12 Visible a folios 7 a 8 del cuaderno 1.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 23 de marzo de 2017, exp. 22862, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

14 Visible a folio 5 del cuaderno de llamamiento en garantía.

15 Visible a folio 21 del cuaderno de llamamiento en garantía.

16 Visible a folio 5 del cuaderno de llamamiento en garantía.

17 Visible a folio 21 del cuaderno de llamamiento en garantía.

18 Que obra en los folios 1 al 4 del cuaderno de llamamiento en garantía.

19 “Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo anterior. // El llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. // En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía. // Parágrafo. No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes”.