Auto 2016-00475 de noviembre 24 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2016 00475 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Andrea Vargas Aguilera

Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Medio de control: Nulidad por inconstitucionalidad.

Tesis: Para que el Presidente de la República pueda postular la terna de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe haber previamente una ley que regule la convocatoria (artículo 126 de la Constitución).

Bogotá, D. C.,

Mediante la presente providencia el despacho decide:

a. Dejar sin efectos el auto de 11 de noviembre de 2016 por el cual se corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional, por los motivos que adelante se exponen.

b. Adicionar el auto de 11 de noviembre de 2016, por el cual se admitió la demanda, en el sentido de ordenar la notificación de las personas que tengan interés directo en el resultado del proceso y resolver la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

1. Cuestión previa.

A través de sendos autos fechados el 11 de noviembre de 2016, el despacho admitió la demanda y ordenó correr traslado de la solicitud de suspensión provisional del acto acusado. Como quiera que el artículo 184 del CPACA establece que en los procesos de nulidad por inconstitucionalidad la solicitud de suspensión provisional se resuelve en el auto admisorio de la demanda, el Despacho dejará sin efectos el auto de 11 de noviembre de 2016 que corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional y adicionará el auto admisorio de la demanda en el sentido de resolver sobre la solicitud de suspensión provisional.

2. La solicitud de suspensión provisional.

En el escrito de la demanda la parte actora solicita la suspensión provisional de la totalidad del acto administrativo:

DECRETO NÚMERO 1189 DE 2016

(julio 19)

“Por el cual se adiciona un título al Decreto 1081 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, en relación con el trámite de convocatoria para la integración de las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo del Presidente de la República”.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estará conformada por siete magistrados, tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada.

Que de conformidad con el mismo artículo 257 superior, los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, los cuales se prevén en el artículo 232 de la Constitución, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 2 de 2015.

Que se hace necesario reglar la convocatoria pública a que hace referencia el artículo 257 de la Carta Política, con el fin de que el señor Presidente de la República conforme las ternas de los aspirantes a ocupar tres de los cargos de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un nuevo título a la parte 2 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, el cual tendrá el siguiente texto:

Título 4

Trámite de convocatoria para la integración de las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo del Presidente de la República

Artículo 2.2.4.1. Objeto. El presente título tiene por objeto establecer el trámite de convocatoria pública para la integración de las ternas que el Presidente de la República debe enviar al Congreso de la República, con el fin de que este provea tres de los cargos de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Artículo 2.2.4.2. Calidades de los ternados. Las ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que el Presidente de la República presente al Congreso de la República solo podrán estar integradas por ciudadanos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para ejercer el cargo.

En la conformación de las ternas se observará que los candidatos ofrezcan condiciones de probidad, independencia, idoneidad y solvencia profesional y académica, y se procurará el equilibrio entre candidatos que provengan de la academia, del ejercicio profesional y de la rama judicial.

En cada terna se incluirá, por lo menos, a una mujer, según lo dispone el artículo 6° de la Ley 581 de 2000.

Artículo 2.2.4.3. Convocatoria pública y elaboración de la lista. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República convocará públicamente a inscribirse como candidato a ocupar un cargo de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a cualquier ciudadano que reúna los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la ley.

El acto de convocatoria deberá hacerse con una antelación no inferior a dos (2) meses, contados a partir de la fecha del vencimiento del periodo de cada magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cuya elección provenga de una terna presidencial.

La convocatoria se hará mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional y, en la misma fecha, a través del sitio web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Los aspirantes interesados en ocupar el cargo deberán postular su nombre ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República mediante el envío de la hoja de vida con los soportes documentales necesarios. En todos los casos, deberán anexar declaración juramentada de no hallarse incursos en causales de inhabilidad.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República destinará un correo electrónico específico para la recepción de dicha documentación.

La postulación del nombre mediante el envío de la hoja de vida y los documentos de soporte deberá hacerse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la convocatoria.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término previsto en el inciso anterior, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República elaborará la lista de candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley para ser magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El Presidente de la República podrá adicionar nombres de candidatos a la lista.

Parágrafo transitorio. Con el fin de elaborar las tres primeras ternas de candidatos a ocupar el cargo de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República hará la convocatoria en un plazo no superior a diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de este Título.

Artículo 2.2.4.4.Publicación de la lista. Vencido el término para la elaboración de la lista de candidatos, esta se publicará al día siguiente en el sitio web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 2.2.4.5.Comentarios de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. El Área de Tecnologías y Sistemas de la Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o quien haga sus veces, implementará un canal tecnológico en el sitio web de la entidad para que los ciudadanos envíen comentarios sobre los candidatos de la lista.

La ciudadanía contará con un término de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la lista, para hacer llegar por escrito sus comentarios sobre los candidatos.

En el mismo lapso, las organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas podrán presentar su opinión frente a los candidatos de la lista, así como la Secretaría Jurídica de la Presidencia podrá solicitarles su opinión sobre dichos nombres.

Artículo 2.2.4.6.Entrevista. Si lo estima conveniente, el Presidente de la República podrá entrevistar a cualquiera de los candidatos de la lista. En tal caso, deberá informar a través del sitio web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la fecha y mecanismo previsto para tal fin.

Artículo 2.2.4.7.Elaboración y remisión de las ternas. El Presidente de la República elaborará las ternas con nombres de los candidatos que aparezcan en la lista y las remitirá, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a la Secretaría del Senado de la República para que las someta a votación de la Plenaria del Congreso, según lo establece el artículo 257 de la Constitución Política.

Simultáneamente, ordenará publicarlas en el sitio web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 2.2.4.8.Provisión de vacantes. Las disposiciones de este Título aplicarán, en lo pertinente, para suplir la vacante absoluta de cualquiera de los tres cargos de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cuya elección provenga de terna presidencial.

En caso de presentarse una vacante absoluta por causa distinta a la terminación del periodo respectivo, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República hará la convocatoria correspondiente en un término no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se configure la vacancia”.

(…)

2.1. Fundamentos de la solicitud de suspensión provisional.

En el escrito de demanda, se solicita la medida cautelar, afirmando que el acto acusado viola los artículos 257, 126 y literal b) 152 de la Constitución Política porque:

• El decreto demandado tiene por objeto reglamentar la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que el Presidente de la República debe enviar al Congreso de la República.

• La convocatoria no ha sido reglada por el legislativo, contrariando los incisos primero y segundo del artículo 257(1) de la Constitución Política de Colombia que establecen una previa convocatoria pública reglada para conformar la terna.

• El artículo 126 de la Constitución Política establece: “la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, trasparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterio de mérito para su selección.

• El literal b del artículo 152 de la Carta ordena que la Administración de Justicia debe ser regulada mediante leyes estatutarias expedidas por el Congreso de la República.

2.2. El acto cuya suspensión se solicita.

La actora, en el escrito de demanda solicita expresamente como medida cautelar decretar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1189 de 2016 “Por el cual se adiciona un título al Decreto 1081 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, en relación con el trámite de convocatoria para la integración de las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo del Presidente de la República” decreto que se encuentra transcrito en las páginas 2 a 5 anteriores.

El carácter y la intención del decreto de reglamentar la convocatoria es inocultable. En efecto, desde su encabezamiento: “Por el cual se adiciona un título al Decreto 1081 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, en relación con el trámite de convocatoria para la integración de las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo del Presidente de la República”; en sus consideraciones se afirma: “Que se hace necesario reglar la convocatoria pública a que hace referencia el artículo 257 de la Carta Política, con el fin de que el señor Presidente de la República conforme las ternas de los aspirantes a ocupar tres de los cargos de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. Luego en sus artículos 2.2.4.1: “Objeto. El presente título tiene por objeto establecer el trámite de convocatoria pública para la integración de las ternas que el Presidente de la República debe enviar al Congreso de la República, con el fin de que este provea tres de los cargos de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”; 2.2.4.2 hace referencia a las calidades de los ternados; 2.2.4.3 prescribe la convocatoria pública y la elaboración de la lista; 2.2.4.4 establece la publicación de la lista; 2.2.4.5 la participación de la ciudadanía en el trámite; 2.2.4.6 la entrevista; 2.2.4.7 la elaboración y remisión de las ternas; y el 2.2.4.8 regula la provisión de vacantes (Negrillas de la providencia).

Se aprecia entonces que la regulación del procedimiento para ser parte de la terna está detallada y meticulosamente regulada en el acto administrativo demandado.

3. Consideraciones sobre las medidas cautelares en el CPACA.

En el Artículo 229 del CPACA se describen las medidas cautelares así:

“En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo”.

“La decisión sobre la medida cautelar no significa prejuzgamiento”.

“La medida cautelar en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los intereses colectivos y en los procesos de tutela de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio”.

De la anterior definición se puede concluir que:

• El Juez puede adoptar la(s) medida(s) cautelar(es) que considere necesaria(s) para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

• Las medidas anticipadas pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo que se tramite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y ya no solo en los juicios de anulación de actos administrativos.

• El Juez podrá ordenarlas una vez presentada la demanda, en cualquier estado del proceso.

• La solicitud deberá estar sustentada por la parte y tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

• El Juez deberá motivar debidamente la medida.

• El decreto de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento. En efecto, con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 CPACA expresamente dispone que “[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es brindar a los jueces “la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite”(2). Una suerte de presunción iure et de iure sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido. La jurisprudencia ya ha señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o “prejuzgamiento” de la causa(3). La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.

4. Requisitos para decretar la suspensión provisional de actos administrativos.

La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, que era la única medida cautelar en el CCA, continuó en el CPACA.

En efecto, conforme con lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.

El anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), establecía que esta medida estaba sujeta a que la contradicción con las disposiciones invocadas como fundamento de la solicitud de suspensión fuera manifiesta y apreciada por confrontación directa con el acto demandado. Así, no permitía que el Juez pudiera realizar un estudio del caso, pues la trasgresión debía ser ostensible, y como tal, no podía implicar esfuerzo analítico alguno.

Ahora bien, el código ha establecido que la medida de suspensión de actuaciones administrativas solo se deberá acoger cuando se considere que no existe otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el juez o magistrado ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

El CPACA(4) define un conjunto de requisitos para la procedencia de la medida de suspensión provisional y define de forma general los requerimientos que debe hacer el Juez en los demás eventos. En efecto el inciso primero del artículo 231 del CPACA, ordena:

“Artículo 231. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”.

Como la jurisprudencia ha resaltado, se trata de “una reforma sustancial, si se tiene en cuenta que (…) habilita al Juez a realizar un estudio no simplemente superficial de la solicitud de la medida sino que incluye la apreciación de las pruebas aportadas al efecto”(5). Esto, por cuanto en el marco de la nueva normatividad establecida en el CPACA, para la suspensión provisional se prescindió de la “manifiesta infracción” hasta allí vigente, lo cual se ha interpretado en el sentido que “la nueva normativa presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al Juez administrativo a realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud”(6).

En este sentido se observa que, para decretar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo resulta necesario que del análisis realizado por el Juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud.

4. Caso concreto.

4.1. Cargos.

La parte actora afirma que el acto acusado infringe los artículos 257, 126 y el literal b) del 152 de la Constitución Política, porque no existía ni existe una ley que reglamente la Convocatoria para la elección de los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y por ende, el Presidente de la República no podía omitir dicha falencia, y expedir un decreto regulando directamente la convocatoria cuando esto es competencia del legislador.

Señala que el artículo 257 constitucional dispone la composición de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conformada por siete magistrados, tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República previa convocatoria pública reglada.

Considera que el artículo 126 constitucional establece que la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley.

Finalmente, afirma que el literal b) del artículo 152 constitucional establece que el Congreso de la República mediante leyes estatutarias regulará la Administración de Justicia.

4.2. Para resolver se considera.

Violación del artículo 257 de la C.P.

En cuanto al primer argumento, el Despacho encuentra que, en principio, el artículo 257 constitucional no prescribe que la reglamentación de la elección de los miembros de dicha Comisión deba hacerse por ley. El artículo sólo señala que la elección de los miembros se hará previa convocatoria pública reglada, pero no establece quién tiene la competencia para hacer dicha reglamentación, ni tampoco indica a través de qué trámite debe hacerlo. Por lo anterior, el Despacho no evidencia en principio que, con este cargo, se vulnere el ordenamiento jurídico superior.

Violación del artículo 126 de la C.P.

El artículo 126(7) de la Carta preceptúa claramente que la elección de servidores públicos atribuida a las corporaciones públicas, deberá estar precedida de una convocatoria pública previamente reglada por la ley. Es decir, la Constitución Política establece una reserva legal para este fin.

Se debe tener presente que la elección de los magistrados para conformar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial corresponde a la Corporación Pública por excelencia que es el Congreso de la República y el artículo 126 de la Constitución Política señala sin duda alguna que: “Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”. (Negrillas de la providencia)

Por disposición constitucional la regulación de la convocatoria para la conformación de ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial así como la elección de uno de ellos corresponde al Congreso de la Republica. A su vez la postulación de tres ternas para la elección de magistrados corresponde también por disposición constitucional al Presidente de la República que debe hacerlo de acuerdo con la regulación previamente expedida por el Congreso de la República de conformidad con el artículo 126 de la Carta.

Lo que aquí se aprecia es que el Presidente de la República sin que se hubiera expedido la ley a que se refiere el artículo 126, directamente expidió un decreto para regular el procedimiento para la conformación de la terna de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Por lo anterior, para el Despacho resulta clara la infracción del decreto demandado con el artículo 126 del ordenamiento constitucional, como lo afirma la actora, razón por la cual se decretará la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado. Por esta misma razón, ya no es necesario analizar los argumentos sobre la eventual violación del literal b) del artículo 152 de la Carta.

En consideración con lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. DEJAR sin efectos el auto de fecha 11 de noviembre de 2016 que corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.

2. ADICIONAR al auto de fecha 11 de noviembre de 2016 por el cual se admitió la demanda de nulidad por inconstitucionalidad de la referencia dos numerales así:

10. DECRETAR la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1189 de 19 de julio de 2016 “Por el cual se adiciona un título al Decreto 1081 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, en relación con el trámite de convocatoria para la integración de las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo del Presidente de la República” expedido por el Presidente de la República.

11. NOTIFICAR personalmente la admisión de la demanda a los ciudadanos ternados como candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través del Decreto 1189 de 19 de julio de 2016 de conformidad con lo previsto en el literal a) numeral 4º del artículo 184 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual se ordena a la Secretaría realizar las actuaciones correspondientes para el efecto.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Guillermo Vargas Ayala

1 ARTÍCULO 257. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Estará conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura previa convocatoria pública reglada, y tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendrán periodos personales de ocho años, y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser reelegidos.
Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.
PARÁGRAFO. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no serán competentes para conocer de acciones de tutela.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1º. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad.

2 González Rey, Sergio. “Comentario a los artículos 229-241 CPACA”, en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 492.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 31 de julio de 2013, Rad. 110010324000 2013 00018 00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

4 Inciso primero del artículo 231 del CPACA.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 31 de julio de 2013, Rad. 110010324000 2013 00018 00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, Rad. 11001-03-24-000-2012-00290-00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

7 ARTÍCULO 126. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera.
Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.
Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercido de sus funciones:
Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil.