Auto 2016-00515/2331-2016 de febrero 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 11001032500020160051500 (2331-2016)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Demandante: Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón

Demandada: Municipio de San José de Cúcuta

Trámite: Recurso extraordinario de revisión

Asunto: Causal 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

Decisión: Declara improcedente recurso interpuesto

Estudio de admisibilidad de la demanda

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.

El presente proceso se encuentra pendiente de resolver sobre la admisión del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón contra la sentencia del 18 de diciembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, que revocó el fallo del Juzgado Noveno Administrativo de Cúcuta del 30 de septiembre de 2011 que había accedido a las pretensiones de la demanda y en su lugar, negó las pretensiones de la misma, dentro del proceso con radicado 54-001-23-31-000-2000-00017-03.

I. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y su decisión.

El señor Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda contra el municipio de San José de Cúcuta pretendiendo la nulidad del Decreto 183 del 10 de agosto de 1999, por medio del cual, se ordenó aceptarle la renuncia previamente solicitada del cargo de director del instituto municipal para la recreación y el deporte del municipio de San José de Cúcuta, código y categoría 050-14 y nombró al doctor Guillermo Tapias Rincón en su reemplazo, invocando como restablecimiento del derecho, se ordenase al ente territorial demandado reintegrarlo en el cargo que desempeñó hasta el 10 de agosto de 1999, en las mismas condiciones salariales y de categoría en que venía ejerciéndolo.

El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cúcuta en fallo de 30 de septiembre de 2011(1), concedió las súplicas de la demanda, al considerar que el acto de renuncia del demandante no fue un acto de plena voluntad, por lo tanto, no pudo generar los efectos propios de esta, vulnerándose, la Ley 2400 de 1998 y disposiciones constitucionales que determinan la orientación del Estado colombiano al haberle sido aceptada la renuncia mediante la resolución acusada.

La anterior sentencia fue objeto de apelación por la parte demandada, siendo desatado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante proveído del 18 de diciembre de 2014(2), que revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Como sustento de su decisión, sostuvo que los actos demandados no fueron expedidos con desviación poder, dado que en cargos como el desempeñado por el demandante, por ser empleos directivos de libre nombramiento y remoción, podía ser solicitada la renuncia sin que se considere que por ello se configura la causal de nulidad por desviación de poder.

1.2. Del recurso extraordinario de revisión.

El señor Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón, interpone Recurso Extraordinario de Revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 18 de diciembre de 2014, invocando para tal efecto, la causal 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Plantea que después de conocido el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander aquí recurrido, pudo acceder a la sentencia de fecha 31 de enero de 2013, emanada de esa misma corporación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Néstor Pacheco Rodríguez contra la Fiscalía General de la Nación, la que a su juicio, constituye una prueba decisiva con la que el fallador hubiera podido expedir una decisión diferente.

Sustenta lo anterior, en que dicho proveído contiene similares circunstancias respecto de las acaecidas en su proceso, al considerar que la renuncia presentada por el director seccional de fiscalía de Cúcuta no fue un acto de plena voluntad, ni se infiere de la lectura del texto de la renuncia que esta haya sido libre y espontánea. Además, aduce que el fallo atacado desconoció los testimonios rendidos en el proceso, los cuales fueron claros en manifestar las presiones y amenazas de que fue objeto.

Al respecto, el despacho

II. Considera

El Despacho, en atención a lo previamente señalado, resolverá sobre la admisibilidad del presente asunto, para lo cual: i) revisará los presupuestos de procedencia, legitimación y competencia, así como los requisitos legales del recurso extraordinario de revisión; ii) establecerá el recurso extraordinario de revisión aplicable al caso concreto; y iv) analizará los requisitos y presupuestos en el caso concreto, a efectos de determinar su admisión.

i) De los presupuestos, legitimación y competencia, así como los requisitos legales del recurso extraordinario de revisión

Para efectos de determinar la admisibilidad de la presente demanda, es necesario señalar en primer lugar, que por disposición legal existen tres (3) recursos extraordinarios de revisión de los cuales conoce la jurisdicción contenciosa administrativa, y se encuentran establecidos en las siguientes disposiciones:

— Artículo 20 de la Ley 797 de 2003(3) - Recurso extraordinario de revisión para reconocimientos pensionales.

— Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, título VI, capítulo I, artículos 248 a 255(4) - Recurso extraordinario de revisión (General).

— Ley 144 de 1994, artículo 17(5) y Ley 1881 de 2018, artículo 19(6) - Recurso extraordinario especial de revisión en materia de pérdida de investidura de congresistas.

El recurso extraordinario de revisión previsto en la Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales”, contempló la revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

“ART. 20.—Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, asolicituddel Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”(7).

Conforme con la norma transcrita, se tiene que las particularidades del presente mecanismo de revisión concretamente son: i) objeto: sentencias, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, mediante las cuales se hayan reconocido sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del erario; ii) temporalidad: cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio; iii) legitimación por activa: calificada en cabeza del Gobierno nacional por intermedio de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, así como los órganos de control; iv) competencia: Corte Suprema de Justicia o Consejo de Estado, de acuerdo con sus competencias; y v) causales: las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y además las del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo, que se expondrán más adelante.

Por otro lado, se encuentra el recurso extraordinario de revisión previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, el cual fue previsto por el legislador con las siguientes características:

i) objeto: sentencias ejecutoriadas sin consideración a la temática o asunto discutido [art. 248(8)];

ii) temporalidad: por regla general, dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo controvertido y frente a las causales 3º y 4º del artículo 250 ídem, relativas a haberse dictado con base en dictamen de peritos condenados penalmente o proferirse aquella que declare que hubo violencia o cohecho, respectivamente, será el mismo plazo contado a partir de la firmeza de la sentencia penal; y frente a la 7º, en el evento en que con posterioridad a la decisión judicial sobrevenga la pérdida de la aptitud legal para el reconocimiento de una prestación periódica, en donde se computará desde la ocurrencia del motivo que dio lugar a la causal [art. 251(9)];

iii) legitimación por activa: se encuentra en quien hubiere sido parte del proceso ordinario o de un tercero con interés legítimo en la decisión;

iv) competencia: es de carácter funcional, por lo que le corresponderá al Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las secciones o subsecciones, y a los tribunales administrativos [art. 249(10)];

y v) causales: las previstas en el artículo 250 ídem, que grosso modo, contempló el hallazgo de documentos nuevos que tuvieren la importancia de variar la decisión; el haberse dictado con fundamento en documentos falsos o adulterados; con base en dictámenes dictados por peritos condenados penalmente por ilícitos; por violencia o cohecho; cuando se configura una causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contencioso administrativo; en el evento en que aparezca una persona con mejor derecho para reclamar el reconocido por el órgano judicial; porque no tenía la aptitud legal para el reconocimiento de la prestación periódica o lo perdió con posterioridad; y cuando sea contraria a otra anterior proferida entre las mismas partes y que hizo tránsito a cosa juzgada.

Finalmente, se consagró el recurso extraordinario especial de revisión en la Ley 144 de 1994 (art. 17) “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas” y en la Ley 1881 de 2018 (art. 19) “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones.”. Señalan las normas lo siguiente:

“ART. 17.—Recurso extraordinario especial de revisión. Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes: a) Falta del debido proceso; b) Violación del derecho de defensa;”.

“ART. 19.—Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 3º y 4º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deberá interponerse el recurso dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare”.

Se trata de un medio de impugnación excepcional que difiere de las otras dos contempladas por el legislador, pues se caracteriza por: i) objeto: sentencias cualificadas, pues solo será procedente contra aquellas mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario; ii) temporalidad: Dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia [L. 144/94, art. 17] - dos (2) años [L. 144/94, art. 19](11); iii) legitimación por activa: se radica en quien fue parte en el proceso especial de pérdida de investidura; iv) competencia: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; y v) causales: Las consagradas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

ii) Recurso extraordinario de revisión aplicable al caso objeto de estudio.

El despacho señala que confrontadas las particularidades y diferencias existentes para cada uno de los recursos de revisión previstas por el legislador, se establece que el presentado por el actor encuadra dentro de aquel previsto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto fue interpuesto por quien actuó como demandante en el proceso de origen. Además, se formula contra la sentencia del 18 de diciembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander y con fundamento en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

iii) Análisis de los requisitos y presupuestos en el caso concreto, a efectos de determinar su admisión.

Seguidamente, el Despacho analizará los presupuestos de procedencia, legitimación y requisitos para del recurso extraordinario de revisión, descritos en precedencia, bajo el rigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

3.1. Procedencia. Para efectos de que el recurso extraordinario de revisión proceda es necesaria la concurrencia de dos requisitos, a saber: i) Que la sentencia se encuentre ejecutoriada; ii) que haya sido proferida por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por los tribunales o los jueces administrativos(12).

Como se señaló al inicio de la providencia, la sentencia que se cuestiona es aquella proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander de fecha 18 de diciembre de 2014, dentro el proceso con radicación Nº 2000-00017-03, la cual se encuentra ejecutoriada, según se expone a continuación:

En el expediente del proceso de origen(13), se observa que el fallo proferido en segunda instancia fue notificado por edicto que permaneció fijado en la secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander los días miércoles tres (3), jueves cuatro (4) y viernes cinco (5) de junio de 2015(14) y quedó ejecutoriado el 11 de junio de 2015, según la disposición normativa que reguló el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoado(15). En consecuencia, cumple los requisitos de procedencia del recurso extraordinario de revisión.

3.2. De la competencia. Esta corporación tiene competencia para conocer en única instancia del presente asunto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 249 ibídem(16), en atención a que se trata, como ya se expuso, de una sentencia ejecutoriada proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Igualmente, debido a que la providencia recurrida se originó a partir de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no proveniente de un contrato de trabajo, puesto que la controversia se concretó en la legalidad del acto administrativo que aceptó la renuncia de un empleado de libre nombramiento y remoción, conforme lo previsto en el numeral 2º, artículo 13 del Acuerdo 28 de 1999(17), modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003(18), la presente demanda es competencia de esta sección.

3.3. De la oportunidad para presentar el recurso extraordinario de revisión.

El artículo 251 ibídem(19) previó que el recurso extraordinario de revisión debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo recurrido. En ese orden de ideas, el presente mecanismo judicial se instauró el 1º de junio de 2016(20), esto es, dentro del término del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, como quiera que el término vencía el día 11 de junio de la citada anualidad lo que permite aseverar que el recurso extraordinario de revisión se ejerció dentro del término señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011.

3.4. De la legitimación. Dentro de las normas que consagran el recurso extraordinario de revisión, no se definió expresamente la legitimación para su interposición. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha entendido que “(…) como regla general, cualquiera de las partes del proceso ordinario tiene legitimación para pedir la revisión de la sentencia, por el solo de hecho de haber sido demandante o demandado en esa actuación judicial.”(21).

En lo atinente a este requisito de procedibilidad, se tiene que el señor Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón, por conducto de apoderado actuó como demandante dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la sentencia objeto de revisión. De ahí, su legitimación para ejercer este recurso extraordinario.

3.5. De la causal invocada. En lo que atañe a la causal, se observa que el recurrente formula la establecida en el numeral 1º del artículo 250(22) de la Ley 1437 de 2011, esto es, “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Así las cosas, de la descripción típica de la causal se desprenden los presupuestos para su estructuración, tales como: i) que se trate de prueba documental; ii) que su no aducción al proceso sea por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria; iii) que se haya recobrado después de la sentencia, esto es, que exista desde el momento en que se instaura la demanda o, al menos, antes del vencimiento de la última oportunidad para presentar pruebas; iv) y que sea un documento conclusivo que hubiera podido cambiar el sentido del fallo.

iv) Análisis de cada uno de los presupuestos descritos por la norma respecto de la causal y su encuadramiento frente a los supuestos fácticos invocados.

4.1. La causal hace referencia a documentos, entendidos estos como medios de prueba que conforme al artículo 243(23) del Código General del Proceso, es en general “todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo”(24), los que deben ser concluyentes, es decir, con los cuales se hubiera podido adoptar una determinación distinta.

Con el recurso extraordinario, el actor controvierte la decisión adoptada en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 18 de diciembre de 2014. Para el efecto, asegura que la prueba consistente en el fallo expedido por la citada corporación de fecha 31 de enero de 2013, dentro del proceso radicado Nº 001-2003-00793-01, Actor: Néstor Pacheco Rodríguez contra la Fiscalía General de la Nación constituye prueba decisiva con la cual se hubiese podido proferir una fallo diferente.

Revisado el expediente, encuentra el despacho que a folio 56 al 71 reposa la aludida sentencia de fecha 31 de enero de 2013, la cual, a la luz de lo consagrado en el artículo 243 de la Ley 1564 de 2012, constituye un documento, cumpliéndose de esa manera con dicho presupuesto normativo.

4.2. En ese orden, de acuerdo a la descripción típica, dichos documentos deben haberse encontrado o recobrado. Como se observa, la norma contempla dos verbos. El primero “encontrar” vocablo que viene del latín in contra que significa “dar con alguien o algo que se busca”(25), es decir, presupone la perdida de la cosa o sujeto. Y “recobrar” cuya raíz latina es recuperāre que expresa “volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía o poseía”, de manera que, es recuperar aquello que se tuvo pero se había extraviado(26).

En efecto, esta causal parte de un supuesto incontrovertible, esto es, la posibilidad de que con posterioridad a la sentencia se recobren o encuentren documentos que no pudieron ser aportados por la parte interesada en el curso del proceso ordinario, ya sea porque no se había accedido a ella por estar perdida o refundida o por haberla recuperado del extravío en que se hallaba.

Cabe precisar que lo recobrado no puede tratarse de pruebas originadas o constituidas en forma ulterior a la conclusión del debate procesal sino, por el contrario, debe versar sobre documentos preexistentes a dicho momento(27).

Al examinar el documento allegado, corresponde el mismo a la sentencia de fecha 31 de enero de 2013, proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, ejercido por el señor Néstor Pacheco Rodríguez quien había desempeñado el cargo de director seccional de fiscalía de Cúcuta desde el 4 de febrero al 5 de marzo de 2003, fecha en que le fue aceptada la renuncia presentada.

Como se observa, el aludido documento es una decisión cuyo destinatario es un sujeto distinto del actor, de manera que, al emanar y pertenecer tal proveído al proceso radicado Nº 54001-33-31- 001-200300793-01 del cual no hizo parte el señor Sergio Rodríguez Pantaleón, el mismo desde su expedición estuvo incorporado al referenciado expediente, sin que por ello pueda decirse que estaba perdido o extraviado.

Entonces, de conformidad con el numeral 5º del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil(28) establece que “a petición verbal de cualquier persona, el secretario expedirá copias no autenticadas del expediente o de parte de este, en trámite o archivado sin necesidad de auto que las autorice. Tales copias no tendrán valor probatorio de ninguna clase”, de donde se sigue que, efectivamente, una vez ejecutoriada la prenombrada providencia, pues la norma no contempla condicionamiento o restricción alguna para formular tal solicitud ante la secretaria del tribunal.

En conclusión, si bien el documento allegado es anterior a la decisión recurrida, no puede decirse que se encontraba extraviado, oculto o refundido y que fue posteriormente recuperado por el recurrente como lo pretende hacer ver, en atención a que como se dijo, aquel hacia parte de un proceso del cual no era sujeto procesal el actor y por ende, no estaba a su disposición, sin que ello impidiera obtenerlo conforme la norma procesal mencionada en precedencia.

4.3. En tercer lugar, la norma establece que los referidos documentos recobrados deben ser decisivos, en el entendido de que su valoración por parte del juez administrativo habría dado lugar a una decisión diferente a la adoptada en la sentencia contra la cual se formula el recurso extraordinario de revisión. No se trata entonces de documentos inconducentes o impertinentes sino de aquellos cuya fuerza probatoria entrañan la capacidad de incidir directamente en el análisis lógico del juez y, en consecuencia, en el sentido de la decisión que se adopta.

Frente a este requisito, y al no estar acreditado el presupuesto anterior, es decir, la calidad de documento recuperado de la prueba que se pretende hacer valer, resulta imposible que se produzca su encuadramiento, porque, la característica esencial del documento, no es tan solo, la de tener alguna relación con la controversia o que revelen una nueva perspectiva del debate, sino que ellos una vez descubiertos o recobrados, hagan que la decisión preexistente resulte insostenible, de modo que, no se trata de la aparición de un documento cualquiera sino de uno determinante para la suerte del litigio.

No obstante, habrá que señalar que la sentencia aportada, por sí misma, no tiene el valor probatorio para mutar la suerte del litigio, como quiera que las circunstancias fácticas y probatorias sobre las cuales se edificó el fallo arrimado como prueba recobrada son disimiles a las contenidas en la sentencia cuestionada, de manera que, ante presupuestos de hecho, jurídicos y probatorios diferentes no podría predicarse decisiones iguales.

4.4. Finalmente, la descripción típica de la causal consagra la imposibilidad de aportar el documento recobrado en el curso del trámite ordinario del proceso, por motivos que constituyen fuerza mayor, caso fortuito o, en su defecto, por obra de la parte contraria, de tal forma que no pueda el recurrente suplir su falta de actividad probatoria a través de un medio extraordinario de impugnación, como es el recurso de revisión.

Como se puede notar, las causas que imposibilitan aportar la prueba en la oportunidad debida en el proceso de origen se deben a la existencia de una fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Al respecto, esta corporación, en sentencia de 30 de julio de 2015(29), se refirió, al decidir un recurso extraordinario de revisión, a la causal antes mencionada así:

“[…].

Conviene reiterar lo dicho por la sala con relación a la fuerza mayor, el caso fortuito y la obra de la parte contraria:

“En cuanto a la primera circunstancia, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, es preciso anotar que para la legislación colombiana se trata de expresiones sinónimas, conforme al artículo 1º de la Ley 95 de 1890, norma según la cual es ‘elimprevistoaquenoesposibleresistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.’. La segunda causa —obra de la parte contraria— ha de entenderse comolaconductadelapartequeganóelproceso,quienconsuactuarintencionallogróqueeldocumentoqueledaríaeltriunfoasucontrapartenosepudieraaportaralexpedienteenrazóndequeloretuvouocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba”(30). - Se destaca.

La jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor como la obra de la parte contraria, deben probarse,(31) esto es, aportar elementos de convicción acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos(32).

En las condiciones que se han anotado, se advierte que el aporte del mencionado documento al trámite del proceso no obedece a alguna de las circunstancias que consagra la causal como fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, muy a pesar que en la sustentación del recurso, el apoderado manifestó que no allegó el documento por fuerza mayor, haciéndola consistir en la negación recibida de parte de la oficina de apoyo judicial de Cúcuta y del Juzgado Décimo Administrado de esa urbe, pero sin que su decir haya sido debidamente acreditado.

En ese sentido, si bien aporta un oficio dirigido a la oficina de apoyo de Cúcuta(33), a través del cual, solicita copia del proveído requerido, lo cierto es que, no existe constancia alguna de haber sido radicado ante la mencionada dependencia judicial.

Así las cosas, la prueba traída como documento recobrado no se adecúa a la descripción típica de la casual invocada en el presente recurso extraordinario de revisión, por lo que, no puede constituirse el mismo en una instancia más del proceso ordinario, sino que tiene la particularidad de presentarse como una excepción al principio de la cosa juzgada, por cuanto tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por lo que sus causales son taxativas y el recurrente debe acreditarlo plenamente para que el funcionario judicial pueda entrar a declararlo procedente y dictar la sentencia de reemplazo que en derecho corresponda.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. Declarase improcedente el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Sergio Enrique Rodríguez Pantaleón contra la sentencia del 18 de diciembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

2. Reconocer personería al abogado Jairo Alcides Toloza Cañas, identificado con cedula de ciudadanía Nº 13.443.302 de Cúcuta y T.P. Nº 56.925 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandante, en los términos y para los efectos conferidos en el poder que obra a folio 1º del expediente.

Notifíquese y cúmplase.

Consejera: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

1 Fls. 10 al 23, cdno. ppal.

2 Fls. 2 al 9, cdno. ppal.

3 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales.

[…].

“ART. 20.—Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

4 “ART. 248.—Procedencia. el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.

5 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas.

[…].

“ART. 17.—Recurso extraordinario especial de revisión. > Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un Parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes:

a) Falta del debido proceso;

b) Violación del derecho de defensa;”.

6 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones.

[…].

“ART. 19.—Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 3º y 4º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deberá interponerse el recurso dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare”.

7 Apartes tachados declarados inexequibles mediante Sentencia C- 835 de 2003. M.P.: Dr. Jaime Araujo Rentería, en tanto “[…] resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (C.P., art. 229) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (C.P., art. 1º), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a este la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas”.

8 “ART. 248.—Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.

9 “ART. 251.—Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

En los casos contemplados en los numerales 3º y 4º del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.

En el caso del numeral 7º, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

10 “ART. 249.—Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sinexclusióndelasecciónqueprofirióladecisión.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos”.

11 El artículo 23 de la Ley 1881 de 2018, previó que la Ley 144 de 1994 continúa vigente para los procesos que se encuentren en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva disposición, siempre que no se haya practicado la audiencia pública, los cuales quedarán en única instancia, pues de lo contrario [en el evento en que ya se haya practicado la audiencia, serán susceptibles de la doble instancia.

11 El artículo 23 de la Ley 1881 de 2018, previó que la Ley 144 de 1994 continúa vigente para los procesos que se encuentren en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva disposición, siempre que no se haya practicado la audiencia pública, los cuales quedarán en única instancia, pues de lo contrario [en el evento en que ya se haya practicado la audiencia, serán susceptibles de la doble instancia.

12 “ART. 248.—Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.

13 Remitido por la Secretaría del Juzgado Noveno Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cúcuta mediante providencia del 27 de septiembre de 2016, que obra a folio 121 del cuaderno principal.

14 Fl. 90, del proceso de origen.

15 “ART. 331.—Ejecutoria. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.

Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta.

16 “ART. 249.—Competencia.

(…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia”.

17 Por el cual “La Sala Plena del Consejo de Estado, en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 237, numeral 6º de la Constitución Política y de conformidad con lo aprobado en la sentencia de febrero 16 del año en curso; ACUERDA, La Corporación se regirá por el siguiente reglamento: (…)”.

18 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

“ART. 1º—Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así:

“ART. 13.—Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

(…).

Sección Segunda:

(…).

2º. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no provenientes de un contrato de trabajo.

19 “ART. 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

En los casos contemplados en los numerales 3º y 4º del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.

En el caso del numeral 7º, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

20 Fl. 53.

21 Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Rad. Nº 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). C.P.: Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E).

22 “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

23 “ART. 243.—Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.

Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”.

24 Ramírez Gómez, José Fernando, La prueba documental, Teoría General, Señal Editora, Medellín, 2000, 7ª ed. págs. 45 a 47 donde cita diez definiciones de diversos autores, de donde concluye que se entiende por documento “[…] todo objeto que teniendo origen en la actividad del hombre puede ser llevado materialmente al proceso con el fin de probar el hecho que representa […]”.

25 Tomado de la página: http://dle.rae.es/?id=F91pW7R

26 En sentencia de Sala Plena de esta corporación del 12 de julio de 2005, rad. 1997-00143-02, se sostuvo lo siguiente: “[L]apruebarecobradaesunelementoprobatorionuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente dentro del proceso, pues solo fue recuperado luego de proferida la sentencia. Esto implica, que elelementoprobatorioexistíaaltiempodedictarselasentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque solo llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello. (Resaltado texto original).

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1º de diciembre de 1997, rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, rad. 2000-00236(REV).

28 Norma procesal vigente para la época de los hechos.

29 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección B, sentencia de 30 de julio de 2015, rad. 25000-23-26-000-2000-01287-02(32688), consejera ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, actor: Harold Josué Herrera, demandados: rama judicial y Fiscalía General de la Nación.

30 Sentencia de 8 de noviembre de 2005, rad. 1999-00218.

31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 20 de abril de 1998, rad. REV-110 y 18 de octubre de 2005, rad. 1998-00173 (REV).

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de julio de 2005, rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió aportarlos en su momento.

33 Ver fl. 39, del expediente.