AUTO 2016-00673/2804-2016 DE ENERO 29 DE 2018

 

Auto 2016-00673/2804-2016 de enero 29 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B

Radicado: 110010325000201600673 00 (2804-2016)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Medio de control: Recurso extraordinario de revisión

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Demandado: Luis Teodoro Gómez Gómez

Trámite: Ley 1437 de 2011

Asunto: Admite recurso extraordinario de revisión

Auto de sustanciación

Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil dieciocho.

El despacho procede a resolver sobre la admisión del recurso extraordinario de revisión(1), interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, contra la sentencia de 14 de noviembre de 2014 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en descongestión, que confirmó parcialmente la sentencia del Juzgado 1º Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, de 28 de septiembre de 2012, dentro del proceso radicado bajo el Nº 11001-3331-007-2012-00127-01.

Antecedentes

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo —D. 1/84(2), el señor Luis Teodoro Gómez Gómez, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda contra la Caja Nacional de Previsión Social— Cajanal EICE (liquidada), con el objeto de solicitar la nulidad de las resoluciones 28757 de 19 de junio de 2007 y 46783 de 11 de septiembre de 2008, mediante las cuales se negó la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos factores salariales devengados. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a reliquidar y reajustar su pensión, teniendo en cuenta los factores salariales devengados en el último año de servicios.

El Juzgado 1º Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá en fallo de 28 de septiembre de 2012(3), declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y condenó a Cajanal EICE (liquidada) a la reliquidación y pago indexado de la pensión de vejez con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios(4), con la inclusión de los factores salariales solicitados, y declaró la prescripción de las mesadas anteriores al 7 de abril de 2003. Lo anterior, al considerar que el demandante, en su calidad de docente, gozaba de las mismas prerrogativas pensionales que el resto de servidores públicos, no pudiéndose desconocer el principio de favorabilidad laboral, siendo beneficiario del régimen de transición, por lo cual, se le debía aplicar la Ley 33 de 1985(5).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en descongestión en sentencia de 14 de noviembre de 2014(6), confirmó parcialmente la decisión del a quo bajo el argumento de que en efecto, el actor estaba cobijado por el régimen de transición. Sin embargo, no consideró que le fuera aplicable la Ley 33 de 1985, sino el Decreto 3135 de 1968(7), aclarando que los factores a tener en cuenta no son los taxativamente consagrados en el Decreto 1045 de 1978, por ser estos meramente enunciativos, pues al momento de determinar el IBL pensional, se deben incluir todos aquellos que constituyan salario, es decir, aquellas sumas que recibe el trabajador de manera habitual y periódica.

Por otra parte, acotó que por aplicársele el referido Decreto 3135 de 1968 y no la Ley 33 de 1985, la edad para adquirir el estatus pensional pasaba de 50 a 55 años, por lo que modificó la fecha en la que el actor adquirió dicha condición.

Ejecutoriada la providencia anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, interpuso acción de revisión con fundamento en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003(8).

Al respecto, el despacho

Considera:

En atención a la naturaleza jurídica especial de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se procede a plantear el siguiente:

Problema jurídico

Determinar si la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, contra la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en descongestión, reúne los requisitos legales para su admisión.

De la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales”, establece la revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Dice la norma:

“ART. 20.—Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”(9).

De conformidad con la norma transcrita, la acción especial de revisión procede contra las providencias judiciales y las transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que, en cualquier tiempo hayan decretado o acordado el reconocimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza, a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública.

En ese orden de ideas, esta acción especial se encuentra revestida de las siguientes características: (i) es procedente contra providencias judiciales e igualmente los reconocimientos pensionales o de sumas periódicas originados en transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública; (ii) determinó una legitimación en la causa por activa calificada, en la medida en que la solicitud la debe hacer el gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy de Protección Social), del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación; y (iii) la competencia especial para su conocimiento en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, de acuerdo a sus competencias.

La Sección Segunda de esta corporación en sentencia de 27 de marzo de 2014, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve(10), se refirió a los antecedentes de la referida norma contemplados en la Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003(11) y definió el alcance de la acción de revisión como un mecanismo de la reforma cuyo propósito es la reducción del déficit fiscal y la construcción de un sistema pensional sostenible en términos financieros y equitativo para los ciudadanos.

La norma en cita, igualmente señaló que la revisión se debe tramitar a través del procedimiento propio del recurso extraordinario de revisión contemplado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —L. 1437/2011 o el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social— Decreto-Ley 2158 de 1948, según corresponda, con fundamento en las causales previstas en estos estatutos y además: (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Ahora bien, sin perder de vista que esta acción especial de revisión deba tramitarse a través del procedimiento previsto para el recurso extraordinario de revisión, la Sección Segunda de esta corporación ha establecido que estos mecanismos judiciales no pueden ser equiparables. Al efecto, consideró:

(...) En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a este, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control —Contraloría y Procuraduría— para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional.

(...).

Otra de las diferencias, es que la acción especial de revisión además de proceder contra providencias judiciales, también se puede presentar contra transacciones y conciliaciones judiciales o extrajudiciales”(12).

Conforme con la posición anterior, se concluye que la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es especial y difiere del recurso extraordinario de revisión, por cuanto: (i) Establece una legitimación en la causa por activa calificada; (ii) los actos podrán ser revisados por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, según sea el órgano competente en cada caso; y (iii) las providencias judiciales, así como las transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconozcan pensiones o sumas periódicas a cargo del erario son pasibles de esta acción, de modo que se trata de un instrumento jurídico cuya finalidad es la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

En cuanto a la oportunidad para la interposición de la acción de revisión, se precisa que en tratándose de las causales específicas incorporadas por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-835 de 2003(13) al resolver la acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 19 y 20 de la citada norma, declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, razón por la cual dispuso que el término vinculante a partir del fallo y hasta tanto se determinara un nuevo plazo, sería de dos (2) años, esto es, el previsto en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo para el recurso extraordinario de revisión para la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

No obstante, con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, establecida a partir del dos (2) de julio de dos mil doce (2012)(14), en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en el evento en que no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio(15).

Hechas las anteriores precisiones, acerca de los requisitos de la acción especial de revisión consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se procede a determinar si el recurso interpuesto el 21 de junio de 2016 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, reúne las exigencias propias de dicho mecanismo judicial, así:

De la admisibilidad de la demanda 

Como viene expuesto, los requisitos de la acción especial de revisión están previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con el título VI, capítulo I, artículos 248 a 255 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, que reguló el recurso extraordinario de revisión.

i) Procedencia

En el presente caso, la entidad demandante solicita la revisión de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en descongestión de 14 de noviembre de 2014, que confirmó parcialmente el fallo del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá de 28 de septiembre de 2012, a través del cual se resolvió declarar la nulidad de las resoluciones demandadas, e igualmente se condenó a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE (hoy UGPP) a la reliquidación y pago de la pensión de vejez del señor Luis Teodoro Gómez, con la inclusión del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio.

En consecuencia, se trata de una providencia judicial que impone la obligación de cubrir una suma dineraria periódica a cargo del tesoro público, por las razones que se exponen a continuación:

El Gobierno Nacional al expedir el Decreto 2196 de 12 de junio de 2009(16), ordenó la supresión y liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, en consideración al resultado arrojado por las evaluaciones de la gestión administrativa de la entidad, que evidenciaron que la misma no logró superar sus problemas estructurales que afectaban la prestación eficaz y eficiente del servicio público de la seguridad social en pensiones y que generaron contingencias fiscales para la Nación.

A través del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007(17), Ley del Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), se creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

En lo referente a la administración de los asuntos pensionales a cargo de la entidad, los artículos 3º y 4º del Decreto 2196 de 2009, en su parte pertinente señalan:

“(i) Cajanal EICE en Liquidación “... adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieran cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4º del presente decreto, de acuerdo con las normas que rigen al materia” (art. 3º, inc. 2º).

(ii) Cajanal EICE en Liquidación “... continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales de la Protección Social, UGPP, creada por la Ley 1151 de 2007” (art. 3º, inc. 2º, aparte final).

(iii) Cajanal EICE en Liquidación “... deberá adelantar todas las acciones necesarias para el traslado de sus afiliados cotizantes, a más tardar dentro del mes siguiente a la vigencia del presente decreto, a la administradora del régimen de prima media del Instituto de Seguro Social, ISS...” (art. 4º).

En cuanto a la competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en materia pensional, se le atribuyó:

“... El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del régimen de prima media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003...” (negrillas y subraya fuera del texto original).

De las disposiciones trascritas, se concluye que los recursos del patrimonio de esta unidad administrativa especial provienen de dineros del tesoro público, en consecuencia, cualquier obligación que se genere a su cargo puede afectar el interés general. De allí que la presente acción de revisión sea procedente, por cuanto impuso el pago de una suma periódica a cargo de fondos de naturaleza pública.

ii) De la competencia

Esta corporación tiene competencia para conocer en única instancia del presente asunto, de conformidad con el inciso primero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que previó la competencia especial para su conocimiento en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, de acuerdo a sus competencias.

Así, debido a que la providencia recurrida se originó a partir de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no proveniente de un contrato de trabajo, puesto que la controversia se concretó en determinar si había lugar a reliquidar y pagar la pensión de vejez de un docente, con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios, de acuerdo a las leyes 100 de 1993(18) y 33 de 1985(19) y el Decreto 3135 de 1968,(20) la presente demanda es competencia del Consejo de Estado - Sección Segunda.

iii) De la oportunidad para presentar la acción de revisión

El inciso 4º del artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, dispuso que en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá ser presentado dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia o del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio, según el caso.

En el sub lite, se evidencia del expediente del proceso de origen(21), que el fallo proferido en segunda instancia fue notificado por edicto que permaneció fijado en la secretaría común de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en descongestión los días miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero de 2015(22) y quedó ejecutoriado el 29 de enero de la misma anualidad, según la disposición normativa que reguló dicho trámite(23).

Así las cosas, comoquiera que el presente mecanismo judicial se instauró el 21 de junio de 2016(24), esto es, dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la sentencia recurrida, se concluye que la acción de revisión se ejerció dentro de la oportunidad señalada en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el cual vencía el 29 de enero de 2020.

iv) De la legitimación.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispuso en lo concerniente a la legitimación en la causa por activa, que la revisión procede a solicitud del gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy de Protección Social), del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, por lo que se exige un solicitante calificado, en la medida en que únicamente las entidades allí enunciadas están facultadas para solicitar la revisión.

No obstante, en el presente caso es necesario señalar que tal como lo indica la apoderada de la entidad demandante, de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007(25) que creó la UGPP, esta entidad también ostenta legitimación para interponer la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Dicha potestad también se encuentra regulada en el numeral 6º del artículo 6º del Decreto 575 de 2013, que consagró dentro de la funciones de la UGPP, aquella relacionada con “Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen”.

Igualmente, la Constitución Política en su artículo 209 establece que la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En este orden de ideas, la UGPP en desarrollo de la mencionada función, se encuentra en la obligación de cumplir este mandato constitucional y hacer prevalecer el interés general frente a actos que puedan causar una afección al erario, por ende se justifica que dicho ente administrativo disponga de instrumentos jurídicos efectivos a través de los cuales controvierta decisiones en la que se imponga una carga patrimonial al mismo.

En consecuencia, comoquiera que la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, asumió las funciones de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, y además, por expresa disposición legal se encuentra legitimada para interponer la acción de revisión con fundamento en la causal b) prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es claro que la presente cumple con este presupuesto procesal.

v) De los requisitos formales

La admisión de demanda de revisión, según el artículo 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tendrá lugar siempre que reúna los requisitos formales relacionados con la designación de las partes y sus representantes; los hechos u omisiones en que se fundamenta; la indicación precisa y razonada de la causal invocada.

Aunado a lo anterior, el código señala expresamente que con el recurso deberá acompañarse además el poder para su interposición y las pruebas documentales, así como la solicitud de aquellas que pretenda hacer valer dentro del proceso judicial.

Una vez revisado el contenido de la demanda y de sus anexos, se advierte que esta reúne los requisitos formales para su admisión, por ende, se le impartirá el trámite que preceptúa el artículo 253 ibídem por estar formalmente ajustada a derecho, esto es, proceder a su admisión.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Admitir la demanda que en ejercicio de la acción de revisión presentó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, contra la sentencia de 14 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en descongestión, que confirmó parcialmente el fallo del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá de 28 de septiembre de 2012, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso radicado bajo el Nº 11001-3331-007-2012-00127-01. En consecuencia, para su trámite se dispone:

2. Notificar personalmente este auto al señor Luis Teodoro Gómez Gómez, identificado con C.C. 3.263.938 de Zipaquirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 205 ibídem, quien dispone del término de diez (10) días para contestar la demanda y solicitar pruebas, si a bien lo tiene. Para el efecto, comisiónese al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por intermedio de la secretaría de la Sección Segunda líbrese el despacho comisorio con los insertos del caso.

3. Notificar personalmente este auto al señor agente del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 205 ibídem, quien dispone del término de diez (10) días para contestar la demanda y solicitar pruebas, si a bien lo tiene.

4. En firme este auto, ingrese el proceso al despacho para continuar con su trámite.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrada: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

(1) Con informe de la secretaría de la Sección Segunda de fecha 30 de septiembre de 2016, folio 185.

(2) La demanda fue radicada el 17 de septiembre de 2009.

(3) Folios 310-332 cuaderno 2.

(4) Es decir, del 14 de enero de 2000 al 14 de enero de 2001.

(5) por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público.

(6) Folios 376 a 399 del cuaderno 2.

(7) Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.

(8) “Ley 797 de 29 de enero de 2003. Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales (...). Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
Texto subrayado Declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-835 de 2003.

(9) Apartes tachados declarados inexequibles mediante Sentencia C-835 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería, en tanto “(...) resulta lesiva del debido proceso (C.P., art. 29), de la pronta y debida justicia (C.P., art. 229) y del imperio del Estado social de derecho que a todos nos concierne observar y mantener (C.P., art. 1º), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas”.

(10) Consejo de Estado - Sección Segunda. Sentencia de 27 de marzo de 2014. Rad. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) (REV). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(11) Al respecto señaló que la reforma pensional prevista en la referida ley responde a “la necesidad de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y equitativos para todos los ciudadanos”. Citó la Gaceta del Congreso 350, 23 de agosto de 2002, pág. 13.

(12) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda. Sentencia de 27 de marzo de 2014. Rad. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) (REV). C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Postura reiterada: Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta. Sentencia de 7 de mayo de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2014-00231-00 (AC). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(13) M.P. Jaime Araújo Rentería.

(14) “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

(15) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. Artículo 251 inciso 4º.

(16) Decreto 2196 de 2009 “Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones.
ART. 1º—Supresión y liquidación. Suprímase la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, creada por la Ley 6ª de 1945 y transformada en empresa industrial y comercial del Estado, descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, mediante la Ley 490 de 1998, vinculada al Ministerio de la Protección Social. Para todos los efectos utilizará la denominación “Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE en Liquidación”.
“En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto, dicha entidad entrará en proceso de liquidación, el cual deberá concluir a más tardar en un plazo de dos (2) años, que podrá ser prorrogado por el Gobierno Nacional, mediante acto administrativo debidamente motivado”.

(17) “Ley 1151 de 24 de julio de 2007. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (…) ART. 156.—Gestión de obligaciones pensionales y contribuciones parafiscales de la protección social. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta unidad administrativa tendrá a su cargo:
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del régimen de prima media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; (...)” (negrilla fuera de texto).

(18) Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

(19) Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público.

(20) Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.

(21) Remitido por la coordinadora de la oficina de apoyo de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial mediante oficio DESAJ16-JA-0826 de 22 de septiembre de 2016, que obra a folio 182 del cuaderno principal.

(22) Folio 403 del cuaderno 2 (proceso de origen).

(23) “Código de Procedimiento Civil (...).
ART. 331.—Ejecutoria. Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 794 de 2003. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva” (negrilla y subrayas fuera del texto original).

(24) Folio 176 vlto. cuaderno principal.

(25) “Ley 1151 de 24 de julio de 2007. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.