Auto 2016-00692/57704 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad. 25000-23-36-000-2016-00692-01 (57.704)

Actor: Villegas Morales y compañía - Vimcol Ltda.

Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB y otra

Referencia: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: Consideraciones

El recurso de apelación resulta procedente, comoquiera que fue interpuesto oportunamente y busca controvertir una providencia apelable, de conformidad con el numeral 6º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por otra parte, comoquiera que el auto debatido es de aquellos que, según el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deben ser expedidos por la Sala de decisión (el que rechace la demanda, el que ponga fin al proceso, el que apruebe conciliaciones judiciales o extrajudiciales, el que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite), la presente providencia debe proferirse por la Sala de decisión.

El 28 de marzo de 2016(2), Vimcol Ltda. interpuso demanda de reparación directa (i) contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado —EAAB ESP—, por los daños causados con la exigencia de la ejecución de una obra que —según afirmó— no le correspondía hacer a dicha constructora, sino a la urbanizadora, es decir, a la Asociación de Vivienda Siglo XXI y (ii) contra la Superintendencia de Economía Solidaria, por la omisión en que ésta incurrió al autorizar la venta de un inmueble que no contaba con la característica que se suponía tenía, esto es, ser urbanizado (contar con la implementación de las redes de acueducto y alcantarillado).

La parte actora manifestó que tuvo certeza de la ocurrencia del hecho dañoso en el momento en que entregó la obra a la EAAB ESP, pues fue allí cuando conoció el monto real de los perjuicios causados por las dos entidades (la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá —EAAB ESP— y la Superintendencia de Economía Solidaria); además, manifestó que fue en ese momento cuando se percató de la totalidad de las adecuaciones adicionales que tuvo que realizar para cumplir lo requerido por la EAAB ESP.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que “una sola situación (respuestas a las solicitudes elevadas por el accionante) consolidó las imputaciones que presentaron respecto”(3) de cada una de las entidades demandadas; por lo tanto, afirmó que el daño causado a la constructora demandante se evidenció el “13 de abril de 2011” (sic), fecha en la cual la EAAB ESP le informó que debía realizar la obra de implementación de las redes de acueducto y alcantarillado, para seguir adelante con la construcción del inmueble adquirido (manzana 1G); por lo tanto, adujo, desde ese momento se debe empezar a contabilizar el término de caducidad de la acción y no desde la entrega de la mencionada obra (6 de marzo de 2014) (fls. 33, 34 y 35, cdno. ppal.).

En el recurso de apelación, la sociedad demandante sostuvo que el término de caducidad de la acción de reparación directa debió contarse desde el 6 de marzo de 2014, fecha en la cual se entregaron las obras requeridas por la —EAAB ESP—, pues fue entonces cuando tuvo conocimiento del costo total del daño causado por las entidades demandadas (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Superintendencia de Economía Solidaria) (fl. 39, cdno. ppal.).

Así, pues, le corresponde a esta Sala analizar si le asiste razón o no al demandante al señalar que la concreción del daño se produjo el 6 de marzo de 2014.

De lo expuesto en la demanda, se encuentra que dos son los eventos que la parte actora considera dañosos: 1. El requerimiento de la realización de la obra para la implementación de las redes de acueducto y alcantarillado por parte de la EAAB ESP y 2. La omisión en la cual incurrió la Superintendencia de Economía Solidaria al autorizar la venta de la manzana 1G, ubicada en la calle 78 sur Nº 79A-45, sin constatar el estado real de ese inmueble.

Dicho lo anterior, se encuentra que la parte demandante pudo evidenciar los anteriores eventos dañosos en un solo momento, el cual correspondió a la fecha en la que le fue solicitada la obra de implementación de redes de acueducto y alcantarillado por la EAAB ESP, pues en ese momento se percató también de la presunta omisión por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, al corroborar que el inmueble no cumplía con la característica de predio urbanizado con la que fue vendido.

Ahora, a juicio de esta Corporación el momento en el que se concreta o se evidencia el daño no puede confundirse con el momento en el que se tiene certeza de los perjuicios causados con el mismo; al respecto, se ha referido así:

“… el término de caducidad se contabiliza a partir de la ocurrencia del daño (fecha en la que se causó el daño) …

“… la identificación de la época en que se configura el daño, (sic) ha sido un tema problemático, toda vez que no todos los daños se constatan de la misma forma en relación con el tiempo; en efecto, hay algunos, (sic) cuya ocurrencia se verifica en un preciso momento, y otros, (sic) que se extienden y se prolongan en el tiempo. En relación con los últimos, vale la pena llamar la atención a la frecuente confusión entre daño y perjuicio que se suele presentar; (sic) de ninguna manera, (sic) se puede identificar un daño que se proyecta en el tiempo (sic) como por ejemplo la fuga constante de una sustancia contaminante en un río, con los perjuicios que, en las más de las veces, se desarrollan e inclusive se amplían en el tiempo, como (sic) por ejemplo, los efectos nocivos para la salud que esto puede producir en los pobladores ribereños…”(4).

De conformidad con lo anterior, se observa que la configuración del daño y el instante en el que se tiene certeza del monto de la consecuencia o de los perjuicios de ese daño son dos cosas distintas y corresponden a dos momentos diferentes, de los cuales, para efectos del conteo de la caducidad de la acción, se debe tener en cuenta solo aquel en el que se causó el daño.

Así, pues, la Sala encuentra que no le asiste razón a la parte demandante, al afirmar que el momento en que tuvo conocimiento del daño causado fue la fecha de terminación de la obra requerida por el —EAAB ESP—, pues, para ese momento solo tuvo conocimiento del monto real de los perjuicios causados, es decir, de lo que patrimonialmente le implicó el daño, pero este último, es decir, el daño mismo, su existencia, lo conoció cuando, mediante respuesta de la EAAB, se le informó que no podía continuar con el proyecto de construcción del inmueble adquirido, comoquiera que en ese instante pudo percatarse de que la manzana 1G, ubicada en la calle 78 sur Nº 79A-45, La Esperanza, no contaba con las características con las que fue vendido por la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito Ltda., dado que no tenía las redes de acueducto y alcantarillado correspondientes, para considerarse un predio urbanizado, sino que, por el contrario, era uno de carácter urbanizable.

En este sentido, la Sala encuentra que, según la fuente del daño causado a la constructora Vimcol Ltda., el término oportuno para la interponer la acción de reparación directa se debe contabilizar desde el 14 de marzo de 2011, momento para el cual aquélla tuvo conocimiento del daño, pues, según la demanda, en esa fecha, mediante oficio 35300-2011-0152, “la EAAB ESP … de manera desproporcional y sin razón alguna ordenó … continuar con el proceso de urbanismo …”(5), el cual le correspondía a la urbanizadora Asociación de Vivienda Siglo XXI y no a la constructora demandante.

Esta Corporación ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley, pues de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional.

En ese sentido, la demanda de reparación directa debe ser presentada dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del daño, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(6):

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

Es decir, la caducidad procesal debe contarse a partir del día siguiente al momento en que la parte actora tuvo o debió tener conocimiento de la acción u omisión causante del daño, de modo que cuando se presenta el hecho u omisión objeto de reproche comienza a correr el término de caducidad.

Así, pues, la Sala encuentra que dado que, el hecho dañoso fue conocido por la sociedad demandante el 14 de marzo de 2011, el término de caducidad venció el 15 de marzo de 2013, razón por la cual tanto el requisito de procedibilidad presentado el 18 de diciembre de 2015(7) como la demanda presentada el 28 de marzo de 2016(8) fueron instaurados cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad, según lo previsto en la norma acabada de transcribir; por lo tanto, se confirmará la providencia objeto del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto del 16 de junio de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad de la acción.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Folio 29 del cuaderno 1.

3 Folio 34 reverso cuaderno principal.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2007, rad. 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG).

5 Hecho 20 de la demanda, obrante a folio 12 del cuaderno 1.

6 Norma aplicable al presente asunto de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.

7 Según acta de conciliación obrante a folios 6, 7 y 8 del cuaderno 2.

8 Según sello de recibido de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, obrante a folio 2 del cuaderno 1.