Auto 2016-00706/3114-2016 de abril 30 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 110010325000201600706 00 (3114-2016)

Solicitante: Julio López Muñoz

Convocado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Tema: Extensión de la jurisprudencia - Ley 1437 de 2011

Asunto: Rechaza por improcedente solicitud de extensión de la jurisprudencia

Magistrada Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., treinta de abril de dos mil dieciocho.

El proceso ha venido con informe de la Secretaría de la Sección Segunda(1), con el fin de estudiar la solicitud de extensión de jurisprudencia de que trata el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011(2), presentada por el señor Julio López Muñoz contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

I. Antecedentes

1.1. Solicitud ante la autoridad administrativa.

El señor Julio López Muñoz, a través de apoderado, presentó solicitud de extensión de jurisprudencia el 27 de mayo de 2016(3) ante la gerencia nacional de reconocimiento de Colpensiones, con el fin de que se le extendieran los efectos de la “sentencia de unificación” proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 14 de julio de 2005(4), en la que se confirmó la sentencia apelada en cuanto ordenó la reliquidación de la pensión del demandante teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, incluidas las primas de navidad, de servicios y de vacaciones.

El gerente nacional de reconocimientos de Colpensiones, mediante oficio GNR 165588 de 7 de junio de 2016(5) negó la solicitud, por considerar que conforme con la Sentencia SU-230 de la Corte Constitucional, el ingreso base de liquidación (IBL) no era un aspecto de transición y por tanto, el monto pensional se determina con independencia del régimen especial al que pertenezca el pensionado.

1.2. Solicitud de extensión de la jurisprudencia ante el Consejo de Estado.

El solicitante acudió a través de apoderado ante esta Corporación el 15 de julio de 2016(6), para los fines establecidos en el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011(7).

II. Consideraciones

2.1. Presupuestos y requisitos legales para que proceda la solicitud de extensión de jurisprudencia.

El mecanismo jurídico de solicitud de extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado está previsto en los artículos 10, 102, 269 y 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos: El primero, consagró el deber general de las autoridades administrativas de aplicar de manera uniforme las normas jurídicas a situaciones que comportan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. El segundo, estableció los requisitos formales la petición especial y reguló el trámite ante la administración. El tercero, previó el procedimiento que el peticionario puede adelantar ante el Consejo de Estado en caso de que la solicitud sea negada parcial o totalmente, o en el evento en que la autoridad pública guarde silencio. Y el cuarto, definió las sentencias de unificación jurisprudencial para el mecanismo de extensión de jurisprudencia.

Para que sea procedente la solicitud de extensión de jurisprudencia, el interesado deberá acudir en los términos del artículo 102 ibídem ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado, a través de una petición que contenga, además de los requisitos generales, los siguientes:

i) Justificación razonada de que se encuentra en la misma situación fáctica y jurídica frente al demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada;

ii) Las pruebas que tenga en su poder, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso; y

iii) Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.

La administración deberá adoptar la decisión dentro de los 30 días siguientes a la petición, y si se niega total o parcialmente, el solicitante podrá acudir en un plazo igual ante el Consejo de Estado de conformidad con el artículo 269 ídem, mediante un escrito razonado acompañado de la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente.

Una vez señalados los requisitos legales para acudir ante esta Corporación a través del mecanismo de extensión de jurisprudencia, el despacho analizará si los mismos se configuran en el caso concreto, así:

2.2. Análisis de los requisitos legales en el caso concreto.

Expuestos los presupuestos y requisitos para la extensión de los efectos de una sentencia de unificación del Consejo de Estado descritos en precedencia, el despacho estudiará si la presente solicitud reúne dichas exigencias, a efectos de impartirle el trámite previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Procedencia del mecanismo solicitado.

Como se expuso ab initio, para que proceda el mecanismo presentado por el solicitante, es necesario que la sentencia invocada sea de unificación jurisprudencial, las cuales han sido definidas en los artículos 270(8) y 271(9) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, y cuyos efectos deberán ser extendidos a terceros por las autoridades a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

El artículo 270 ibídem reguló las sentencias de unificación y señaló que son aquellas que profiera o haya proferido el Consejo de Estado: (i) por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia; (ii) las proferidas al decidir los recursos extraordinarios; y (iii) las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996(10).

De otra parte, el artículo 271(11) del citado Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, determinó la competencia de la Sala Plena del Consejo de Estado y de las salas plenas de las secciones especializadas para dictar sentencias de unificación jurisprudencial.

De conformidad con las normas en cita, son sentencias de unificación aquellas proferidas por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la jurisprudencia, y son expedidas por: (i) la sala plena de lo contencioso administrativo en los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público(12), y (ii) las secciones de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la Corporación o de los tribunales, según el caso(13).

El caso concreto.

En el sub examine, el solicitante pretende la extensión de los efectos de la sentencia proferida por la sección segunda del Consejo de Estado el 14 de julio de 2005(14), con radicado 2002-05755-01 (2668-04), en la que se confirmó la sentencia apelada en cuanto ordenó la reliquidación de la pensión del demandante teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, incluidas las primas de navidad, de servicios y de vacaciones.

Pues bien, revisada la providencia invocada, observa la Sala que esta no cumple con ninguna de las exigencias legales ni reglamentarias establecidas para que sea considerada una sentencia de unificación, en tanto no fue emitida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo o por la Sección Segunda integrada por las Subsecciones A y B por razones de importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia (L. 1437/2011, art. 270(15)), y tampoco fue proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo por un asunto que provenía de las secciones o de los tribunales (CPACA, art. 271(16)), por lo cual resulta improcedente la solicitud.

En efecto, en la sentencia citada, se resolvió la situación particular de un funcionario que mediante un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho se determinó que por laborar 25 años en la rama judicial, era beneficiario del régimen especial establecido en el Decreto 546 de 1971, esto es, que cumplía los requisitos para que su pensión se liquidara con base en el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicio y, por ello, se accedió a las pretensiones probadas dentro de la demanda, esto es, al reconocimiento y pago de todos los factores que generaron remuneración en razón de la labor desarrollada.

En consecuencia, se observa que en dicha providencia no se configura ninguno de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en el reglamento interno del Consejo de Estado para que se pueda decir que es una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado y, por ello, se le deba extender sus efectos, ya que si bien fue proferida por la Sección Segunda, no tuvo como objeto unificar la jurisprudencia pues, en tal caso, se debía adelantar por el procedimiento previsto en el artículo 271 ibídem.

Así las cosas, la falta de acreditación de los requisitos exigidos en los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, deviene en la improcedencia de la solicitud de extensión de la jurisprudencia.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

1. DECLÁRESE improcedente la solicitud de extensión de la jurisprudencia presentada por el señor Julio López Muñoz contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. RECONÓCESE personería al abogado Carlos Edmundo Mora Arcos identificado con cédula de ciudadanía 5.332.188 y tarjeta profesional 186.752 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado del señor Julio López Muñoz, en los términos y para los efectos del poder conferido que obra a folio 1 del expediente.

3. En firme esta providencia, archivar el resto de las piezas procesales, dejando previamente las anotaciones y constancias de rigor en el sistema de información judicial.

Notifíquese y cúmplase.

Consejera: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 

(1) De 27 de julio de 2016, visible a folio 77.

(2) “ART. 269.—Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompañará la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente.
Inciso modificado por el artículo 616 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012. Del escrito se dará traslado a la administración demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el término común de treinta (30) días para que aporten las pruebas que consideren. La administración y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrán oponerse por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este código.
(…)”.

(3) Folios 62 a 66.

(4) M.P. Alberto Arango Mantilla.

(5) Folios 68 a 71

(6) Folios 72 a 75

(7) “ART. 269.—Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompañará la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente […]”.

(8) “ART. 270.—Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión”.

(9) “ART. 271.—Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público.
En estos casos corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de las secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias de unificación en esos mismos eventos en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso.
Para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición deberá formularse mediante una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o a necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.
Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia. En este caso, la solicitud que eleve una de las partes o el Ministerio Público para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.
La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos”.

(10) “ART. 36A.—Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios. Adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009. En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los tribunales administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia”.

(11) Artículo declarado Constitucional, mediante Sentencia C-588/2012 de 25 de julio de 2012. Corte Constitucional. M.P. Mauricio González Cuervo.

(12) Artículo 271, inciso 1º, Ley 1437 de 2011.

(13) Artículo 271, inciso 2º, Ley 1437 de 2011.

(14) C.P. Alberto Arango Mantilla.

(15) “ART. 270.—Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009” - Ley 1437 de 2011.

(16) “ART. 271.—Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público. En estos casos corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de las secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias de unificación en esos mismos eventos en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso. Para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición deberá formularse mediante una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o a necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia. En este caso, la solicitud que eleve una de las partes o el Ministerio Público para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión. La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos”. Ley 1437 de 2011.