Auto 2016-00936/4255-2016 de noviembre 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: 110010325000201600936 00

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Nº Interno: 4255-2016

Demandante: Jesús Herney Cifuentes Gómez

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Bogotá D.C., diez de noviembre de dos mil dieciséis

Decisión: Se admite demanda de Nulidad por Inconstitucionalidad contra acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura para convocar y conformar las ternas de candidatos a Magistrado del Consejo de Disciplina Judicial / Se niega solicitud de medida cautelar consistente en suspensión provisional de los efectos de los actos demandados.

El despacho conoce el proceso de la referencia con informe de la Secretaria de la Sección Segunda(1)en el que indica que se encuentra pendiente por resolver sobre la admisión de la demanda y la solicitud de medida cautelar en ella contenida.

Para mayor claridad, en primer lugar se hará una breve exposición de las pretensiones y fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; en segundo término se precisaran los presupuestos que el ordenamiento jurídico contempla respecto del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad, luego de lo cual, se procederá a estudiar su admisión en el caso concreto y; finalmente, en un tercer momento, dando aplicación del artículo 184.4(2) de la Ley 1437 de 2011,(3) se resolverá la solicitud de suspensión provisional formulada por el actor.

La demanda

Se trata del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad promovido por el señor Jesús Herney Cifuentes Gómez contra la Sentencia C-285 de 2016,(4) mediante la cual la Corte Constitucional(5) declaró, entre otras, la inexequibilidad del artículo 15 del Acto Legislativo 02 de 2015, que eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura y creaba en su lugar el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial. La Sentencia C-285 de 2016 también dispuso, que para la integración de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial establecida por el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 para reemplazar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, este último, tal como quedó luego de la mencionada providencia, elaboraría 4 ternas, mientras que el Presidente de la República 3, para ser enviadas al “Congreso en pleno”, a quien le compete la elección.

En la demanda asimismo se pide la nulidad de los actos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura para convocar y conformar 4 ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así: i) Acuerdo PSAA16-10548 de 27 de julio de 2016 “Por medio del cual se reglamenta la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial” y, ii) Acuerdo PSAA16-10575 de 21 de septiembre de 2016 “Por el cual se formulan ante el Congreso de la República, ternas para proveer cuatro cargos de Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Cargos de la demanda

Contra la sentencia de constitucionalidad y los acuerdos demandados el actor formula los cargos de i) violación de normas constitucionales y ii) expedición sin competencia, los cuales sustenta de manera conjunta a partir de los argumentos que el Despacho a continuación presenta de manera resumida:

Asegura el demandante, que al expedir la Sentencia C-285 de 2016, la Corte Constitucional vulneró el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 3º y 113 de la Constitución que, según su dicho, establecen, entre otras, el principio de la “tridivisión” del poder público en Colombia en las ramas ejecutiva, judicial y legislativa, a la cual, en su criterio, los artículos constitucionales 114, 150 y 374 le atribuyen la competencia de reformar la constitución como Constituyente derivado, normas que también estima trasgredidas.

Explica al respecto, que antes de la reforma introducida por el Acto Legislativo 02 de 2015, el artículo 254.2 de la Constitución establecía que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura estaría integrada por 7 magistrados elegidos para periodos de 8 años, por el Congreso de la República de ternas enviadas por el Gobierno Nacional

Precisa, que dicha norma fue reformada por los artículos 15 y 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 que eliminaron el Consejo Superior de la Judicatura y lo sustituyeron por los siguientes órganos: Consejo de Gobierno Judicial, Gerencia de la Rama Judicial y Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual reemplazará a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Señala además, que de acuerdo con el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estará conformada por 7 magistrados, 4 de los cuales serían elegidos por el Congreso de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y, los 3 restantes, de ternas enviadas por el Presidente.

Expresa, que la Corte Constitucional a través de Sentencia C-285 de 2016 declaró inexequible el artículo 15 del Acto Legislativo 02 de 2015, que al reformar el artículo 254 Superior, creaba el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial, por lo que se reestablece el Consejo Superior de la Judicatura pero sin su Sala disciplinaria, puesto que el artículo 19 del mencionado Acto Legislativo ordenó sustituirla por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Señala, que al revivir el texto original del artículo 254 de la Constitución Política de 1991, producto de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 15 del Acto Legislativo 02 de 2015 que lo reformaba, el Presidente recobra su facultad de elaborar las 7 ternas de las cuales el Congreso debe escoger igual número de magistrados para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hoy convertida en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Por lo que a su modo de ver, al disponer en la Sentencia C-285 de 2016, que al Consejo Superior de la Judicatura correspondía elaborar 4 de esas ternas, la Corte desconoció el principio de separación de poderes y se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, puesto que, arrogándose competencias del Constituyente derivado, es decir, del Congreso, elaboró reglas constitucionales positivas, sin estar habilitada para ello.

En armonía con lo expuesto, argumenta que al estar sustentados en la Sentencia C-285 de 2016, contra los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura para convocar y conformar 4 ternas de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, también caben las censuras expuestas.

Finalmente, solícita que se declare la suspensión provisional de la sentencia de constitucionalidad y de los acuerdos demandados, para lo cual reitera las inconformidades anteriormente descritas.

Consideraciones

La naturaleza de los actos demandados y el contenido de los cargos formulados en su contra, lleva a la Ponente a preguntarse si el medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad escogido por el actor es el adecuado en esta oportunidad, aspecto que se estudia a continuación.

Presupuestos del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad

El artículo 237 de la Constitución establece que es atribución del Consejo de Estado, entre otras, la de “conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional”. Es de precisar, que en la Constitución, las atribuciones de la Corte Constitucional están consignadas en el artículo 241 en los siguientes términos:

“ART. 241.—A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. 

6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. 

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

9. Revisar; en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

12. Darse su propio reglamento.

PAR.—Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.” (Subraya la Ponente).

De acuerdo con el artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional ejerce como custodia de la Carta Política conociendo de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra las normas que tengan rango constitucional y legal, tales como: i) los actos reformatorios de la Constitución, es decir, los actos legislativos; ii) las convocatorias para activar los mecanismos de participación ciudadana, a saber: referendo constitucional y legal, asamblea nacional constituyente, consulta popular nacional y plebiscito nacional; iii) los tratados internacionales; iv) las leyes que en términos generales pueden ser: ordinarias y especiales, esto es, orgánicas, marco, de facultades extraordinarias, del plan nacional de desarrollo, de presupuesto, estatutarias, aprobatorias de tratados y de intervención en la economía; y v) los decretos con fuerza material de ley dictados por el Presidente, a saber: decretos ley, decretos legislativos, decretos extraordinarios y decretos del plan nacional de desarrollo y del plan nacional de inversiones públicas.

En ese orden de ideas, de acuerdo con el artículo 237 Superior, corresponde al Consejo de Estado(6) a través del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad, el examen judicial de constitucionalidad de los decretos del Gobierno Nacional que no se encuadran en las categorías fijadas en el artículo 241 de la Carta.

Posteriormente, la Ley 270 de 1996,(7) a través de sus artículos 37, 43 y 49, en desarrollo de los preceptos constitucionales trascritos, fijó la competencia de esta Corporación en materia de control judicial de constitucionalidad, de la siguiente manera:

“ART. 37.—De la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales:

(...)”

9. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional;

(...)”

“ART. 43.—Estructura de la Jurisdicción Constitucional. (...). El Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

(...)”

“ART. 49.—Control de constitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno cuya competencia no haya sido atribuida a la Corte Constitucional de conformidad con el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política. ‘Aparte tachado declarado inexequible en Sentencia C-037 de 1996' El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Concejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

La decisión será adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.”

Las disposiciones normativas trascritas de la Ley 270 de 1996(8) reproducen en su integridad, el apartado del artículo 237 de la Constitución que le asigna al Consejo de Estado la atribución de conocer de las acciones de Nulidad por Inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional; adicionalmente, fijan a la Sala Plena de la Corporación la tarea de adoptar la decisión de fondo en tales asuntos.(9)

Es de la mayor importancia precisar, que el texto inicial del proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, que luego se convirtió en la ley “Estatutaria de la Administración de Justicia”, era el siguiente:

“ART. 49.—Control de constitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno cuya competencia no haya sido atribuida a la Corte Constitucional de conformidad con el numeral del artículo 237 de la Constitución Política. El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Para tal efecto, la acción de nulidad por inconstitucionalidad se tramitará con sujeción al mismo procedimiento previsto para la acción de inexequibilidad y podrá ejercitarse por cualquier ciudadano contra las siguientes clases de decretos:

1. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades constitucionales y con sujeción a leyes generales, cuadro o marco;  

2. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las leyes que le confieren autorizaciones: 

3. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las leyes que confieren mandatos de intervención en la economía; y,  

4. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades que directamente le atribuye la Constitución y sin sujeción a la ley previa.  

La decisión será adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que para estos efectos obra como tribunal constitucional. (Subraya la Ponente).

Al dársele el trámite que requieren las leyes estatutarias, en aplicación del artículo 241.8 de la Constitución, dicho proyecto pasó a control automático de constitucionalidad a la Corte Constitucional, Corporación que en Sentencia C-037 de 1996,(10) declaró inexequibles varios apartados del proyecto que se trascribió. Dijo la Corte en aquella oportunidad:

“... al señalar la norma que el procedimiento de la acción de nulidad por inconstitucionalidad será el mismo que el de la acción de inexequibilidad, se le está dando una facultad al Consejo de Estado que la Carta Política no contempla.

Recuérdese, que sólo los artículos 242, 243 y 244 superiores, se encargan de regular los procesos que se eleven ante la Corte Constitucional, derivados algunos de ellos de las acciones de inexequibilidad que adelante cualquier ciudadano. Además, la norma, al hacer un reenvío al procedimiento de la Corte Constitucional, que obviamente no contempla la suspensión de los actos administrativos que establece el artículo 238 de la Carta Política, desconoce el instituto procesal constitucional de lo contencioso administrativo. (...).

Por otra parte, conviene preguntarse: ¿Sobre cuáles decretos se puede pronunciar el Consejo de Estado en ejercicio de la competencia prevista en el numeral 2º del artículo 237 constitucional? La respuesta es evidente: sobre todos los que no estén contemplados dentro de las atribuciones que la Constitución Política confiere a la Corte Constitucional. Así, entonces, resulta inconstitucional que el legislador estatutario entre a hacer una enumeración taxativa de los decretos objeto de control por parte del tribunal supremo de lo contencioso administrativo, pues ello no está contemplado en el artículo 237 en comento y tampoco aparece en parte alguna de esa disposición (...) una facultad concreta para que la ley se ocupe de regular esos temas. Limitar de esa forma los alcances del numeral 2º del artículo 237 de la Carta es a todas luces inconstitucional. (...).

En cuanto al último inciso de la norma que se examina, habrá de declararse la inexequibilidad de la expresión 'que para estos efectos obra como tribunal constitucional'. En cuanto a la parte restante, como se explicó, resulta ajustado a la Carta Política entender que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo hace las veces de 'Consejo de Estado', para efectos de conocer de la nulidad de los decretos a los que se ha hecho referencia.”

La jurisprudencia constitucional trascrita reafirma lo expresado en cuanto a que la Constitución le atribuyó al Consejo de Estado el control judicial constitucional de los decretos del Gobierno Nacional que no sean de conocimiento de la Corte Constitucional, pero sin precisar cuáles y, en tal virtud, de acuerdo con la aludida Sentencia C-037 de 1996, el legislativo no podía en la Ley 270 de 1996, enumerar de manera taxativa los actos administrativos que conocería esta Corporación en ejercicio de tan delicada tarea de guardián de la Constitución.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad, los artículos 111, 135 y 184 de la Ley 1437 de 2011, disponen lo siguiente:

“ART. 111.—Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones:

(…)

5.Conocer de la nulidad por inconstitucionalidad que se promueva contra los decretos cuyo control no corresponda a la Corte Constitucional.

(…).”

(…).

“ART. 135.—Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución.

También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.

PAR.—El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales.”

(…).

“ART. 184.—Proceso especial para la nulidad por inconstitucionalidad. La sustanciación y ponencia de los procesos contenciosos de nulidad por inconstitucionalidad corresponderá a uno de los Magistrados de la Sección respectiva, según la materia, y el fallo a la Sala Plena. Se tramitará según las siguientes reglas y procedimiento:

1. En la demanda de nulidad por inconstitucionalidad se deberán indicar las normas constitucionales que se consideren infringidas y exponer en el concepto de violación las razones que sustentan la inconstitucionalidad alegada.

2. La demanda, su trámite y contestación se sujetarán, en lo no dispuesto en el presente artículo, por lo previsto en los artículos 162 a 175 de este Código. Contra los autos proferidos por el ponente solo procederá el recurso de reposición, excepto el que decrete la suspensión provisional y el que rechace la demanda, los cuales serán susceptibles del recurso de súplica ante la Sala Plena.

3. Recibida la demanda y efectuado el reparto, el Magistrado Ponente se pronunciará sobre su admisibilidad dentro de los 10 días siguientes. Cuando la demanda no cumpla alguno de los requisitos previstos en este Código, se le concederán 3 días al demandante para que proceda a corregirla señalándole con precisión los Requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se rechazará.

4. Si la demanda reúne los requisitos legales, el Magistrado Ponente mediante auto deberá admitirla y además dispondrá:

a) Que se notifique a la entidad o autoridad que profirió el acto y a las personas que, según la demanda o los actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso, de conformidad con lo dispuesto en este Código, para que en el término de 10 días puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas. Igualmente, se le notificará al Procurador General de la Nación, quien obligatoriamente deberá rendir concepto;

b) Que se fije en la Secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el mismo término a que se refiere el numeral anterior, plazo durante el cual cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo. Adicionalmente, ordenará la publicación del aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo;

c) Que el correspondiente funcionario envíe los antecedentes administrativos, dentro del término que al efecto se le señale. El incumplimiento por parte del encargado del asunto lo hará incurso en falta disciplinaria gravísima y no impedirá que se profiera la decisión de fondo en el proceso.

En el mismo auto que admite la demanda, el magistrado ponente podrá invitar a entidades públicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito su concepto acerca de puntos relevantes para la elaboración del proyecto de fallo, dentro del plazo prudencial que se señale.

En el caso de que se haya solicitado la suspensión provisional del acto, se resolverá por el Magistrado Ponente en el mismo auto en el que se admite la demanda.

5. Vencido el término de que trata el literal a) del numeral anterior, y en caso de que se considere necesario, se abrirá el proceso a pruebas por un término que no excederá de 10 días, que se contará desde la ejecutoria del auto que las decrete.

6. Practicadas las pruebas o vencido el término probatorio, o cuando no fuere necesario practicar pruebas y se haya prescindido de este trámite, según el caso, se correrá traslado por el término improrrogable de 10 días al Procurador General de la Nación, sin necesidad de auto que así lo disponga, para que rinda concepto.

7. Vencido el término de traslado al Procurador, el ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los 15 días siguientes a la fecha de entrada al despacho para sentencia. La Sala Plena deberá adoptar el fallo dentro de los 20 días siguientes, salvo que existan otros asuntos que gocen de prelación constitucional.”

Los artículos 111 y 184 de la Ley 1437 de 2011(11) reiteran que la competencia para conocer del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad es del Consejo de Estado y, precisa el canon 184, que la sustanciación y ponencia es tarea de uno de los magistrados de la Sección respectiva de acuerdo con la materia, mientras que la expedición del fallo corresponde a la Sala Plena de esta Corporación.

Por su parte, el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011 señala que por las vías de la Nulidad por Inconstitucionalidad pueden examinarse los decretos del Gobierno Nacional que no correspondan a la Corte Constitucional y, también los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional. Respecto de estos últimos entiende el Despacho que cuando la norma se refiere a “entidades u organismos, distintos al Gobierno Nacional”, lo hace para señalar aquellos órganos de carácter nacional a los cuales la propia Constitución Política de 1991 les asignó unos ámbitos específicos y unas potestades directas, exclusivas y autónomas para regular y/o reglamentar varios apartes del texto constitucional, sin necesidad de ley previa sobre la materia, tales como el Banco de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Servicio Civil, la Contraloría General de la República, entre otros.

Ello por cuanto el constituyente de 1991 introdujo respecto de ciertas materias y para determinados órganos, un sistema de reglamentación especial al margen de la tradicional potestad reglamentaria del Presidente, es decir, creó ámbitos de regulación y se los asignó de manera directa(12) especial y exclusiva a otros entes constitucionales diferentes al Gobierno Nacional. En efecto, de conformidad con la enumeración hecha por la Corte Constitucional en la Sentencia C-805 de 2001,(13) las competencias de regulación exclusivas asignadas por la Carta a otros organismos o autoridades distintos del Gobierno Nacional, están asignadas al:

“...Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con el artículo 265 de la Constitución, tiene, de conformidad con la ley, entre sus atribuciones especiales, la de 'reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado'. El Contralor General de la República, por su parte, tiene entre sus atribuciones, de acuerdo con el artículo 268 de la Constitución, las de 'Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse' y 'Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial'. Al Contador General, funcionario de la Rama Ejecutiva, corresponde, a su vez, de acuerdo con el artículo 354 de la Constitución, '…determinar las normas contables que deben
regir en el país, conforme a la ley'. Del mismo modo, la Junta Directiva del Banco de la República ejerce las competencias de regulación que le corresponden de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 371 y 372 de la Constitución.”

En el mencionado fallo, la Corte hizo referencia explícita al Consejo Superior de la Judicatura, para advirtir que dicho organismo también cuenta con una potestad de regulación autónomamente conferida por el artículo 257 de la Carta, que lo faculta para “Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador”.

Entonces, por virtud de esta autorización constitucional, los organismos o autoridades nacionales a los cuales se adscribe dicha potestad, tienen la facultad directa, autónoma y exclusiva de establecer la regulación del área normativa específicamente asignada por la Carta, es decir, tienen la atribución de producir normas administrativas de carácter general, esto es, regulaciones especiales que reglan la actividad de los particulares y sirven de fundamento para la actuación de las autoridades públicas respecto de las cuales, según las voces del artículo 135, numeral 2º, de la Ley 1437 de 2011 en armonía con lo dispuesto por el artículo 241 Constitucional, el juzgamiento de su constitucionalidad queda sometido al Consejo de Estado en virtud del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad.(14)

Sobre la posibilidad de que en Nulidad por Inconstitucionalidad fuesen demandados actos generales expedidos por organismos de carácter nacional diferentes al Gobierno, se refirió la Corte Constitucional en el Fallo C-400 de 2013,(15) en los siguientes términos:

“... con relación a lo que predica el principio de competencia residual, esta Corte encuentra que la carta política atribuye la producción de actos de contenido normativo a órganos distintos al Congreso y al Gobierno Nacional, como los que expide el Consejo Superior de la Judicatura (art. 257 Const.), el Consejo Nacional Electoral (art. 265 ib.), la Contraloría General de la República (art. 268 ib.) y el Banco de la República (arts. 371 y 372 ib.), los cuales no tienen fuerza de ley propiamente tal, a pesar de sus especiales características e importancia dentro del ordenamiento jurídico.

Así, fijado que el constituyente quiso asignar expresamente a tales autoridades la competencia normativa en los asuntos allí dispuestos, excluyéndolos de aquella reservada al Congreso, corresponderá al Consejo de Estado el conocimiento de los mismos conforme a la regla, según la cual, compete al tribunal supremo de lo contencioso administrativo conocer de la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos o actos que no están atribuidos a la Corte Constitucional (arts. 237-2 superior y 135 de la Ley 1437 de 2011).”

De acuerdo con lo expuesto, por las vías de la Nulidad por Inconstitucionalidad pueden examinarse los decretos del Gobierno Nacional que no correspondan a la Corte Constitucional y también los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional, sean expedidos por entidades u organismos de carácter nacional distintos del Gobierno.

Por último, resalta la Ponente que de conformidad con el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, el medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad sólo procede por “infracción directa de la Constitución”, razón por la que el artículo 184, numeral 1º de dicha ley, exija “indicar las normas constitucionales que se consideren infringidas y exponer en el concepto de violación las razones que sustentan la inconstitucionalidad alegada”.

Entonces, con fundamento en las normas trascritas, es claro que el medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad tiene adscritos unos presupuestos formales y materiales propios(16), que son:

• Que la disposición acusada sea un acto administrativo de carácter general, dictado por el Gobierno Nacional, o por cualquier entidad u organismo de carácter nacional diferente al Gobierno;

• Que la disposición normativa acusada hubiere sido expedida, por el Gobierno o cualquier entidad u organismo nacional diferente al Gobierno, en ejercicio de una función o atribución derivada de la Constitución misma, sin la existencia de ley previa que regule la materia;

• Que el juicio de validez, es decir, el reproche o infracción endilgada al acto enjuiciado, se realice de manera directa frente a la Constitución Política, no respecto de alguna ley; y

• Que la revisión de la disposición demandada no sea competencia de la Corte Constitucional en los términos del artículo 241 de la Constitución Política.

Caso concreto

Luego de delinear los presupuestos del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad, procede el Despacho a estudiar la admisión de la presente demanda así: i) en lo que tiene que ver con la pretensión de anulación de la Sentencia de Constitucionalidad C-285 de 2016 y, ii) respecto de la pretensión de nulidad de los actos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura para convocar y conformar 4 ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Solicitud de nulidad de la sentencia de constitucionalidad C-285 de 2016

De acuerdo con las normas constitucionales y legales estudiadas, a través del mecanismo de Nulidad por Inconstitucionalidad sólo procede el juicio de control abstracto ante el Consejo de Estado respecto de los actos administrativos generales expedidos por el Gobierno o demás órganos del Gobierno Nacional, en ejercicio de una función o atribución derivada de la Constitución misma, sin la existencia de ley previa que regule la materia y, cuyo conocimiento no sea competencia de la Corte Constitucional en los términos del artículo 241 de la Constitución. Por ello, el aludido medio de control no es procedente para controvertir las decisiones de la Corte Constitucional proferidas en su ejercicio de su atribución de control abstracto de constitucionalidad, como lo es la Sentencia C- 285 de 2016.

Es de precisar, que en lo que a las sentencias de constitucionalidad respecta, el Decreto 2067 de 1991 “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, establece en su artículo 49 lo siguiente:

“ART. 49.—Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno.

La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el Proceso.”

La norma trascrita señala, que contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno, pero aclara, que si podrá alegarse la nulidad de los procesos tramitados ante dicha Corporación sólo hasta antes de proferido el fallo y, por las irregularidades que impliquen violación del debido proceso. No obstante, de manera reiterada y pacífica, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de las solicitudes de nulidad presentadas luego de dictada la sentencia en los siguientes casos excepcionales:(17)

1.3.1. Naturaleza excepcional. La declaratoria de nulidad de una sentencia proferida por la Corte Constitucional es una medida excepcional a la cual sólo puede arribarse cuando en la decisión concurran “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”.(18)(19)

1.3.2. Presupuestos formales de procedencia. La jurisprudencia constitucional ha señalado las condiciones formales que deben concurrir para la admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias(20) son las siguientes:

(i) Temporalidad. La solicitud debe presentarse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del fallo adoptado por la Corte. Vencido este término, se entiende que toda circunstancia que acarrearía la nulidad del fallo queda saneada.(21)

(ii) Legitimación por activa. El trámite incidental debe ser iniciado por quien ostente la calidad de parte en el proceso.

(iii) Deber de argumentación. El incidente que pretenda la nulidad de una sentencia de constitucionalidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa, seria y coherente, expresar la causal de nulidad invocada, los preceptos constitucionales presuntamente vulnerados y su incidencia en la decisión adoptada, sin que se entienda satisfecho con la formulación de nuevos cargos de inconstitucionalidad o el simple disgusto con la decisión adoptada(22).

1.3.3. Presupuestos materiales. En cuanto al argumento sustancial, la afectación del debido proceso por parte de la Corte tiene naturaleza cualificada. Por tanto, “debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subrayas añadidas)”(23) Con base en las anteriores especificidades, la jurisprudencia ha compilado algunos eventos que cumplen con esas características, resaltando los siguientes:

“— Cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte. (...)(24)

— Cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley.(25)

— Cuando existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace anfibológica o ininteligible la decisión adoptada;(26) igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión carece por completo de fundamentación.

— Cuando la parte resolutiva de una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso.(27)

— Cuando la sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello significa la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.(28)

— Elusión arbitraria de análisis de asuntos de relevancia constitucional, consistente en la omisión de aspectos de fondo que de haberse estudiado se hubiera llegado a una decisión diferente. No obstante, se debe precisar “que esta Corporación cuenta con la facultad de estudiar cada caso según los temas que considere atañen especial trascendencia.”(29)

De lo expuesto se concluye, que la solicitud de nulidad de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en desarrollo de su competencia de control abstracto, es un trámite creado, diseñado y aceptado por la jurisprudencia de dicho órgano, directamente relacionado con la protección del derecho al debido proceso, que se caracteriza por su naturaleza excepcional y el estricto cumplimiento en los requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten del manera cierta y palpable del derecho fundamental mencionado.

En ese orden de ideas, en aras de garantizar los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, así como por la trascendencia que para la institucionalidad de gobierno y administración de la Rama Judicial tiene la Sentencia C-285 de 2016, se ordenará que por Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación, se remita copia íntegra de la demanda de la referencia a la Corte Constitucional, para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, estudie la viabilidad de tramitar como incidente de nulidad las inconformidades que el señor Jesús Herney Cifuentes Gómez formula contra la mencionada providencia de constitucionalidad.

Nulidad de los actos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura para convocar y conformar 4 ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

En lo que tiene que ver con la pretensión de nulidad de Acuerdos i) PSAA16- 10548 de 27 de julio de 2016 “Por medio del cual se reglamenta la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial” y, ii) PSAA16-10575 de 21 de septiembre de 2016 “Por el cual se formulan ante el Congreso de la República, ternas para proveer cuatro cargos de Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”; la demanda logra colmar los presupuestos del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad a que se ha hecho referencia, porque:

i) Por su objeto y contenido, los acuerdos demandados constituyen actos administrativos de carácter general, pues, a través de ellos, se insiste, el Consejo Superior de la Judicatura convocó y conformó 4 ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial;

ii) Los referidos acuerdos fueron proferidos por un órgano de carácter nacional diferente del Gobierno, como lo es el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de una función o atribución derivada de la Constitución misma, lo cual se comprueba al analizar sus textos, en los que se puede leer que para su expedición se invocó el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, por el cual se reformó el artículo 257 de la Constitución;

iii) El juicio de validez o reproche que el actor formula contra los referidos acuerdos lo realiza de manera directa frente al preámbulo y los artículos 1º, 2º, 3º, 113, 114, 150 y 374 de la norma superior; y

iv) El conocimiento de la demanda de la referencia no corresponde a la Corte Constitucional, a quien compete, de acuerdo con el artículo 241, numerales 4º, 5º y 7º, de la Constitución, conocer de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra leyes de la República, decretos con fuerza de ley y decretos legislativos proferidos previa declaratoria de un estado de excepción. En el sub judice, se demanda un acto administrativo de carácter general, cuya naturaleza no es la de las disposiciones normativas antes citadas, respecto de las cuales su enjuiciamiento sí es del resorte de la Corte Constitucional.

Admisión de la demanda

De acuerdo con lo expuesto, en lo que tiene que ver con los actos administrativos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura para convocar y conformar 4 ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la presente causa judicial reúne los presupuestos para ser tramitada por los cauces del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad consagrados en los artículos 237 de la Constitución Política, 37.9, 43 y 49 de la Ley 270 de 1996 y 111, 135 y 184 de la Ley 1437 de 2011, por lo que en la parte resolutiva de esta providencia se dispondrá su admisión.

Luego de estudiar lo atinente a la admisión de la demanda, procede el Despacho a resolver la solicitud de suspensión provisional, para lo cual se precisarán algunos aspectos relativos a dicha medida cautelar negativa.

Medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado

Establece el artículo 229, inciso 1º, de la Ley 1437 de 2011, que:

“En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (...).”

Ahora bien, sobre el “contenido y alcance de las medidas cautelares”, dispone el artículo 230 ibidem que éstas:

“... podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda...”

Por otra parte, en lo que tiene que ver con los requisitos para decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, el artículo 231 ejusdem estipula que:

“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.”

De acuerdo con las normas trascritas, la medida cautelar negativa de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo procederá siempre y cuando pueda comprobarse la vulneración de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud de la medida, y tal trasgresión puede surgir: i) de la confrontación del acto administrativo demandado con las normas superiores señaladas como quebrantadas, o ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

En varias ocasiones el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la manera como la Ley 1437 de 2011 introdujo una reforma sustancial a la institución de la suspensión provisional. En efecto, ha precisado que en vigencia del Decreto Ley 01 de 1984(30) esta cautela solo procedía cuando se evidenciaba una “manifiesta infracción” (31) de normas superiores por parte de la disposición enjuiciada, mientras que, bajo el marcoregulatorio de la citada Ley 1437 de 2011, la exigencia de verificar la existencia de una infracción normativa como requisito estructurante de la suspensión provisional al no haber sido calificada por el legislador cómo tal, no requiere ser manifiesta, es decir, evidente, ostensible, notoria o palmar a simple vista o prima facie.(32)

Entonces, para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 establece la exigencia de acreditarse la vulneración de las normas superiores, cuando tal transgresión surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad, en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa, por lo que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final.

En este escenario, corresponde al operador judicial, en cada caso concreto, abordar de manera cuidadosa su estudio, analizando inicial o preliminarmente el sometimiento de la decisión administrativa al parámetro normativo invocado.

En suma, si bien la regulación de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo prevista en la Ley 1437 de 2011 le confiere al juez un margen de estudio más amplio del que preveía la legislación anterior sobre la materia, no puede perderse de vista que la contradicción y el análisis entre las normas invocadas y el acto administrativo requiere, entonces, que luego de un estudio de legalidad inicial, juicioso y serio, se pueda arribar a la conclusión de que el acto contradice la norma superior invocada, pero, se insiste, exige la rigurosidad del Juez en su estudio con fundamento en el análisis del acto o las pruebas allegadas con la solicitud.

Hechas las anteriores precisiones generales sobre la medida cautelar de suspensión provisional y sobre la competencia del juez de lo contencioso administrativo para su resolución, a continuación se realiza el pronunciamiento del Despacho.

Resolución de la medida cautelar de suspensión provisional

El actor formula en la demanda medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los Acuerdos PSAA16-10548(33) y PSAA16-10575(34) de 27 de julio y 21 de septiembre de 2016, respectivamente, para lo cual reitera los argumentos del concepto de violación expuestos de manera resumida al inicio de esta providencia, a los que se remite la Ponente para efectos prácticos.

En resumen, el actor sostiene que los acuerdos demandados vulneran el principio de separación de poderes contenidos en su sentir en los artículos 1º, 2º, 3º y 113 de la Constitución, puesto que a través de dichos actos el Consejo Superior de la Judicatura convocó y conformó 4 ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tarea que para el demandante es de competencia exclusiva del Presidente de la República en aplicación del texto original del artículo 254 Superior, que según su dicho, “revivió” luego de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 15 del Acto Legislativo 02 de 2015 que lo reformaba, ordenada por la Corte Constitucional en Sentencia C-285 de 2016.

Los argumentos expuestos por el actor en el concepto de violación de las normas invocadas como infringidas, llevan al Despacho, con miras a resolver la medida cautelar propuesta, a realizar a continuación un estudio ab initio o sumario, propio de esta etapa del proceso, de la normatividad constitucional que regula lo relacionado con la elaboración de las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Conformación de las ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Como es conocido, a través del Acto Legislativo 02 de 2015, el Congreso de la República pretendió reformar el modelo de administración de la Rama Judicial, eliminando el Consejo Superior de la Judicatura y creando en su reemplazo el Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Para la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, por el cual se reformó el artículo 257 de la Constitución, precisó lo siguiente en su inciso 2º:

“Estará conformada por 7 Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial previa convocatoria pública reglada adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial, y 3 de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada.”

De acuerdo con la norma trascrita, el Constituyente derivado quiso que la conformación de las ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estuviera a cargo del Consejo de Gobierno Judicial, órgano al que le correspondía elaborar 4, y del Presidente de la República, a quien le competen las 3 restantes.

Este reparto de competencias entre el Consejo de Gobierno Judicial y el Presidente de la República para elaborar las 7 ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue modificado por la Sentencia de Constitucionalidad C-285 de 2016, mediante la cual la Corte Constitucional resolvió declarar la inexequibilidad, entre otros, del artículo 115 del Acto Legislativo 02 de 2015 que creaba el Consejo de Gobierno.

Frente a ello, el actor es de la tesis que al ser declarado inexequible el artículo 15 del Acto Legislativo 02 de 2015 que creaba el Consejo de Gobierno Judicial, recobró vigencia el texto original del artículo 254 de la Constitución, cuyo numeral 2º, establecía que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, convertida hoy en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, estaría integrado por 7 magistrados elegidos para un periodo de 8 años, por el Congreso de ternas enviadas por el Gobierno y, en tal virtud, considera que el Presidente recuperó la competencia absoluta para elaborar las 7 ternas.

En cambio, la Sentencia C-285 de 2016, resolvió declarar inexequibles las remisiones al Consejo de Gobierno Judicial y a la Gerencia de la Rama Judicial contenida en el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 y, en consecuencia, declaró que “en las disposiciones constitucionales a las que tales artículos aluden, la expresión “Consejo de Gobierno Judicial” se sustituye por “Consejo Superior de la Judicatura”, y se suprime la expresión “y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial”. Por lo que, dispuso que el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, quedará así:

“ART. 257A.—Adicionado por el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial.

Estará conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura previa convocatoria pública reglada, y tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendrán periodos personales de ocho años, y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser reelegidos.

Podrá haber comisiones seccionales de disciplina judicial integradas como lo señale la ley

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un colegio de abogados.

“PAR.—La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial no serán competentes para conocer de acciones de tutela.

“PAR. TRANS. 1º—Los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura serán transformadas en comisiones seccionales de disciplina judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad.”

La Corte justificó su decisión señalando que:

“En la medida en que, conforme al análisis precedente, la Corte Constitucional concluye que la supresión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y su remplazo por un diseño orgánico que no es capaz de encarnar el postulado del autogobierno judicial como presupuesto de la autonomía y la independencia judicial, sustituye parcialmente la Constitución de 1991, habrá de declararse la inexequibilidad de las disposiciones del Acto Legislativo 02 de 2015 que de manera expresa o tácita materializaron dicha sustitución.

De otra parte, teniendo en cuenta que esta Corporación encuentra que los cargos presentados contra las normas que, por un lado, suprimieron la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y dispusieron su remplazo por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y, por otro, suprimieron los Consejos Seccionales de la Judicatura, no cumplieron con los presupuestos mínimos requeridos para que se profiriera una decisión de fondo, habrá de declararse la inhibición frente a los reproches presentados contra las disposiciones del Acto Legislativo 02 de 2015 que, de forma expresa o tácita materializaron dicha modificación.

Ahora bien, la Sala advierte que, de la conjunción del anterior conjunto de decisiones, sin ninguna consideración adicional, se desprenderla un desajuste en la armonía del texto constitucional, como quiera que la reviviscencia de algunas disposiciones originales de la Carta y la permanencia de otras introducidas por la reforma, tendría como consecuencia que surjan: (i) incoherencias en la redacción de la norma fundamental, (ii) vacíos aparentes en la distribución de las competencias de los órganos constituidos, y (iii) duplicidades en la numeración de los artículos superiores.

En ese sentido, este Tribunal con el fin de cumplir con su función de guardar la integridad de la Constitución (artículo 241 superior), estima pertinente adoptar una serie de medidas para impedir que la decisión de inexequibilidad parcial del Acto Legislativo 02 de 2015, produzca los aludidos efectos en el texto constitucional y sea factor de inseguridad jurídica, o incluso, de bloqueo constitucional. Para el efecto, la Corte examinará, en cada uno de los artículos demandados, los efectos de las decisiones a adoptar y determinará las medidas pertinentes para evitar incoherencias de redacción, aparentes lagunas o duplicidades en la numeración de los artículos.”

Agregó la referida sentencia entonces, que:

“... en los artículos 8º, 11 y 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 hacen remisiones al Consejo de Gobierno Judicial y a la Gerencia de la Rama Judicial, las cuales por materializar la sustitución de la Constitución serán declaradas inexequibles. Sin embargo, comoquiera que su eliminación del texto constitucional sin consideración alguna generaría incoherencias y vacíos en el mismo, se declarará que en las disposiciones superiores a las que tales artículos aluden, (i) La expresión “Consejo de Gobierno Judicial” se sustituye por “Consejo Superior de la Judicatura” y, (ii) Se suprime la expresión “y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial”:

Al respecto, la Sala aclara que esta determinación, además de conservar la integridad de la Constitución, pretende salvaguardar el espíritu de las disposiciones de la reforma que no son declaradas inexequibles, pues de no hacerse dichas precisiones, ante la expulsión del ordenamiento jurídico de los artículos que consagran el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial, no sería posible (i) adelantar el proceso de convocatoria y elaboración de las listas de elegibles para la conformación de la Comisión de Aforados (artículo 8º del Acto Legislativo 02 de 2015, el cual adiciona el artículo 178A al texto de la Constitución),(35) ni, (ii) Adelantar el proceso de convocatoria y elaboración de las listas de elegibles para la conformación de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (artículo 11 del Acto Legislativo 02 de 2015, el cual modifica el artículo 231 superior),(36) ni, finalmente, (iii) Adelantar el proceso de convocatoria y elaboración de las listas de elegibles para la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, que adiciona el artículo 257A al texto de la Carta Política).(37)

Además, la decisión de atribuible al Consejo Superior de la Judicatura las funciones asignadas al Consejo de Gobierno Judicial y a la Gerencia de la Rama Judicial en relación con la conformación de las listas de elegibles de la Comisión de Aforados, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respeta la intención del constituyente derivado de que sea a los órganos de autogobierno judicial a quienes corresponda elaborar las listas para la selección de magistrados, sin perjuicio de que dicha función pueda ser atribuida posteriormente a otros órganos en una eventual reforma constitucional.

En ese sentido, se resalta que la decisión de la Corte respeta la voluntad de la reforma de que la conformación de las listas esté precedida por una convocatoria pública reglada y de que sea otro órgano distinto al de autogobierno judicial el que decida finalmente la elección de los magistrados, puesto que el Consejo Superior de la Judicatura será el encargado de adelantar el proceso de selección de los candidatos para el respectivo cargo, para que sean el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado quienes determinen la persona que ejercerá la magistratura.”

Como puede apreciarse, en la Sentencia C-285 de 2016 la misma Corte Constitucional ejerciendo su papel de guardiana e intérprete de la Carta, con la intención de armonizar la decisión de declarar inexequible el sistema de administración y gobierno que traía el Acto legislativo 02 de 2015 con la reincorporación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, indicó el sentido de las disposiciones constitucionales contenidas en el mencionado Acto Legislativo que subsistieron luego del análisis de exequibilidad, y en tal sentido, precisó que las competencias que venían establecidas para el Consejo de Gobierno Judicial en aras de mantener, precisamente, el principio de separación de poderes y la adecuada marcha institucional, le fueran reasignadas al Consejo Superior de la Judicatura.

En tal virtud, a partir del análisis inicial de las normas invocadas y de la jurisprudencia constitucional reseñada, no encuentra la Ponente la necesidad de decretar una medida cautelar en esta etapa del proceso, como la solicitada por el demandante consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos impugnados.

En armonía con lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, la decisión que en esta providencia se adopta sobre la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, no implica prejuzgamiento.

Configuración de la parte resolutiva

De acuerdo con las consideraciones expuestas, en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará la admisión de la presente demanda de Nulidad por Inconstitucionalidad pero sólo respecto de la pretensión de anulación de los actos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura para convocar y conformar 4 ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esto es: i) Acuerdo PSAA16-10548 de 27 de julio de 2016 “Por medio del cual se reglamenta la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial” y, ii) Acuerdo PSAA16-10575 de 21 de septiembre de 2016 “Por el cual se formulan ante el Congreso de la República, ternas para proveer 4 cargos de Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En cambio, por no ajustarse a los presupuestos materiales y formales del medio de control invocado, se remitirá al juez competente la pretensión orientada a perseguir la anulación de la sentencia de constitucionalidad C-285 de 2016, por lo que dispondrá que la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación remita copia íntegra de la demanda de la referencia a la Corte Constitucional, para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, estudie la viabilidad de tramitar como incidente de nulidad las inconformidades que el señor Jesús Herney Cifuentes Gómez formula contra la mencionada providencia de constitucionalidad.

De otro lado, además de la notificación personal a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, como vocera de la autoridad que profirió los actos administrativos demandados, también se dispondrá, en aplicación del artículo 184, numeral 4º, literal a, de la Ley 1437 de 2011, la vinculación de los ciudadanos postulados en las 4 ternas elaboradas por el Acuerdo PSAA16-10575 de 21 de septiembre de 2016, en atención al evidente interés directo que tienen en el resultado del proceso. Con tal propósito, se ordenará a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura que por su conducto y de manera inmediata, suministre a la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación, las direcciones de correo físico y electrónico de los ciudadanos ternados, para adelantar la notificación personal.

Así mismo, se ordenará a la Secretaría de la Sección Segunda de la Corporación que, en los términos del numeral 5º del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 184, numeral 4º, literal b, fije en las instalaciones de la Secretaría y en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo un aviso sobre la existencia del proceso, por el término a que se refiere el numeral anterior, plazo durante el cual cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar los actos administrativos demandados.

Por último, se advertirá a la autoridad que profirió los actos administrativos impugnados, que en aplicación de los artículos 175, parágrafos 1º y 184, numeral 4º, literal c, de la Ley 1437 de 2011, durante el término que se le conceda para contestar la demanda, “deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentre en su poder” y, que la inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

1. Admitir, en única instancia, la demanda de Nulidad por Inconstitucionalidad presentada por el señor Jesús Herney Cifuentes Gómez, contra los actos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura para convocar y conformar 4 ternas de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esto es: i) Acuerdo PSAA16-10548 de 27 de julio de 2016 “Por medio del cual se reglamenta la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial” y, ii) Acuerdo PSAA16-10575 de 21 de septiembre de 2016 “Por el cual se formulan ante el Congreso de la República, ternas para proveer 4 cargos de Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

2. Por Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación, remitir copia íntegra de la demanda de la referencia a la Corte Constitucional, para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, estudie la viabilidad de tramitar como incidente de nulidad las inconformidades que el señor Jesús Herney Cifuentes Gómez formula contra la mencionada providencia de control abstracto de constitucionalidad.

3. Notificar personalmente la admisión de la demanda a la entidad que profirió el acto administrativo acusado, esto es, Consejo de Gobierno Judicial, a través de su Presidenta doctora Gloria Stella López Jaramillo, de conformidad con lo previsto en los artículos 184 y 199 de la Ley 1437 de 2011.

4. Ordenar a la Señora Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, que una vez se le notifique este proveído, por su conducto y de manera inmediata, suministre a la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación, las direcciones de correo físico y electrónico, así como los números telefónicos y de celular de los ciudadanos ternados como candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través del Acuerdo PSAA16-10575 de 21 de septiembre de 2016.

5. Notificar personalmente la admisión de la demanda a los ciudadanos ternados como candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través del Acuerdo PSAA16-10575 de 21 de septiembre de 2016, por tener un interés directo en el resultado del presente proceso, para que de considerarlo necesario intervengan en el, de conformidad con lo previsto en el artículo 184, numeral 4º, literal a, de la Ley 1437 de 2011.

6. Notificar personalmente de la admisión de la demanda al señor Procurador General de la Nación, quien obligatoriamente deberá rendir concepto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, numeral 4º, literal a, de la Ley 1437 de 2011.

7. Correr traslado de la demanda por el término de 10 días a la señora Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y a los a los ciudadanos ternados como candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para efectos de su contestación, según lo dispuesto en el artículo 184, numeral 4º, literal a, de la Ley 1437 de 2011.

8. Ordenar a la Secretaría de la Sección Segunda de la Corporación que, en los términos del numeral 5º del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 184, numeral 4º, literal b, fije en las instalaciones de la Secretaría y en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo un aviso sobre la existencia del proceso, por el término a que se refiere el numeral anterior, plazo durante el cual cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar los actos administrativos demandados.

9. Advertir Al Consejo Superior de la Judicatura que de conformidad con el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 184, numeral 4º, literal c, ibídem, con la contestación de la demanda deben aportar todas las pruebas que tenga en su poder y pretendan hacer valer en el proceso; así mismo, deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder, haciéndoles saber que la inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto.

10. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, negar la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los Acuerdos PSAA16-10548 y PSAA16-10575 de 27 de julio y 21 de septiembre de 2016, respectivamente. Decisión que, en armonía con lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, no implica prejuzgamiento.

11. Notificar por Estado a la parte actora la admisión de la demanda, según lo señalado en el artículo 171, numeral 1º, de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 184 ibídem.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Consejera: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 

(1) De 5 de octubre de 2016, visible a fl. 56.

(2) El cual, al disponer un “proceso especial para la nulidad por inconstitucionalidad”, señala que “en el caso de que se haya solicitado la suspensión provisional del acto, se resolverá por el magistrado ponente en el mismo auto en el que se admite la demanda”.

(3)Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(4) Cuyo ponente fue el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez.

(5) AI resolver una demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Carlos Santiago Pérez Pinto, contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”.

(6) Así lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 14 de julio de 1998, con ponencia del Consejero Manuel Santiago Urueta Ayola, con ocasión de una demanda de Nulidad por Inconstitucionalidad presentada contra el Decreto 598 de 6 de abril de 1995, expedido por el Presidente de la República, “por medio del cual se dicta una disposición en relación con las situaciones administrativas del Vicepresidente de la República”.

(7) Estatutaria de la Administración de Justicia.

(8) Las cuales fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional a través de Sentencia C-037 de 1996, con ponencia del Magistrado Vladimiro Mesa.

(9) Así lo dijo el Consejo de Estado fallo de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 18 de enero de 2000, en el que también fue ponente el Consejero Manuel Santiago Urueta Ayola, donde se estudió la constitucionalidad de varios apartes del Decreto 1421 de 1993, “por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. Igual parámetro formal usó esta Corporación en sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 18 de enero de 2000, cuyo ponente fue el Consejero Juan Alberto Polo Figueroa, en la que también se estudió la constitucionalidad de varios apartes del Decreto 1421 de 1993. Este criterio fue secundado por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, al resolver un conflicto de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, con ocasión de una demanda de Nulidad por Inconstitucionalidad contra el Decreto 1421 de 1993, en providencia de 13 de octubre de 1994.

(10) Con ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.

(11) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(12) C-350 de 1997. En dicho fallo, al resolver una “Acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 335 de 1996”, dijo en un obiter dicta: “Por lo anterior, no es aceptable la tesis de la actora, en el sentido de que la función de la CNTV es una “función desligada de la ley”, una función “constitucional normativa” que dicho organismo puede ejercer sin que medie la actividad legislativa, como si lo es, por ejemplo, la facultad normativa directa de la cual goza el Banco de la República, que le permite “...regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito”, según lo dispone el artículo 371 C.P.; o la función que el Constituyente le otorgó al Consejo Superior de la Judicatura a través del artículo 257-3 superior, para que, cuando no lo haya hecho el legislador, éste pueda “...dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, lo relacionado con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador...”.

(13) Por medio de la cual se resolvieron las “Objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley Nº 182/99 Senado y 004/00 Cámara “Por medio de la cual se dictan normas sobre el uso de los alcoholes carburantes, se crean estímulos para su producción, comercialización y consumo, y se establece una contribución parafiscal y se dictan otras disposiciones”.

(14) Consejo de Estado, sentencia de 20 de mayo de 1994; C.P. Guillermo Chahín Lizcano; Expediente 5185; Actor: Luis Carlos Sáchica Aponte; Demandado: La Nación-Banco de la República. En similar dirección puede verse Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 23 de febrero de 2006; C.P. Enrique José Arboleda Perdomo; Radicación 11001-03-06-000-200600020-00(1721). También se puede consultar Consejo de Estado, sentencia de 31 de marzo de 2016, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Expediente 110010325000201500010600.

(15) Con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla.

(16) Sobre el particular se puede consultar la Sentencia C-1154 de 2008, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández, en la que se identifican y definen de manera resumida los criterios formal y material para determinar los decretos del Gobierno Nacional que son de conocimiento del Consejo de Estado en virtud del medio de control de Nulidad por Inconstitucionalidad. También se puede ver la sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 30 de junio de 2013, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, que estudió una demanda interpuesta contra el Decreto 1421 de 1993; y la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2004, con ponencia de la Consejera María Claudia Rojas Lasso, en la que se estudió la constitucionalidad del Decreto 1351 de 2012,16 mediante el cual el Presidente “convoca al Congreso de la República a sesiones extraordinarias”.

(17) Auto 045/14

(18) Auto del 22 de junio de 1995.

(19) Auto 031A de 2002.

(20) Autos 031A/02 y 063/04.

(21) Auto 031/02.

(22) Auto 059 del 2012.

(23) Autos 031A/02, 283 de 2012, 082 de 2012 y 022 de 2013.

(24) Auto 031A de 2002.

(25) Auto 062 de 2000.

(26) Auto 091 de 2000.

(27) Auto 022 de 1999.

(28) Auto 082 de 2000.

(29) Auto 031A de 2002.

(30) Código Contencioso Administrativo.

(31) ART. 152.—El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor.

(32) Al respecto pueden consultarse, entre otros, los autos de 28 de agosto de 2014, proferido dentro del Expediente 11001-03-27-000-2014-0003-00 (20731), con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez; de 30 de abril de 2014, proferido por el Consejero Carlos Alberto Zambrano, en el Expediente 11001-03-26-000 2013-00090-00 (47694); de 24 de enero de 2014, expedido por el Consejero Mauricio Fajardo en el Expediente 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); de 21 de mayo de 2014, emitido por la Consejera Carmen Teresa Ortiz en el Expediente 11001-03-24-000-2013-0534-00 (20946); 29 de enero de 2014 proferido por el Consejero Jorge Octavio Ramírez, emitido en el Expediente 11001-03-27-000-2013-00014- (20066) y 17 de marzo de 2015 expedido por la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, en el Expediente 1100103150002014037990.

(33) Por medio del cual se reglamenta la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

(34) Por el cual se formulan ante el Congreso de la República, ternas para proveer cuatro cargos de Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

(35) “ART. 8º.—Adiciónese a la Constitución Política el artículo I78-A: (...) La Comisión estará conformada por cinco miembros, elegidos por el Congreso en Pleno para periodos personales de ocho años, de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas mediante convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial en los términos que disponga la ley (...).”

(36) “ART. 231.—Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo de Gobierno Judicial tras una convocatoria pública reglada de conformidad con la ley y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial (...).”

(37) “ART. 19.—El artículo 257[A] de la Constitución Política quedará así: Artículo 257. (...) Estará conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial previa convocatoria pública reglada adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial, y tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendrán periodos personales de ocho años, y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.