Auto 2016-01031/59236 de noviembre 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 08001-23-33-001-2016-01031-01(59236)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

Actor: Aidee Mercedes Ibáñez Bustos

Demandado: Personería Distrital de Barranquilla y otro

Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: Medio de control de reparación directa - Procedencia excepcional para demandar perjuicios derivados de un acto administrativo / Acto de desvinculación - Decisión de contenido particular / Decaimiento del acto administrativo - La declaratoria de nulidad del acto administrativo general no supone per se la anulación del acto administrativo de carácter particular / Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho - Cuatro meses contados a partir del día siguiente de la comunicación del acto de desvinculación

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 26 de octubre de 2016, mediante el cual adecuó las pretensiones al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y rechazó la demanda por caducidad.

I. Antecedentes

1. La demanda.

1.1. En escrito presentado el 2 de junio de 2016(1), la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda de reparación directa contra el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla y la personería distrital de Barranquilla, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con la anulación de los artículos octavo y décimo del Acuerdo Municipal 012 del 31 de agosto de 1998, la que fuera declarada mediante sentencia del 2 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, fallo que fue confirmado el 4 de julio de 2013 por la Sección Segunda de esta corporación(2).

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Acuerdo Municipal 012 antes referido, se solicitó “a título de reparación directa, se ordene a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, resarcir económicamente a mi prohijada por el daño causado”.

1.2. Como fundamentos fácticos de la demanda se narró, en síntesis, que la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos, inscrita en carrera administrativa, estuvo vinculada laboralmente a la personería distrital de Barranquilla desde el 1º de septiembre de 1995 hasta el 2 de septiembre de 1998.

Se agregó que, mediante el Acuerdo Municipal 012 del 31 de agosto de 1998 el Concejo Municipal de Barranquilla modificó los presupuestos del Consejo Distrital, personería distrital y la contraloría distrital de Barranquilla y dictó la planta de personal de las mismas.

En atención al referido Acuerdo, el 2 de septiembre de 1998, el personero distrital de Barranquilla profirió la Resolución 556 por medio de la cual retiró del servicio a la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos “por haberse suprimido el cargo de auxiliar administrativo grado 3”.

Se expuso, que dada la declaración de nulidad de los artículos octavo y décimo del Acuerdo 012 de agosto 31 de 1998, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos solicitó a la personería distrital de Barranquilla y a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en ejercicio del derecho de petición “la inaplicación de la resolución que suprimió el cargo que desempeñaba y en consecuencia, se produjera el reintegro a su cargo o a uno de igual o superior categoría, con el reconocimiento y pago de todos los emolumentos a que por ley tenían derecho”. La demandada despachó negativamente lo pretendido, por considerar que los actos administrativos que guardan relación con la suspensión de su cargo gozaban de presunción de legalidad, toda vez que no habían sido declarados nulos por la autoridad competente.

Se sostuvo en la demanda, que el acto de supresión que afectó la situación particular y concreta de la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos es el Acuerdo 012 de 1998, ya que fue el que produjo el retiro del servicio, en cuanto adoptó una nueva planta de cargos razón por la cual la Resolución 556 del 2 de septiembre de 1998 constituyó una simple comunicación basada en las facultades otorgadas por los artículos octavo y décimo del mencionado acuerdo, que fueron declarados nulos.

Finalmente, se dijo que la alcaldía y la contraloría distrital de Barranquilla no cumplieron su obligación de darle un tratamiento preferencial a la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos, según el cual, debían remitirse a la comisión seccional del servicio civil los nombres de las personas a quienes se les suprimió el cargo, con el fin de notificarles que se encontraban disponibles para ser elegidos en empleos equivalentes, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 443 de 1998.

2. La providencia apelada.

Mediante providencia de 26 de octubre de 2016(3), el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda, por considerar que, en el sub examine, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho y que esta se encontraba caducada.

En tal sentido, consideró que era equívoca la interposición de la demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, dado que las pretensiones estaban encaminadas a la reparación de los perjuicios ocasionados por un acto administrativo de carácter particular. Dicha decisión la sustentó con apoyo en las siguientes consideraciones (se trascribe literalmente incluso con posibles errores):

“así las cosas, tal como se dejó sentado en líneas precedentes, al existir un acto administrativo que media entre el acto anulado y los presuntos perjuicios y daños ocasionados, se desvirtúa la procedencia excepcional del medio de control de reparación directa, por lo que la actora debió impetrar la demanda utilizando el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de que la jurisdicción ejerciera control de legalidad sobre la Resolución 556 de 2 de septiembre de 1998, ya que el hecho de que la declaratoria de nulidad de un acto tenga efectos ex tunc, no significa que dicha decisión judicial inicia automáticamente en la validez de los actos particulares dictados con apoyo de aquel, dicho acto debe ser oportunamente discutido judicialmente dentro de los plazos señalados por la ley.

“(...).

“Revisados los términos en el presente caso, se tiene en primer lugar que el actor fue desvinculado del cargo, a través de la Resolución 556 de 2 de septiembre de 1998, por lo que tenía hasta el dos (02) de enero del año siguiente para presentar la demanda, plazo legal que se encuentra vencido en virtud de que la misma fue impetrada ante la oficina judicial el do (02) de junio de 2016, tal y como consta del acta de reparto visible a folio 64 del expediente; es decir trascurridos 16 años y en exceso del término legal con que contaba el actor para su presentación, razón por la cual opera el fenómeno de la caducidad frente a la acción de nulidad y restablecimiento.

“En este orden de ideas, no deberá ser admitida la demanda, y en su lugar se rechazará de plano y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por otro lado, huelga la necesidad de resaltar que aun cuando esta corporación admitiera el estudio de la demanda con el medio de control de reparación directa, el término de los dos años establecidos por el literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, para presentar la demanda se contabiliza a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida a por el H. Consejo de Estado en fecha del (04) de julio de 2013, sin embargo, la misma se vería afectada por el fenómeno de caducidad, comoquiera que la misma se cumplía en el año 2015 y como bien es sabido la demanda se presentó el 2 de junio del año en curso, constituyéndose así la operancia del fenómeno jurídico de la caducidad”(4).

3. El recurso de apelación.

La decisión anterior fue apelada oportunamente por la parte actora, al estimar que el fenómeno de la caducidad no había operado en el sub lite. Para tal efecto, señaló que el acto administrativo que afectó la situación laboral de la actora fue el Acuerdo Municipal 012 de 31 de agosto de 1998, que en su artículo 10 modificó la planta de personal de la personería distrital de Barranquilla, razón por la cual la Resolución 556 que ordenó el retiro del servicio a la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos resultaba ser “una simple comunicación (...) contra la cual no procedían recursos, ni acción alguna”.

Explicó el recurrente que lo se busca es “resarcir los daños generados (...) por el despido injustificado, basados en la capacidad que ha tenido la Alcaldía Distrital de Barranquilla para vulnerar las normas al no aplicar lo resuelto judicialmente: obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Honorable Consejo de Estado sala de los contencioso administrativo Sección Segunda subsección ‘A’”.

Manifestó que como el Consejo de Estado en sentencia 4 de julio de 2013 confirmó la nulidad de los artículos octavo y décimo del Acuerdo Municipal 012 de 31 de agosto de 1998, declarada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, nunca existió legalmente una modificación de la planta de cargos de la personería y, por tal motivo, la Resolución 556 se encontraba viciada de nulidad. En ese sentido, adujo que como la demandante fue afectada por la “desvinculación ilegal declarada”, se debió producir su restablecimiento automático.

De igual forma, señaló que en virtud del contenido del artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la jurisprudencia citada en el recurso, el tribunal a quo obró erradamente, pues como consecuencia de la oportuna demanda de nulidad interpuesta en contra del acto que reestructuró la personería distrital de Barranquilla —Acuerdo Municipal 012 de 31 de agosto de 1998— es que se evidenció la ilegalidad de los artículos que así lo contemplaban y, por tanto, la génesis del daño, razón por la cual resulta procedente el medio de control de reparación directa.

En ese sentido, adujo que el término de caducidad para ejercer la acción de reparación directa empezó a correr con la ejecutoria de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 4 de julio de 2013 que declaró la nulidad de los artículos octavo y décimo del Acuerdo Municipal 012 de 31 de agosto de 1998, proferido por el Concejo Distrital de Barranquilla.

II. Consideraciones

1. Procedencia del recurso de apelación y competencia de la Sala para conocerlo.

De conformidad con el artículo 243.1(5) del CPACA, el recurso de apelación es procedente contra el auto que rechaza demanda, el cual se interpuso de manera oportuna y debidamente sustentado, en los términos del artículo 244 ejusdem.

A la Sala, en virtud de lo dispuesto en los artículos 125(6) y 150(7) del CPACA, le asiste competencia funcional para resolver dicha apelación, por tratarse de un auto dictado por un tribunal administrativo y, además, porque la decisión que deberá adoptarse en el presente asunto implica la terminación del proceso.

2. Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar: i) cuál es el medio de control procedente para solicitar la indemnización de los perjuicios derivados del acto administrativo mediante el cual se retiró del servicio a la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos del empleo que ocupaba en la personería distrital y ii) si la demanda se presentó o no en oportunidad.

Para lo anterior, se analizará la procedencia del medio de control de reparación directa frente a los perjuicios derivados de un acto administrativo.

Además, se estudiará lo relacionado con el decaimiento de los actos administrativos, habida cuenta de que la parte actora acudió a esta figura con el fin de justificar la procedencia del medio de control de reparación directa.

3. Procedencia excepcional del medio de control de reparación directa frente a los perjuicios causados por un acto administrativo general.

De conformidad con lo previsto en los artículos 135 a 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la jurisprudencia de esta corporación(8), la escogencia de los medios de control en ejercicio de los cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin pretendido, al punto de que la nulidad y restablecimiento del derecho procede en aquellos eventos en los cuales los perjuicios alegados son consecuencia de un acto administrativo que se considera ilegal y la reparación directa en los casos en los que la causa de las pretensiones se encuentra en un hecho, omisión, operación administrativa o en un acto administrativo, siempre que no se cuestione su legalidad(9).

La Sala también ha considerado que la reparación directa es la vía procesal adecuada para solicitar la indemnización de los perjuicios derivados de: i) un acto administrativo particular que no sea susceptible de control judicial por haber sido revocado en sede administrativa(10) o ii) un acto administrativo de carácter general, previa declaratoria de nulidad y siempre que entre el daño y el acto general no medie uno de carácter subjetivo que pueda ser objeto de cuestionamiento en sede judicial(11), lo que quiere decir que “si la causa directa del perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto administrativo particular expedido a su amparo, debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido [a] que solo a través de ella puede destruirse la presunción de ilegalidad que lo caracteriza”(12).

Asimismo, la Sección ha señalado que este medio de control —reparación directa— es el mecanismo procesal idóneo para pedir el resarcimiento de los perjuicios derivados de la revocatoria o la nulidad de un acto administrativo favorable para su destinatario(13).

4. Caso concreto.

4.1. Hechos probados.

En el presente asunto, la Sala, previa valoración de los documentos allegados con la demanda, encuentra probados los siguientes hechos:

— Que la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos prestó sus servicios en la personería distrital de Barranquilla desde el 1º de septiembre de 1995 hasta el 2 de septiembre de 1998, como empleada de carrera administrativa, nombrada en el cargo de auxiliar administrativo grado 3(14).

— Que el Concejo Distrital de Barranquilla, en uso de sus facultades constitucionales y legales, profirió el Acuerdo Municipal 012 de 31 de agosto de 1998 “Por medio del cual se modifican los presupuestos del concejo distrital, personería distrital y la contraloría distrital de barranquilla y se dicta la planta de personal de las mismas y otras disposiciones”(15).

— Que el referido acuerdo municipal, en su artículo décimo, modificó la planta de personal de la personería distrital de Barranquilla y suprimió algunos cargos, entre estos, el de auxiliar administrativo grado 3, ocupado por la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos para la época de los hechos(16).

— Que, en atención a lo anterior, mediante Resolución 556 de 2 de septiembre de 1998, el personero distrital de Barranquilla retiró del servicio a la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos. En dicha resolución se resolvió lo siguiente (se trascribe literalmente incluso con posibles errores):

“ART. 1º—Retírese del servicio a la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos por haberse suprimido el cargo de auxiliar administrativo grado 3, con fundamento en la parte motivo de la presente.

“ART. 2º—Notifíquese la presente resolución a la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos comunicándole que contra la presente no procede recurso alguno, y que por estar escalafonado (sic) en carrera administrativa tiene la opción de optar por la indemnización de quien (sic) trata el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 o de ser revinculados a empleos equivalentes.

“ART. 3º—Comuníquese la presente resolución a la comisión seccional de servicio civil para lo de su competencia.

“ART. 4º—La presente resolución rige a partir de su comunicación”(17).

— Que el 2 de septiembre de 1998 se le comunicó a la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos la supresión de su cargo, la decisión de terminar su vinculación laboral con la personería distrital de Barranquilla y las alternativas por las que podía optar, por estar inscrita en el escalafón de la carrera administrativa.

— Que el Acuerdo Municipal 012 de 31 de agosto de 1998, proferido por el Concejo Distrital de Barranquilla, fue anulado en sus artículos octavo y décimo por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de fallo del 2 de febrero de 2011, decisión que fue confirmada por la Sección Segunda de esta corporación el 4 de julio de 2013(18).

4.2. Acto administrativo causante de los perjuicios por los que se demanda.

En el caso concreto, el daño cuyo resarcimiento se pretende fue advertido por el Tribunal Administrativo del Atlántico con la declaratoria de nulidad de los artículos octavo y décimo del Acuerdo Municipal 012 de 31 de agosto de 1998, en sentencia del 2 de febrero de 2011, confirmada el 4 de julio de 2013 por la Sección Segunda de esta corporación.

Una vez revisados las pretensiones y los fundamentos de la demanda, la Sala infiere que lo que busca la parte demandante es la indemnización de los perjuicios causados con la supresión del cargo que la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos ocupaba en la personería distrital de Barranquilla, de ahí que la causa de las pretensiones se funda en un acto particular que se considera contrario al ordenamiento jurídico.

En efecto, esta Subsección estima que el daño por cuya virtud se demanda no deviene del Acuerdo Municipal 012 de 31 de agosto de 1998, pues si bien es cierto que este efectuó la restructuración de la planta del personal del concejo, la contraloría y la personería distritales de Barranquilla, también lo es que la Resolución 556 de 2 de septiembre de 1998 fue el acto que en últimas dispuso su retiro del servicio y afectó la situación individual y concreta de la demandante.

De este modo, la Sala no se encuentra ante alguno de los eventos en virtud de los cuales resulta procedente el medio de control de reparación directa para solicitar la indemnización de los perjuicios derivados de un acto administrativo de carácter general, pues si bien se probó la anulación de una decisión de estas condiciones, no es menos cierto que la misma, como se dejó dicho, no corresponde a la causa del daño en el que se fundamentan las pretensiones.

Además, en gracia de discusión, en el sub lite no se cumple el requisito de procedencia establecido para estos casos por la jurisprudencia de la Sección —inexistencia de un acto subjetivo—, dado que la situación laboral de la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos se definió a través de una manifestación de la voluntad de la administración de carácter particular susceptible de control judicial.

Así las cosas, en el sub judice, a la demandante le correspondía impugnar ante esta jurisdicción el acto que directamente la afectó y pedir, como consecuencia de ello, la reparación de los perjuicios causados.

4.3. Decaimiento del acto.

El artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, que regula los efectos de las sentencias proferidas en los asuntos ordinarios de conocimiento de esta jurisdicción, en su inciso tercero prevé que “cuando se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios”.

La disposición citada establece un evento en el que desaparecen los fundamentos de derecho de los actos reglamentarios del orden territorial (decaimiento por anulación), el cual, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 91 ejusdem, genera la pérdida de fuerza ejecutoria de la decisión, de su carácter vinculante, pero en modo alguno enerva su presunción de legalidad, porque sus efectos son a futuro, de tal modo que no afecta su validez, la cual solo puede ser desvirtuada ante el juez de lo contencioso administrativo, previo análisis de las circunstancias vigentes al momento de su expedición. Al respecto, esta Sala ha señalado:

“Pero si bien es cierto, como lo ha sostenido esta corporación, que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no puede solicitarse al juez de lo contencioso administrativo, pues no existe una acción autónoma que lo permita, no lo es menos que nada impide que con respecto a los actos administrativos respecto de los cuales se ha producido el fenómeno del decaimiento, se produzca un fallo de nulidad, pues en este evento se ataca la configuración de los elementos del acto administrativo al momento de su nacimiento, y su concordancia con el régimen jurídico que debió respetar tanto en su jerarquía normativa, como en el procedimiento para su expedición, mientras que, el fenómeno producido por la desaparición del fundamento de derecho de un acto administrativo, tiene efectos hacia el futuro sin afectar la validez del acto por todo el tiempo de su existencia jurídica”(19).

En este mismo sentido en otra oportunidad se sostuvo(20):

“[La] decisión de ilegalidad de un acto no afecta la legalidad de los efectos de carácter particular que hubiera podido haber causado, los cuales a su vez deben ser demandados por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es el mecanismo idóneo para desvirtuar su presunta ilegalidad”.

De este modo, no es posible predicar la nulidad de un acto por consecuencia, lo que quiere decir que los efectos de la anulación de un acto general no se extienden a aquellos que se expidieron con fundamento en el mismo, por manera que dicha declaratoria no tiene la suficiencia de afectar las situaciones concretas e individuales que se hubieran producido durante su vigencia.

En este orden de ideas, cuando el fundamento de derecho de un acto particular es uno de carácter general que se considera ilegal, debe acudirse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según el caso, para: i) cuestionar simultáneamente, a través de la acumulación de pretensiones (L. 1437/2011, art. 165), la legalidad de las dos decisiones, la general y la particular, o ii) demandar la nulidad del acto subjetivo y pedir la inaplicación del que le sirve de fundamento o solicitar la prejudicialidad del proceso (CGP, art, 161, ord. 1º).

En suma, la anulación del artículo décimo del Acuerdo Distrital 012 de 31 de agosto de 1998, a través del cual se modificó la planta de personal de la personería distrital de Barranquilla, no tiene efectos frente a la legalidad del acto por medio del cual se retiró del servicio a la demandante, por cuanto la validez es un atributo que se desvirtúa solo con la declaratoria de nulidad proferida por el juez administrativo o en los eventos en que la decisión es revocada por la administración, supuestos que no se presentaron en el sub lite.

5. Medio de control procedente.

Pues bien, según lo indicado, la parte demandante pretende que se le indemnicen los perjuicios causados con la supresión del cargo que la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos ocupaba en la personería distrital de Barranquilla, por lo que la causa de las pretensiones es un acto particular que se considera contrario al ordenamiento y su finalidad, además del restablecimiento del orden jurídico, es la restitución de un derecho subjetivo y concreto a través del restablecimiento in natura y/o la indemnización de los daños causados.

Por lo anterior, tal como lo concluyó el a quo, la demanda debe tramitarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, porque es este el idóneo para que “[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica [pueda] pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular (...), se le restablezca el derecho y (...) se le repare el daño” (L. 1437/2011, art. 138).

Así las cosas, se considera ajustada la decisión del tribunal de impartir a la demanda el trámite que correspondía, toda vez que tal determinación obedeció al deber del juez de “analizar e interpretar (el texto de la demanda) de ser necesario, con el fin de desentrañar la voluntad de los demandantes”(21) y, en concreto, a la carga consagrada en el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, la de adecuar las pretensiones al medio de control procedente, pese a que la parte demandante haya invocado una vía procesal diferente.

Así pues, en el sub lite se observa que el Concejo Distrital de Barranquilla, mediante el Acuerdo Municipal 012 del 31 de agosto del 1998, definió la nueva planta de personal de la personería distrital de Barranquilla, haciendo un recorte de personal en el cual se vio afectada la aquí demandante y que, en atención a lo anterior, el personero distrital de Barranquilla, a través de la Resolución 556 de 2 de septiembre de 1998, retiró del servicio a la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos.

De esta forma, se observa que existe un acto administrativo, de ejecución o cumplimiento del acto general, esto es, la Resolución 556 de 2 de septiembre de 1998, que constituye la causa directa del despido de la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos y, por tanto, dicho acto debió ser impugnado a través de la pretensión pertinente, que en el presente caso, por pretenderse el resarcimiento de los perjuicios generados del mismo, no es otra sino la de nulidad y restablecimiento del derecho.

6. Oportunidad en el ejercicio del derecho de acción.

En lo que concierne a la caducidad, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso(22), los términos que hubieren empezado a correr en vigencia de una ley anterior continuarán corriendo de conformidad con ella.

De este modo, el régimen procesal aplicable a las demandas presentadas ante esta Jurisdicción con posterioridad al 2 de julio de 2012 es el contenido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, salvo en lo relacionado con el conteo del término para demandar, pues este se rige por las normas vigentes al momento en que empezó a correr, que para este caso es el ordinal 2º del artículo 136 del CCA, según el cual el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de 4 meses, contados desde el día siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según corresponda.

En este orden de ideas, el término que tenía la parte actora para cuestionar el acto administrativo que retiró del servicio a la señora Aidee Mercedes Ibáñez Bustos (Res. 556, sep. 2/98) y solicitar el restablecimiento del derecho y/o la reparación de los daños causados corrió entre el 3 de septiembre de 1998, día siguiente a la notificación de la decisión(23), y el 3 de enero de 1999. Siendo así, se concluye que la demanda radicada el 2 de junio de 2016 no se presentó oportunamente y, por ende, debía rechazarse, como acertadamente lo hizo el tribunal a quo.

Como consecuencia, se confirmará el auto apelado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto del 26 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante el cual se rechazó la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Por secretaría, una vez quede ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) Folios 74 del cuaderno de primera instancia.

(2) Folios 1 a 10 del cuaderno del cuaderno de primera instancia.

(3) Folios 76 a 86 del cuaderno de segunda instancia.

(4) Folio 83 a 86 del cuaderno de segunda instancia.

(5) “ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: 1. El que rechace la demanda (...)”.

(6) “ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de la Sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

(7) “ART. 150.—El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencia dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio impugnación (...)” (se destaca).

(8) Al respecto, y en relación con los supuestos de procedencia de las acciones de reparación directa y de la de nulidad y restablecimiento del derecho esta Sala en providencia del 19 de julio de 2007, Expediente 33628, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, señaló:
“Con la acción de reparación directa en los términos del artículo 86 del CCA se busca la declaratoria de responsabilidad del Estado, cuando con un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra causa, se ocasione un daño antijurídico que se le pueda imputar y, por ende, tiene el deber jurídico de indemnizar. Jurisprudencialmente se ha establecido, además, como la acción idónea para demandar la indemnización por el daño causado por el acto legal, cuando este rompe el principio de la igualdad frente a las cargas públicas.
“La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, es procedente cuando el daño proviene del acto administrativo ilegal y para lograr su reparación es menester que el juez declare su nulidad, porque solo entonces el daño causado por este será antijurídico y comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, que siempre que exista un acto administrativo con el cual se afirma haber causado un perjuicio, y del cual se acusa su ilegalidad, esta será la acción correcta”.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 1998, radicación 13685, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 15 de mayo de 2003, radicación 23205, C.P. Alier Hernández Enríquez, y sentencia del 21 de marzo de 2012, radicación 21986, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, radicación 21051, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2003, radicación 26437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(14) Folio 13 del cuaderno de primera instancia.

(15) Folios 24 a 31 del cuaderno de primera instancia.

(16) Folio 28 y 29 del cuaderno de primera instancia

(17) Folio 14 del cuaderno de primera instancia.

(18) Folios 33 a 46 del cuaderno de primera instancia.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de agosto 3 de 2000, rad. 5722, C.P. Olga Inés Navarrete.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 17 de febrero de 2005, expediente 2001-23-31-000-2003-03192 (28296), demandante: Manuel Alberto Villero, demandada: Nación-Ministerio de Desarrollo-Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007, Expediente 31.433, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) “ART. 624.—Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
“Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
“La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

(23) Comunicación de supresión del cargo obrante a folio 17 del cuaderno de primera instancia.