Auto 2016-01031 de diciembre 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 25000-23-41-000-2016-01031 01 AG

Actor: Diana Carolina Orbegozo López y Otros

Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia

Ref.: Apelación de Auto - Medio de Control de Reparación de los Perjuicios Causados a un Grupo.

Bogotá D.C., cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

Temas: Reparación de los Perjuicios Causados a un Grupo —procedencia / Admisibilidad del Medio de Control— requisitos para la admisión de la demanda.

Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el Auto del 8 de noviembre de 2016(1), proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante el cual se rechazó la demanda por no haber subsanado los defectos formales señalados en la providencia de inadmisión.

I. Antecedentes.

1. La demanda.

El 2 de marzo de 2016(2), los señores Gilberto González Díaz; Diana Carolina Orbegozo López; Julián David Vásquez Serrano; Rodolfo Robayo López; Gonzalo Echeverri Parra; Wilson Bernardo Gómez Meléndez; Hugo Alejandro Camargo Hernández; Teófila Villareal Cardoso; Gladys Marlen Franco Rodríguez; Delfina Bermúdez de Puentes; Guiomar María Bautista Lozano; Libia Marina Caicedo Escobar; Jaime Castiblanco Salcedo; Ángel María Abril Molina; Telésforo Castañeda Nuvan; María Luz Dary Mayorga Mayorga; Liliam Yaneth Pérez Téllez; Jesús Orlando Monsalve Uribe y Javier Moreno Saavedra, en ejercicio del medio de control de reparación los perjuicios causados a un grupo, interpusieron demanda contra la Superintendencia Financiera de Colombia(3) (en adelante Superintendencia Financiera), con el fin de que se le declare administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados por “la falla o falta de servicio de la Administración, que acarreó el pago excesivo en el costo de los créditos hipotecarios de vivienda, al permitir que no se hubiera aplicado el sistema de amortización constante a capital en pesos en la financiación de vivienda del grupo demandante”(4).

Los fundamentos de la demanda, en síntesis, son los siguientes:

Los demandantes hacen parte de un grupo de personas al que los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera les otorgaron créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda (nueva o usada), de conformidad con los parámetros fijados en la Ley 546 de 1999(5).

De acuerdo con el libelo introductorio, al momento de adquirir los créditos, ese grupo de personas no fue informado “veraz y completamente” sobre todos los sistemas de amortización que cada entidad financiera debía manejar, en especial, el sistema de amortización constante a capital en pesos establecido en la Circular Externa 68 de 2000 de la Superintendencia Financiera, el cual, a juicio de la parte actora, era el más beneficioso.

La Superintendencia Financiera tiene la obligación legal de controlar que los establecimientos de crédito apliquen los sistemas de amortización más favorables para los usuarios de créditos de vivienda individual a largo plazo; sin embargo, mediante Concepto 2014035260-001 del 13 de mayo de 2014, dicha entidad dio cuenta del sistemático incumplimiento de sus deberes, “al implicar dentro la ejecución de los créditos de vivienda individual a largo plazo, el principio de la autonomía de la voluntad de las entidades crediticias como rector, contraviniendo lo preceptuado por la Ley 546 de 1999 que ordena la dirección del Estado en estos contratos de mutuo, para evitar precisamente el desbordamiento de la posición dominante de dichas entidades crediticias (...)(6)”.

Los actores agregaron que, pese a la gravedad de esa situación, la Superintendencia Financiera ha persistido en las mencionadas irregularidades durante más de 15 años, esto es, desde la expedición de la Circular Externa 68 de 2000 hasta la interposición de la presente demanda, pues no adoptó las medidas pertinentes para que las entidades financieras proporcionaran información veraz y adecuada a los usuarios de los créditos de vivienda, con el propósito de que estos conocieran sobre la existencia y el alcance del sistema de amortización constante a capital en pesos, que, en su criterio, es el más favorable.

Según se refirió en la demanda, los miembros del grupo afectado han sufrido múltiples perjuicios, “luego que todos los establecimientos de crédito han omitido con su aquiescencia aplicar el sistema de amortización a capital en pesos tantas veces mencionado, en tanto siguen aplicando los otros sistemas que han resultado más lesivos a los demandantes”(7).

Mediante Auto del 18 de mayo de 2016, el a quo inadmitió la demanda y concedió a la parte actora un término de 5 días para que estableciera de manera clara y puntual los criterios de identificación del grupo, pues, a su parecer, fue “genérica y abstracta” en ese particular aspecto.

2. La providencia apelada.

Mediante providencia del 8 de noviembre de 2016(8), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, rechazó la demanda, por considerar que no se subsanaron los defectos señalados en el auto de inadmisión, proferido el 18 de mayo de 2016.

Al respecto, el a quo señaló que la parte actora no estableció de manera clara y puntual los criterios de identificación del grupo, toda vez que hizo una descripción “genérica y abstracta” del mismo. Además, sostuvo que el grupo está compuesto por personas que aún se encuentran pagando créditos hipotecarios y otros que ya cancelaron dicha obligación.

De otro lado, el a quo [JAT1] adujo que la parte demandante no explicó en forma clara y precisa cuál era la relación de causalidad que hace que los deudores de un banco sean iguales a otros deudores de otras entidades financieras ni por qué tienen una causa común respecto del sistema de amortización de créditos.

3. El recurso de apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el Auto del 8 de noviembre de 2016, con fundamento en las razones que a continuación se resumen:

Señaló que en el presente asunto sí se cumplen los presupuestos de procedencia del medio de control, pues existe un conjunto de personas de condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó los perjuicios individuales mencionados. Según su dicho, el grupo está conformado por los usuarios de créditos hipotecarios de vivienda individual a largo plazo, otorgados por diferentes entidades financieras, que hayan pagado cuotas en sistemas de amortización diferentes al constante a capital en pesos, a partir del 13 de septiembre de 2000, fecha en la cual se expidió la Circular Externa 68 de 2000.

La parte actora agregó que también existen condiciones uniformes respecto de los elementos que configuran la responsabilidad, pues los usuarios de los créditos han sufrido perjuicios porque la Superintendencia Financiera desatendió el deber legal de verificar que las entidades financieras aplicaran el sistema de amortización más favorable al momento de otorgar los créditos de vivienda a largo plazo.

De otro lado, dijo que el a quo introdujo un alcance que la Ley 472 de 1998 no exige cuando calificó de “genérico y abstracto” al grupo de personas afectado, lo cual, en el fondo, se traduce en una modificación del texto normativo originalmente propuesto por el legislador. En su criterio, la condición de usuario de crédito hipotecario de vivienda a largo plazo, otorgado por los establecimientos de crédito, obedece a una categoría concreta y, por ende, “es un despropósito señalarla de abstracta”, como se concluyó en el auto apelado.

Finalmente, sostuvo que el a quo agregó un nuevo componente en el auto que rechazó la demanda, pues en el proveído que la inadmitió no se dijo nada respecto de la relación de causalidad que hace que los deudores de un banco sean iguales a los deudores de las demás entidades financieras ni por qué tienen una causa común.

II. Consideraciones.

1. Legislación aplicable al presente asunto.

Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda, las cuales, por tratarse de un proceso promovido con posterioridad al 2 de julio de 2012, corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tal como se deduce del régimen de transición adoptado en el artículo 308 ejusdem, que señala:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

“Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia (...)”.

De otro lado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante Auto del 25 de junio de 2014(9), unificó su jurisprudencia en relación con la vigencia de la Ley 1564 de 2012, contentiva del Código General del Proceso (CGP), para los asuntos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Al respecto, la Sala Plena indicó que el Código General del Proceso entró a regir a partir del 1º de enero de 2014; “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (...) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (...)”.

Por lo anterior, al sub lite, en lo no contemplado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo señalado en el artículo 306 ejusdem(10), se aplicará el Código General del Proceso.

En cuanto al trámite del recurso de apelación de autos proferidos al interior del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, se debe acudir a la norma especial, esto es, la Ley 472 de 1998, cuyo artículo 68 establece que: “en lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.

No obstante lo anterior, conviene precisar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificó algunos aspectos contenidos en la Ley 472 de 1998, en relación con el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, tales como: la pretensión, la caducidad y la competencia.

2. La procedencia del recurso de apelación y la competencia para conocerlo.

En relación con la procedencia del recurso de apelación interpuesto, el Despacho encuentra que la providencia recurrida corresponde a las enunciadas de manera taxativa por el artículo 321 del Código General del Proceso como apelables, pues se trata del auto que rechaza la demanda. Asimismo, se advierte que, de conformidad con el artículo 322 ejusdem, el recurso fue presentado de manera oportuna y está debidamente sustentado, razones por las cuales se concluye que resulta procedente.

De otro lado, conviene señalar que el Despacho tiene competencia funcional para conocer del referido recurso de apelación, según los artículos 125(11), 150(12), y 243(13) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Problema jurídico.

En los términos del Auto del 8 de noviembre de 2016, que rechazó la demanda, y del recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión, corresponde al Despacho determinar si la parte actora estableció de manera clara y puntual los criterios de identificación del grupo o si, por el contrario, tanto el libelo introductorio como el escrito de subsanación resultan generales y abstractos en ese aspecto.

En orden a resolver el problema jurídico formulado, en primer lugar, el Despacho se referirá a la procedencia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo y luego abordará la solución del caso.

4. Procedencia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.

De conformidad con el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo puede ser interpuesta por un número plural de personas con el objeto de obtener la reparación de los daños a ellas causados, siempre que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales.

La Ley 472 de 1998 regula especialmente el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo y, en cuanto a los requisitos de procedencia que aquí interesan, los artículos 46 y 48 establecen lo siguiente:

“ART. 46.—Procedencia de las Acciones de Grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.

“La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios

“El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas.

“ART. 48.—Titulares de las Acciones. Podrán presentar acciones de grupo las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme lo estable el artículo 47.

“El Defensor del Pueblo, los Personeros Municipales y Distritales podrán, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer acciones de grupo en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. En este caso será parte en el proceso judicial junto con los agraviados.

“PAR.—En la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectada individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder.

“ART. 49.—Ejercicio de la Acción. Las acciones de grupo deben ejercerse por conducto de abogado.

Cuando los miembros del grupo otorguen poder a varios abogados, deberá integrarse un comité y el juez reconocerá como coordinador y apoderado legal del grupo, a quien represente el mayor número de víctimas, o en su defecto al que nombre el comité”.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-569 de 2004(14) señaló lo siguiente:

“En lo relativo a la determinación de la responsabilidad en la causación del daño, para el ejercicio de esta acción es requisito indispensable que existan condiciones uniformes en el número plural de personas. Esto significa que las personas que se han visto afectadas en un interés jurídico deben compartir la misma situación respecto de la causa que originó los perjuicios individuales y frente a los demás elementos atribuibles a la responsabilidad; es decir, que el hecho generador del daño sea idéntico, que ese hecho haya sido cometido por el mismo agente, o sea referido a un mismo responsable, y que exista una relación de causalidad entre el hecho generador del daño y el perjuicio por el cual el grupo puede dirigir la acción tendiente a la reparación de los perjuicios sufridos (se destaca).

Ahora bien, con respecto al número mínimo de personas que deben integrar el grupo, la Sección Tercera de esta Corporación, en Auto del 4 de septiembre de 2004, sostuvo que puede ser presentada por menos de veinte personas, siempre y cuando quien la formule proporcione el nombre de los individuos que integran el grupo o, en su defecto, señale los criterios para identificarlos y definir la existencia del mismo.

Ese criterio fue acogido posteriormente por la Corte Constitucional(15), que, en Sentencia C-116 de 2008, declaró la exequibilidad condicionada del inciso 3º del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, en el entendido que para la legitimación por activa en las acciones de grupo no se requiere que veinte personas instauren la demanda, pues basta que un miembro del grupo que actúe a su nombre señale en ella los criterios que permitan identificar al grupo afectado. Adicionalmente, la Corte señaló:

“No es entonces necesario que el apoderado que presenta la demanda cuente con el poder de por lo menos veinte de las personas afectadas con el daño colectivo; es posible ejercer la acción con el poder de una sola de las víctimas, siempre y cuando se determine la existencia de un grupo de afectados superior a veinte, pues es claro que en ese entendido, se están formulando pretensiones para la totalidad del grupo y no sólo para las víctimas que efectivamente le otorgan poder”.

En suma, de conformidad con las normas y la jurisprudencia citadas, en lo que aquí incumbe, para la procedencia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo deben cumplirse los siguientes requisitos:

• Que el grupo de afectados esté conformado, al menos, por veinte personas; sin embargo, no es necesario que ese mismo número de personas presente la demanda, pues lo realmente importante es que, existan criterios claros para su determinación.

• Que el demandante demuestre pertenecer al grupo en nombre del cual ejerce la demanda.

• Que el grupo reúna condiciones uniformes respecto de la misma causa que originó los perjuicios individuales que se reclaman.

• Que el ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo tenga la exclusiva pretensión de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios.

• Que el medio de control sea ejercido por conducto de abogado.

5. Solución del caso.

El Despacho anticipa que los argumentos expuestos en el recurso de apelación tienen vocación de prosperidad y, por consiguiente, revocará el Auto del 8 de noviembre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que rechazó la demanda por no haber subsanado los defectos formales señalados en la providencia de inadmisión. Esa conclusión encuentra fundamento en las siguientes razones:

En Auto del 18 de mayo de 2016, el a quo inadmitió la demanda y concedió a la parte actora un término de 5 días para que estableciera de manera clara y puntual los criterios de identificación del grupo, pues, a su parecer la determinación, fue “genérica y abstracta” en ese particular aspecto.

En aras de subsanar ese defecto, mediante escrito presentado el 1 de junio de 2016, la parte actora manifestó que el grupo se encontraba plenamente identificado, ya que estaba conformado por los usuarios de créditos hipotecarios que hubieran pagado cuotas dentro de sistemas de amortización diferentes al constante a capital en pesos, sin importar que sus créditos estén vigentes o no, los cuales fueron otorgados a partir del 13 de septiembre de 2000 por las siguientes entidades financieras: BBVA, Bancolombia, Banco AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Davivienda, Banco Colpatria, Banco Caja Social, Helm Bank S.A., Corpbanca, Banco Granahorrar, Fondo Nacional del Ahorro, Banco Agrario, Banco GNV Sudameris y Banco Coomeva.

El Tribunal a quo, mediante Auto del 8 de noviembre de 2016, consideró que la parte actora no subsanó la demanda. Para el efecto, insistió en que no se establecieron de manera clara y puntual los criterios de identificación del grupo. A su juicio, se hizo una descripción “genérica y abstracta” que impide definir la composición del grupo, a tal punto que harían parte del mismo personas que se encuentran pagando créditos hipotecarios y otras que ya cancelaron dicha obligación.

Pues bien, encuentra el Despacho que no le asiste razón al a quo, toda vez que la parte actora sí suministró criterios suficientes para identificar a las personas que pueden hacer parte del grupo.

No es acertado el argumento del a quo cuando aseguró que no se podía identificar a las personas que componían el grupo porque la parte actora hacía referencia tanto a individuos que ya hubieran cancelado el crédito de vivienda a largo plazo como a usuarios que se encuentren pagándolo actualmente, pues encuentra el Despacho que la parte demandante especificó en el escrito de subsanación de la demanda que el grupo lo componían los usuarios que hubieran pagado cuotas dentro de sistemas de amortización diferentes al sistema de amortización constante a capital en pesos, independientemente que ya hubieran cancelado la totalidad de la obligación crediticia o no.

Para el Despacho, la parte actora sí identificó al grupo, pues especificó que son personas que adquirieron créditos hipotecarios de vivienda a largo plazo, a partir del 13 de septiembre de 2000, y que pagaron cuotas en sistemas de amortización diferentes al constante a capital en pesos, el cual, a su juicio, era el más beneficioso.

De otro lado, respecto del nuevo argumento planteado por el a quo, consistente en que la parte actora “tampoco explicó en forma clara y precisa cuál es la relación de causalidad que hace que los deudores de un banco sean iguales a los otros deudores de las otras entidades financieras y por qué esos deudores tienen una causa en común en el sistema de amortización de los créditos”, el Despacho encuentra pertinente aclarar que este argumento no fue señalado en el auto inadmisorio y, por ende, no podía ser motivo de rechazo de la demanda.

En gracia de discusión, si el a quo pudiera señalar nuevos argumentos en el auto de rechazo de la demanda, el Despacho aclara que la uniformidad respecto de la relación de causalidad —en tanto elemento que configura la responsabilidad— no resulta exigible para el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo. En efecto, en Sentencia C-569 de 2004, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad”, contenida en el inciso 1º del artículo 3º de la Ley 472 de 1998, puesto que era un requisito desproporcionado que restringía el acceso a la administración de justicia y el ejercicio de las demandas de grupo. En dicha providencia se señaló:

“77. En la medida en que la primera parte del inciso primero de los artículos 3º y 46 de la Ley 472 de 1998 desarrolla adecuadamente los elementos propios de la acción de grupo, no tiene ningún sentido constitucional conservar la parte final de ese mismo inciso que simplemente duplica, al parecer innecesariamente, los elementos definitorios de la acción, sobre todo si se recuerda que esa reiteración ha sido el fundamento legal de la doctrina de la exigencia de la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad de dichas acciones, requisito que, como ha sido explicado por esta sentencia, es desproporcionado, desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia, y riñe con la naturaleza y finalidad de las acciones de grupo. Por estas razones, la Corte considera que la expresión ‘las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad’(sic) contenida en la parte final del inciso primero, (sic) de los artículos 3º y 46 de la Ley 472 de 1998, no contribuye a precisar los alcances y contornos de la acción de grupo, y (sic) por el contrario, en la medida en que reitera los elementos contenidos en la primera parte de ese inciso, (sic) da sustento legal a la doctrina de la preexistencia del grupo, la cual, como se ha mostrado largamente en esta sentencia, es contraria a la Carta. Por ello, ese aparte es constitucionalmente problemático.

“78. Pero ese aparte contiene otros vicios de inconstitucionalidad, que justifican que la Corte proceda a retirarlo del ordenamiento, y es que establece en sí mismo un requisito desproporcionado, que podría traducirse en una irrazonable restricción al acceso a las acciones de grupo por las personas afectadas por un daño. Nótese en efecto que dicha expresión exige que las personas se encuentren en condiciones uniformes ‘respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad’. Esto significa que para que un conjunto de personas pueda acudir a la acción de grupo se requiere que todas ellas se encuentren en condiciones uniformes al menos frente al hecho dañino, frente al daño y frente a la relación de causalidad, pues tales son los tres elementos básicos de la responsabilidad extracontractual. La obvia pregunta que surge es la siguiente: ¿es razonable y proporcionada esa exigencia?

“79. Para resolver ese interrogante, supongamos un caso en donde un grupo amplio de personas sufra daños de considerable relevancia social, en situaciones comunes, que justifiquen un tratamiento procesal unitario por la vía de la acción de grupo. Sin embargo, es no sólo posible sino probable que los daños y perjuicios sufridos por esas personas no sean uniformes sino disímiles, precisamente porque se trata de la afectación de intereses individuales y separables. Por ejemplo, en una situación semejante a la explosión del carro tanque de California, es posible que algunas personas mueran, otras queden gravemente enfermas, mientras que otras pueden sufrir la destrucción de su vivienda, pero no recibir ningún menoscabo en su vida o integridad personal. Las condiciones de esas personas frente a uno de los elementos de la responsabilidad —el daño— no es entonces uniforme, pues los derechos afectados y el monto del perjuicio son distintos, por lo que el daño es diferente. Sin embargo ¿disculpa esa diversidad del daño que esas personas no puedan acudir a la acción de grupo, cuando el daño que sufrieron es importante socialmente y las condiciones en que fue provocado justifican un tratamiento procesal preferente y unitario? La Corte considera que no, pues nada impide que el juez de una acción de grupo analice colectivamente las condiciones de responsabilidad que justifican el deber de reparación que podría recaer en la parte demandada, pero proceda a individualizar y distinguir los daños, en el evento en que los daños y perjuicios no sean uniformes. Es más, esa individualización del daño y del perjuicio, en los eventos en que sea posible y necesaria, parece no sólo exigida en cierta forma por el propio tenor literal del artículo 88 superior, que habla de ‘daños’, y no de ‘daño’, sino que, además es plenamente armónica con el interés protegido por la acción de grupo, que es, como se explicó anteriormente, un interés de grupo divisible. En efecto, si el interés es divisible, ¿por qué los daños deben ser uniformes?

“80. Conforme a lo anterior, la Corte procederá a retirar del ordenamiento la exigencia legal de que las personas se encuentren en condiciones uniformes ‘respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad’, pues no sólo dicho requisito es en sí mismo desproporcionado, sino que, además, al reiterar los elementos definitorios de la acción de grupo, dicha expresión dio sustento a la doctrina de la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad, la cual es contraria a la Carta”.

De lo anterior se concluye que el grupo demandante está debidamente constituido si el conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones Concretas a favor de cada uno de ellos no tienen que ser iguales para todos, puesto que la uniformidad no se predica respecto del daño y de la relación de causalidad.

Como consecuencia, la parte actora cumplió con la carga que tenía de establecer los criterios para identificar al grupo supuestamente afectado por la omisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, razón por la cual, como se anticipó, el \Despacho revocará el auto impugnado y dispondrá que se envíe el expediente al Tribunal de origen para que le imparta el trámite que corresponda.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

1. REVOCAR el auto apelado, este es, el proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el 8 de noviembre de 2016, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2. Por Secretaría, luego de ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para que le imparta el trámite que corresponda.

Notifíquese y cúmplase

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.

1. Folios 288-290 del cuaderno de segunda instancia.

2. Folio 264 del cuaderno de primera instancia.

3. Antes Superintendencia Bancaria.

4. Folio 14 del cuaderno de primera instancia.

5. “Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones”.

6. Folio 6 del cuaderno de primera instancia.

7. Ibídem.

8. Folios 157 y 158 del cuaderno de segunda instancia.

9. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de unificación del 25 de junio de 2014, Exp. 49.299, C.P. Enrique Gil Botero.

10. “ART. 306.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

11. “ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la Sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica” (se destaca).

12. “ART. 150.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión de unificación de jurisprudencia” (se destaca).

13. “ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
“1. El que rechace la demanda.
“2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.
“3. El que ponga fin al proceso.
“4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público (…)” (se destaca).

14. Sentencia C-569 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

15. Sentencia C-116 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.