Auto 2016-01339/58127 de agosto 4 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., cuatro de agosto de dos mil diecisiete.

Rad. 05001-23-33-000-2016-01339-01 (58127)

Demandante: Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Demandados: Fondo ganadero de Córdoba S.A. en liquidación y Equidad Seguros Generales.

Medio de Control: Controversias contractuales - Ley 1437 de 2011 (Recurso de queja).

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

El despacho considera que en el presente caso se debe estimar bien denegada la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se rechazó por improcedente el recurso de apelación contra la decisión que declaró la falta de jurisdicción y remitió el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para resolver el recurso de queja formulado, el despacho analizará los siguientes aspectos: (i) la procedencia y finalidad del recurso de queja; (ii) la procedencia del recurso de apelación; y (iii) el caso concreto.

1. Sobre la procedencia y finalidad del recurso de queja.

El recurso de queja se encuentra instituido como una figura jurídica tendiente a corregir los errores en que puede incurrir el a quo cuando niega la concesión del recurso de apelación, cuando concede la apelación en un efecto diferente o cuando no concede los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia, de aquí que una de sus finalidades sea determinar si estuvo bien o mal denegado el recurso(7).

Precisado lo anterior, se colige que la finalidad del recurso de queja es lograr que se conceda el recurso de apelación que por alguna razón, fue negado por el a quo, o que se conceda en un efecto diferente al que el juez de primera instancia lo hubiere hecho, por lo tanto, no se examinan las razones de fondo por las cuales el recurrente no está conforme con la decisión apelada.

Por su parte, la jurisprudencia ha entendido que la finalidad y presupuestos para la prosperidad del recurso de queja es “garantizar decisiones judiciales coherentes y consistentes, de manera que ninguno de los sujetos procesales vaya a verse lesionado con un error judicial por la negación del recurso de apelación, de alguno de los recursos extraordinarios previstos en el ordenamiento o, por su concesión en un efecto diferente al establecido(8)”.

Ahora, entrando al análisis del caso objeto de debate, es preciso señalar que el recurso de queja fue presentado en consideración a que no se dio trámite al recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte demandante en contra de la providencia que declaró la falta de jurisdicción, en esa medida corresponde al despacho determinar si dicha decisión era o no objeto de apelación.

Sin embargo, se advierte que el recurso de queja no resuelve el fondo de la controversia. Lo que busca es definir la procedencia o no del recurso de apelación interpuesto por una parte y el efecto en que debe concederse.

De acuerdo con lo anterior y con el propósito de resolver el recurso de queja, el despacho entrará a determinar frente a cuales decisiones procede el recurso de apelación.

2. La procedencia del recurso de apelación.

En cuanto a las decisiones susceptibles de apelación el artículo 243 del CPACA, indica lo siguiente:

“ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.

6. El que decreta las nulidades procesales.

7. El que niega la intervención de terceros.

8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

Los autos a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

NOTA: El texto subrayado (sic) fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-329 de 2015.

El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2º, 6º, 7º y 9º de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

“PAR.—La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil.

Sobre el particular, es preciso señalar que el legislador limitó la apelación de los autos proferidos por los tribunales al señalar que solamente serían apelables las decisiones relativas a los numerales 1º, 2º, 3º y 4º, limitación que encontró fundada la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del artículo en mención(9).

No obstante, el legislador introdujo algunas normas especiales que, de manera particular, establecieron la procedencia del recurso de apelación contra ciertas decisiones, a modo de ejemplo y de forma enunciativa, se citan las siguientes: i) la que decide las excepciones previas (CPACA, art. 180, num. 6º); ii) el auto que resuelve sobre la intervención de terceros (CPACA, art. 226) y iii) el que decreta una medida cautelar (CPACA, art. 236)(10).

En conclusión, las decisiones que pueden ser atacadas en apelación se encuentran consagradas taxativamente en las normas que regulan la materia dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, y si la ley no lo contempla dentro que una decisión en específico sea objeto de este recurso, se entiende que frente a ella no resulta procedente.

3. Caso concreto.

El impugnante manifiesta que para declarar la falta de jurisdicción se debe rechazar la demanda, con el fin de otorgarle a la parte demandante las garantías procesales para recurrir la decisión.

Para el despacho es claro que el recurso de apelación no se encuentra establecido como medio de impugnación para la decisión que determina la falta de jurisdicción, cuando se estudia en la etapa de admisión de la demanda, por lo tanto no es viable modificarla decisión de la primera instancia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el impugnante reconoce esta situación, pero pretende concluir la procedencia del recurso de apelación con base en la similitud de la declaratoria de falta de jurisdicción con otras figuras que son objeto de ese medio de impugnación, como lo son la terminación del proceso o el rechazo de la demanda, el despacho entrara a analizar los efectos de cada una de ellas conforme a la naturaleza determinada por el legislador.

Para el despacho el argumento de la parte demandante no es de recibo pues la falta de jurisdicción no tiene los mismos efectos jurídicos establecidos para la terminación o el rechazo de la demanda, ya que el artículo 168 del CPACA estableció:

“ART. 168.—Falta de jurisdicción o de competencia. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión.

De lo anterior, puede entenderse que la falta de jurisdicción trae dos consecuencias a saber: i) obliga al juez a enviar al competente el expediente y ii) al tenerse en cuenta la presentación de la demanda, permite concluir que no termina el proceso puesdetermina una continuidad de este, en la jurisdicción competente.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las causales de rechazó de la demanda son taxativas, la falta de jurisdicción al no estar contemplada en los supuestos establecidos en el artículo 169 del CPACA(11), no puede asimilarse al rechazo de la misma, pues al respecto la jurisprudencia de la corporación ha sido clara al indicar que rechazar la demanda por alguna de las causales no contempladas en la normatividad vigente vulneraria los derechos de acceso a la administración de justicia e igualdad de quienes acuden ante esta jurisdicción. Sobre el tema se indicó(12):

De la norma transcrita, se colige que las razones para rechazar la demanda se circunscriben a: a) al acaecimiento del fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control ejercido, b) la falta de corrección de los requisitos formales y c) cuando el asunto objeto de litigio no sea susceptible de control judicial. En el segundo de esos casos, el juez se debe pronunciar sobre los defectos de que adolezca el libelo, para que el demandante los corrija en el término de diez (10) días (CPACA, art. 170) y, si éste no corrige en la oportunidad establecida lo señalado, debe rechazar la demanda. En los otros dos escenarios, el juez, al percatarse de su existencia, debe rechazar in limine la demanda formulada.

El despacho considera importante resaltar que los casos que dan cabida al rechazo de la demanda fueron establecidos por el legislador en el citado artículo 169 del CPACA, de forma directa, clara y precisa, lo cual lleva a afirmar que dichos supuestos son taxativos, de modo que, para rechazar la demanda, el juez debe limitarse a verificar la ocurrencia de alguno de éstos.

(…)

En consecuencia, el juez, para rechazar la demanda, debe circunscribirse únicamente a las causales que la ley señala al efecto y por ello, está impedido para emitir un pronunciamiento en tal sentido en cualquier otro evento.

Sumado a lo anterior, se señala que permitir el rechazo de la demanda por supuestos distintos a los establecidos en la ley derivaría en una grave vulneración de los derechos de acceso a la administración de justicia e igualdad de quienes acuden ante esta jurisdicción, toda vez que casos con los mismos supuestos podrían ser decididos en distinta forma, en atención a la interpretación que cada juez tenga al respecto, ocasionando una multiplicidad de posiciones y una sensación de inseguridad en todos aquellos que pretendan adelantar un proceso ante esta jurisdicción, comoquiera que desde el inicio se verían enfrentados a una situación de confusión e incertidumbre, pues, dicho sea de paso, no tendrían certeza sobre las razones que permiten admitir o rechazar la demanda.

Adicionalmente, el despacho desestima el argumento de la parte demandante frente a la aplicación del artículo 90 del Código General de Proceso, del cual pretende deducir que la falta de jurisdicción es causal para rechazar la demanda, puesto que al estar regulado este asunto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no se puede acudir a normas subsidiarias, de conformidad con el artículo 306 ídem que establece, que en los aspectos no regulados en este código se aplicaría el procedimiento civil.

Así, teniendo en cuenta que la procedencia del recurso de apelación es taxativa, es decir, que el legislador lo debió haber contemplado en la norma, es claro que la falta de jurisdicción, no puede ser abordada por el juez de segunda instancia cuando es declarada por fuera del estudio de una excepción previa según lo regula el numeral 6º del artículo 180 del CPACA.

En conclusión, contra la providencia que declara la falta de jurisdicción y remite el proceso al competente no procede el recurso de apelación, por lo que el despacho estimará bien denegado el recurso interpuesto contra la providencia del 20 de junio de 2016, por resultar improcedente.

En mérito de lo expuesto, el despacho sustanciador

RESUELVE:

1. ESTIMAR BIEN DENEGADO el recurso de apelación formulado por la parte demandante Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contra el auto del 20 de junio de 2016, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

2. Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

3. Remítase copia de esta providencia al buzón electrónico oficial de la parte demandante Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el artículo 205 del CPACA.

Notifíquese y cúmplase».

(7) Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 7 de febrero de 2012, exp. 2011-00164, M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 9 de diciembre de 2010, exp. 38753, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(9) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-329 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto de Sala Plena del 25 de junio de 2014, exp. 49299, M.P. Enrique Gil Botero.

(11) Dispone lo siguiente: “ART. 169.—Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos: // 1. Cuando hubiere operado la caducidad. // 2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida. // 3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial”.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de octubre de 2016, exp. 56319, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.