Auto 2016-01373/58767 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Exp. 58767

Rad. 680012333000201601373 01

Actor: Municipio de Puente Nacional

Demandado: Jacqueline Carreño Nardes

Naturaleza: Medio de control de repetición

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 15 de diciembre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad.

Antecedentes

1. El 3 de noviembre de 2016, el municipio de Puente Nacional, Santander, mediante apoderado judicial, presentó demanda ante los jueces administrativos (reparto) en ejercicio del medio de control de repetición contra la señora Jacqueline Carreño Nardes, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (fls. 4-11, cdno. 1):

1. Que se declare responsable a la señora Jacqueline Carreño Nardes de los perjuicios ocasionados a la alcaldía de Puente Nacional, condenada por sentencia proferida por el Juzgado Único Administrativo de San Gil dentro del proceso 2003-0085 y el proceso 2010-0096.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la señora Jacqueline Carreño Nardes a pagar la suma de trecientos veintiséis millones novecientos cinco mil seiscientos veintiocho pesos y sesenta y ocho centavos ($ 326.905.628,68) a favor de la alcaldía municipal de Puente Nacional-Santander; suma de dinero que pagó esta entidad a la señora Esperanza Pineda, para hacer efectiva la condena proferida por el Juzgado Único Administrativo de San Gil.

3. Que se condene a la señora Jacqueline Carreño Nardes a cancelar los intereses a favor del municipio de Puente Nacional-Santander, desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso y hasta el momento en que se realice el respectivo pago.

4. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor.

5. Que se surta la respectiva condena en costas y agencias en derecho como en derecho corresponda.

1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos que se resumen a continuación:

1.1.1. La señora Jacqueline Carreño Nardes, en ejercicio de su cargo de personera municipal, mediante Resolución 21 de 30 de agosto de 2002 suprimió el empleo de secretaria I, código 540 de la planta de personal de la Personería Municipal de Puente Nacional, Santander, sin tener competencia para ello.

1.1.2. La señora Esperanza Pineda, quien desempeñaba el cargo suprimido, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Puente Nacional, que finalizó con sentencia de 3 de junio de 2008, por medio de la cual el Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Gil declaró la nulidad del acto administrativo Nº 021 de 30 de agosto de 2002.

1.1.3. Consideró el operador judicial que la resolución fue proferida por funcionario sin competencia, toda vez que dicha facultad reposaba exclusivamente en el Concejo Municipal. Así mismo, estimó que el acto administrativo estuvo motivado por la difícil situación económica que atravesaba el ente territorial. Sin embargo, adujo que quedó demostrado que la planta de personal de la Personería Municipal seguía contando con una secretaria.

1.1.4. La sentencia indicó que el 18 de febrero de 2002 la Procuraduría General de la Nación expidió una circular dirigida a los alcaldes y concejos municipales del país, con el objeto de invitarlos a cumplir el inciso 2º del artículo 168 de la Ley 136 de 1994, en el sentido de respetar la planta mínima de personerías municipales, con al menos una secretaria. Pese a ello, posteriormente se expidió el acto demandado que suprimió el cargo de secretaria, en manifiesta violación de la norma referida.

1.1.5. Iniciado un proceso ejecutivo con el fin de dar cumplimiento a la providencia del juicio ordinario, el mismo juzgado, a través de auto de 10 de febrero de 2011, libró mandamiento de pago por la suma de $ 144.688.495. A continuación se dispuso continuar la ejecución y la liquidación del crédito, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2013.

1.1.6. Contra la anterior decisión, el municipio de Puente Nacional presentó recurso de apelación, que fue decidido el 28 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander en providencia confirmatoria del fallo de primera instancia.

1.1.7. Consecuencia de lo descrito, el municipio de Puente Nacional canceló a la señora Esperanza Pineda, a título de indemnización de perjuicios, la suma total de $ 326.905.628,68 en tres depósitos, de los cuales $ 182.217.133,68 fueron por concepto de intereses moratorios y $ 144.688.495 por capital.

2. Mediante auto del 17 de noviembre de 2016, notificado el día 18 del mismo mes y año, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Santander por competencia (fl. 44, cdno. 1). Estimó el juez que si bien la cuantía de las pretensiones de la demanda se estimaron en $ 326.905.628, de la revisión de los depósitos judiciales expedidos por el Juzgado 701 de San Gil se infería que el total de los pagos hechos por la entidad condenada ascendía a la suma de $ 345.929.908. Así las cosas, la cantidad de dinero que efectivamente se canceló superaba los 500 salarios mínimos necesarios para determinar la falta de competencia de los juzgados, de conformidad con el artículo 155, numeral 8º, de la Ley 1437 de 2011, confiriendo la facultad al tribunal.

3. Una vez recibido el expediente en el Tribunal Administrativo de Santander, esta autoridad, a través de proveído de 15 de diciembre de 2016, notificado el día siguiente, rechazó la demanda por caducidad. La parte resolutiva del auto indicó (fls. 50-52, cdno. ppal.):

1. RECHÁZASE la demanda de la referencia por caducidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

2. RECONÓCESELE (sic) personería para actuar a la abogada Deisy Joanna Forero Forero con T.P. 119.141 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la parte demandante, en los términos y para los efectos del poder conferido (fls. 1-3).

3. EJECUTORIADO este proveído, DEVUÉLVANSE los anexos sin necesidad de desglose y ARCHÍVENSE las diligencias, previas las anotaciones de rigor en el Sistema.

3.1. Para el a quo, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación al inicio de la contabilización del término de caducidad de dos años dentro de las acciones de repetición, fijaron dos momentos: i) a partir del día siguiente al instante en que se efectuara el pago derivado de una condena y ii) desde el día siguiente al vencimiento del tiempo con que contaba la administración para atender la orden impuesta en una sentencia judicial. El primero de ellos que ocurriera daría lugar a la apertura del cómputo del plazo de caducidad.

3.2. De este modo, en el caso concreto, según el Tribunal, se demostró que la sentencia condenatoria contra el municipio de Puente Nacional, por la cual se pretendía repetir, databa del 3 de junio de 2008 y quedó ejecutoriada el 16 de junio del mismo año. Empero, fue cancelada en su totalidad el 30 de noviembre de 2015. Así las cosas, el término de caducidad debió empezar a contabilizarse desde el 17 de diciembre de 2009, que correspondía a la fecha en que finalizaba el plazo otorgado a la administración (18 meses) para cumplir con la providencia. Luego, los dos años para interponer la demanda de repetición vencieron el 11 de enero de 2012, lo cual evidenciaba que al 3 de noviembre de 2016 (fecha de interposición de la demanda), el mecanismo de control se encontraba caducado.

4. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación el 11 de enero de 2017 (fls. 55-57, cdno. ppal.). Adujo el recurrente que de la lectura del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, se podía inferir que la pretensión del medio de control de repetición estaba dirigida a recuperar el dinero pagado por la administración en virtud de un fallo judicial u otra forma de terminación de un conflicto. En ese sentido, el término de caducidad se contaría de dos maneras, una a partir del día siguiente al pago y otra a más tardar desde el vencimiento del plazo con que contaba la administración para efectuar el desembolso. Señaló que en este caso la caducidad debía empezar a contarse desde el momento en que efectivamente se realizó el pago, pues la condena devino de un proceso ejecutivo. Pensar lo contrario, en sus términos, “desconocería uno de los requisitos objetivos que ha señalado el Consejo de Estado, Sección Tercera, que deb[ía] cumplir la entidad para poder acudir a la jurisdicción, cual e[ra] el de acreditar el pago respectivo de la condena”.

4.1. A su juicio, el plazo otorgado a la administración para el pago de la sentencia tenía como finalidad que se fueran apropiando los dineros y que se diera aplicación a la sentencia en los aspectos adicionales, como era el reintegro de la accionante. Corolario de lo anterior, en virtud del derecho de acceso a la administración de justicia, debía interpretarse que de acuerdo a la pretensión propia del mecanismo de repetición de recuperar lo pagado, era requisito haber cancelado la deuda para poder reclamar el detrimento. En ese sentido, arguyó que la demanda fue interpuesta en tiempo, toda vez que la caducidad era inexistente porque empezaba a contabilizarse a partir de la condena del proceso ejecutivo, que nació de la impuesta en el proceso contencioso administrativo de manera abstracta. El proceso ejecutivo, recalcó, fue el que decidió en ultimas el valor de la penalidad, pues el ordinario no lo hizo, razón por la cual no había suma líquida de sanción.

5. La impugnación fue concedida en el efecto suspensivo mediante auto de 26 de enero de 2017 (fl. 59, cdno. ppal.).

Consideraciones

I. Competencia

6. Esta Corporación, y particularmente la Sala de Subsección, es competente para conocer del recurso de apelación formulado por la parte demandante, de acuerdo con lo señalado por el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esto por tratarse de un auto a través del cual el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la demanda, providencia que es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 243 ibídem(1).

II. Problema jurídico

7. Corresponde a la Sala determinar si era procedente rechazar la demanda por caducidad del medio de control, en atención a la naturaleza del mismo y de conformidad con el recurso de apelación presentado. Para definir lo anterior, se deben establecer las características del fenómeno de la caducidad y, en el caso concreto, desde qué momento inició su contabilización.

III. Análisis de la Sala

8. La figura de la caducidad corresponde a la carga que se impone al interesado de acudir a la administración de justicia e impulsar el litigio dentro de los plazos señalados por el legislador para obtener una declaración respecto de sus pretensiones, so pena de perder la oportunidad de hacer efectivo su derecho. Dicho fenómeno encuentra justificación en la seguridad jurídica de los sujetos procesales ante situaciones jurídicas indeterminadas.

9. Así las cosas, al momento de admitir la demanda es fundamental la verificación de su interposición de forma previa a que opere la caducidad del medio de control, pues su ocurrencia impide un pronunciamiento de fondo por parte del operador jurídico. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia o convención de las partes, y el juez debe declararla de oficio cuando compruebe la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial.

10. De la lectura del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se puede inferir que el querer del legislador fue establecer unos tiempos para que quien se creyera lesionado en sus derechos pudiera acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y precisamente no dejar en cabeza del afectado dicha posibilidad de manera indefinida, con el fin de ofrecer certeza y seguridad a los sujetos procesales, consolidando situaciones jurídicas. De este modo, no en vano se reguló dicho fenómeno dentro del capítulo de requisitos de la demanda, pues no es un aspecto meramente formal, sino que, en tanto normativa de orden público, es un presupuesto indispensable para la procedencia del medio de control que se pretenda interponer.

11. La caducidad se constituye entonces en una sanción que surge como consecuencia del transcurso del tiempo sumado a la inacción del individuo o entidad que debía acudir a la administración de justicia para demandar, al tiempo que tiene como finalidad liberar a la eventual contraparte de la incertidumbre sobre la posibilidad del nacimiento de un proceso litigioso y, en ese sentido, ofrecerle garantías sobre el tiempo en que ello puede acontecer, toda vez que los términos establecidos son perentorios.

12. En el sub judice el a quo consideró que operó la caducidad del medio de control, toda vez que el término debía contabilizarse desde el día siguiente al momento en que correspondía a la administración cancelar la deuda derivada de la condena impuesta en el proceso contencioso administrativo. Por su parte, el recurrente adujo que solo era posible contabilizar la caducidad del medio de control a partir del pago, toda vez que este derivó del proceso ejecutivo que fijó la suma debida a la demandante.

13. Frente a la contabilización del término de caducidad en las acciones de repetición, el artículo 136 del antiguo Código Contencioso Administrativo señalaba que la acción de repetición caducaba “al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”. Empero, la Corte Constitucional, en Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, condicionó la aplicación de dicha norma “bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo”. Lo anterior, precisamente con el fin de no mantener en incertidumbre al funcionario público sujeto de una eventual acción de repetición.

14. Ahora bien, en relación a la interpretación realizada por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, el Consejo de Estado ha manifestado(2):

Dicha decisión se fundó en el hecho de que el inicio del cómputo de la caducidad no podía dejarse al arbitrio de la entidad pública a quien le corresponde realizar el pago de la sentencia judicial condenatoria, teniendo en cuenta que tal indefinición comporta una vulneración del derecho al debido proceso del demandado, en la medida en que éste podría verse abocado a enfrentar un proceso judicial en cualquier momento, con independencia del tiempo transcurrido desde la causación del daño.

(…).

En ese entendido, se concluye que en materia de la acción de repetición el término de caducidad de dos años debe contabilizarse dependiendo de lo que ocurra primero entre dos supuestos fácticos: (i) a partir del día siguiente a la fecha en que se produce el pago total de lo ordenado por la sentencia judicial; o (ii) el vencimiento de los 18 meses previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo para que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria.

Al respecto, esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

Tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición, cabe precisar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos años para impetrar la acción, a saber: a) a partir del día siguiente a aquél en el cual se hubiere efectuado el pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y, b) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses consagrado en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo, previsto para la que la entidad pública cumpla la obligación indemnizatoria que le ha sido impuesta.

Dado lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es, el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, sin que se haya realizado el pago de tal suma como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción.

La posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado en innumerables providencias respecto de los requisitos para que proceda la acción de repetición(3), indica entre otras, que la entidad debe acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial(4). Por tal razón no le es dable a la entidad el hecho de que quede a su discreción determinar el término de caducidad de la acción, cuando aquella está determinada en la ley(5).

15. Así mismo, de manera reiterada se ha sostenido(6):

En otras palabras, la entidad cuenta con dieciocho (18) meses para pagar las condenas impuestas en su contra, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia por la cual fue declarada patrimonialmente responsable —o el auto que apruebe la conciliación—, y una vez vencido este plazo comenzará a computarse el término de dos (2) años para el ejercicio oportuno de la acción de repetición. Ahora, si la entidad pública paga las condenas impuestas en su contra dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el término de caducidad de la acción comenzara a contarse a partir de la fecha en que se hizo efectivo dicho pago(7).

16. Actualmente el libro II, título V, capítulo tercero de la Ley 1437 de 2011, que regula lo referente a los requisitos de la demanda, establece dentro de su artículo 164 el plazo para la presentación oportuna del libelo introductorio de cada medio de control. Para la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del medio de control de repetición, de conformidad con el literal (l) de la referida disposición se estableció un término de dos (2) años “contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que c[ontaba] la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este código”(8). En síntesis, en la codificación vigente se reprodujo el contenido de la anterior norma sobre caducidad y la interpretación que sobre ella elaboró la Corte Constitucional, de modo que las anteriores consideraciones son igualmente predicables del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

17. Así las cosas, resulta claro que para iniciar el cómputo de la caducidad dentro de las acciones de repetición debe verificarse la existencia de alguno de los dos eventos descritos en la norma, el que primero de ellos nazca a la vida jurídica. Esto es, si dentro del término con que cuenta la administración para cancelar al demandante del proceso contencioso administrativo se realiza el pago, será esta la oportunidad que se tendrá en cuenta; si por el contrario, ese término se vence sin que haya ocurrido el desembolso, será a partir del día siguiente al transcurso de dicho plazo el que necesariamente determinará el inicio de la caducidad.

18. Sobre la forma de contabilizar el término de caducidad dentro de los procesos iniciados en ejercicio de la acción de repetición, la jurisprudencia ha sido pacífica en sostener que:

Así, pues, la caducidad en la acción de repetición se produce, en principio, al cabo de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha del pago, siempre que ese pago se realice dentro del plazo de los 18 meses previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo; de lo contrario, el término de caducidad empezará a correr, indefectiblemente, a partir del día siguiente al vencimiento de dicho plazo —18 meses—(9).

19. Vale la pena aclarar que no puede elegirse, a juicio del interesado, el momento a partir del cual inicia el cómputo de la caducidad, pues la disposición es clara en señalar que operará en el evento que primero ocurra. Lo anterior, por cuanto de esa manera la caducidad quedaría suspendida indefinidamente en el tiempo, en manos de quien debe cumplir la obligación de pagar totalmente la condena.

20. En el caso concreto, la sentencia que declaró la nulidad de la Resolución 21 de 2002, por medio de la cual se suprimió el cargo de secretaria código 540 de la planta de personal de la Personería Municipal, y condenó al municipio de Puente Nacional a pagar a la demandante los salarios dejados de percibir con sus respectivas prestaciones sociales desde la fecha de la desvinculación hasta su reintegro, data del 3 de junio de 2008, ejecutoriada el día 16 del mismo mes y año (fl. 38, cdno. 1).

21. Sin embargo, quedó demostrado que la indemnización se pagó en tres cuotas(10), la última de ellas con fecha de depósito judicial de 30 de noviembre de 2015, lo que indica que el pago total se consumó muy por fuera de los 18 meses con que contaba el municipio de Puente Nacional para cancelar la deuda, de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo(11).

22. Debe precisarse que se toma como base el término de 18 meses para que la administración cancelara la condena impuesta mediante sentencia judicial, toda vez que dicha providencia quedó ejecutoriada en vigencia del Código Contencioso Administrativo, pese a que en la actualidad, el artículo 299(12) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala el término de 10 meses.

23. A partir de lo anterior, se puede concluir que la caducidad de los dos años inició desde el día siguiente al vencimiento de los 18 meses, esto es, el 17 de diciembre de 2009, hasta el 17 de diciembre de 2011, que por ser un día no laboral, se extendía hasta el día siguiente hábil dentro de la Rama Judicial. Ello conlleva a señalar que al momento de la presentación de la demanda, es decir, el 3 de noviembre de 2016, ya había operado el fenómeno de la caducidad.

24. Finalmente, no es de recibo el argumento planteado sobre la iniciación del cómputo del término de caducidad a partir de la ejecutoria de la sentencia del proceso ejecutivo, toda vez que la condena atribuida deriva del expediente ordinario, pues con el primero lo que se perseguía era el cumplimiento de la providencia que protegió los derechos del afectado, pero que de ningún modo puede entenderse que fue el que impuso la condena. En tal sentido, una vez ejecutoriada la sentencia del Juzgado Administrativo, correspondía a la administración ejercer todas las acciones tendientes al pago, sin requerir para ello de un proceso ejecutivo, y desde ese momento contaría la caducidad.

25. Así las cosas, habida cuenta que en el presente asunto operó el fenómeno de caducidad del medio de control de repetición, lo procedente será confirmar auto del 15 de diciembre de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, en atención a las razones expuestas.

Por lo expuesto se,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR, por las razones expuestas, el auto emitido el 15 de diciembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Santander.

2. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Ramiro Pazos Guerrero, presidente de la Sala de Subsección.—Stella Conto Díaz del Castillo.—Danilo Rojas Betancourth.

1 La Sala encuentra que el presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía de la demanda presentada asciende a $ 345.929.908 (fls. 39-41, cdno. 1), la cual resulta mayor a los 500 smlmv exigidos por el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el medio de control de repetición iniciado en el año 2016 ($ 344.727.000), teniendo en cuenta que la misma se obtiene del valor de la mayor de las pretensiones solicitadas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 8 de julio de 2016, rad. 2006-00314-01 (40231), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

3 [13][6] “De acuerdo con la posición de la Sección Tercera los requisitos que debe acreditar la entidad demandante son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena; ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado; iii) El pago efectivo realizado por el Estado; iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa”.

4 [14] [7] “Sentencia de 27 de noviembre de 2006, exp. 22099; 6 de diciembre de 2006, exp. 22056; 3 de octubre de 2007, exp. 24844; 26 de febrero de 2009, exp. 30329; 13 de mayo de 2009, exp. 25694; 28 de abril de 2011, exp. 33407; 9 de mayo de 2010, exps. 26044 y 30328; entre otras”.

5 [15] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 2005-11423 (41281), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 29 de agosto de 2016, rad. 2003-00822-01 (45544), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

7 [8] Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 8 de julio de 2009, rad. 22120, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, precisó: “como puede apreciarse, la Corte señaló que el plazo máximo que tiene la entidad para efectuar el pago respectivo se encuentra establecido en el artículo 177 del CCA, según el cual la entidad pública cuenta con 18 meses para cancelar (sic) las condenas impuestas en su contra, de manera que una vez vencido ese término comenzará a computarse el término para el ejercicio oportuno de la acción de repetición. Sobre el particular la Corte Constitucional precisó: Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad. // Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales (...) // Por su parte, en desarrollo del mandato constitucional, el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo prevé, que en el evento de ser condenada la Nación, una entidad territorial o una descentralizada al pago de una suma de dinero, el agente del ministerio público frente a la respectiva entidad, debe dirigirse a los funcionarios competentes para que incluyan en sus presupuestos, partidas que permitan sufragar las condenas. En concordancia con lo anterior, será causal de mala conducta por parte de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de las condenas más lentamente que el resto. Prevé también el citado artículo que dichas condenas serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho meses después de su ejecutoria, y devengarán intereses moratorios. La Corte, al examinar la constitucionalidad del artículo 177 del CCA afirmó que “[a] menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago —evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales—, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho meses (18) que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria” (C. Const. Sent. C-188/99, M.P. José Gregorio Hernández Galindo) // De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto público (C.N., arts. 345 y 346), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado. Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares. En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa”.

8 “La demanda deberá ser presentada: (…) // 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) // l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este código (…)”.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 22 de febrero de 2017, rad. 2008-00300-01 (42203), C.P. Carlos Alberto Zambrano.

10 Copia de los depósitos judiciales a favor de la señora Esperanza Pineda Velasco, obrantes a folios 39 a 41 del cuaderno 1.

11 “Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada (…). // Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. // Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término (…)”.

12 “Salvo lo establecido en este Código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor cuantía. // Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento”.