Auto 2016-01542 de febrero 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 25000-23-41-000-2016-01542-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra el auto de 11 de agosto de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actora: Equion Energía Limited.

Tesis: Se confirma auto apelado. los actos administrativos a través de los cuales la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se limita a requerir una información no son susceptibles de control jurisdiccional por ser de trámite.

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil diecisiete.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la apoderada de la actora contra el proveído de 11 de agosto de 2016, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó la demanda instaurada.

I. Antecedentes

La empresa EQUION ENERGÍA LIMITED, a través de apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, instauró demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los numerales 1º y 2º del artículo primero del Auto 5969 de 17 de diciembre de 2015 “Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental” expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

A título de restablecimiento del derecho pretende que se declare que la base de liquidación para calcular la obligación del 1%(1), exclusivamente está conformada por los rubros señalados en el artículo 3º del Decreto 1900 de 2006.

Igualmente, solicitó que se declare que no es procedente la indexación de la inversión del 1%.

II. Fundamentos de la providencia apelada

Mediante auto de 11 de agosto de 2016, el a quo rechazó la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, al considerar que el acto administrativo controvertido es de aquellos conocidos como de trámite, por lo tanto no podía ser enjuiciado ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Explicó que el Auto 5969 de 17 de diciembre de 2015, no resuelve de fondo ni pone fin a una actuación administrativa; tampoco crea modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, por ende, no es susceptible de control judicial.

Sostuvo que a través del referido acto administrativo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se limitó a requerir a la actora para que remitiera una información, lo cual demostraba su naturaleza puramente instrumental.

Indicó que el mismo artículo tercero del Auto 5969 de 17 de diciembre de 2015, permitía inferir que se trataba de un acto de trámite, pues se le informaba a la actora que en caso de incumplir el requerimiento se le impondrían las sanciones o medidas preventivas a que hubiere lugar.

Recordó que en otros casos similares el Consejo de Estado se ha inhibido de fallar procesos en los que se demandan actos administrativos de esta naturaleza, por no ser susceptibles de enjuiciamiento ante la jurisdicción.

III. Fundamentos del recurso

La actora apeló la decisión de primera instancia con el argumento de que el Auto 5969 de 17 de diciembre de 2015, no constituye un acto administrativo de trámite, ya que contiene una decisión definitiva en cuanto a la forma de calcular o liquidar el 1% que debe invertirse en la cuenta hidrográfica utilizada en el proyecto de adecuación del Pozo Cusiana 1 “reinyector de gas al yacimiento de CUSIANA”.

Sostuvo que el requerimiento realizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, determinó que el cálculo del 1% debía realizarse con base en el valor total del proyecto y no con fundamento en lo señalado en el Decreto 1900 de 2006, que es la norma que regula el tema, lo cual evidentemente constituye una decisión de fondo.

Añadió que en el acto administrativo demandado también se le exigió indexar el 1%, omitiendo que esa no era una obligación previamente determinada en la licencia ambiental del proyecto.

Explicó que el Auto 5969 de 17 de diciembre de 2015, sí produjo un efecto jurídico real, ya que al aceptar los requerimientos allí contemplados, es decir, calcular el 1% sobre el valor total del proyecto incluyendo las etapas no establecidas en el Decreto 1900 de 2006 e indexar dicho monto, la obligaría a realizar una erogación económica superior a la establecida en las normas que regulan la materia.

IV. Consideraciones de la Sala

En el caso objeto de estudio, el a quo rechazó la demanda instaurada por la actora al considerar que el acto administrativo controvertido, esto es, el Auto 5969 de 17 de diciembre de 2015, expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta, tampoco define o concluye un procedimiento administrativo, por lo tanto se trata de una decisión de trámite no susceptible de control jurisdiccional.

Por su parte, la actora sostuvo que el mencionado auto no era una decisión administrativa de mero trámite ya que definía la forma de calcular o liquidar la inversión del 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y la obligaba a indexar dicho monto, con lo cual, a su juicio, claramente se producía un efecto jurídico concreto, pues se aumentaba la erogación económica que debía aportar.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, es claro que el problema jurídico del presente asunto se circunscribe a determinar si el Auto 5969 de 17 de diciembre de 2015, es un acto administrativo de trámite, como lo aseguró el a quo, o si por el contrario, se trata de una decisión definitiva que crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta, como lo sostiene la recurrente.

Para dilucidar el problema jurídico planteado, es menester traer a colación la parte resolutiva del acto administrativo referido:

“Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.

AUTO

(5969) 17 DE DIC 2015

“Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”.

(…).

ART. PRIMERO.—Requerir a la empresa EQUIN ENERGÍA LIMITED, para que de manera inmediata a la ejecutoria de este acto administrativo, allegue la siguiente información:

1. La liquidación de las inversiones efectivas realizadas sobre el valor total del proyecto certificada por el contador público o revisor fiscal, incluyendo, (sic) conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. Los costos deben ser remitidos en pesos colombianos y se deben especificar la tasa de cambio que fue tenida en cuenta.

2. La aclaración respectiva sobre si los valores y liquidación presentados en el radicado 2015042205-1-000 de 12 de agosto de 2015, más exactamente en el cuadro adjunto a dicha comunicación, están indexados o no y a qué fecha.

En caso de que no sea así, debe presentar de manera inmediata la base de la liquidación del 1% para el proyecto Adecuación Pozo Cusiana, efectuando la indexación de los valores que aún no haya ejecutado o invertido a la fecha de efectuado el ejercicio (fecha de solicitud de aprobación de las actividades del 1%). Los valores y la liquidación definitiva indexada, deben ser certificados por contador público o revisor fiscal. Los costos deben ser remitidos en pesos colombianos.

3. El informe detallado referente a las actividades e inversiones efectuadas en avance de la inversión del 1%. Este informe debe ser los más detallado posible y debe enfocarse por las líneas de trabajo aprobadas por esta autoridad. Solamente se deberán incluir los ítems o rubros que están incluidos como elementos de inversión real del 1%.

ART. SEGUNDO.—Requerir a la empresa EQUION ENERGÍA LIMITED, el cumplimiento inmediato de las siguientes obligaciones en el marco de la inversión del 1%:

1. Presentar una propuesta en el marco de la inversión del 1% para el desarrollo de actividades diferentes a la educación ambiental propuesta, en cumplimiento del artículo octavo del Auto 0284 de 10 de febrero de 2010.

2. Presentar la información actualizada sobre actividades y convenio CUP032-109-99 del 30 de noviembre de 1999, AEYOP-0:16-2000 del 8-May-00 y Convenio AEYOP-020-020-98 del 04-Dic-98, REG-016-2001 del 31-Jul-01, ENV05, ENV006, relacionados con la ejecución de la inversión del 1%, en cumplimiento del artículo primero, numeral 2º, literales a) al f) del Auto 2882 del 22 de octubre de 2007 y el artículo tercero del Auto 2966 de 22 de diciembre de 2006.

ART. TERCERO.—El incumplimiento de las obligaciones establecidas o requeridas en el presente acto administrativo y en la normatividad ambiental vigente dará lugar a la imposición y ejecución de las medidas preventivas y sanciones que sean aplicables según el caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o cuando quiera que las condiciones y exigencias establecidas en la licencia ambiental no se estén cumplimiento conforme a los términos definidos en el acto de su expedición, se dará aplicación del artículo 62 de la Ley 99 de 1993.

ART. CUARTO.—Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal o apoderado debidamente constituido de la empresa EQUION ENERGÍA LIMITED.

ART. QUINTO.—Contra el presente acto administrativo no procede recurso de reposición conforme lo señalado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo”.

Teniendo en cuenta el contenido del Auto 5969 de 17 de diciembre de 2015, para la Sala resulta claro que se trata de un acto administrativo de trámite, pues en el mismo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, no tomó ninguna decisión definitiva o de fondo respecto del procedimiento adelantado en contra de la actora, simplemente se limitó a requerirle una información precisa y concreta para poder pronunciarse posteriormente sobre el cumplimiento de las obligaciones de inversión del 1% consagradas en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

Aunado a lo anterior, tal y como lo advirtió el a quo, en el artículo tercero del acto administrativo controvertido, la entidad accionada expresamente le informó a la actora que en caso de no cumplir el requerimiento, podría imponerle las sanciones y medidas preventivas a que hubiere lugar, lo que corrobora que se trata de una mera actuación preparatoria a fin de determinar el cumplimiento de unas obligaciones legales.

Cosa distinta es cuando se demanda el auto o resolución que contiene la sanción o medida preventiva que se impone al constatar el desconocimiento o incumplimiento de la inversiones obligatorias consagradas en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA rechaza actividades que pretendieron ser incluidas dentro de dicho rubro, pues esas sí son decisiones de fondo o definitivas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas para el sancionado.

Así mismo, es importante enfatizar que de conformidad con el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, los actos administrativos definitivos son aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación.

En el presente caso, se repite, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a través del Auto 5969 de 17 de diciembre de 2015, no resolvió nada en concreto respecto del cumplimiento de la obligación de inversión del 1% que recae sobre la actora en virtud de su proyecto “Adecuación del pozo Cusiana 1, reinyector de gas al yacimiento de Cusiana”, únicamente la requirió para que allegara una información al respecto, en ejercicio de su función de seguimiento y control ambiental. Tampoco se observa que el acto referido impida continuar el procedimiento administrativo; todo lo contrario, su expedición tuvo como finalidad darle trámite al mismo y recaudar la documentación necesaria para tomar una decisión de fondo.

Para la Sala, el hecho de que la actora no esté de acuerdo con los requerimientos de información hechos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a través del auto controvertido, no significa que automáticamente lo pueda demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa, ya que debe esperar a que culmine el procedimiento administrativo sancionatorio y se tomen las decisiones de fondo a que hayan lugar.

Finalmente, cabe resaltar que en otros casos similares, esta Sala ya ha sostenido que no es posible demandar la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se limita a requerir información para constatar el cumplimiento de las obligaciones de inversión del 1%, por tratarse de decisiones de mero trámite.

En efecto, en sentencia de 27 de abril de 2016(2), la Sala sostuvo:

“Los actos acusados:

1. Auto 0325 de 7 de febrero de 2011, “Por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental”.

La disposición acusada de este acto, consagra:

ART. PRIMERO.—Requerir a la empresa BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD., para que en el término de quince (15) días, contados a partir de la ejecutoria de este auto, aclare el valor de la inversión del 1% reportado, en cuanto a la tasa representativa del mercado, TRM con que fue calculado, especificando el año al cuál corresponde esta y explique si dentro de su cálculo se tuvieron en cuenta todas las actividades realizadas bajo la Resolución 130 del 3 de junio de 1994 y si se incluyó la perforación del pozo (resaltado fuera de texto).

PAR.—En caso que producto de la nueva revisión, se presenten cambios en el monto de inversión, dicho valor deberá certificarse por un contador público o revisor fiscal y los costos deberán remitirse en pesos colombianos especificando la tasa de cambio (año) que fue tenida en cuenta.

ART. SEGUNDO.—Rechazar las siguientes actividades como actividades del 1%:

1. Monitoreo de aguas

2. Geotecnia

3. Educación ambiental

4. Interventoría

5. Revegetalización

1. Auto 2908 de 2 de septiembre de 2011, “Por el cual se resuelve el recurso de reposición contra el Auto 325 del 7 de febrero de 2011”.

Este acto confirma la decisión de no reponer los artículos 1º y 2º antes transcritos.

Lo primero que observa la Sala es que el artículo 1º demandado del Auto núm. 0325 de 7 de febrero de 2011, no es un acto definitivo, sino que por medio de éste la entidad requiere a la sociedad para que haga unas aclaraciones, pero no le crea, modifica ni extingue una situación jurídica, luego se trata de un acto de trámite, por lo cual la Sala se inhibirá de pronunciarse sobre esta decisión de la entidad demandada” (resaltado fuera del texto original).

Así mismo, en auto de 10 de mayo de 2012(3), la Sección consideró:

“En el caso sub judice, el problema jurídico planteado gira en torno a definir si es procedente o no exigir la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para la admisión de la demanda, toda vez que en el escrito de demanda se solicitó la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, como medida cautelar.

Sin embargo, la Sala advierte que resulta pertinente dilucidar si los actos que se atacan en la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho son, en efecto, enjuiciables, en la medida en que sean actos definitivos, o si, por el contrario, no son susceptibles de control jurisdiccional, al ser simples actos de trámite.

De conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos objeto de control de legalidad por la vía jurisdiccional son aquellos que ponen término a un proceso administrativo.

A su turno, el artículo 50 ibídem, definió que son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, y que los actos de trámite solo ponen fin a una actuación cuando por su contenido hagan imposible continuarla.

En ese contexto normativo, se advierte que únicamente las decisiones de la administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo tal que los actos de trámite o preparatorios distintos de los antes señalados se encuentran excluidos de dicho control; así mismo, se exceptúan de control jurisdiccional los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional, toda vez que a través de ellos tampoco se decide definitivamente una actuación, pues sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones.  

Bajo esta premisa, cualquier discusión acerca de la legalidad de las decisiones censuradas puede ser calificada de improcedente, en consideración a que se trata de actos que solamente impulsan la actuación administrativa, o lo que es lo mismo, impulsan el trámite propio de la decisión que ha de tomarse posteriormente, es decir, se trata de actos administrativos de trámite, los que por expresa disposición legal no son susceptibles de control judicial.

Para efectos de mayor claridad se transcribirá textualmente la parte resolutiva de los actos acusados expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), en lo pertinente:

«Auto 2592 de 2008

(Agosto 20)

Por el cual declara el cumplimiento de unas obligaciones y se hacen unos requerimientos

(…).

DISPONE:

ART. PRIMERO.—Declarar que la empresa BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LTDA (BPXC), dio cumplimiento a las siguientes obligaciones (…).

ART. SEGUNDO.—Requerir a la empresa BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LTDA. (BPXC), para que en un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente (…)

ART. TERCERO.—Requerir a la empresa BP EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LTDA. (BPXC), para que informe a este Ministerio las razones para que el monitoreo realizado en febrero del año 2007 no fuera incluido en el ICA 11 con corte a junio de 2006, indicando la validez de los datos obtenidos en dicho muestreo, después de pasados cinco meses del muestreo. Los resultados y su correspondiente análisis deben ser entregados dentro del próximo ICA.

(…).

Auto 0627 de 2009

(Marzo 11)

Por el cual se resuelve un recurso de reposición contra el Auto 2592 del 20 de agosto de 2008

(…).

DISPONE:

ART. PRIMERO.—Confirmar en todas sus partes el Auto 2592 del 20 de agosto de 2008, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

(…)».

En efecto, considera la Sala que los actos administrativos demandados no son pasibles de control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, habida cuenta que a través de ellos no se crea, modifica, extingue o afecta directamente una situación jurídica de la demandante, como quiera que tales medidas responden al uso de la facultad de seguimiento y control de la que es titular el ministerio, en aras a la verificación de la gestión ambiental del proyecto, sin que ello implique, se reitera, la creación de una nueva situación jurídica para el recurrente.

En ese orden de ideas, la decisión del tribunal se ajustó a lo que se expuesto en las anteriores consideraciones, razón por la cual deberá confirmarse el auto apelado” (resaltado fuera del texto original).

Por último, en providencia de 8 de junio de 2016(4), la Sala reiteró:

En el caso que nos ocupa, el demandante pretende la nulidad de los siguientes apartes y artículos del Auto 0284 del 10 de febrero de 2010:

• El artículo primero respecto del aparte resaltado: «Declarar que la empresa BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD., dentro del período comprendido hasta el 21 de agosto de 2009 (fecha de la visita técnica de seguimiento realizada al proyecto) dio cumplimiento a los Programas del Plan de Manejo Ambiental presentado para la adecuación Pozo Cusiana 1-Perforación Área de Pozos Múltiples, ubicado en el municipio de Aguazul, departamento del Casanare, al igual que sobre los actos administrativos expedidos por el ministerio en razón del mencionado proyecto, talos como las resoluciones 248 del 5 de agosto de 1994 y 1092 del 2 de enero de 1997, los autos 2882 del 22 de octubre de 2007, 3229 del 30 de noviembre de 2007, 3793 del 23 de diciembre de 2008, 1067 del 20 de abril de 2009 y 1529 del 27 de mayo de 2009, excepto en los aspectos observados en la parte motiva del presente acto administrativo, según las motivaciones expuestas».

El artículo segundo en relación con el numeral resaltado: «Requerir a la empresa BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD.:

1. En relación al plan de compensación forestal deberá continuar los mantenimientos programados a un tiempo de tres (3) años hasta el año 2010. Los informes del estado de la reforestación se deben incluir en el próximo informe de cumplimiento ambiental, ICA.

2. En un término de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, informar los costos de liquidación del valor de la inversión del 1% en pesos colombianos por cada uno de los pozos perforados, así como el valor también en pesos colombianos destinados para cada actividad presentada como inversión del 1%, estableciendo la tasa de conversión. El valor de la inversión debe ser liquidado conforme lo establece el parágrafo del artículo cuarenta y tres (43) de la Ley 99 de 1993, es decir, sobre el total de la inversión del proyecto». 

• El artículo quinto: «Declarar que las actividades de monitoreo de aguas, interventoría, educación ambiental, obras civiles, residuos sólidos domésticos, por tratarse de actividades ejecutadas en desarrollo de las actividades propias del proyecto, no se consideran viables para la inversión del 1%».

Como se puede apreciar, el artículo segundo del Auto 0284 de 10 de febrero de 2010, da cuenta de unos requerimientos de información que se hacen a la empresa demandante, siendo por ello asuntos de mero trámite a través de las cuales el MINISTERIO persigue la obtención de la información que considera se encuentra en poder de la multinacional y con base en la cual podría tomar decisiones posteriores. En consecuencia, por tratarse de simples decisiones de trámite por medio de las cuales se busca sustanciar la actuación administrativa y recaudar información, las mismas no resultan ser objeto de control por parte del juez contencioso(5), toda vez que carecen del elemento material que permite su control, esto es, ser decisiones de carácter definitivo que crean, modifican o extinguen una situación jurídica.

Por ende, la Sala se declarará inhibida respecto de pretensiones de nulidad propuestas por el demandante con respecto al numeral 2º del artículo 2º del Auto 0284 de 10 de febrero de 2010, expedido por el MINISTERIO” (resaltado y subrayas del texto original).

Teniendo en cuenta la Jurisprudencia traída a colación, es claro que el Auto 5969 de 17 de diciembre de 2015, no es susceptible de control jurisdiccional, ya que simplemente le dio trámite al procedimiento administrativo sin contener ninguna decisión de fondo respecto del cumplimiento de las obligaciones ambientales de inversión del 1%, consagradas en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, por lo tanto había lugar al rechazo de la demanda, tal y como lo decidió el a quo.

Por lo procedente, la Sala confirmará el auto apelado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el proveído apelado, que rechazó la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González —Carlos Enrique Moreno Rubio.

1 Ley 99 de 1993. “ART. 43.—Reglamentado por el Decreto Nacional 155 de 2004. Tasas por utilización de aguas. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.

El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el presente artículo.

PAR.—Reglamentado por el Decreto Nacional 1900 de 2006, Modificado por el artículo 216, Ley 1450 de 2011. Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia ambiental del proyecto” (resaltado y subrayas fuera del texto original).

2 Expediente 25000-23-24-000-2012-00578-01. Actora: EQUION ENERGÍA LIMITED, M.P. María Elizabeth García González.

3 Expediente 25000-2324-000-2011-00264-01. Actor: B.P. EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LIMITED, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).

4 Expediente 25000-23-24-000-2011-00164-02. Actor: EQUION ENERGÍA LIMITED. Magistrado Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

5 La Corte Constitucional, en la Sentencia C-557 de 2001 señaló: “el Consejo de Estado (especialmente la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo), ha reiterado que no procede la demanda de actos de trámite o preparatorios que no pongan fin a la actuación administrativa ni imposibiliten su continuación. En este sentido, se ha sostenido, por ejemplo, que no son susceptibles de impugnación ante los tribunales contencioso administrativos por tratarse de actos de trámite o preparatorios, entre otros: las comunicaciones y oficios, los certificados que se expidan con el fin de obtener determinado permiso o autorización por parte de la administración, los pliegos de cargos y el auto que ordena la apertura de la investigación, el auto que ordena la realización de una inspección tributaria y el acta que se extiende en dicha diligencia, el auto de mandamiento ejecutivo expedido dentro de un juicio de jurisdicción coactiva, y los actos dentro de los procesos electorales diferentes al declaratorio de elección”.